Se espera que varios proyectos importantes de infraestructura vial sean ejecutados durante el presente año en Colombia. No obstante, algunos desarrolladores han expresado su preocupación con respecto a la cantidad de riesgos que puede acarrear la concesión de dichos contratos.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), procura dar inicio a la adjudicación de la "cuarta generación" de concesiones de carreteras este año, con nueve ganadores que se espera sean anunciados en marzo, y otros 10 a finales de junio. Se ha establecido un total de por lo menos 25 proyectos con un valor de más de US$21 mil millones.
Entre las concesiones más importantes se encuentran la Conexión del Norte – una carretera de 146 kilómetros ubicada en el noroeste de Colombia que representará una inversión de US$ 500 millones – y la Autopista del Río Magdalena. Esta última se viene desarrollando como parte del megaproyecto Autopistas de la Prosperidad y conectará a Medellín con los puertos del Caribe, Océano Pacífico y Bogotá.
Federico Restrepo, gerente de proyectos de Autopistas de la Prosperidad, dijo a OBG que la conexión de Antioquia con la costa y otras zonas del país es una prioridad para el gobierno. "Este es el único proyecto en el marco del esquema de concesiones de cuarta generación que está siendo cofinanciado por el gobierno regional y local", afirmó.
El sector privado ha mostrado un fuerte interés inicial en los proyectos viales de cuarta generación, pues cientos de empresas locales e internacionales ya han presentado sus ofertas. Sin embargo, los inversionistas potenciales han expresado algunas dudas.
Los desarrolladores han señalado las dificultades y retrasos en la obtención de licencias ambientales, la ausencia de servicios públicos en áreas de construcción, la complejidad del esquema de "consulta previa" – el cual obliga a un diálogo con las comunidades afectadas antes de iniciar el desarrollo – y los desafíos inherentes a la adquisición de los terrenos necesarios.
Este último punto ha sido abordado directamente por la Ley de Infraestructura, la nueva norma aprobada en el mes de diciembre. Entre los cambios que implicará, se encuentra un plazo máximo de sesenta días para el proceso de adquisición de tierras, “una mejora sustancial” según Eleuberto Antonio Martorelli, presidente de Odebrecht Colombia, firma multinacional que desarrolla proyectos de infraestructura. "La Ley de Infraestructura hoy establece la posibilidad de aplicar la expropiación administrativa, lo que representa plazos más cortos y definidos para estos procesos. Este es un gran avance en comparación con el plazo de al menos doce meses que venía tomando dicho procedimiento", comentó a OBG.
La nueva ley también regula la interacción entre las instituciones que participan en las concesiones, incluyendo tanto a los responsables de las licencias ambientales como a las autoridades locales. Una mejor coordinación debería conducir a una más rápida resolución de las negociaciones con las comunidades locales y a un diálogo más fluido con la autoridad en materia ambiental.
Aunque se espera que la Ley de Infraestructura logre traer mejoras a la industria, a varios inversionistas del sector privado les preocupa que los desarrolladores tengan que asumir los riesgos de los cambios legislativos por un plazo de 25 años.
"En 25 años de concesión vamos a presenciar sin duda gobiernos distintos, y consecuentemente posibles reformas fiscales y tributarias. En este sentido, es muy difícil medir que contingencias considerar para estas reformas. Este es un riesgo inherente al Estado,” dijo Martorelli.
En concordancia con esta opinión, Bernardo Serafim, presidente de la firma de infraestructura multinacional Andrade Gutiérrez, dijo a OBG: "Reconocemos el potencial de Colombia y nuestro interés en el desarrollo de proyectos de infraestructura en el país sigue siendo incondicional. Sin embargo, para mantener la confianza de nuestros inversionistas necesitamos que el sector público escuche nuestras peticiones y ajuste el balance de riesgos."
Si bien el desarrollo de carreteras ha captado la atención de la mayoría de los inversionistas y medios de comunicación, en el presente año se han establecido otros proyectos importantes, que incluyen: 10 concesiones para puertos marítimos equivalentes a US$482 millones, remodelaciones en varios aeropuertos de distintas ciudades (tales como Barranquilla , Neiva , Armenia y Popayán ) y las obras que se llevarán a cabo en el río Magdalena, de las cuales se espera aumenten la navegabilidad del río y alivien el tráfico en las carreteras que van desde el centro del país hacia la costa Caribe.
La ANI estima que la inversión en infraestructura del 1.5 % del PIB actual verá un aumento que la situará entre el 3% y el 6% para el 2016. Esto representaría un enorme flujo de inversión para el país andino y, seguramente, una mejora significativa en la infraestructura hacia el final de la década. Sin embargo, para que esta proyección llegue a ser una realidad, el gobierno tendrá que responder a las solicitudes del sector privado, de manera que los inversionistas y desarrolladores con experiencia global puedan llevar a cabo la que sería una transformación histórica.
The private sector has shown a strong initial interest in the fourth generation road projects, with hundreds of local and international companies having submitted bids, but potential investors have expressed some doubts.
Developers have pointed out the difficulty and delays in obtaining environmental licences; the lack of public services in construction areas; the “prior consultation” scheme, which requires discussion with affected communities before starting development; and challenges in acquiring the necessary land.
This last item has been directly addressed by the Infrastructure Act, new legislation passed in December. Among the changes it will bring is a maximum period of 60 days for the land acquisition process, a substantial improvement, according to Eleuberto Antonio Martorelli, the president of Odebrecht, a multi-national developer of infrastructure projects. “The Infrastructure Act contemplates administrative expropriation, which implies shorter and better defined terms for these processes and is a breakthrough in comparison to the twelve or more months that it had been taking,” he told OBG.
The new law also regulates the interaction among the institutions involved in the concessions, including those responsible for environmental licensing, as well as local authorities. Better coordination should lead to a faster resolution of negotiations with local communities and to a more fluid conversation with the environmental authority with regard to licensing.
While the Infrastructure Act is expected to bring improvements to the industry, one feature of the fourth generation concession contracts – a requirement that developers assume the risk of legislative changes over the 25-year term of the agreement – has worried some private sector investors.
“In 25-year concessions we will certainly witness different governments and potentially some fiscal and tax reforms. It is therefore difficult to measure the contingencies of such legislative changes. These are risks that the state must assume,” Martorelli said.
Echoing this opinion, Bernardo Serafim, the president of multi-national infrastructure firm Andrade&Gutiérrez, told OBG, “We recognise the potential of Colombia and our interest in developing infrastructure projects in the country remains unconditional. However, to maintain the confidence of our investors, we need the public sector to listen to our requests and to adjust the balance of risks.”
While road developments have captured the majority of investor and media interest, other important new projects are set to be awarded this year, including up to 10 concessions for seaports valued at $482m, upgrades at several airports (such as Barranquilla, Neiva, Armenia and Popayan) and works on Magdalena River, which is set to increase its navigability and by the end the decade should help alleviate traffic on the roads that go from the centre of the country to the Caribbean.
The ANI estimates that investment in infrastructure will rise from the current 1.5% to between 3% and 6% of GDP by 2016. This would represent a tremendous flow of investment to the Andean country and possibly a significant improvement to infrastructure by the end of the decade. However, for this outlook to become a reality, the government will likely need to respond to requests from the private sector so that investors and developers with global experience can lead what will be a historic change.
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