Perú intensifica sus esfuerzos para controlar la corrupción y mejorar la transparencia en los procesos gubernamentales, luego de una serie de escándalos recientes en las más altas instituciones del Estado; sin embargo, ciertos obstáculos políticos podrían frenar el ritmo de la reforma.
El presidente Martín Vizcarra, quien asumió el cargo luego de que su predecesor Pedro Pablo Kuczynski renunció por acusaciones de corrupción en marzo del año pasado, ha estado trabajando para ratificar como ley un paquete de medidas anticorrupción.
El paquete incluye una mayor supervisión y más restricciones al financiamiento político, con sanciones penales que se impondrían por incumplimientos; también incluye prohibir la reelección inmediata a miembros del Congreso que la busquen después de cumplir un mandato de cinco años; y reformas judiciales que permitirían que jueces y fiscales sean elegidos por voto público.
Aún cuando las tres medidas fueron aprobadas en un referéndum en diciembre pasado, la implementación ha quedado estancada en la legislatura, donde las conversaciones sobre ciertas reformas, entre Vizcarra y el Congreso de mayoría opositora, estuvieron a punto de desmoronarse a finales de mayo. A principios de junio, sin embargo, el gobierno de Perú convocó y ganó un voto de confianza en el Congreso, lo que puso nuevamente en marcha el proceso de reforma.
Sin embargo, a pesar del consenso de que las reformas son necesarias, la naturaleza de los cambios ha hecho difícil que la clase política peruana logre un acuerdo. La discusión sobre los límites del mandato y la propuesta de suspender la inmunidad parlamentaria a los diputados del Congreso ha provocado las críticas de algunos sectores.
Vizcarra ha dicho que las reformas son esenciales para restablecer la fe en el sistema político de Perú y ha priorizado su ratificación antes de las próximas elecciones nacionales, que se realizarán a mediados de 2021. De acuerdo con sus propias reformas, ha prometido no buscar la reelección a un segundo mandato en el cargo.
El gobierno también quiere aumentar la transparencia en los negocios del Estado, asegurando el acceso público a la información relacionada con las licitaciones del gobierno, las compras y los contratos de prestación de servicios. El objetivo es aumentar la confianza del público en los procedimientos gubernamentales, así como asegurarles a aquellos que participen en licitaciones estatales, que competirán en igualdad de condiciones.
Como parte de este proceso, el gobierno anunció que está trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la startup de blockchain Stamping.io para desarrollar un sistema de compras y contrataciones totalmente transparente.
Los esfuerzos para darle prioridad a introducir las reformas se producen tras el caos político causado por el escándalo de corrupción y sobornos que involucra a la constructora brasileña Odebrecht.
La compañía ha admitido haber pagado unos 800 millones de dólares en sobornos a políticos y grandes figuras de negocios en 12 países, principalmente en América Latina, a cambio de que se le otorgasen grandes proyectos de infraestructura.
En Perú, los fiscales han interrogado a ejecutivos de Odebrecht con relación a más de 40 millones de dólares en pagos hechos a partidos políticos, en medio de acusaciones de que los fondos fueron entregados para asegurar contratos de infraestructura para proyectos tales como la red del metro de Lima.
Como era de esperarse, el escándalo ha involucrado a muchos de los líderes anteriores y a figuras políticas del más alto nivel.
Tres de los últimos cuatro Jefes de Estado del Perú han sido acusados de corrupción en relación con la investigación, y el cuarto, el dos veces presidente Alan García, quien prestó servicios desde 1985 hasta 1990 y luego nuevamente desde 2006 hasta 2011, se suicidó en abril cuando el gobierno procedía a ejecutar la orden de arresto preventivo por cargos de lavado de dinero y conspiración.
Los expresidentes Ollanta Humala, quien se desempeñó entre 2011 y 2016, y Kuczynski, cuyo mandato terminó con su renuncia en marzo del año pasado, enfrentan penas de cárcel por supuestas interacciones con Odebrecht, mientras que Alejandro Toledo, presidente desde 2001 a 2006, vive en exilio autoimpuesto en los Estados Unidos, después de que él también fuera acusado de aceptar un soborno de US$ 20 millones. Todos han negado cualquier delito.
La supuesta corrupción endémica que ha plagado la política peruana en las últimas décadas tiene como símbolo el hecho de que muchos de los presidentes que han ejercido funciones desde 1985 han sido acusados de corrupción o de malversación de fondos mientras estaban en el cargo, siendo el más notorio Alberto Fujimori, presidente entre 1990 y 2000, quien actualmente cumple con una sentencia de cárcel después de admitir haber malversado US$ 15 millones de fondos del Tesoro durante su período presidencial.
Asimismo, se ha dirigido la atención hacia a la hija de Fujimori, Keiko, líder del partido político Fuerza Popular, actualmente la mayor bancada dentro del parlamento peruano. Ella ha sido acusada de lavar mil millones de dólares en pagos de Odebrecht durante su campaña presidencial de 2011, pero niega dichas acusaciones.
Adicionalmente, el conglomerado local de construcción Graña y Montero ha comenzado a cooperar con los fiscales, como parte de la investigación de corrupción del “Club de la Construcción”. Graña y Montero ha admitido haber realizado pagos a funcionarios del gobierno por PEN 12,5 millones (US$ 3,8 millones), a cambio de obtener importantes contratos de construcción durante el período presidencial de Humala.
Los casos de malversación también han afectado a los niveles más bajos de la política. El 14 de mayo, un juez ordenó que la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, permaneciera bajo custodia provisional por 18 meses, cumpliendo prisión preventiva por nuevas denuncias de corrupción y aceptación de sobornos.
Si bien el impulso anticorrupción ha sido ampliamente aplaudido, la difícil implementación de las reformas podría afectar la estabilidad política y el clima de inversión de Perú, según un informe reciente de la consultora global de negocios Marsh.
En su mapa de riesgo político actualizado para América Latina, publicado a fines de marzo, Marsh dice que las tensiones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo del gobierno podrían aumentar debido a las reformas propuestas por Vizcarra.
Dado que la campaña del Presidente para reformar el sistema político y judicial ha ido ganando popularidad entre el público, existiría la posibilidad de que el gobierno convocara elecciones para buscar un mandato más fuerte para llevar a cabo las reformas, dijo Marsh, aunque a la luz del voto de confianza de este mes, eso pareciera improbable en este momento.
El informe prevé un ambiente político estable en las perspectivas a más largo plazo, particularmente si se puede alcanzar un consenso sobre las reformas políticas, judiciales y de transparencia.
Peru is stepping up efforts to rein in corruption and improve transparency in government processes, following a series of recent high-profile scandals; however, political obstacles could slow the pace of reform.
President Martín Vizcarra, who took office after his predecessor Pedro Pablo Kuczynski resigned over corruption allegations in March last year, has been working to ratify a package of anti-corruption measures into law.
The package includes heightened oversight and restrictions on political financing, with criminal penalties to be imposed for breaches; a ban on members of Congress seeking immediate re-election after serving a five-year term; and judicial reforms that will see judges and prosecutors elected by a public vote.
While the three measures were approved by a referendum last December, implementation has stalled in the legislature, with talks between Vizcarra and the opposition-dominated Congress over certain reforms breaking down in late May. In early June, however, Peru’s government called and won a confidence vote in Congress, getting the reform process back on track.
However, despite the consensus that reforms are necessary, the nature of the changes are proving difficult for Peru’s political class to agree on. Discussion over term limits and the proposed lifting of immunity from prosecution for parliamentary deputies has attracted criticism in some quarters.
Vizcarra has said the reforms are essential to restore faith in Peru’s political system and has prioritised their ratification before the next national elections, due in mid-2021. In keeping with his own reforms, he has promised not to seek a second term in office.
The government also wants to increase transparency in state business, ensuring public access to information related to government tenders, purchases and service provision contracts. This is intended to boost public confidence in government procedures, as well as reassure those bidding for state contracts that they will be competing on a level playing field.
As part of this process, the government has announced it is working with blockchain start-up Stamping.io and the Inter-American Development Bank to develop a fully transparent contract-procurement system.
See also: The Report – Peru 2018
The prioritised efforts to introduce the reforms come on the back of the political chaos caused by the corruption and bribery scandal involving Brazilian-based construction company Odebrecht.
The company has admitted to paying some $800m in bribes to politicians and major business figures across 12 countries, mainly in Latin America, in return for being awarded major infrastructure projects.
In Peru, prosecutors have questioned Odebrecht officials over $40m in payments made to political parties, amid allegations the funds were handed over to secure infrastructure contracts for projects such as Lima’s underground rail network.
Unsurprisingly, the scandal has entangled many of the country’s former leaders and senior political figures.
Three of Peru’s last four heads of state have been accused of corruption in relation to the investigation, with the fourth – two-time President Alan García, who served from 1985 to 1990 and then again from 2006 to 2001 – committing suicide in April as he was due to be taken into custody to face charges of money laundering and conspiracy.
Former presidents Ollanta Humala, who served between 2011 and 2016, and Kuczynski, whose term ended with his resignation in March last year, are facing jail sentences for their alleged interactions with Odebrecht, while Alejandro Toledo, the president from 2001-06, lives in self-imposed exile in the US after he too was accused of taking a $20m bribe from the company. All have denied any wrongdoing.
In a sign of the alleged endemic corruption that has plagued Peruvian politics in recent decades, presidents serving back to as far as 1985 have either been accused or charged with malpractice while in office, with Alberto Fujimori – the president between 1990 and 2000 – currently serving a jail sentence after admitting to embezzling $15m in Treasury funds during his time as leader.
Attention has also turned to Fujimori’s daughter Keiko, the leader of the Popular Force political party, currently the largest in Peru’s Parliament. She has been accused of laundering $1bn in Odebrecht payments through her 2011 presidential campaign, but denies the allegations.
In addition, local construction conglomerate Graña y Montero has begun cooperating with prosecutors as part of the ‘Construction Club’ investigation into corruption, admitting to making PEN12.5m ($3.8m) in payments to government officials in return for securing major construction contracts during Humala’s presidency.
The malpractice has also affected the lower levels of politics. On May 14 a judge ordered former Lima mayor Susana Villarán to be held in custody for up to 18 months in pre-trial detention over further allegations of corruption and accepting kickbacks.
While the anti-corruption push has been widely applauded, the difficult implementation of reforms could affect Peru’s political stability and investment climate, according to a recent report by global business consultancy Marsh.
In its updated political risk map for Latin America, issued at the end of March, Marsh said there was potential for heightened tensions between the executive and legislative branches of government over Vizcarra’s proposed reforms.
With the president’s campaign to overhaul the political and judicial system gaining popularity with the public, there was the possibility of the government calling snap elections to seek a stronger mandate for reforms, Marsh said, although in light of this month’s confidence vote, this now seems unlikely.
Longer-term prospects were for a stable political environment, the report said, particularly if consensus can be reached on the political, judicial and transparency reforms.
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