Un impulso para aumentar la producción minera, como parte de esfuerzos mayores para amortiguar el impacto de los ingresos procedentes de hidrocarburos inferiores, está cogiendo fuerza a pesar de que la oposición local está creando cierta incertidumbre.
A finales de marzo, residentes del Municipio de Cajamarca en Colombia votaron, casi en su totalidad, en contra de los permisos concedidos por AngloGold Ashanti para lanzar varias operaciones en la mina La Colosa, asegurando que el proyecto suponía una amenaza para las reservas de agua y el medio ambiente.
El proyecto representa a tres de las empresas más grandes de ámbito nacional del gigante minero de Sudáfrica.
En este momento, se plantea una cuestión sostenida por algunos miembros de la empresa para mantener los 35 mil millones de dólares de valor de las reservas explotables.
AngloGold Ashanti ha afirmado que analizará los resultados de ambos referéndums, los cuales obtuvieron un voto de 98,8 % en contra de la empresa y tuvieron un impacto de 2 mil millones de dólares en la mina La Colosa. Sin embargo, la empresa seguía decidida a seguir adelante con los planes de exploración.
Por su parte, el gobierno ha tratado de asegurar a los inversores que la legislación nacional prima sobre los resultados de los plebiscitos locales, al menos en los casos en los que las licencias mineras ya se han expedido.
A finales de marzo, tras el referéndum en Cajamarca, German Arce, ministro de minas y energía, resaltó que no se podría aprobar ninguna decisión para bloquear la mina.
Se les ha concedido a los mineros sudafricanos una licencia para el proyecto, añadió German, y mientras la empresa obtenga la aprobación del impacto ambiental necesaria, serán los tribunales quienes decidan qué legislación tiene prioridad, si la nacional o la municipal.
Sin embargo, un fallo adverso en los tribunales o incluso un procedimiento judicial prolongado, podría disminuir el apetito por los recursos minerales de Colombia.
La empresa minera canadiense Gran Colombia Gold ha tenido que hacer frente a varios desafíos en uno de sus proyectos. A principios de abril, la empresa demandó al gobierno colombiano por 700 mil millones de dólares, tras haber sido avisados de detener la operación en una de sus minas, El Burro, en Marmato, y permitió consulta previa.
Los mineros afirmaron que el fallo de las autoridades, detener la minería ilegal en su arrendamiento y prevenir la huelga no autorizada, había dificultado su operación.
A diferencia del proyecto de AngloGold La Colosa, el de la mina del Burro de Gran Colombia se encuentra en funcionamiento, con una producción que representa 16 % de las ventas de oro de la empresa en 2016.
Los términos de la demanda, recogidos en el acuerdo de libre comercio con Canadá, le dieron al Ministerio de Comercio un margen de seis meses para trabajar con la empresa y llegar a un acuerdo.
En caso contrario, la demanda será escuchada por el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial.
Con unos bajos precios de la energía desde mediados de 2014, Colombia está buscando cada vez más en la industria de extracción de minerales, extender sus ganancias y exportar los vacíos generados de los ingresos de los hidrocarburos inferiores. Durante diciembre de 2016, la producción petrolera cayó de un 18 % a 807,000 barriles al día.
La industria de extracción de minerales, que se encontraba en decadencia debido a esta débil actuación, registró una caída de 6,5 % el año pasado, según un informe emitido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.
Sin embargo, la caída también ha supuesto un descenso de 20,6 % en la producción de mineral ferruginoso, 715,692 toneladas, a consecuencia de la caída de la demanda, según las estadísticas del Ministerio de Minas y Energía MinMas, en febrero.
No obstante, otros sectores, como el de los metales preciosos, han mostrado un crecimiento positivo. La producción del oro se ha recuperado de un comienzo muy débil a principios de 2016 para lograr un aumento de 4,4 %, de 61,805 kg este año.
Según MinMas, tanto el platino como la plata han obtenido buenos resultados, con un aumento de su producción de 6,5 %, 916 kg y 2,6%, 10 427 kg, respectivamente.
A consecuencia de los pleitos recientes sobre la clave de las empresas, el grupo de presión del sector minero ha mostrado su interés por tomar nuevas medidas legislativas que esclarezcan el derecho de autorizar o impedir proyectos de extracción.
«El Congreso es quién debería agilizar la aprobación de una ley con los elementos jurídicos necesarios para armonizar lo que es local y lo que es nacional», afirmó Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería ACM, el pasado marzo ante los medios locales.
El gobierno también está recibiendo llamadas para abordar el gran nivel de actividad ilegal en el sector minero que está deteriorando los impuestos del estado y gastando las reservas disponibles para los operadores autorizados.
La ACM estima aumentar el nivel de extracción ilegal, hasta un máximo del 80 % de todo el mineral de oro explotado anualmente en Colombia, es decir, hasta 2 millones de oz. (56,700 kg) extraídos anualmente del sector informal, tanto por grupos paramilitares como por pequeñas operaciones mineras no registradas.
Tanto el control de las operaciones ilegales, como el establecimiento de un marco regulador más transparente para los derechos de las comunidades y mineros, ayudarían a recuperar la confianza del inversor y permitirían que no se bloqueara todo el potencial de los recursos minerales en Colombia.
A drive to boost mineral production as part of broader efforts to soften the blow of lower hydrocarbons earnings is gathering pace, though local opposition is creating some uncertainty.
In late March residents of the central Colombian municipality of Cajamarca voted almost universally against granting AngloGold Ashanti permission to launch operations at its La Colosa mine, claiming the project posed a threat to water reserves and the environment.
The project represents the largest of three countrywide ventures for the South African mining giant.
A question mark now hangs over the venture, which is thought by some to hold up to $35bn worth of extractable reserves.
AngloGold Ashanti has said it will analyse the results of both the referendum, which saw a vote of 98.8% against the venture, and its potential impact on the $2bn La Colosa mine. However, the firm added it remains committed to moving forward with its exploration plans.
For its part, the government has sought to reassure investors that national law holds primacy over the results of local plebiscites, at least in cases where mining licences have already been issued.
Speaking in late March after the Cajamarca referendum, German Arce, the minister of mining, emphasised that a decision to block the mine could not be enacted retrospectively.
The South African miner had been granted a licence for the project, he said, and, provided the firm obtained the necessary environmental impact approval, it would be up to the courts to rule on whether municipal or national regulations took priority.
However, an adverse ruling in the courts, or even a prolonged legal process, could dampen appetite for Colombian mineral assets.
The Canadian-listed mining firm Gran Colombia Gold has also encountered challenges with one of its projects. In early April the company formally filed a $700m suit against the Colombian government after being ordered to halt operations at its El Burro mine in Marmato to allow for community consultations.
The miner claimed its operations have been hampered by the failure of the authorities to halt illegal mining on its lease-holding and prevent unsanctioned industrial action.
Unlike AngloGold’s La Colosa project, Gran Colombia’s El Burro mine is already operational, with production accounting for 16% of the company’s gold sales in 2016.
The terms of the suit, lodged under Colombia’s free trade agreement with Canada, give the Ministry of Commerce six months to work with the company to broker a settlement. Failing that, the suit will be heard by the World Bank’s Arbitration Committee.
With energy prices at a sustained low since mid-2014, Colombia is increasingly looking to its mineral extraction industry to bridge the earnings and exports gap created by lower hydrocarbons receipts. Over the course of 2016, oil production fell by 18% to 807,000 barrels per day in December.
Dragged down partly by this weaker performance, the extraction industry posted a 6.5% decline in output last year, according to a report issued in March by the National Statistics Agency (Departmento Administrativo Nacional de Estadistica, DANE).
However, the drop was also driven by a 20.6% decrease in iron ore output to 715,692 tonnes on the back of weaker demand, according to statistics released by the Ministry of Mines and Energy (Ministerio de Minas y Energía, MinMas) in February.
However, other segments, such as precious metals, showed positive growth. Gold production rebounded from a weak start in 2016 to post a 4.4% increase for the year to 61,805 kg.
Both platinum and silver also performed well, with production up 6.5% to 916 kg and 2.6% to 10,427 kg, respectively, according to MinMas.
On the back of the recent disputes over key ventures, the mining industry’s lobby group has expressed a desire for new legislative measures clarifying the right to authorise or block extraction projects.
“Congress is who should expedite a law with the judicial elements to harmonise what is local and what is national,” Santiago Ángel, president of the Colombian Mining Association (Asociación Colombiana de Mineria, ACM), told local media in late March.
The government is also receiving calls to address the high level of illegal activity in the mining sector, which is eroding tax earnings for the state and undermining the available reserves for approved operators.
ACM estimates put the level of illegal extraction as high as 80% of all the gold ore mined annually in Colombia; up to 2m oz is extracted by the informal sector annually, both by militant groups and unregistered small mining operations.
Reining in illegal operations and establishing a clearer regulatory framework for the rights of communities and miners should help restore investor confidence in the industry and allow the full potential of Colombia’s mineral resources to be unlocked.
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