Tras años de reformas estructurales y luego de la ratificación de un acuerdo de paz histórico, Colombia ha sido oficialmente presentado como el nuevo miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, mientras el país busca aprovechar sus avances recientes con un mayor crecimiento económico.
En ceremonia oficial el 30 de mayo, Colombia se unió a otros 36 estados miembros de la organización económica, concluyendo un proceso de adhesión de cinco años. Es el tercer país latinoamericano en formar parte del grupo, después de México y Chile.
El país fue evaluado por 23 comités organizacionales durante este período, e implementó una serie de reformas para cumplir con los estándares internacionales en materia de legislación, políticas públicas y otras prácticas.
La OCDE tiene grandes esperanzas para la economía de Colombia en el corto plazo, y pronostica que el crecimiento pasará de 1.8% en 2017 a 2.7% este año, antes de acelerarse y alcanzar 3.2% en 2019.
En su documento “Perspectiva Económica para Colombia”, publicado en mayo de este año, la organización señaló que esta expansión estaría respaldada por el aumento de la demanda interna, que se estima aumentará de 1,7% el año pasado a 3,3% en 2019, así como por mayores niveles de inversión, suscitada por menores tasas de interés y por el aumento del precio del petróleo.
También se pronostica que el consumo privado aumentará a medida que la inflación subyacente siga cayendo de 4,9% en 2017 a un estimado de 2,9%, tanto este año como el próximo, lo que ayudará a elevar los salarios reales.
En los cinco años transcurridos desde que Colombia entró en conversaciones con la OCDE, la administración ha logrado importantes avances en el establecimiento de reformas en línea con los requisitos de la organización para los estados miembros. Gran parte se logró con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, cuyos lineamientos se centran en la construcción de la paz, la educación y la equidad.
En cuanto a lo primero, en 2016 el Congreso ratificó un acuerdo de paz entre el gobierno y el grupo militante rebelde FARC. Al año siguiente se creó un organismo conocido como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final de Paz, establecido para implementar los acuerdos firmados, resolver disputas y monitorear continuamente el progreso del acuerdo.
Como evidencia del éxito de estos esfuerzos, el número de incidentes que llevaron a cabo los grupos armados cayó de 166 en 2014 a 16 el año pasado, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
En cuanto a la educación, Colombia ha pasado por una "revolución silenciosa", según la OCDE, donde la tasa de analfabetismo de la población de más de 15 años ha caído casi tres puntos porcentuales entre 2013 y 2017, hasta llegar a 5,2%.
Más allá de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, la administración apunta a convertir a Colombia en el país "más educado" de América Latina para 2025, algo que espera se logre al hacer obligatoria la educación secundaria superior para 2030 y al mejorar el acceso al aprendizaje en todo el país.
Si bien Colombia ha recorrido un largo camino para cumplir con los requisitos de los estados miembros de la OCDE en los últimos cinco años, la organización económica tiene una serie de recomendaciones para ayudar a promover un crecimiento más inclusivo.
La primera de estas recomendaciones se refiere a los derechos laborales. Colombia se encuentra luchando por cumplir con los estándares internacionales, debido al alto nivel de empleo informal. Según las estimaciones actuales, más del 50% de los trabajadores en los centros urbanos realizan trabajos informales y, como resultado, a muchos de estos empleados se les paga mucho menos que el salario mínimo, y no están registrados para pagar impuestos sobre la renta o recibir beneficios laborales.
La OCDE sugiere que la mejora de las conexiones de transporte y el desarrollo de las comunicaciones a través de la conectividad a Internet ayudará a crear más puestos formales y a aumentar la productividad.
Otro tema se refiere a la vida después de la jubilación: solo alrededor del 30% de los trabajadores contribuyen a un plan de pensiones, y solo el 20% de los colombianos recibe una pensión, según la OCDE.
Para reducir la pobreza entre los ciudadanos mayores, la organización recomendó aumentar los beneficios y la cobertura asociados con Colombia Mayor, un programa de pensiones para no-contribuyentes lanzado en 2003.
Si bien el nivel de apoyo del programa es modesto para los estándares regionales –los beneficios rondan entre US$ 15-34 por mes, en comparación con US$ 210 y US$ 330 en esquemas similares en Argentina y Brasil, respectivamente–, la cobertura ha aumentado de 482,000 en 2010 a más de 1,5 millones hoy día.
No obstante, un estudio realizado por el gobierno en 2016 no encontró que la iniciativa haya tenido un impacto en la pobreza multidimensional, lo que sugiere que hay un amplio margen para mejorar su eficacia.
Following years of structural reforms and the ratification of a historic peace deal, Colombia has officially been unveiled as the newest member of the OECD, with the country looking to build on recent progress with further economic growth.
Colombia joined 36 other member states in the economic organisation at its formal accession on May 30, concluding a five-year accession process, and is the third Latin American nation to become part of the group after Mexico and Chile.
The country was evaluated by 23 organisational committees during this period, and implemented a series of reforms to meet international standards regarding legislation, policy and other practices.
The OECD has high hopes for Colombia’s economy in the near term, predicting that growth will jump from 1.8% in 2017 to 2.7% this year, before accelerating to 3.2% in 2019.
In its Economic Outlook paper for Colombia published in May, the organisation noted that this expansion would be supported by rising domestic demand, which it estimates will increase from 1.7% growth last year to 3.3% in 2019, as well as higher levels of investment engendered by lower interest rates and higher oil prices.
Private consumption is also forecast to increase as core inflation continues to fall from 4.9% in 2017 to an estimated 2.9% both this year and next, helping to lift real wages.
In the five years since Colombia entered talks with the OECD the administration has made significant strides in establishing reforms in line with the organisation’s requirements for member states. Much of this was achieved under the All for a New Country (Todos por un Nuevo País, PND) 2014-18 development plan, centred on building peace, education and equity.
In terms of the former, in 2016 Congress ratified a peace deal between the government and rebel militant group FARC. The following year saw a body known as the Implementation, Monitoring, Verification and Dispute Resolution Commission of the Final Peace Agreement set up to implement the agreements signed, resolve disputes and continually monitor the deal’s progress.
As evidence of the success of these efforts, the number of incidents undertaken by armed groups fell from 166 in 2014 to 16 last year, according to the National Planning Department (Departamento Nacional de Planeación, DNP).
Within education, Colombia has gone through a “silent revolution”, according to the OECD, with the illiteracy rate of the population over the age of 15 falling almost three percentage points to 5.2% between 2013 and 2017.
Moving beyond the goals of the PND, the administration aims to make Colombia the “most educated” country in Latin America by 2025, something it hopes will be achieved by making upper-secondary education compulsory by 2030 and improving access to learning across the country.
While Colombia has come a long way in meeting OECD member state requirements over the last five years, the economic organisation has a number of recommendations to help promote inclusive growth.
One of these relates to labour rights, with Colombia struggling to meet international standards due to the high level of informal employment. More than 50% of workers in urban centres undertake informal work by current estimates, and, as a result, many of these employees are paid significantly less than the minimum wage and are not registered to pay income tax or receive employment benefits.
The OECD suggests that improving transport links and developing communications through internet connectivity will help create more formal positions and boost productivity.
Another issue pertains to life after retirement: only around 30% of workers contribute to a pension scheme, and only 20% of Colombians receive a pension, according to the OECD.
To reduce poverty among older citizens, the organisation recommended increasing the benefits and coverage associated with Colombia Mayor – a non-contributory pension programme launched in 2003.
While the programme’s level of support is modest by regional standards – benefits stand at around $15-34 per month, compared to $210 and $330 under similar schemes in Argentina and Brazil, respectively – coverage has increased from 482,000 in 2010 to more than 1.5m today.
Nonetheless, a study conducted by the government in 2016 did not find that the initiative had had an impact on multi-dimensional poverty, suggesting there is plenty of scope to improve its efficacy.
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