En virtud de una década de sólido desempeño económico y las claras intenciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de aumentar el número de economías emergentes como miembros de la organización, Colombia logró, a finales del mes de octubre, que se diera inicio en términos formales a su proceso de adhesión al foro mediante un evento protagonizado por el presidente Juan Manuel Santos y el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría.
La OCDE aprobó un plan de trabajo a finales de septiembre en el cual se definen los pasos que Colombia deberá dar para convertirse eventualmente en un país miembro de la organización, tras anunciarse en el mes de mayo su decisión de dar inicio a las negociaciones de adhesión con el país andino.
La pertenencia a la OCDE podría servir como un importante dinamizador para Colombia. Para lograrla, el país necesitará introducir una serie de reformas durante su período de adhesión formal, mientras que otros desafíos, incluyendo los altos niveles de desigualdad y un conflicto armado aún sin resolver deberán ser abordados.
Una vez puesto en marcha el proceso de adhesión formal, se espera que los representantes de la OCDE ofrezcan asesoramiento y apoyo a los funcionarios colombianos en aspectos decisivos tales como la inversión, el gobierno público y la educación con el objetivo de ayudar al país en los desafíos que enfrenta. Las reuniones deberán dar lugar a una serie de recomendaciones que, una vez implementadas, acercarían las políticas colombianas a los estándares exigidos por la OCDE.
Colombia también será responsable de la presentación de un memorándum inicial, en el cual detallará el estado actual de los 250 "instrumentos jurídicos" de la OCDE, una serie de decisiones, recomendaciones, declaraciones y acuerdos internacionales que los países miembros están en obligación de poner en marcha. Estos abarcan una amplia gama de temas, incluyendo medidas contra la corrupción y cuestiones impositivas.
Marcos Bonturi, director de relaciones internacionales de la OCDE, instó a Colombia a asumir el cumplimiento de tales requisitos no como una imposición sino como una oportunidad para "utilizar el apoyo técnico y las políticas de los países comprometidos con las buenas prácticas con el fin de modernizar la legislación", según dijo a la publicación local Portafolio.
Bonturi señaló que algunas de las recomendaciones de la OCDE serán de carácter obligatorio, en especial las medidas anti-corrupción y las regulaciones ambientales, y añadió que el proceso de adhesión servirá a Colombia como una oportunidad única para llevar a cabo un debate público y abierto sobre temas específicos.
Si bien algunos analistas sugieren que, de ser introducidas las modificaciones pertinentes en las políticas, Colombia podría convertirse en país miembro de la OCDE para el año 2016, los funcionarios de la organización optan por una actitud prudente que no precipite el proceso de adhesión. José Angel Gurría dijo a la prensa: "No hay un plazo determinado para la culminación del proceso. Esto dependerá de la capacidad que tenga Colombia para adaptarse y ajustarse a los estándares de la organización, en beneficio de los colombianos".
La decisión por parte de Colombia de dar inicio al proceso de adhesión a la OCDE se ve sustentada por el sólido desempeño económico de los últimos años. El país ha registrado cifras de crecimiento anual del PIB superiores al 4%.
El compromiso del gobierno en conversaciones de paz con el grupo guerrillero FARC durante el último año y, en consecuencia, su disposición por poner fin a un conflicto de larga duración, son alicientes a la inclusión de Colombia en este proceso.
A principios de este año Standard & Poors mejoró la calificación de deuda soberana de Colombia de BBB- a BBB con base en los esfuerzos del gobierno para establecer políticas económicas anti-cíclicas, incluyendo el ahorro de los excedentes de ingresos en un fondo de emergencia.
Sin embargo, es menester atender otros desafíos, comenzando por los altos niveles de desigualdad de los ingresos, los cuales siguen haciendo estragos en la economía de la nación. Según el Banco Mundial, Colombia es el séptimo país más desigual del mundo, comparable en este sentido con Haití, Angola y Sudáfrica. La institución internacional ha hecho una serie de recomendaciones sobre políticas públicas en este frente, incluyendo mejoras sustanciales en las políticas fiscales y de transferencia que se espera contribuyan a una mejor distribución del ingreso en Colombia, más acorde con los estándares de la OCDE.
Fitch Ratings sugirió recientemente que el ingreso de Colombia a la OCDE podría representar un paso decisivo para emprender importantes reformas económicas. La agencia agregó que dicha medida podría desempeñar un papel en el mejoramiento de la fortaleza institucional y la competitividad, así como en el tratamiento de los problemas asociados con la distribución del ingreso.
Gurría también ha puesto de relieve los beneficios que ofrece la incorporación de Colombia a la OCDE, citando como una de las principales ventajas el hecho de ser parte de una red que "compara e intercambia experiencias políticas, identifica buenas prácticas y promueve las decisiones y recomendaciones a través de la presión de grupo en todos los ámbitos de la formulación de políticas.”
Marcos Bonturi, international relations director for the OECD, urged Colombia to treat the fulfilment of requirements not as an imposition but rather as a chance to “use the technical support and policies of countries committed to good practice in order to modernise legislation”, in comments to local news publication, Portafolio.
Bonturi noted that some of the OECD’s recommendations would be obligatory, particularly anti-corruption measures and environmental regulations, but added that the accession process provided Colombia with a unique opportunity to hold an open public debate on topical issues.
While some analysts suggest Colombia could become an OECD member as early as 2016, if policy changes are introduced, officials are keen to caution against rushing the accession process. OECD Secretary-General, José Angel Gurría, told press, “There is no deadline for completion. It will depend on Colombia’s capacity to adapt and adjust to meet the organisation’s standards, for the benefit of Colombians.”
Colombia’s decision to begin moving towards OECD membership has been strengthened by a solid economic performance in recent years. The country has regularly posted annual GDP growth during the past decade, often topping 4%.
The national government has also been engaged in peace talks with the FARC rebel group during the past year and is keen to speed up efforts to secure a peace deal to bring the long-running conflict to an end.
Earlier this year Standard & Poor’s upgraded Colombia’s sovereign debt rating from BBB- to BBB on the back of government efforts to establish counter-cyclical economic policies, including, it added, saving excess revenues in a rainy day fund.
However, other challenges remain, led by high levels of income inequality, which continue to take their toll on the nation. According to the World Bank, Colombia is the seventh-most unequal country in the world, similar to Haiti, Angola and South Africa. The international institution has made a number of policy recommendations on this front, including improvements to tax and transfer policies, which it says would help bring Colombia’s income distribution in line with OECD standards if implemented.
Fitch Ratings suggested recently that Colombia’s entry into the OECD might be instrumental in pushing forward economic reforms. The ratings agency added that such a move could play a part in improving institutional strength and competitiveness, as well as addressing income distribution issues.
Gurría has also highlighted the benefits that OECD membership offers, citing one of the primary advantages as becoming part of a network that “compares and exchanges policy experiences, identifies good practices, and promotes decisions and recommendations through peer pressure in all areas of policy making”.
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