Tras un año de crecimiento económico más moderado, Colombia busca abordar los desafíos que marcaron 2015 mientras avanza con sus planes de reforma.
Estimaciones del FMI indican que el crecimiento del PIB cayó desde 4,6% en 2014 a 2,5% en 2015, debido a la caída de precios del petróleo y a debilidades fiscales subyacentes.
Aunque las proyecciones sugieren un panorama similar para 2016, se espera que el empuje por mejorar la competitividad de las exportaciones y un extenso programa de mejoras en infraestructura cobren renovado impulso en los próximos años.
Varios de los desafíos económicos de Colombia se han visto exacerbados por el declive en los precios globales del crudo, lo que ha debilitado los ingresos del gobierno y las exportaciones, además de contribuir a la depreciación del peso colombiano.
Aunque tradicionalmente los hidrocarburos son un aporte clave a la producción económica de Colombia, llegando a casi un quinto de los ingresos del gobierno en 2013, el crudo aportó solo 7% de los ingresos fiscales en 2015, según el Ministerio de Hacienda.
Al igual que muchos monedas en mercados emergentes, el peso colombiano sufrió una fuerte depreciación frente al dólar en 2015, tras caer casi un 25%. La inflación, en tanto, subió a casi 7% al cierre del año, muy por encima del objetivo del Banco de la República de mantenerlo entre un 2% y un 4%.
Para contrarrestar el alza en los precios, el gobierno subió las tasas de interés 75 puntos en total durante todo el año, siendo la última vez fue en noviembre, cuando el Banco de la República elevó la tasa de política monetaria a 5,5%. Esto fue acompañado con un alza del 7% del salario mínimo en diciembre, con el fin de apuntalar el poder adquisitivo local.
Menos exportaciones, que cayeron 34,9% interanual durante los primeros nueve años de 2015, restringieron los ingresos del gobierno justo cuando aumentaba la presión por elevar el gasto.
El gobierno espera firmar un acuerdo de paz con las FARC a principios de 2016, lo que además de poner fin a más de medio siglo de insurgencia, requerirá mayor gasto en programas sociales para rehabilitar e reintegrar a ex combatientes. El acuerdo tendría un impacto neto positivo en la economía: el Departamento Nacional de Planeación proyecta que la inversión extranjera directa se triplicará y un alza de 1,9 puntos porcentuales en el crecimiento del PIB como resultado del acuerdo.
También se espera que Colombia registre doble déficit para 2015. Por un lado, el déficit fiscal habría llegado hasta 3% del PIB, según el Banco Mundial, desde 2,4% y 2,3% en 2013 y 2014, respectivamente. Paralelamente, el actual déficit de cuenta corriente habría subido a 6,2% del PIB, casi el doble del 3,3% que se registró en 2013.
Aunque los USD 46 mil millones en reservas en divisas han proporcionado un importante colchón al país, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas calificó el déficit de cuenta corriente, de alrededor de USD 18 mil millones, de “insostenible”.
Según un reciente informe de la OCDE, los ingresos del gobierno han caído en parte debido a una inefectiva administración tributaria. La recaudación tributaria de Colombia, que llega a 20% del PIB, es 2 a 4 puntos porcentuales más baja de lo que cabría esperar para un país de desarrollo económico similar, según estimaciones del Banco de Desarrollo Interamericano.
Dadas las ambiciosas metas fiscales de Colombia, que incluyen una tendencia a la baja del déficit fiscal estructural hasta 2022 (cuando el déficit debería llegar a 1% del PIB) el gobierno se ha comprometido a priorizar la recaudación tributaria en 2016 tras las reformas introducidas a fines de 2014.
Se espera que soluciones de más a largo plazo incluyan medidas para profundizar la diversificación de la economía, aprovechando una sólida base de exportaciones agrícolas como el café, un sector fabril bien desarrollado y una robusta minería del carbón.
Esta estrategia es la base de la decisión del gobierno de permitir la depreciación del peso, ya que una moneda más débil debería potenciar la competitividad de las exportaciones.
Aunque estas medidas demorarán en rendir frutos, las primeras señales son en su mayoría positivas. Los exportadores colombianos de flores ya han ganado una ventaja de precio en el mercado estadounidense frente a sus competidores ecuatorianos, que trabajan en una economía dolarizada.
Las exportaciones farmacéuticas también están ganando impulso, al igual que otros tipos de bienes manufacturados, mientras las empresas colombianas buscan nichos en cadenas de producción con valor agregado ligadas al mercado de Estados Unidos.
Un considerable programa de infraestructura, conocido como Cuarta Generación o 4G, daría un impulso agregado a la economía con USD 25 mil millones en inversiones para construir carreteras e infraestructura de transporte.
Además de reducir los costos de logística, la iniciativa 4G tendría un efecto contra cíclico en la economía, elevando el crecimiento del PIB en 1,5 puntos porcentuales anuales hasta 2020, según estimaciones de la Agencia Nacional de Infraestructura.
El sector agrícola también se verá beneficiado, ya que el programa 4G abrirá la región de los Llanos Orientales, que ofrece un importante potencial de crecimiento.
“Gran parte de la tierra disponible en la región es fértil”, declaró a OBG Jorge Soto Pareja, vicepresidente de la consultora Invercor. “Hay potencial agrícola y agroindustrial para los inversionistas en una serie de actividades como madera, goma y aceite de palma”.
Con gran parte del financiamiento llegando a través de asociaciones público- privadas, la iniciativa 4G también se alinea con lo que Cárdenas llama “austeridad inteligente”. La participación del sector privado, dijo a los medios a fines del año pasado, permitiría que una muy necesaria inversión en infraestructura siga adelante mientras el gobierno trabaja para reducir el gasto de capital en 10,5%.
After weathering a year of more modest economic growth, Colombia is looking to address the challenges that characterised 2015 as it moves forward with plans for reform.
Colombia’s GDP growth is set to ease from 4.6% in 2014 to 2.5% in 2015, according to IMF estimates, on lower global oil prices and underlying fiscal weaknesses.
While forecasts suggest a similar outlook for 2016, a push to make exports more competitive and an extensive infrastructure development programme are expected to build new momentum in the coming years.
Many of Colombia’s economic challenges have been exacerbated by the decline in global oil prices, which has driven down both government revenues and exports, while also weakening the Colombian peso.
Although hydrocarbons have traditionally been a key contributor to Colombia’s economic output, accounting for roughly one-fifth of government revenue in 2013, oil is estimated to have contributed just 7% of government revenues in 2015, according to the Ministry of Finance.
Like many of its emerging market peers, the Colombian peso depreciated sharply against the US dollar in 2015, falling by nearly 25%. Inflation, meanwhile, rose to nearly 7% by the end of the year, well above the central bank’s target band of 2% to 4%.
To combat rising prices, the government increased interest rates by a combined 75 basis points over the year – most recently in late November, when the Central Bank of Colombia raised the policy rate to 5.5%. This was accompanied by a 7% minimum wage hike in December, designed to bolster local purchasing power.
Lower exports, which were down 34.9% year-on-year in the first nine months of 2015, have curbed government revenue at a time when pressure to increase spending is on the rise.
The government hopes to sign a peace agreement with the FARC in early 2016, which, while signalling an end to more than half a century of insurgency, will likely necessitate increased spending on social programmes aimed at rehabilitating former fighters. The agreement is expected to have a positive net impact on the economy, however, with the National Department of Planning projecting a tripling of foreign direct investment and a 1.9 percentage point increase in GDP growth as a result of the deal.
Colombia is expected to post twin deficits in 2015, with the fiscal deficit set to have reached as high as 3% of GDP, according to the World Bank, up from 2.4% and 2.3% in 2013 and 2014, respectively. The current account deficit (CAD), meanwhile, is estimated to have risen to 6.2% of GDP, nearly double the 3.3% registered in 2013.
While $46.3bn worth of foreign currency reserves have given the country a substantial buffer, Mauricio Cárdenas, the minister of finance, has described the $18bn CAD as “unsustainable”.
According to a recent report by the OECD, government revenues are circumscribed in part by ineffective tax administration. At 20% of GDP, Colombia’s tax revenues are 2-4 percentage points below the value that would be expected for a country with a similar level of economic development, as per estimates by the Inter-American Development Bank.
Given Colombia’s ambitious fiscal targets, which include a downward trend in the country’s structural fiscal deficit through to 2022 – at which point the deficit is targeted to reach 1% of GDP – the government has pledged to make tax collection a priority in 2016, following on sweeping tax reforms introduced in late 2014.
Longer-term solutions are expected to include a drive to further diversify the economy, building on a strong base of agricultural exports like coffee, a well-developed manufacturing sector and a robust coal-mining industry.
This strategy lies at the heart of the government’s decision to allow the peso to depreciate, with a weaker currency likely to increase export competitiveness.
While this approach will need time to yield results, early indications are largely positive. Colombian flower exporters have already gained a price advantage in the US market over their Ecuadorean competitors, who work in a dollarised economy.
Pharmaceutical exports are also picking up, alongside other types of manufactured goods, as Colombian companies look to find niches in value-added production chains linked to the US market.
A major infrastructure programme, known locally as Fourth Generation, or 4G, is also expected to provide the economy with an added boost, with $25bn worth of investments in road building and transport infrastructure planned.
In addition to reducing logistics costs, the 4G initiative is pegged to have a counter-cyclical effect on the economy, boosting GDP growth by 1.5 percentage points per annum through to 2020, according to estimates from the National Infrastructure Agency.
The agricultural sector is also set to benefit, as the 4G programme will open up the Llanos (plains) region in the east of the country, which promise significant growing potential.
“Much of the available land there is fertile,” Jorge Soto Pareja, vice-president of corporate consultancy Invercor, told OBG. “There is agricultural and agro-industrial potential for investors in a range of activities there, including timber, rubber and palm oil.”
With much of the funding set to come from public-private partnerships, the 4G initiative is also in line with what Cárdenas refers to as “intelligent austerity”. Private sector participation, he told media late last year, would allow much-needed infrastructure investment to move ahead even as the government works to reduce capital expenditure by 10.5%.
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