Las perspectivas de un acuerdo de paz con las fuerzas rebeldes y las continuas dificultades económicas están llevando a Colombia hacia una importante encrucijada en 2016, mientras que también se agudiza el enfoque en el ambicioso programa nacional de infraestructura valorado en 50 mil millones de dólares.
Después de cuatro años de negociaciones, un plan de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) finalmente parece estar a la vista.
En los próximos años, mejorar la infraestructura del transporte, especialmente en regiones desatendidas o abandonadas durante el conflicto, es visto como un aspecto fundamental para facilitar el acuerdo de paz y atraer mayor inversión a la lista de proyectos a desarrollar del país.
El borrador del tratado de paz con las FARC, firmado a finales de septiembre, incluye una larga lista de compromisos que comprende reformas agrarias y un sistema de justicia transicional para la reincorporación de soldados a la sociedad. Compensaciones para las víctimas y mejoras en los servicios básicos como salud y educación también están incluidas en dicho documento.
Implementar el acuerdo va a ser una tremenda tarea dada la naturaleza del conflicto, que ha durado 50 años, ha acabado con la vida de más de 220.000 personas y ha dejado desplazados a otros 6 millones. Según las estimaciones, hasta un 40% del territorio colombiano salió de la autoridad del gobierno central durante el conflicto.
Mejorar las vías de transporte será una de las prioridades en la agenda del gobierno dado el pobre estado de la infraestructura y la dependencia en la red de vías para más del 80% del transporte interno.
Mientras que el territorio de Colombia (el cual incluye la cordillera de los Andes y sus valles que van de norte a sur) siempre ha presentado ser un reto para la infraestructura de trasporte, las décadas de ausencia de inversión han aumentado la necesidad de actuar.
Se espera que la modernización de las redes de transporte de Colombia ayude a reducir los costes de logística y mejorar la competitividad, apoyando un amplio impulso nacional para crear una economía más diversificada.
Los esfuerzos del gobierno están siendo encabezados por un amplio programa de desarrollo conocido como La Cuarta Generación del Programa de Concesión de Caminos o 4G, el cual está siendo implementado a través de asociaciones público-privadas.
Lanzado en 2015, el programa de 7 años es significativamente más ambicioso que las iniciativas previas, con inversiones planeadas valoradas en 25 mil millones de dólares, y se espera que tenga un impacto económico importante.
Según Asobancaria, un sindicato del sector financiero, el programa 4G podría incrementar alrededor de 0.4 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB entre 2015 y 2022, mientras que el presidente Juan Manuel Santos espera que impulse el crecimiento hasta 1.5 puntos porcentuales para el 2020.
Nuevas autopistas, carreteras, puentes y túneles tendrán prioridad, con cerca de 6000 km de vías a ser construidas en tres olas, junto con otros proyectos hídricos, ferroviarios y portuarios. Los primeros nueve proyectos fueron lanzados en 2015, con tres de los nueve llegando a su cierre financiero en agosto.
Mientras que un dividendo de paz está en el horizonte, la pregunta sigue siendo cómo van a financiar los compromisos incluidos en el acuerdo de paz y en el programa 4G.
Colombia sigue dependiendo mucho de la exportación de productos como el petróleo, gas y carbón (los cuales han caído en su precio). Esto ocasionó que el déficit de cuenta se ampliara al 8.1% del PIB en el tercer trimestre de 2015, una de las tasas más altas entre los mercados emergentes y un aumento significante por encima del 3.3% registrado en 2013.
También hay preocupaciones por el creciente déficit fiscal, el cual se esperaba que llegara al 3% del PIB para finales de 2015, según el Banco Mundial, por encima de 2.4% y 2.3% en 2013 y 2014 respectivamente.
Para financiar sus planes de gasto, el gobierno ha recurrido a una mezcla de privatización y financiamiento de deuda internacional.
El país recientemente vendió un 57.6% (la mayoría) de acciones de Isagen, la segunda compañía de energía más grande de Colombia, a un consorcio encabezado por la empresa canadiense Brookfield Asset Management por 6,5 trillones de pesos colombianos (1,9 mil millones de dólares)
A pesar de que partidos opositores de izquierda y derecha se oponían a la venta, el presidente Santos enfatizó que las ganancias serían bien usadas.
“Isagen es un activo que produce un dividendo, una rentabilidad,” dijo en enero. “Pero esta rentabilidad es muy baja comparada con lo que puede producir ese mismo dinero de los colombianos, por ejemplo, apalancando la financiación de las grandes carreteras, las grandes obras que necesita el país.”
Colombia también ha recurrido a nuevas emisiones de la deuda nacional para recaudar fondos. El gobierno emitió bonos por 1,5 mil millones de dólares a principios de 2015 a una tasa de 5%, la más baja lograda en Colombia a la fecha. La emisión fue saturada con peticiones valoradas en 5 mil millones de dólares por cerca de 250 compradores institucionales en los Estados Unidos, Europa, Asia, y América Latina.
De acuerdo con Mauricio Cárdenas, ministro de finanzas, bonos en el valor de 1,5 mil millones de dólares están planeados para el primer trimestre de 2016.
Inversionistas internacionales también están buscando financiar directamente proyectos de infraestructura en el país, y el CAF banco de desarrollo de América Latina ha aprobado la creación de un fondo de deuda principal con un tamaño objetivo de mil millones de dólares a mediados de 2014. Otro grupo de bancos y fondos de capital privado supuestamente está recaudando alrededor de dos mil millones , con mil millones adicionales planeados para crear un fondo de deuda de infraestructura de Colombia.
Dado el fuerte interés local e internacional, los bonos para proyectos pueden proveer una atractiva oportunidad de inversión y una fuente adicional de financiamiento en los años por venir.
Prospects of a peace settlement with rebel forces and continued economic headwinds are steering Colombia towards an important crossroads in 2016, while also sharpening the focus on the country’s ambitious $50bn infrastructure programme.
Following four years of negotiations, a peace plan between the Colombian government and the Revolutionary Armed Forces of Colombia (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC) finally looks to be in sight.
In the coming years, improving transport infrastructure, especially in regions neglected during the conflict, is seen as pivotal for facilitating the peace settlement and attracting greater investment in the country’s pipeline of projects.
The draft peace deal with the FARC, signed in late September, includes a sweeping list of commitments, ranging from land reform and transitional justice arrangements to the reintegration of former fighters into society. Reparations for victims and improvements in basic services, such as health and education, also feature in the document.
Implementing the settlement will be a formidable task, given the nature of the 50-year conflict, which claimed the lives of more than 220,000 people and left a further 6m displaced. Estimates suggest that up to 40% of Colombian territory shifted outside of the central government’s authority during the conflict.
Improving transport links will rank especially high on the government’s agenda given the poor state of infrastructure and the dependence on road networks for more than 80% of internal transport.
While Colombia’s terrain – which includes the Andean mountain range and valleys, running north to south – has long made transport infrastructure projects a challenge, decades of underinvestment have heightened the need for action.
The modernisation of Colombia’s transport networks is expected to help reduce logistics costs and improve competitiveness, supporting a broader national drive to create a more diversified economy.
The government’s efforts are being spearheaded by a wide-ranging development programme known as the Fourth Generation of the Road Concessions Programme, or 4G, which is being implemented through public-private partnerships.
Launched in 2015, the seven-year programme is significantly more ambitious than previous initiatives, with $25bn worth of planned investments, and is expected to have a significant economic impact.
According to Asobancaria, a financial sector syndicate, the 4G programme could add about 0.4 percentage points to annual GDP growth between 2015 and 2022, while President Juan Manuel Santos expects it to boost growth by as much as 1.5 percentage points through to 2020.
New toll roads, highways, bridges and tunnels will be given priority, with close to 6000 km of roadways to be constructed in three waves, alongside other water, rail and port projects. The first nine projects were launched in 2015, with three of the nine reaching financial close in August.
While a peace dividend is on the horizon, the question remains as to how the commitments included in the peace deal and the 4G programme will be funded.
Colombia remains highly dependent on commodity exports, such as oil, gas and coal, all of which have fallen in price. This saw the current account deficit widen to 8.1% of GDP as of the third quarter of 2015, one of the highest rates among emerging markets and a significant increase over the 3.3% recorded in 2013.
There are also concerns over the growing fiscal deficit, which was expected to reach 3% of GDP by end-2015, according to the World Bank, up from 2.4% and 2.3% in 2013 and 2014, respectively.
To finance its spending plans, the government has turned to a mix of privatisation and international debt financing.
The country recently sold a 57.6% majority stake in Isagen, Colombia’s second-largest power company, to a consortium led by Canada’s Brookfield Asset Management for COP6.5trn ($1.9bn).
While both left- and right-wing opposition parties in Congress opposed the sale, Santos stressed that the proceeds would be put to good use.
“Isagen is an asset that generates a dividend, a rate of return,” he said in January. “But this profitability is low when compared with what we can produce by financing the large-scale highways and public works the country needs.”
Colombia has also resorted to new sovereign debt issues to raise funds. The government issued $1.5bn worth of bonds in early 2015 at a coupon rate of 5%, the lowest achieved in Colombia to date. The issue was heavily oversubscribed, with $5bn worth of demand from close to 250 institutional buyers in the US, Europe, Asia and Latin America.
According to Mauricio Cárdenas, minister of finance, another $1.5bn worth of bonds are planned for the first quarter of 2016.
International investors are also looking to directly finance infrastructure projects in the country, with CAF development bank of Latin America approving the creation of a senior debt fund with a target size of $1bn in mid-2014. Another group of banks and private equity funds is reportedly raising some $2bn, with an additional $1bn thought to be in the pipeline to create a Colombia infrastructure debt fund.
Given strong domestic and international interest, project bonds could provide an attractive investment opportunity and additional source of financing in the years ahead.
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