Colombia inició el 2019 aplicando nuevas reformas tributarias y fiscales, diseñadas para estimular la inversión nacional y extranjera, aunque existe la preocupación de que algunas medidas puedan obstaculizar el crecimiento en el corto y mediano plazo.
Encabezando los cambios en la Ley de Financiamiento, en vigencia desde el 1 de enero, se encuentra la reducción progresiva del impuesto sobre la renta corporativo, de 33% este año a 30% en 2022, junto con la derogación del recargo adicional de 4% sobre las ganancias corporativas.
También comenzará la eliminación gradual del impuesto sobre la renta presuntiva, un impuesto alternativo basado en un porcentaje del patrimonio neto del año anterior, que se espera que disminuya de 3,5% que fue la tasa del año pasado a cero para el 2021.
En declaraciones dadas después de la ratificación del proyecto de ley a mediados de diciembre, el presidente Iván Duque dijo que la legislación ayudaría a fomentar el espíritu empresarial y a estimular la inversión mediante la reducción de los compromisos fiscales para pequeñas, medianas y grandes empresas, medidas necesarias para impulsar el crecimiento.
“Hay que ayudar a esta economía a crecer por encima del 4%. Con esta Ley eliminaremos la carga de quienes generan empleo, promoveremos la inversión y llevaremos recursos al campo", dijo.
Además de una reforma fiscal más amplia, las medidas abarcan una serie de incentivos diseñados para impulsar el crecimiento en sectores específicos.
Por ejemplo, en un esfuerzo por incentivar el desarrollo en la industria del turismo, la legislación ha establecido el impuesto sobre la renta corporativa en un 9% por un período de 10 a 20 años para hoteles nuevos o renovados, nuevos proyectos de parques temáticos, parques ecoturísticos y desarrollos agro-turísticos, dependiendo del tipo de actividad.
Por otra parte, las actividades empresariales en las industrias agrícolas, tecnológicas y creativas serán elegibles para una exención de impuestos sobre ganancias por debajo de 80.000 unidades tributarias, equivalente a alrededor de US$ 850.000. El período de exención es de siete años para las industrias tecnológicas y creativas, y de 10 años para aquellas relacionadas con la agricultura.
Estas medidas se vinculan con los esfuerzos para desarrollar la llamada economía naranja de Colombia, formada por los sectores de las artes, la publicidad y la tecnología, que el gobierno considera una fuente potencial clave de ingresos.
Adicionalmente, los proyectos a gran escala que generen más de 250 empleos e inviertan más de 30 millones de unidades tributarias (US$ 320 millones) durante al menos cinco años, serán elegibles para recibir una serie de beneficios durante un período de 20 años. Estos incluyen una tasa de impuesto sobre la renta reducida de 27%, una exención del impuesto sobre los dividendos, la posibilidad de depreciar activos durante dos años y exenciones en el impuesto sobre la renta presuntiva y en el impuesto sobre el patrimonio.
Sin embargo, dichos beneficios no se aplicarán a empresas involucradas en la exploración de recursos no renovables, proyectos de infraestructura o desarrollos asociados con la construcción de zonas de libre comercio.
Si bien la nueva legislación ofrece una serie de incentivos a diversos sectores, la imposición temporal de una tasa adicional a las ganancias bancarias ha generado críticas por parte del sector financiero.
Según la nueva ley, las instituciones financieras con una base imponible de más de 120.000 unidades tributarias (US$ 1,3 millones) deberán pagar un impuesto adicional del 4% este año, que se reducirá al 3% el año que viene, antes de ser eliminado para 2022.
Santiago Castro, presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, dijo que el recargo representaba un castigo por el éxito del sector bancario.
"Un sector como el sector financiero, que representa el 4,7% del PIB, paga 12,6% del total del impuesto sobre la renta, siendo esta una contribución proporcionalmente más alta que la de cualquier otro sector de la economía", dijo después de que la ley fue aprobada.
Por otra parte, Pablo Trujillo, presidente de la firma financiera Acción Fiduciaria, dijo a OBG que el recargo adicional tendría un impacto económico más amplio.
“Las nuevas tasas impositivas sobre dividendos y ganancias más altas efectivamente disminuyen cualquier beneficio percibido derivado de la reducción del impuesto sobre la renta corporativo. A su vez, esto tendrá un efecto negativo en la inversión en el país".
Si bien se introdujeron una serie de nuevas reformas en enero, el proyecto de ley finalmente aprobado por el Congreso contiene reducciones a las propuestas anteriormente presentadas por el gobierno de Duque, que algunos creen que puedan obstaculizar los esfuerzos de la administración para reducir el déficit fiscal.
Entre los cambios que no se implementaron se encuentran la propuesta de comenzar a gravar a los alimentos básicos y la reducción de la tasa del impuesto al valor agregado de 19% a 17%.
Como resultado, las proyecciones de ingresos para este año se redujeron de 14 billones de pesos colombianos (US$ 4.400 millones) a 7,1 billones de pesos colombianos (US$ 2.200 millones). Por su parte, Alberto Carrasquilla, Ministro de Hacienda, dijo en noviembre que el gobierno buscará ahorrar al congelar gastos por 6,5 billones de pesos (US$ 2.100 millones).
Si bien la nueva ley debería estimular la inversión, la agencia de calificación crediticia Fitch advirtió que los recortes impositivos a las empresas podrían ser perjudiciales para las finanzas del gobierno, especialmente si los factores de compensación, como los mayores precios del petróleo, son menos favorables de lo que estiman las autoridades.
"El balance neto de las diversas reformas fiscales será cercano a cero en 2020, en la medida en que se sienta el impacto de los recortes a los impuestos corporativos", dijo Fitch en una nota emitida en diciembre.
La agencia advirtió que, sin un aumento considerable en los ingresos del petróleo y en las recaudaciones de impuestos, Colombia podría tener dificultades para cumplir con los objetivos de reducción del déficit fiscal de 2,4% y 2,2% del PIB este año y el próximo, respectivamente.
Colombia has kicked off 2019 with a raft of new tax and fiscal reforms designed to stimulate domestic and foreign investment, though there are concerns that some measures could hinder growth in the short to medium term.
Headlining the changes in the Financing Law, which came into force on January 1, is the progressive reduction of corporate income tax from 33% this year to 30% in 2022, along with the repeal of the previous 4% surcharge on corporate earnings.
It will also see the gradual repeal of a presumptive income tax, an alternative tax based on a percentage of net equity from the previous year, which is set to fall from last year’s rate of 3.5% to zero by 2021.
Speaking after the ratification of the bill in mid-December, President Ivan Duque said the legislation would help to encourage entrepreneurship and stimulate investment by reducing tax commitments for small, medium-sized and large businesses – measures necessary to boost growth.
“This economy must be helped to grow above 4%. Removing the burden from those who generate employment, motivating investment and taking resources to the countryside is what we will do with this law,” he said.
See also: The Report – Colombia 2017
In addition to broader tax reform, the measures feature a series of other incentives designed to boost growth in targeted sectors.
For example, in an effort to incentivise development in the tourism industry, the legislation has set corporate income tax at 9% for a period of 10 to 20 years for new or refurbished hotels, new theme park projects, ecotourism parks and agro-tourism developments, depending on the type of activity.
Meanwhile, entrepreneurial activities in agricultural, technological and creative industries will be eligible for a tax exemption on earnings below 80,000 tax units, equivalent to around $850,000. The exemption period is seven years for tech and creative industries, and 10 years for those involved in agriculture.
These measures tie into efforts to develop Colombia’s so-called Orange Economy, made up of the arts, publishing and tech sectors, identified by the government as a key potential source of revenue.
Furthermore, large-scale projects that generate more than 250 jobs and invest more than 30m tax units ($320m) for at least five years will be eligible to receive a series of benefits over a 20-year period. These include a reduced income tax rate of 27%, a dividend tax exemption, the possibility of depreciating assets over two years, and presumptive income tax and equity tax exemptions.
Such benefits won’t apply, however, to businesses involved in the exploration of non-renewable resources, infrastructure projects or developments associated with the construction of free trade zones.
While the new legislation is offering a series of incentives to various sectors, the imposition of a temporary surcharge on bank earnings has sparked criticism from the financial industry.
Under the new law, financial institutions with a taxable income of more than 120,000 tax units ($1.3m) will have to pay an additional 4% tax this year, to be reduced to 3% next year before being phased out by 2022.
Santiago Castro, the president of the Colombian Banking and Financial Institutions Association, said the surcharge represented a punishment for the banking sector’s success.
“A sector like the financial sector, which accounts for 4.7% of GDP, pays 12.6% of total income tax, proportionally making a higher contribution than any other sector of the economy,” he said after the bill was passed into law.
Meanwhile, Pablo Trujillo, chairman of financial firm Accion Fiduciaria, told OBG that the additional surcharge would have broader economic impacts.
“The new tariffs on dividends and higher earnings effectively roll back any perceived benefits brought on by the reduction of the corporate income tax. In turn, this will have a negative effect on investment in the country.”
While a series of new reforms were introduced in January, the final bill passed by Congress contained a series of climbdowns from earlier proposals submitted by the Duque administration, which some believe may hinder government efforts to bridge the fiscal deficit.
Among the changes not implemented were the proposed introduction of taxes on basic foodstuffs and the lowering of the broader rate of value-added tax from 19% to 17%.
As a result, revenue projections for this year were scaled back from COP14trn ($4.4bn) to COP7.1trn ($2.2bn), with Alberto Carrasquilla, the finance minister, saying in November that the government would look to make savings by freezing COP6.5trn ($2.1bn) in spending.
While the new law should encourage investment, ratings agency Fitch warned that the tax cuts given to businesses were likely to be detrimental to government finances, especially if offsetting factors such as higher oil prices prove less favourable than the authorities estimate.
“The net impact of the various tax measures will be close to zero in 2020 as the impact of corporate tax cuts is felt,” Fitch said in a note issued in December.
The agency warned that without a marked increase in oil revenue and tax returns, Colombia could struggle to meet fiscal deficit targets of 2.4% and 2.2% of GDP this year and next, respectively.
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