La economía colombiana ha crecido de forma sostenida durante el 2018 gracias al aumento en las exportaciones de petróleo y la constante inversión en infraestructura, presentando una perspectiva positiva a corto y mediano plazo. Sin embargo, las dificultades existentes para aprobar leyes clave podrían socavar los esfuerzos que se realizan para cerrar la brecha fiscal en los próximos años.
El FMI, en un informe de octubre, ha pronosticado que la economía crecerá un 2,8% en 2018, consolidando la expansión de 1,8% lograda el año anterior. Este estimado representa un ligero aumento sobre las previsiones anteriores de 2,7%.
Esta expansión refleja un mejor desempeño de las exportaciones, las cuales ascendieron a US$ 35.100 millones entre enero y octubre, lo que representa un aumento del 14% con respecto al mismo período en 2017, según cifras de la Asociación Nacional de Comercio Exterior.
El crecimiento de las exportaciones se debió principalmente a un aumento en los ingresos por combustibles y productos de industrias de extracción, que crecieron un 23,8% durante el período a US$ 20.700 millones, lo que representa alrededor de 59% del total de los ingresos por la exportación.
Esto fue posible gracias al incremento en los precios del petróleo durante gran parte del 2018. Después de comenzar el año en alrededor de US$ 65 por barril, los niveles de crudo Brent aumentaron a un máximo de US$ 86,29 a principios de octubre; sin embargo, a finales de año los precios se desplomaron hasta llegar a poco más de US$ 50 por barril a fines de diciembre, lo cual podría afectar los rendimientos a futuro.
Por otra parte, las exportaciones en el sector manufacturero aumentaron a un ritmo del 10,5% anual en los primeros 10 meses de 2018, hasta alcanzar US$ 7 mil millones, mientras que las de productos agrícolas, alimentos y bebidas disminuyeron un 0,7% a US$ 6.200 millones.
Adicionalmente, la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno y el grupo rebelde FARC ha mejorado la imagen del país en el extranjero y ha reducido el riesgo percibido. Aún cuando actualmente es difícil medir su impacto económico, se espera que el tratado de paz conlleve una mayor inversión en regiones que previamente eran consideradas inseguras.
Estos esfuerzos, junto con otras reformas estructurales adicionales, fueron reconocidos por la OCDE cuando admitió a Colombia como miembro número 37 del exclusivo grupo en mayo de este año. El país se convirtió en la tercera nación latinoamericana en unirse al bloque después de México y Chile, y se espera que dicha membresía abra oportunidades para desarrollar una amplia gama de relaciones comerciales en el futuro.
Se espera que la economía continúe su desempeño positivo, con un incremento del 3,6% y 3,7% del PIB en 2019 y 2020 respectivamente, según el FMI.
Parte de este crecimiento estaría impulsado por el programa de desarrollo de infraestructura del país, que consiste tanto en nuevos proyectos como aquellos que se venían ejecutando por parte de la administración anterior.
Por ejemplo, el programa de concesiones viales de cuarta generación, de US$ 24 mil millones, iniciado originalmente en 2013, involucra la modernización de importantes conexiones de transporte que, una vez finalizadas, se espera reduzcan los costos de transporte en un 28% y aumente el PIB en un 1,5% anual como resultado de la mejora en logística, comercio y creación de empleo.
Sin embargo, las demoras ocurridas en algunos de los proyectos viales plantean retos importantes al financiamiento del desarrollo de infraestructura. La agencia colombiana de desarrollo financiero, Financiera de Desarrollo Nacional, estima que para fines de 2024 se requerirán 119 billones de pesos colombianos (US$ 36.200 millones) para financiar tanto los nuevos proyectos como los desarrollos de transporte en curso. De este monto, 58 billones de pesos colombianos (US$ 17.700 millones) es para proyectos viales mayores, incluyendo también otros desarrollos logísticos ferroviarios y marítimos como áreas clave de inversión.
Si bien las perspectivas siguen siendo sólidas, la dilución de las reformas fiscales introducidas por el nuevo presidente Iván Duque, quien asumió el cargo en junio, va a tener un impacto en los ingresos del Estado y, potencialmente, afectaría a los proyectos más costosos.
Al enfrentar oposición en las comisiones del Congreso encargadas de revisar el proyecto de ley, el gobierno de Duque cedió en algunas de las propuestas clave de su reforma, como la introducción de impuestos a los alimentos básicos y la reducción de la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) de 19% a 17%.
Debido al estancamiento en las discusiones para ampliar las reformas, el gobierno se vio obligado a modificar sus proyecciones de ingresos para 2019, estimando sus nuevas cifras en 7,5 billones de pesos colombianos (US$ 2.300 millones), un poco más de la mitad de los 14 billones de pesos colombianos (US$ 4.300 millones) originalmente proyectados.
La reducción en el ingreso estimado traerá como consecuencia que el gobierno busque ahorrar en los desembolsos del próximo año, dijo a fines de noviembre Alberto Carrasquilla, Ministro de Finanzas, previéndose la congelación de gastos por 6,5 billones de pesos colombianos (US$ 2 mil millones).
Aunque no se han hecho públicos detalles específicos con respecto a las medidas de reducción de costos, una reducción en los desembolsos podría afectar el programa de desarrollo de infraestructura del gobierno y, posteriormente, afectar el crecimiento, según la agencia de calificación Fitch.
El presupuesto de 2019, aprobado originalmente por el Congreso el 18 de octubre, asignó COP 258,9 billones (US$ 78.800 millones) para gastos del próximo año, incluyendo COP 160,2 billones (US$ 48.800 millones) que se adjudicarán a las operaciones del gobierno, lo que representa un aumento del 9,3% con respecto a 2018, y COP 46,8 billones (US$ 14.200 millones) a inversiones, representando un aumento del 20%.
El sector educativo recibirá COP 41,4 billones (US$ 12.600 millones), el monto más alto de todos los sectores, luego COP 32,3 billones (US$ 9.800 millones) se asignarán a salud y protección social, lo que representa un aumento de 30% para este sector, con respecto a 2018.
Adicionalmente existe la preocupación de que, sin un aumento en los precios mundiales del petróleo, la reducción de las reformas y la subsecuente disminución de los ingresos estatales podrían obstaculizar los esfuerzos para reducir el déficit fiscal, según un informe publicado por Fitch a principios de diciembre, siendo que el gobierno proyecta reducir el déficit de 3,1% proyectado en 2018 a 2,4% en 2019 y 2,2% en 2020.
A pesar de su preocupación por los cambios en el proyecto de reformas a la ley financiera, la agencia mantuvo su Calificación de Riesgo en Moneda Extranjera de Largo Plazo en BBB a mediados de noviembre, al tiempo que confirmó su perspectiva estable para la economía.
An increase in oil exports and an ongoing infrastructure rollout have seen the Colombian economy grow in 2018 with a positive outlook in the short to medium term; however difficulties in passing key legislation could undermine efforts to close the fiscal gap in the coming years.
The IMF, in an October outlook, forecast the economy to grow by 2.8% in 2018, building on the previous year’s expansion of 1.8%, and up slightly on earlier predictions of 2.7%.
This expansion was reflected by an improved export performance, with outward shipments totalling $35.1bn in value between January and October, a 14% increase on the same period in 2017, according to figures from the National Association of Foreign Trade.
Export growth was largely driven by an increase in revenue from fuels and extractive industries products, which grew by 23.8% year-on-year (y-o-y) over the period to $20.7bn, representing some 59% of all export earnings.
This was enabled by higher oil prices for much of 2018. After starting the year at around $65 per barrel, Brent crude levels rose to a high of $86.29 in early October; however, an end-of-year slump that saw prices drop to just over $50 per barrel by late-December could affect returns moving forward.
Elsewhere, manufacturing exports rose by 10.5% y-o-y in the first 10 months of 2018 to reach $7bn, while agriculture, food and beverage shipments declined by 0.7% to $6.2bn.
Furthermore, the ongoing implementation of the 2016 peace deal between the government and rebel militant group FARC has improved the country’s image abroad and lowered perceived risk. Although it is difficult to measure its economic impact at this stage, the peace treaty is expected to lead to more investment in regions previously considered unsafe.
These efforts, along with a series of other structural reforms, were recognised as Colombia was admitted to the OECD as the group’s 37th member in May. The country became the third Latin American nation to join the bloc after Mexico and Chile, with membership expected to create opportunities to develop a series of trade relationships in the future.
See also: The Report – Colombia 2017
The positive performance of the economy is expected to continue, with GDP set to rise by 3.6% and 3.7% in 2019 and 2020, respectively, according to the IMF.
Some of this growth is expected to be driven by the country’s expansive infrastructure programme, both in the form of new projects and those carried over from the previous administration.
For example, the $24bn fourth generation road infrastructure programme, first launched in 2013, involves the upgrade of significant transport connections which, once completed, is expected to reduce transport costs by 28% and boost GDP by 1.5% annually as a result of improved logistics, trade and job creation.
However, delays to some road projects have posed challenges in terms of financing the infrastructure rollout, with Colombian financial development agency Financiera de Desarrollo Nacional estimating that some COP119trn ($36.2bn) will be required to fund new and ongoing transport developments by the end of 2024. Of this, COP58trn ($17.7bn) is for major road projects, with rail and maritime logistics developments also highlighted as key areas of investment.
While the outlook remains strong, the watering down of fiscal reforms introduced by new President Ivan Duque, voted into office in June, is set to impact state revenue, and potentially affect large-scale projects in the pipeline.
Faced with opposition in the congressional committees tasked with reviewing the draft legislation, the Duque administration walked back some of the key proposals in its reforms, such as the proposed introduction of taxes on basic foodstuffs and the lowering of the broader rate of value-added tax from 19% to 17%.
With the wider reforms stalled, the government was forced to amend its revenue projections for 2019, targeting new earnings of COP7.5trn ($2.3bn), just over half the COP14trn ($4.3bn) originally projected.
The lower projected revenue will see the government look to make savings in outlays in the coming year, Alberto Carrasquilla, the finance minister, said at the end of November, with COP6.5trn ($2bn) in spending to be frozen.
Though no specifics have been issued regarding any cost cutting measures, a reduction in outlays could impact the government’s infrastructure development programme and subsequently affect growth, according to rating agency Fitch.
The 2019 budget, originally approved by Congress on October 18, allocated COP258.9trn ($78.8bn) in spending over the year, with COP160.2trn ($48.8bn) to be allocated to government operations, a 9.3% increase on 2018, and 46.8trn ($14.2bn) towards investment, a 20% increase.
Education is set to receive COP41.4trn ($12.6bn), the highest of any single sector, with COP32.3trn ($9.8bn) to go towards health and social protection, a 30% increase on 2018.
Furthermore, there are concerns that without an increase in global oil prices, the scaled-back reforms and subsequent reduction in state finances could hinder efforts to narrow the fiscal deficit, according to a report released by Fitch in early December, with the government aiming to reduce the deficit from a projected 3.1% in 2018 to 2.4% in 2019 and 2.2% in 2020.
Despite its concerns over the changes to the draft financial law, the agency maintained its BBB Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating in mid-November, while confirming its stable outlook for the economy.
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