Colombia intensifica sus esfuerzos para aumentar la participación de las energías renovables en su matriz energética, revelando una serie de nuevos proyectos que ayudarán a diversificar el suministro de energía del país.
El 1 de marzo, el Ministerio de Minas y Energía (MinMas) anunció que había otorgado obligaciones firmes de energía a una serie de empresas, para instalar una capacidad de generación renovable de 1.398 MW combinados.
La capacidad estará en línea entre 2022 y 2023, y consta de seis proyectos eólicos, con una capacidad combinada de 1.160 MW, y dos proyectos fotovoltaicos con una capacidad total de 238 MW. La asignación se realizó como parte de la última subasta de "Cargo por Confiabilidad", que fue establecida por el gobierno colombiano en 2006 para proteger el suministro de energía durante la escasez de agua.
Los proyectos de energías renovables representaron el 6% de la capacidad total asignada en la subasta, donde el precio de cierre de la energía para el total de los proyectos se fijó en US$ 15,10 por MWh, una reducción del 11% con respecto a la subasta anterior.
Una vez en línea, los proyectos recorrerán un largo camino para alcanzar el objetivo del gobierno de aumentar la capacidad instalada de energía renovable, llevándola desde los niveles actuales de 50 MW a 1.500 MW en cuatro años.
La subasta se produjo después de un intento fallido de adjudicar 1.183 MW adicionales en proyectos de energías renovables a fines de febrero.
Aun cuando unas 27 compañías locales e internacionales presentaron ofertas por los 23 proyectos, que se adjudicarían como acuerdos de compra de energía por 12 años, el gobierno informó que solo algunas de las firmas participantes habrían recibido contratos, lo que colocó a la subasta en violación de las leyes antimonopolio.
A pesar de ese revés, el interés en los proyectos ha sido visto como positivo para la inversión en energías renovables a largo plazo, y las autoridades anunciaron que los contratos para las licitaciones se emitirán en algún momento del segundo trimestre.
Este impulso hacia las energías renovables se produce en medio de esfuerzos del gobierno por diversificar la matriz energética del país.
En la actualidad, alrededor del 70% de la electricidad de Colombia se genera a través de plantas hidroeléctricas, 20% de centrales termoeléctricas a gas o petróleo, 8% a partir de carbón y 2% de fuentes renovables.
Debido a esta fuerte dependencia de la energía hidroeléctrica, el país es vulnerable a fenómenos climáticos adversos como El Niño, lo que requiere una ampliación de las fuentes de energía.
Esta necesidad de diversificación se ha incrementado debido a las continuas dificultades asociadas con el proyecto de energía más grande del país, la represa Ituango, que debería satisfacer el 17% de la demanda eléctrica de Colombia.
El proyecto de US$ 4 mil millones, ubicado al norte de Medellín, se ha visto afectado por dificultades que incluyen denuncias de fraude y mala gestión, así como por fallas estructurales que causaron la interrupción de los trabajos de construcción el año pasado.
Adicionalmente, el descubrimiento de un socavón cerca del área de construcción, a principios de año, ha agravado las preocupaciones relacionadas con posibles inundaciones y fallas estructurales.
Estimaciones recientes sugieren que la represa, con una capacidad proyectada de 2,4 GW, no estará operativa hasta al menos diciembre de 2021, un retraso de tres años con respecto a lo previsto.
Los esfuerzos recientes para aumentar la capacidad de energía renovable también están vinculados a la disminución de las reservas de hidrocarburos de Colombia.
Si bien existe un gran potencial para descubrir nuevos yacimientos –tanto en tierra firme como costa afuera, en reservas convencionales y no convencionales, que se espera sostengan al sector de petróleo y gas durante un período prolongado–, las reservas actuales de petróleo y gas solo se espera que duren entre 5,7 y 10,7 años, respectivamente, según datos del MinMas.
Dado que los hidrocarburos generan alrededor de una quinta parte de la electricidad en Colombia, cualquier aumento en la participación de energías renovables en la industria aguas arriba aliviaría la demanda de hidrocarburos, liberando volumen para su uso en otros sectores, o para la exportación.
Los proveedores de servicios y tecnología también se beneficiarán de la expansión de Colombia hacia energías renovables, pues se abrirán nuevas oportunidades para desarrollos de menor escala.
A mediados de marzo, el MinMas solicitó comentarios públicos sobre el anteproyecto de legislación que brindará apoyo en forma de subsidios a proyectos fotovoltaicos fuera de la red, en comunidades remotas y rurales.
El objetivo del plan es compensar los costos de operación y mantenimiento de plantas de generación de pequeña escala, operando fuera de la red, para reemplazar los generadores locales de combustible líquido en aquellas áreas que no reciben servicio de la red eléctrica.
Si bien no establece los niveles financieros de apoyo ni la cantidad de fondos disponibles para el programa, el proyecto de ley describe el objetivo de mejorar el acceso y la confiabilidad de la energía mientras reduce las emisiones de carbono.
Si se convierte en ley, esta legislación abriría vías para que los proveedores de servicios fotovoltaicos nacionales amplíen su alcance en el mercado, mientras cuentan con el respaldo de una base fiscal sólida.
Colombia is stepping up efforts to boost the contribution of renewable energy to the power mix, unveiling a series of new projects that will help diversify the country’s power supply.
On March 1 the Ministry of Mines and Energy (Ministerio de Minas y Energía, MinMas) announced that it had awarded firm energy obligations to a series of companies to install a combined 1398 MW of renewable generation capacity.
The capacity will be brought on-line between 2022 and 2023, and consists of six wind projects with a combined capacity of 1160 MW and two photovoltaic (PV) projects with a total capacity of 238 MW. The allocation came as part of the latest “reliability charge” auction, which were set up by the Colombian government in 2006 to protect the power supply during water shortages.
The renewables projects made up 6% of the overall capacity allocated in the auction, with the closing energy price for projects set at $15.10 per MWh, an 11% reduction on the previous auction.
Once on-line, the projects will go a long way to meeting the government’s goal of increasing installed renewable capacity from current levels of 50 MW to 1500 MW within four years.
The auction came after an unsuccessful attempt to award an additional 1183 MW in renewables projects in late February.
While some 27 local and international companies launched bids for the 23 projects, to be awarded as 12-year power purchase agreements, the government said that only a few of the participating firms would have received contracts, which placed the auction in breach of antitrust laws.
Despite the setback, the interest in the projects has been viewed as positive for renewable energy investment in the long term, with the authorities announcing that the contracts for the tenders will now be issued sometime in the second quarter.
See also: The Report – Colombia 2017
This push towards renewables comes amid government efforts to diversify the country’s energy mix.
At present, around 70% of Colombia’s electricity is generated through hydropower, 20% by gas- or oil-fired power stations, 8% from coal and 2% from renewables.
“Given this heavy reliance on hydropower, the country is vulnerable to adverse climatic phenomena such as El Niño, which has raised the need to diversify our power sources,” Diego Mesa, the vice minister of energy, told OBG.
“We are seeking to make our power generation more resilient by tapping into our potential in non-conventional renewable sources such as wind, solar and biomass,” he said. Mesa added that the recent auctions have shown that the government has “begun to respond to the need to diversify, complement and improve the competitiveness of our energy matrix with alternative sources.”
This need for diversification has been exacerbated by the ongoing difficulties associated with the country’s largest energy project, the Ituango Dam, which is intended to meet 17% of Colombia’s electricity demand.
The $4bn project, located to the north of Medellín, has been beset by difficulties, including allegations of fraud and mismanagement, as well as structural faults that caused construction work to be halted last year.
Furthermore, the discovery of a sinkhole close to the site at the beginning of the year has compounded concerns relating to potential flooding and structural failure.
Recent estimates suggest the dam, with a projected capacity of 2.4 GW, will not be operational until at least December 2021, three years behind schedule.
Recent efforts to ramp up renewable energy capacity is also linked to Colombia’s dwindling hydrocarbons reserves.
Though there is strong potential for new finds – both in terms of on- and offshore, and conventional and unconventional deposits, which are expected to sustain the oil and gas sector over an extended period – current reserves of oil and gas are only expected to last 5.7 and 10.7 years, respectively, according to MinMas data.
Given that hydrocarbons generate around one-fifth of electricity in Colombia, any increase in the renewable energy component of the upstream industry would ease demand for hydrocarbons, freeing up reserves for use in other sectors or for export.
Service and technology providers are also set to benefit from Colombia’s expansion into renewable energy, with new opportunities opening up for smaller-scale developments.
In mid-March MinMas called for public comment on draft legislation providing subsidy support for off-grid PV projects in remote and rural communities.
The scheme aims to offset operation and maintenance costs for small-scale, off-grid generation capacity to replace local liquid, fuel-fired generators in areas not serviced by mains power.
While not setting out the financial levels of support or how much funding will be made available for the programme, the draft legislation outlines the goal of improving energy access and reliability while reducing carbon emissions.
If passed into law, the legislation would open avenues for domestic PV service providers to expand their market reach while being supported by a solid fiscal base.
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