Las nuevas medidas fiscales deberían ayudar al gobierno de Colombia a superar el déficit presupuestario y alentar la inversión, aunque la inflación mayorista y por consumo podrían tener un repunte a corto plazo.
Las enmiendas al código tributario se producen cuando el gobierno intenta ampliar sus ingresos base y compensar las bajas ganancias de los productos básicos, particularmente a la luz del estancamiento de ingresos petroleros en los últimos años.
El proyecto de ley de reforma tributaria fue aprobado por las dos cámaras del Parlamento a finales de diciembre, tras presentarse para su aprobación en octubre.
El grueso del paquete de reformas es un incremento de tres puntos porcentuales en el impuesto al valor agregado (IVA), que asciende al 19%, una subida que el gobierno afirma supondrá 6,2 trillones de pesos colombianos (2,1 mil millones de dólares) a los ingresos del Estado en 2017 y 24,1 billones de pesos colombianos (8,4 mil millones de dólares) para el 2022.
Las autoridades también esperan que la nueva tasa mantenga el déficit presupuestario en el 3,3% del PIB este año, frente a un estimado 3,9% en 2016, el mayor déficit registrado en seis años.
Aunque el IVA ha aumentado, aún se aplican algunas desgravaciones al impuesto en muchos productos básicos para la alimentación y en medicamentos no sujetos al impuesto. Asimismo, una propuesta de impuesto sobre las bebidas azucaradas se eliminó del proyecto de ley tras una fuerte oposición a la medida.
Las reformas también buscan incrementar la base impositiva al ampliar las penas por evasión fiscal, aunque se ha criticado que la ley no va lo suficientemente lejos como para controlar las omisiones de activos.
Además, la propuesta tiene como objetivo reducir gradualmente el impuesto de sociedades del 43% actual, al 33% para 2019, lo que se espera que contribuya a atraer inversiones e impulsar la creación de empleo.
El gobierno también ha tratado de impulsar ingresos provenientes de otras fuentes. Con este objetivo, ha anunciado una serie de medidas para principios del año que afectarán al sector de la telefonía móvil y la tramitación de datos.
No solo todos los servicios basados en Internet y pagados con tarjeta de crédito estarán sujetos a la tasa del 19% de IVA, sino que también se ha incorporado un nuevo impuesto del 4% sobre los paquetes de datos móviles que cuestan más de 15 dólares al mes. Algunos miembros de la industria han advertido de que el aumento de los gravámenes desalentará el consumo y limitará el crecimiento en el sector.
Sin embargo, con la tasa de acceso a los servicios móviles muy por encima del 100% el año pasado y las tasas de absorción de teléfonos con capacidad de datos también aumentando, los nuevos cargos deberían incrementar los ingresos en poco tiempo.
Si bien los ingresos generados por las tasas impositivas más altas serán un impulso oportuno para las arcas estatales, es probable que también alimenten la inflación de Colombia, especialmente a principios de este año.
El índice de precios de consumo subió un 5,75% anualizado el año pasado, un poco más elevado que las proyecciones del gobierno de entre 4% y 5%, pero, aun así, más bajo que la cifra de 6,77% en 2015.
Junto con un recién aprobado aumento del 7% en el salario mínimo, los mayores costos de materiales y servicios también impactarán en los precios de producción, los cuales probablemente se transmitirán a los consumidores.
A pesar de que existe la preocupación de que el aumento del IVA pudiera alimentar el índice de precios de consumo, en realidad, enero vio una ligera reducción de la inflación a 5,4% interanual.
Las recientes reformas tributarias se consideran clave para preservar la calificación del grado de riesgo para la inversión en Colombia y, por lo tanto, mantener bajos los costos de los préstamos.
En julio, la agencia calificadora Fitch cambió su perspectiva sobre Colombia de estable a negativa y bajó su calificación crediticia de largo plazo en moneda local de "BBB +" al umbral de grado de inversión de "BBB". Sus bonos a largo plazo, no garantizados en moneda local, recibieron una bajada idéntica.
A finales de octubre, Fitch advirtió que las calificaciones de Colombia podrían ser rebajadas a la categoría de basura si el gobierno no lograba reducir su déficit fiscal y estabilizar su deuda. Moody's y Standard & Poor's (S & P) también han citado la deuda pública y el déficit como causas de preocupación en 2016, ya que las agencias señalaron que la calificación de grado de inversión de Colombia estaba bajo presión.
"Por ahora, el equipo analítico de S & P mantiene su perspectiva negativa", dijo a OBG, Rafael González, presidente de BRC Standard & Poor's. "Las recientes reformas tributarias impulsarán las finanzas públicas, pero probablemente también afectarán al crecimiento a corto plazo. El aumento del IVA golpea al consumo, al mismo tiempo que el país se ha visto más expuesto a las circunstancias globales en los últimos años, por ejemplo, los cambios de política bajo la nueva administración estadounidense podrían tener un impacto negativo e indirecto en Colombia".
New tax measures should help Colombia’s government bridge the budget deficit and encourage investment, though wholesale and consumer inflation could see an uptick in the short term.
The amendments to the tax code come as the government attempts to broaden its revenue base and offset low commodity earnings, particularly in light of the depressed oil revenues seen in recent years.
The tax reform bill was approved by both houses of Parliament at the end of December, after being put forward for approval in October.
Core to the reform package is a three-percentage-point increase in the value-added tax (VAT) rate to 19% – a hike the government says will contribute COP6.2trn ($2.1bn) to state revenue in 2017 and COP24.1trn ($8.4bn) by 2022.
The authorities also hope the new rate will keep the budget deficit to 3.3% of GDP this year, down from an estimated 3.9% in 2016 – the highest shortfall recorded in six years.
While VAT has increased, some exemptions to the levy still apply, with many basic food products and medicines not subject to the tax. In addition, a proposed tax on sugary drinks was removed from the final draft of the legislation after strong opposition to the measure.
The reforms similarly seek to deepen the tax base by increasing penalties for evasion, though there has been criticism that the law does not go far enough to rein in omissions of assets.
In addition, the package aims to gradually scale back the corporate income tax rate from the current level of 43% to 33% by 2019, with the move expected to help attract investment and boost job creation.
The government has also moved to boost revenue from other sources, announcing a series of measures at the beginning of the year that will impact the mobile telephony and data services segment.
Not only will all internet-based services paid for by credit card be subject to the 19% VAT levy, but a new 4% tax has also been introduced on mobile data packages costing more than $15 a month. Some industry insiders have said the increased levies will discourage consumption and limit growth in the sector.
However, with mobile penetration well above 100% last year and take-up rates for data-capable handsets also rising, the new charges should increase revenue in the near term.
While the income generated from the higher tax rates will be a welcome boost to state coffers, it is likely they will also feed into Colombia’s inflation, especially in the early part of this year.
The consumer price index rose by an annualised 5.75% last year, slightly higher than government projections of between 4% and 5%, but still down on the 2015 figure of 6.77%.
Along with a newly approved 7% increase in the minimum wage, higher costs for materials and services will also impact production prices, which will likely be passed on to consumers.
While there are concerns that increased VAT could fuel the consumer price index, January actually saw inflation ease slightly to 5.4% y-o-y.
The recent tax reforms are seen as key to preserving Colombia’s investment-grade rating, and therefore keeping down borrowing costs.
In July ratings agency Fitch changed its outlook on Colombia from stable to negative, and lowered its long-term local currency issuer default rating from “BBB+” to the investment-grade threshold of “BBB”. Its long-term senior unsecured local currency bonds received an identical downgrade.
At the end of October, Fitch warned that Colombia’s ratings could be downgraded to junk status if the government failed to reduce its fiscal deficit and stabilise its debt burden. Moody’s and Standard & Poor’s (S&P) have also cited public debt and the deficit as causes for concern in 2016, with the agencies saying Colombia’s investment grade rating was under pressure.
"For now, S&P’s analytical team maintains its negative outlook,” Rafael González, president of BRC Standard & Poor's, told OBG. “The recent tax reforms will boost public finances, but they are also likely to weigh on growth in the short term as the VAT increase hits consumption. At the same time, the country has become more exposed to global circumstances in recent years. For example, policy changes under the new US administration could have a negative, indirect impact on Colombia.”
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