México ha instaurado una nueva ley laboral, en un esfuerzo por racionalizar las disputas industriales y mejorar la protección de los trabajadores.
A finales de abril, ambas cámaras del Congreso aprobaron la ley, siendo esta la primera legislación importante aprobada por la nueva administración. Entre otros factores, la nueva ley busca reformar la manera en que los empleados interactúan con sus sindicatos.
La legislación establece el derecho de los trabajadores a llevar a cabo votaciones secretas, al elegir su representación sindical y/o los contratos laborales. También requiere que, para lograr su reconocimiento formal, los sindicatos obtengan el apoyo de al menos el 30% de los trabajadores en cualquier lugar de trabajo.
De manera similar, la reforma tiene como objetivo transformar la estructura legal existente para conciliación y el arbitraje.
Según el sistema vigente, los funcionarios gubernamentales, los sindicatos y las empresas están representados en las Juntas Laborales Locales o Juntas de Conciliación y Arbitraje –organismos encargados de la implementación y aplicación de las leyes laborales–, lo que pudiera entorpecer la libertad de los trabajadores para hablar libremente y tomar decisiones colectivas.
Este sistema, que fue el marco de negociaciones salariales y contractuales llevadas a cabo unilateralmente entre sindicatos y empleadores, había sido criticado por su vulnerabilidad a la influencia política. Muchos también argumentaron que una de las causas clave del bajo crecimiento salarial fue la poca capacidad de control otorgada a los trabajadores durante el proceso de negociación.
El sistema saliente será reemplazado por un registro nacional independiente y por tribunales laborales independientes, que permitan una mayor libertad en la resolución de disputas y una reducción de la influencia política.
La nueva reforma laboral plantea cuestiones que tienen que ver con el impacto de las reformas en la economía. Existe la preocupación de que la aplicación de aumentos salariales generalizados pudiera afectar negativamente la inversión en las industrias nacionales.
Los salarios de México, que se encuentran entre los más bajos de América Latina, han jugado un papel importante en el establecimiento de la ventaja competitiva del país y en la atracción de inversiones en áreas como la producción automotriz, particularmente desde que entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés) en 1994.
Sin embargo, en Estados Unidos, algunas figuras políticas ven los costos laborales de México como una ventaja económica desleal, que hace que el país sea más competitivo para las empresas multinacionales que operan en ambos mercados.
Como respuesta a esta situación, la renegociación del NAFTA, conocido ahora como el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA por sus siglas en inglés), que se firmó en noviembre del año pasado, obliga a los tres países a adherirse a ciertas normas sobre igualdad de género, democracia laboral y derechos de los trabajadores.
Adicionalmente, algunos políticos en los Estados Unidos pusieron como condición previa para su apoyo al USMCA la aprobación de la nueva ley laboral de México. El nuevo tratado aún espera su ratificación por el Congreso de los Estados Unidos.
Seguramente un cambio salarial a gran escala traerá ventajas y desventajas, como sucedería en cualquier país. Un mayor poder de negociación para los trabajadores, y, por lo tanto, presumiblemente salarios más altos, ampliaría el volumen de ingresos disponibles y aumentaría el gasto de los consumidores. Sin embargo, al mismo tiempo, numerosos estudios económicos sugieren que aumentar el nivel del salario base podría tener un efecto inflacionario, socavando en cierta medida las mejoras en el poder adquisitivo.
Queda por verse cómo se desarrollará esta dinámica en México, particularmente en el contexto de un mayor proteccionismo comercial en ambos lados de la frontera con los EE. UU.
Analizando otros impactos de la reforma laboral, algunos opinan que la mejora en el proceso de resolución de disputas podría ayudar indirectamente a mejorar el tema pendiente de la productividad, pues empresas y trabajadores requerirán menos tiempo y recursos para resolver problemas.
México sigue siendo la nación menos productiva de la OCDE, a pesar de las reformas estructurales que se han implementado durante los últimos años en sectores como energía, educación, telecomunicaciones y finanzas. Los trabajadores pasan un promedio de 43 horas por semana en el trabajo, en comparación con solo 26 horas en Alemania; sin embargo, el PIB de Alemania es casi cuatro veces mayor que el de México.
Por otro lado, las partes interesadas están generalmente de acuerdo en el efecto que tendrá la nueva ley en las relaciones entre empleados y empleadores. "Crecerá el empoderamiento de los trabajadores y aumentarán sus demandas”, dijo a OBG César Maillard, socio de la consultora legal Maillard Abogados. Como resultado, algunos líderes empresariales del sector privado predicen un cambio significativo en la dinámica del poder.
Mexico has instituted a new labour law in an effort to streamline industrial disputes and improve worker protections.
In late April both chambers of Congress approved the law, the first major piece of legislation to be passed by the new administration. Among other factors, it seeks to reform the way employees interact with their unions.
The legislation establishes the right of workers to conduct secret ballots when voting on union representation and labour contracts. It also requires that unions command the support of at least 30% of workers in any given workplace in order to acquire formal recognition.
It similarly aims to reform the legal structure for conciliation and arbitration.
Under the current system, government officials, unions and companies are all represented on local labour boards – the bodies charged with the implementation and enforcement of labour laws – which can make it difficult for workers to speak freely and take collective decisions.
The outgoing system, which saw salary and contract negotiations conducted unilaterally between unions and employers, had been criticised for its vulnerability to political influence. Many also argued that the limited control granted to workers during the negotiation process was a key contributor to depressed wage growth.
It will be replaced by an independent national registry and independent, specialised courts to allow for freer resolution of disputes and a reduction in political influence.
See also: The Report – Mexico 2018
Questions have been raised about the impact of the reforms on the economy. There are concerns that widespread wage rises could negatively affect investment in domestic industries.
Mexico’s wages, which are among the lowest in Latin America, have played an important role in establishing the country’s competitive edge and attracting investment in areas such as automotive production, particularly since the North American Free Trade Agreement (NAFTA) came into effect in 1994.
In the US, however, some political figures view Mexico’s labour costs as an unfair economic advantage that make the country more competitive for multinational firms operating in both markets.
In large part as a response to this, the renegotiated NAFTA, known as the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA), which was signed in November last year, obliges all three countries to adhere to certain standards regarding gender equality, labour democracy and workers’ rights.
In addition, some politicians in the US have made the passage of Mexico’s new labour law a precondition for their support of the USMCA, which has yet to be ratified by the US Congress.
As in any country, there are certain to be both advantages and disadvantages to any large-scale changes in wages. Greater negotiating power for workers – and therefore, presumably higher wages – could expand disposable incomes and fuel consumer spending. At the same time, however, numerous economic studies suggest that raising base wages can have an inflationary effect, undercutting improvements to purchasing power to a degree.
How these dynamics will play out in Mexico, particularly against the backdrop of increased trade protectionism on both sides of the border with the US, remains to be seen.
In terms of other impacts, some say the improved dispute resolution process could help indirectly boost the longstanding issue of productivity, as companies and workers will require less time and fewer resources to resolve issues.
Despite the implementation of structural reforms in sectors such as energy, education, telecoms and finance in recent years, Mexico remains the least productive OECD nation. Workers spend an average of 43 hours per week at work, compared to just 26 hours in Germany; nevertheless, Germany’s GDP is almost four times as large as Mexico’s.
Elsewhere, stakeholders generally agree on the effect the new law will have on employee-employer relationships. “Workers’ empowerment will increase, as will the volume of their demands,” Cesar Maillard, partner at legal consultancy Maillard Abogados, told OBG. As a result, some private sector business leaders predict a significant shift in power dynamics.
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