La vulnerabilidad hacia el cambio climático ha impulsado a Colombia a acelerar las inversiones en energía eólica y solar.
Aunque la capacidad instalada del país de 15 GW excede su demanda máxima – que el año pasado se estimó en 10,2 GW – la fuerte dependencia en la energía hidroeléctrica dejó al sector energético expuesto a shocks externos como el fenómeno El Niño.
El sector energético colombiano aún está trabajando para dejar atrás las consecuencias del más reciente ciclo de El Niño, el cual trajo sequías severas y dejó al país al borde del racionamiento eléctrico.
La escasez de agua, combinada con un importante corte de producción en la central hidroeléctrica de Guatapé – que supuso que dejaran de estar disponibles 560 MW de capacidad, – en la región oriental de Antioquia el pasado mes de febrero debido a un incendio, causaron una disminución de la producción eléctrica en los primeros meses del año.
Esto desencadenó un cambio temporal en el mix energético de Colombia. En la producción de electricidad promedio en marzo, poco antes de la época de lluvias que subió el nivel de las reservas, las centrales térmicas generaron el 51% de la demanda energética del país, un máximo histórico, mientras que las centrales hidroeléctricas representaron el 43% del total, descendiendo de una media de 70%.
La producción de cogeneradores industriales, empresas autogeneradores de pequeña escala, importaciones y energía de fuentes alternativas cubrieron el resto de la demanda.
Aunque se lograra evitar un racionamiento eléctrico – con las reservas de los embalses volviendo a estar al 40% de capacidad a finales de abril y con expectativas de que la central de Guatapé vuelva a estar a máxima capacidad en julio – la sequía ha provocado que el país le preste una mayor atención al tema de seguridad energética. El enfoque se encuentra en incrementar el suministro de otras fuentes de energía renovable, en particular la solar y la eólica.
Hoy en día las energías solar y eólica sólo representan el 1% del mix energético colombiano, comparado con el 70% que generan las centrales hidroeléctricas.. Sin embargo, el gobierno está llevando a cabo medidas para aumentar la capacidad instalada de las renovables y lograr una mayor diversificación energética.
En febrero, el Ministro de Energía y Minas anunció que invertiría US$ 700 millones para construir una planta generadora de energía eólica en la región de La Guajira y conectarla a la red eléctrica nacional. Ubicada en la costa caribeña, dicha región es conocida por sus fuertes vientos.
Actualmente, cuatro de las compañías eléctricas del país – Enel Green Power, Jemeiwaa Ka’i, Empresas Públicas de Medellín y la Antigua central estatal Isagen – se han comprometido a instalar 3,1 GW de capacidad de generación eólica en la región.
Esta nueva capacidad, la cual se espera que entre en funcionamiento en 2018 y 2019, debería representar una ayuda importante en lo que se refiere a alcanzar las metas gubernamentales de generación de energía eólica.
En virtud de la última renovación del plan de electricidad de Colombia – el Plan de Expansión de Referencia Generación y Transmisión 2015-2029 – se pretende que la energía eólica represente un 20% de la capacidad total de generación hacia el final del plazo del plan.
La Ley 1715 de mayo de 2014 que promueve el desarrollo y uso de las fuentes no convencionales de energía da a los inversores un mayor apoyo para los proyectos de energías renovables mediante incentivos fiscales.
Es importante destacar que el primer proyecto de este tipo que ha recibido la certificación técnica se aprobó a principios de este mes de mayo. La colombiana Synkrom Solar ha recibido la certificación que permite a la empresa obtener una exención de impuestos sobre el valor añadido (IVA) para la instalación de unos 400 paneles solares con una potencia de 111 kilovatios 111 KW para la construcción de una bodega industrial.
Según la Unidad de Planeación Minero Energética, se espera que el total de las inversiones para el proyecto alcancen los 198 millones de pesos (US$ 65.450), de los cuales 31 millones estarán exentos de IVA.
También se están llevando a cabo esfuerzos por parte de las regiones para promover la generación desde fuentes de energía renovable. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de la Banca Nacional de Desarrollo, anunció en febrero la aprobación de un préstamo de US$ 9,3 millones para promover la inversión privada en aquellas regiones de Colombia que se encuentran aisladas o no están interconectadas.
La incertidumbre sobre la seguridad energética también está provocando un aumento de la capacidad de generación eléctrica para uso privado.
A finales de abril, Tecnoglass – una productora colombiana de vidrio – anunció planes de inversión de US$ 15 millones para instalar paneles solares en su planta principal en Barranquilla, en un intento de disminuir a mediano plazo su dependencia de la energía térmica en un 7%. En la actualidad, la empresa genera en sus centrales térmicas aproximadamente el 90% de los 6 millones de KWh de energía que necesita al mes.
El proyecto se llevará a cabo en etapas, llegando a una capacidad total de 12 MW, según la prensa especializada.
Si más compañías deciden invertir en capacidad de generación propia, esto podría disminuir la presión sobre la producción y demanda energética en futuras sequías. Aquí es donde los reguladores deberían hacer más para incentivar la inversión privada, de acuerdo a Pablo Barrera, Director de BRP Ingenieros.
“La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) tiene que continuar con la apertura del sector, dar opciones y apoyar la factibilidad de los proyectos de energía renovable”, dijo Barrera a OBG. “Deberían incentivar el uso de nuevas plantas de energía solar, disminuir los costos de transmisión y dar a los nuevos operadores privados acceso al sistema eléctrico privado”.
Barrera añadió que, aunque la CREG creó en marzo directrices que habilitaban a los productores privados para vender el exceso de producción a la red eléctrica nacional, se necesitan unas políticas más claras en cuanto a precios. Una vez puestas en marcha, Colombia debería estar mejor posicionada para aprovechar su potencial en lo que se refiere a energías renovables no convencionales, junto a su ventosa costa caribeña.
Vulnerability to climate change has prompted Colombia to accelerate investments in solar and wind energy.
While the country’s 15 GW of installed generation capacity exceeds peak demand –which stood at an estimated 10.2 GW last year – the strong dependence on hydropower has left the energy sector exposed to external shocks like El Niño.
Colombia’s power sector is still working to shake off the effects of the most recent El Niño cycle, which triggered severe droughts late last year and into 2016, and left the country on the verge of electricity rationing.
Water shortages, combined with a major production outage at the 560-MW Guatapé power station in eastern Antioquia in February due to a fire, saw electricity output ease in the opening months of the year.
This triggered a temporary shift in Colombia’s power mix. In March, just ahead of seasonal rains that lifted reservoir levels, thermal power stations were meeting roughly 51% of the country’s energy needs, with hydroelectric plants accounting for 43%, down from an average of 70%.
Input from industrial co-generators, small-scale generators, imports and alternative sources made up the remainder.
Although power rationing and load shedding was avoided – with reservoirs back at 40% capacity as of end-April and the Guatapé plant expected to return to full production in July – the droughts have sharpened the country’s focus on energy security, with a view to increasing the share of other renewables, in particular solar and wind power.
At present, solar and wind energy account for just 1% of the energy mix, compared to around 70% for hydro. However, the government is moving to boost this segment’s contribution.
In February the Ministry of Mines and Energy announced it would invest $700m to develop new wind power capacity in the La Guajira region and connect it to the national grid. Located on the Caribbean coast, the area is known for its strong winds.
At present, four of the country’s power firms – Enel Green Power, Jemeiwaa Ka’i, Empresas Públicas de Medellín and the formerly state-owned power generator Isagen – have committed to installing 3.1 GW of wind generation capacity in the region.
This new capacity, expected to come on-line in 2018 and 2019, should go a long way toward meeting the government’s goals for wind generation.
Under the latest revamp of Colombia’s electricity blueprint, Generation and Transmission Expansion Plan 2015-29, wind energy is set to account for 20% of total generation capacity by the end of the plan’s term.
Law 1715, which was passed in May 2014 to promote the development and use of renewable energy sources, provides further support to investors for non-conventional renewable energy projects through tax incentives.
Importantly, the first project of its kind to receive technical certification was approved earlier this month. Colombia’s Synkrom Solar has received the certification that allows the company to obtain a value-added tax exemption for some 400 solar panels being used to construct a 111-KW solar plant.
According to the Mining and Energy Planning Unit, investment is expected to total COP 198m ($65,450), of which COP31m ($10,250) will be exempt from value-added tax.
Regional efforts are also under way to promote generation from renewable energy, with the Inter-American Development Bank, through the Banca Nacional de Desarrollo, announcing the approval in February of a $9.3m loan to promote private investment in in areas of Colombia that are isolated or not interconnected.
Uncertainty over energy security is also prompting an increase in private captive power generation capacity.
In late April Colombian glass producer Tecnoglass announced plans to invest $15m to install solar panels at its main plant in Barranquilla in a bid to decrease its reliance on gas-fired power by 7% in the medium term. At present, the company generates roughly 90% of the 6m KWh of energy needed per month at its gas-fired plants.
The project will be carried out in stages, reaching a total capacity of 12 MW, according to industry media.
If more companies choose to invest in back-up generation capacity, this could ease some of the strain on production during future droughts. Here, regulators should do more to incentivise private investment, according to Pablo Barrera, director of engineering firm BRP Ingenieros.
“The Regulatory Commission for Energy and Gas (Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG) has to continue to open the sector up, give options and support the feasibility to renewable energy projects,” he told OBG. “They should incentivise the use of new plants in solar energy, lower the transmission cost and give new private operators access to the private electric system.”
Though CREG created guidelines in March enabling private producers to sell excess power to the national grid, clearer policies on pricing are needed, Barrera added. Once in place, Colombia should be better positioned to take advantage of its non-conventional renewable energy potential, especially along its windy Caribbean coastal strip.
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