Los esfuerzos de Colombia para reducir su déficit fiscal y mejorar la seguridad financiera, han ayudado a proporcionar una plataforma sólida para el crecimiento futuro, según informe reciente del FMI. Sin embargo, se han recomendado reformas estructurales adicionales, con el fin de apoyar la expansión a largo plazo.
En un informe publicado a fines de abril, después terminar su Consulta del Artículo IV, el FMI indicó que la corrección de los desequilibrios fiscales había ayudado a estabilizar la economía de Colombia y prepararla mejor para posibles crisis externas.
Gracias a los recortes de gastos y a la implementación de presupuestos de austeridad a partir de la caída de los precios mundiales del petróleo en 2014, el déficit de la cuenta corriente disminuyó de 4,3% del PIB a 3,4% en 2017. Se prevé que esta cifra baje adicionalmente hasta 2,6% del PIB en 2018, según el FMI, a pesar del aumento del 1% en el gasto, dentro del presupuesto total de 235,5 billones de pesos colombianos ($82.5 mil millones) de este año.
Además de los esfuerzos fiscales, el FMI elogió las mejoras en las regulaciones bancarias, consideradas un factor clave para impulsar el mercado y la confianza de los inversores.
La implementación gradual de reformas que cumplen con Basilea III ha sido citada como un factor que mejora la estabilidad financiera. Como ejemplo, el FMI citó la Ley de Conglomerados, que será implementada más adelante este año, como un paso importante en este sentido.
El Índice de AML de Basilea 2017, publicado en agosto del año pasado por el Centro Internacional de Recuperación de Activos, colocó a Colombia en el puesto 125 de 146 países en términos de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, convirtiéndolo en el país de menor riesgo de la región.
Las medidas en los últimos años han sido fundamentales para sentar las bases de un repunte de la economía, y se espera que los precios del petróleo y el valor del peso respalden el crecimiento a corto plazo.
El FMI pronostica un crecimiento del PIB de 2.7% y 3.3% este año y el próximo, respectivamente, en comparación con 1.8% de 2017.
Un factor clave que podría apoyar esta expansión es el aumento en los precios mundiales del petróleo, que se han incrementado de alrededor de $67 por barril a principios de año, a poco menos de $80 a fines de mayo. Dado que el sector de Energía ha representado alrededor del 50% de las exportaciones totales en la última década, este aumento de precios podría impulsar aún más los ingresos nacionales.
Otro factor positivo es el régimen vigente de tipo de cambio flexible, citado por el FMI como un colchón importante contra las crisis mundiales.
El valor de la moneda en 2018 ha aumentado un 4.5% en dólares a fines de mayo, reduciendo la tasa de ganancias de hasta 10% en abril. Se espera que la revaluación ahorre a Colombia un monto considerable en los pagos de intereses por la deuda externa, pero también podría reducir los ingresos por concepto de aranceles aduaneros y de exportación.
A pesar de los progresos realizados, los observadores notan que hay una serie de factores internos que podrían ser clave para lograr un crecimiento sostenible a mediano y largo plazo.
Uno de estos se relaciona con la brecha de infraestructura del país. A pesar de haber clasificado en el puesto 66 entre 137 países, en el Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial 2017-18, Colombia está en el puesto 87 en términos de infraestructura.
Si bien el programa de infraestructura vial de cuarta generación, de 24 mil millones de dólares, lanzado por primera vez en 2013, ha mejorado la conectividad interna y regional, el FMI señaló que las demoras en la agenda de infraestructura han contribuido a una disminución de la inversión privada.
Una vez completado, se espera que el programa reduzca los costos de transporte en un 28%, lo que aumentaría el PIB en un 1.5% anual como resultado de la mejora en logística, aumento del comercio y creación de empleo.
Otro factor clave es la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno y el grupo guerrillero de las FARC, concluido a fines de 2016.
Si bien se esperan desafíos a medida que el brazo político del grupo transite hacia un rol activo en la política, la situación general de seguridad del país ha mejorado, lo que conlleva a una mejoría en la inversión, así como un incremento del potencial para desarrollar industrias como la minería en áreas previamente consideradas inseguras.
Los impuestos se han destacado como un área adicional de posible reforma.
Aún cuando el FMI evaluó positivamente las medidas para reformar el sistema tributario –la recaudación de impuestos aumentó un 7.1% en 2017, según cifras de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) –, algunos analistas consideran urgente acometer más reformas. Por ejemplo, el grupo local de expertos Fedesarrollo estima que, sin cambios estructurales, el déficit en cuenta aumentará al 3.9% en 2019.
En este sentido, la firma global de consultoría y contabilidad KPMG ha pedido una serie de reformas tributarias, que incluyan reducciones adicionales a la tasa de impuestos corporativos, que está programada para ser bajada del 34% al 33%, este año.
KPMG también instó al país a no crear nuevos impuestos o aumentar las tasas impositivas para los gastos existentes, así como a reducir la lista de bienes y servicios exentos del Impuesto al Valor Agregado IVA, fortaleciendo la autoridad y la capacidad de la DIAN en la recaudación de impuestos, y así fortalecer los derechos de los contribuyentes.
Colombia’s efforts to reduce its fiscal deficit and improve financial security have helped provide a strong platform for future growth, according to a recent report from the IMF. However, further structural reforms have been recommended to support long-term expansion.
In a report released at the end of April following the conclusion of its Article IV Consultation, the IMF said the correction of fiscal imbalances had helped stabilise Colombia’s economy and better prepare it for external shocks.
On the back of spending cuts and the deployment of austerity budgets since the drop in global oil prices in 2014, the current account deficit fell from 4.3% of GDP to 3.4% in 2017. This figure is forecast to drop further to 2.6% of GDP in 2018, according to the IMF, despite a 1% increase in spending in this year’s COP235.5trn ($82.5bn) budget.
In addition to fiscal efforts, the IMF praised improvements to banking regulations as key to boosting market and investor sentiment.
The gradual implementation of Basel III-compliant reforms has been cited as a factor improving financial stability, with the IMF citing the Conglomerates law, to be implemented later this year, as an important step in this regard.
The Basel AML Index 2017, released in August last year by the International Centre for Asset Recovery, ranked Colombia 125th out of 146 countries in terms of its risk of money laundering and terrorist financing, making it the lowest-risk country in the region.
The measures in recent years have been instrumental in laying the platform for a rebound in the economy, with oil prices and the value of the peso expected to support near-term growth.
The IMF forecasts GDP growth of 2.7% and 3.3% this year and next, respectively, up from 1.8% in 2017.
A key development that could support this expansion is the rise in global oil prices, which have increased from around $67 per barrel at the beginning of the year to just under $80 at the end of May. Given that the energy sector has accounted for around 50% of total exports over the past decade, the increase in prices could further boost national revenue.
Another positive factor is the country’s flexible exchange rate regime, cited by the IMF as an important cushion against global shocks.
The currency’s 2018 value had increased around 4.5% on the US dollar as of late-May, easing from gains of 10% made by April. The revaluation is expected to save Colombia a considerable amount on interest payments for external debt but could also lower Customs tariff revenues and export earnings.
Despite the progress made, observers have noted that a number of domestic issues could be key to achieving sustainable medium- and long-term growth.
One of these relates to the country’s infrastructure gap. Despite ranking 66th out of 137 countries in the World Economic Forum’s Global Competitiveness Report 2017-18, it was placed 87th in terms of infrastructure.
While the $24bn fourth generation road infrastructure programme, first launched in 2013, has gone some way to improving internal and regional connectivity, the IMF noted that delays to the infrastructure agenda have contributed to a decline in private investment.
Once completed, the programme is expected to reduce transport costs by 28%, with GDP forecast to increase by 1.5% annually as a result of improved logistics, trade and job creation.
Another key factor is the implementation of a peace deal between the government and militant group FARC, concluded in late 2016.
While challenges are expected as the group’s political arm transitions into an active role in politics, the improved security situation is tipped to lead to an improvement in investment in the country, along with the potential to develop industries such as mining in areas previously considered unsafe.
In addition, taxation has been highlighted as an area of potential reform.
While the IMF gave a positive evaluation of moves to reform the tax system – tax collection increased by 7.1% in 2017, according to figures from the National Tax and Customs Office (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN) – some analysts consider further reforms to be urgent. For example, local think tank Fedesarrollo estimates that without structural changes, the account deficit will rise to 3.9% by 2019.
On this note, global accountancy and consultancy firm KPMG has called for a series of tax reforms, including further reductions to the corporate tax rate, which is scheduled to be lowered from 34% to 33%, this year.
KPMG has also urged the country not to create new taxes or increase tax rates for existing charges, along with reducing the list of goods and services that are exempt from value-added tax, strengthening the authority and capacity of the DIAN in collecting taxes, and fortifying the rights of taxpayers.
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