El acuerdo de paz recientemente negociado entre el Gobierno de Colombia y las FARC podría propiciar el comienzo de una nueva era para la economía colombiana en cuanto a crecimiento económico se refiere. Sin embargo, aunque el acuerdo entre en vigor, el pago de los dividendos económicos de la paz llevará su tiempo.
A finales de noviembre, el Congreso colombiano aprobó un acuerdo de paz entre los representantes del gobierno y las FARC para poner fin a 52 años de conflicto. El gobierno recibió la aprobación del Congreso para modificar el acuerdo dos meses después de que dicho acuerdo fuera en un principio rechazado en plebiscito a principios de octubre.
Según las cláusulas del acuerdo, el gobierno se ha comprometido a incrementar el gasto público y fomentar el desarrollo en las áreas rurales (en el seno de las FARC) dando prioridad a las infraestructuras, salud y educación, a condición de que el grupo insurgente deponga sus armas y se disuelva.
“En la actualidad, Colombia explota menos del 30% de su tierra cultivable, por lo tanto, esta tendencia tiene que cambiar”, afirmaba Rafael Mejía para OBG, presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia, una plataforma de comercio de materias primas. “Al igual que nos propusimos reducir la brecha entre las zonas urbanas y rurales, también tenemos que ocuparnos de conocer cuáles son los productos agrícolas que se demandan a nivel mundial y abarcar nuevos mercados en donde otros países no estén pisando fuerte”.
A medida que el proceso de paz avanza, Colombia debería ser capaz de ganar terreno con estrategias agrícolas que permitan un crecimiento económico más amplio. Las ganancias serán bienvenidas, sobre todo porque el peso se ha devaluado constantemente desde el descenso de los precios del petróleo a mediados de 2014.
Uno de los problemas que han preocupado en el 2016 ha sido la volatilidad del peso junto con la elevada inflación, que alcanzó su mayor nivel en 16 años con un 9% en julio y que provocó el aumento de los tipos de interés que el banco central incrementó durante gran parte del año pasado.
No fue hasta mediados de diciembre cuando el banco central disminuyó su tipo de interés de referencia 25 puntos básicos hasta un 7,5% por primera vez en los últimos cuatro años, apuntando a una inflación moderada y un crecimiento económico más lento. El banco también reconfirmó su rango objetivo de 2-4% de inflación para el 2017.
Además, los legisladores aprobaron un proyecto de ley de reforma tributaria a finales de 2016 que entró en vigor el 1 de enero. Entre los cambios se incluye un aumento de tres puntos porcentuales en el Impuesto sobre el Valor Añadido del 19%, que se espera que aumenten las arcas 6,2 billones de pesos colombianos (2,1 mil millones de dólares) en 2017. El proyecto de ley disminuirá el tipo de impuesto de sociedades de un 43% a un 33% para el 2019.
De acuerdo con los datos obtenidos por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) a finales de noviembre, la economía se estancó en el tercer trimestre con un crecimiento interanual de 1,2%, por debajo del 2,3% y 2% del registro interanual en el primer y segundo trimestre, respectivamente.
Esta tendencia casi sin variaciones permitió al banco central revisar a la baja el PIB en julio de un 2,3% a un 2%. Las previsiones del FMI y del Banco Mundial son buenas, ya que situaron el crecimiento del PIB en 2,7% y 2,5% en 2016, lo que aumentará un 2,7% y 3% para 2017, respectivamente.
El acuerdo de paz no está exento de costes, al menos la reedificación de la infraestructura y la reubicación de cerca de 7 millones de personas que han sido desplazadas por el conflicto, según la ONU.
A finales de agosto, la firma de investigación londinense Capital Economics, estimó los costes derivados de la puesta en marcha del acuerdo de paz, cuya cifra oscilaría entre unos 15 mil millones de dólares y unos 45 mil millones de dólares distribuidos a lo largo de varios años. Esto se traduce en un 5% del PIB en el extremo inferior del rango objetivo y hasta el 15% en el peor de los pronósticos.
El presidente Santos ha comentado que los donantes extranjeros aportarían 3,3 mil millones de dólares para apoyar el proceso de paz, a pesar de que hasta la fecha se han ofrecido menos de 450 millones de dólares mayormente por parte de los Estados Unidos, mientras que, la Unión Europea ha ofrecido una línea de crédito adicional de 450 millones de dólares.
El gobierno está mirando mercados de bonos locales para financiar el presupuesto ampliado de este año.
A finales de agosto, el ministro de economía anunció que emitiría una deuda interna adicional de 8 billones de pesos colombianos (2,7 mil millones de dólares) para finales del 2016, parte de ello se usaría para prefinanciar el presupuesto de 2017.
El aumento de la deuda interna incrementará la cantidad de bonos del tesoro en el mercado local a 39 billones de pesos colombianos (13,3 mil millones de dólares). El gobierno ha anunciado ya su intención de emitir bonos con un valor nominal de 3,4 billones de pesos colombianos (11,4 mil millones de dólares) de deuda local para 2017.
Mientras que el gobierno podría tener que incrementar sus niveles de deuda para permitir que se cumplan los compromisos que el acuerdo establece, se espera que este gasto produzca beneficios a corto plazo, tales como la creación de puestos de trabajo e inyección de capital en la economía, en especial en los sectores de la construcción, materiales y logística.
A pesar de que el gasto y la inversión aumentarán como consecuencia del acuerdo de paz, el informe de Capital Economics advierte de las limitaciones del impacto inmediato en la economía. Los principales beneficios para la economía serían de medio a largo plazo, una vez que los efectos de la nueva inversión empiecen a notarse.
En una nota publicada a finales de agosto, la agencia de calificación Fitch afirmaba que la inversión podría incrementar a medio plazo en tanto en cuanto la confianza en el acuerdo de paz se consolide y las áreas del país que anteriormente estaban en zona de guerra se abran. Los sectores que podrán beneficiarse de esta nueva inversión serían en concreto la agricultura y la minería.
The recently brokered peace deal between the government and the FARC could usher in a new era of growth for the Colombian economy. However, even if the agreement holds, it will take time for the dividends of peace to pay out.
At the end of November the Colombian Congress signed off on a peace accord by the government and FARC representatives, bringing within reach the end of the 52-year-long conflict. The government received congressional approval for a modified version of the agreement only two months after a peace deal was initially rejected by a referendum vote in early October.
Under the terms of the peace accord, in return for the rebel group laying down its arms and disbanding, the government has committed to increase public spending and development in rural areas – FARC’s heartland – prioritising infrastructure, health and education.
“Colombia currently puts less than 30% of its arable land to productive use, and that trend must change.” Rafael Mejía, president of Bolsa Mercantil de Colombia, a platform for commodities trading, told OBG. “As we aim to reduce the gap between urban and rural areas, we must also focus on what agricultural products are in demand globally and penetrate markets that other countries do not have a strong foothold in.”
As the peace process moves forward, the country should be able to gain ground on agricultural strategies that enable wider economic growth. Such progress will be welcome, particularly as the peso has devalued steadily since the onset of lower oil prices in mid-2014.
The peso’s volatility was one of the main topics of concern in 2016, alongside high inflation, which reached a 16-year high of 9% in July and caused the central bank to raise interest rates throughout much of last year.
It wasn’t until mid-December that the central bank lowered its benchmark interest rate 25 basis points to 7.5% for the first time in nearly four years, pointing to easing inflation and slower economic growth. The bank also reconfirmed its target range of 2-4% for inflation in 2017.
In addition, lawmakers approved a long-debated tax reform bill at the end of 2016 that came into effect on January 1. The changes include a three-percentage-point increase in the value-added tax rate to 19%, which is expected to boost coffers by COP6.2trn ($2.1bn) in 2017. The bill will also lower the income tax rate on businesses from 43% to 33% by 2019
According to data issued by the National Administrative Department of Statistics at the end of November, the economy cooled in the third quarter, with year-on-year (y-o-y) growth of 1.2%, below the 2.3% and 2% y-o-y expansion recorded in the first and second quarters, respectively.
This near-flat trajectory led the central bank to revise its GDP projection downward in July from 2.3% to 2%. Forecasts are higher from the IMF and the World Bank, however, which put GDP expansion at 2.7% and 2.5% in 2016, rising to 2.7% and 3% in 2017, respectively.
The peace deal is not without costs, not least rebuilding infrastructure and relocating the nearly 7m people who have been displaced by the conflict, according to the UN.
One estimate of the cost of implementing the agreement, made by London-based research firm Capital Economics at the end of August, puts the price of peace at between $15bn and $45bn, spread over a number of years. This represents 5% of GDP at the lower end of the estimate range and up to 15% in the top scenario.
President Santos has said foreign donors will provide $3.3bn to support the peace process, though to date less than $450m has been promised, mostly by the US, with the EU offering a further $450m line of credit.
The government is also looking to the local debt market to fund this year’s expanded budget.
At the end of August the Ministry of Finance announced it would issue an additional COP8trn ($2.7bn) of domestic debt by the end of 2016, part of which would be used to pre-finance the 2017 budget.
The increased level of domestic borrowing will take the amount of Treasury bonds raised on the local market to COP39trn ($13.3bn). The government has already announced it intends to issue COP33.4trn ($11.4bn) worth of local debt in 2017.
While the government may have to increase its debt levels to allow it to meet its commitments under the agreement, this spending is expected to yield near-term benefits such as creating jobs and injecting capital into the economy, most notably in the construction, materials and logistics sectors.
Though spending and investment will be ramped up in the wake of the peace agreement, the Capital Economics report warned that the immediate impact on the economy would be limited. The main gains for the economy, it said, would come in the medium to long term, after the effects of new investment began to be felt.
In a note issued at the end of August, ratings agency Fitch said that investment could increase in the medium term as confidence in the peace deal solidifies and areas of the country previously in the conflict zone are opened up. In particular, it said, the mining and agriculture sectors could benefit from new investment.
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