En un esfuerzo por aumentar la confianza de los inversionistas e impulsar el desarrollo de proyectos mayores de infraestructura, luego del escándalo de corrupción de Odebrecht, Perú ha adoptado medidas para lograr una mayor transparencia a la hora de otorgar obras públicas de gran envergadura.
En enero, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó los criterios diseñados para mejorar las garantías relacionadas con la ejecución de proyectos de infraestructura.
Los nuevos lineamientos incluyen esfuerzos para aumentar la transparencia y la efectividad operativa de los proyectos y de los principales actores involucrados, a fin de fomentar la participación privada en el sector.
Esto se basa en un anuncio anterior, realizado también en enero, donde ProInversión, la agencia de promoción de inversiones del gobierno, le otorgó al bufete de abogados angloamericano Hogan Lovells un contrato para brindar servicios de consultoría para la estandarización de las Asociaciones Público-Privadas (APPs).
En una medida recomendada por el Banco Mundial, como parte de los esfuerzos para impulsar la inversión del sector privado, la consultora analizará las mejores prácticas internacionales para delinear qué medidas tomar para mejorar el marco de APP existente, con el fin de garantizar la implementación y ejecución exitosa de dichos proyectos.
"Este es un hito importante, pues nos permitirá tener contratos mejor estructurados para acelerar la inversión privada en el país, haciendo más eficientes los procesos previos y posteriores a la adjudicación", indicó Alberto Ñecco, Director Ejecutivo de ProInversión, en aquel momento.
Estos esfuerzos para mejorar la transparencia de los procesos de licitación y las normas que rigen las APP se deben a un gran escándalo de corrupción que involucra a la constructora brasileña Odebrecht.
La compañía admitió haber pagado unos 800 millones de dólares en sobornos a políticos y grandes figuras de negocios en 12 países, principalmente en América Latina, a cambio de recibir importantes proyectos de infraestructura.
En Perú, el escándalo llevó a la renuncia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski en marzo del año pasado. Aunque negó cualquier irregularidad o falta, Kuczynski enfrentó críticas del Congreso y esfuerzos para destituirlo, después de admitir que su compañía, Westfield Capital, había recibido de Odebrecht honorarios por asesorías cuando era Ministro de Economía y Finanzas durante 2004 y 2005. También fue acusado de intentar sobornar a otras figuras políticas para que votaran en contra de su destitución durante el juicio político que se llevó a cabo.
Además de las medidas para mejorar la transparencia recientemente anunciadas, el presidente Martín Vizcarra ha buscado aumentar la confianza en las instituciones y procesos democráticos del país a través de una serie de reformas constitucionales, incluyendo la creación de un nuevo órgano con poder de elegir y destituir a los jueces, la introducción de un límite de dos mandatos para los miembros del Congreso y la ejecución de auditorías a los partidos políticos tanto durante como después de las campañas electorales.
La capacidad del Perú para recuperar la confianza internacional contribuirá en gran medida a hacer realidad la expansión de la infraestructura del país, cuyo objetivo es cerrar la brecha de infraestructura, estimada en US$ 159 mil millones.
Actualmente, ProInversión tiene 63 proyectos en cartera, incluyendo 12 proyectos en saneamiento, siete en bienes raíces, otros siete en electricidad, seis en transporte terrestre y cinco en minería.
Un proyecto importante para este año es la expansión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, por US$ 1.500 millones, el cual contará con una nueva pista y un nuevo terminal de pasajeros. Los trabajos, que llevarán a cabo la compañía española FCC Construcción, el grupo industrial italiano Salini Impregilo y la multinacional estadounidense AECOM, se espera que comiencen durante el primer trimestre del año corriente, con fecha estimada de finalización en 2023.
Adicionalmente, el gobierno anunció que aceptará ofertas entre el 1º de abril y el 15 de mayo para una serie de proyectos de infraestructura, los cuales se adjudicarán en concesiones a 30 años como iniciativas privadas cofinanciadas.
Estos proyectos incluyen el tren de cercanías Lima-Ica de 324 km, con 44 km de túneles y 50 km de puentes. La licitación será para diseñar, financiar y construir el proyecto de US$ 3.300 millones que, con una velocidad máxima de 200 km/hr, se espera que acorte el tiempo de viaje de las cinco actuales horas a aproximadamente tres.
Por otra parte, los funcionarios también destinaron US$ 600 millones para la modernización de ocho aeropuertos regionales: Jauja (Junín), Huánuco, Jaén (Cajamarca), Ilo (Moquegua), Nuevo Chimbote (Áncash), Rioja (San Martín), Tingo María (Huánuco). y Yurimaguas (Loreto) - como parte del proceso de licitación.
Las obras incluirán la mejora y construcción de terminales de pasajeros, torres de control, sistemas de navegación, pistas de aterrizaje, asfalto y estacionamientos.
En términos de infraestructura marítima, la concesionaria local Salaverry Terminal Internacional firmó en octubre un acuerdo para la modernización y el desarrollo del terminal multipropósito del puerto norte, cuyo costo se estima en US$ 229 millones, por lo que las obras de dragado comenzarán en diciembre.
La modernización ayudará a disminuir la turbulencia del agua en el interior del puerto, permitirá el acceso a embarcaciones con quilla de 11,5 metros y mejorará la seguridad de los barcos durante su llegada y salida.
In an effort to boost investor confidence and encourage major infrastructure development following the Odebrecht corruption scandal, Peru has moved towards increasing transparency when awarding major public contracts.
In January the Ministry of Economy and Finance (Ministerio de Economía y Finanzas, MEF) published criteria designed to improve safeguards relating to the execution of infrastructure projects.
The guidelines include efforts to increase the transparency and operational effectiveness of projects and the major stakeholders involved, in order to foster private participation in the sector.
This builds on the earlier announcement – also in January – that ProInversión, the government’s investment promotion agency, had awarded Anglo-American law firm Hogan Lovells a contract to provide consultancy services for the standardisation of private-public partnerships (PPPs).
In a move recommended by the World Bank as part of efforts to boost private sector investment, the consultancy will look at international best practices to outline what can be done to improve the existing PPP framework to ensure the successful implementation and execution of such projects.
“This is an important milestone because it will allow us to have better structured contracts to speed up private investment in the country, making the pre- and post-award processes more efficient,” Alberto Ñecco, executive director of ProInversión, said at the time.
See also: The Report – Peru 2018
These efforts to improve the transparency of project bidding processes and the rules governing PPPs come on the back of a major corruption scandal involving Brazilian construction company Odebrecht.
The company admitted to paying some $800m in bribes to politicians and major business figures across 12 countries, mainly in Latin America, in return for being awarded major infrastructure projects.
In Peru, the scandal led to the resignation of then-President Pedro Pablo Kuczynski in March last year. Although denying any wrongdoing or impropriety, Kuczynski faced congressional criticism and impeachment efforts after admitting that his company, Westfield Capital, had received advisory fees from Odebrecht while he was the minister for economy and finance during 2004 and 2005, and was also accused of attempting to bribe other political figures to vote against impeachment measures.
In addition to the recently announced improved transparency measures, President Martín Vizcarra has sought to improve confidence in the country’s democratic institutions and processes through a series of constitutional reforms, including the creation of a new body with the power to elect and dismiss judges, the introduction of a two-term limit for members of Congress and the auditing of political parties both during and after electoral campaigns.
Peru’s ability to win back international confidence will go a long way to realising the country’s expansive infrastructure pipeline, which aims to close the infrastructure gap, estimated at $159bn.
Presently, ProInversión has 63 projects in its portfolio, including 12 in sanitation, seven each in both real estate and electricity, six in land transport and five in mining.
One major project for this year is the $1.5bn expansion of Lima’s Jorge Chávez International Airport, which will feature a new runway and passenger terminal. Works – to be carried out by Spanish company FCC Construction, Italian industrial group Salini Impregilo and US multinational AECOM – are expected to begin during the first quarter of the year, with a targeted completion date of 2023.
In addition, the government announced it will be accepting offers for a series of planned infrastructure projects between April 1 and May 15, to be awarded on 30-year concessions as private co-financed initiatives.
These include the 324-km Lima-Ica commuter railway, featuring 44 km of tunnels and 50 km of bridges. The tender will be to design, finance and build the $3.3bn project, which with a maximum speed of 200km/h, is expected to shorten the journey time from around five hours to three hours.
Elsewhere, officials have also earmarked $600m for the modernisation of eight regional airports –Jauja (Junín), Huánuco, Jaén (Cajamarca), Ilo (Moquegua), Nuevo Chimbote (Áncash), Rioja (San Martín), Tingo María (Huánuco) and Yurimaguas (Loreto) – as part of the tender process.
Works will include the upgrade and construction of passenger terminals, control towers, navigation systems, runways, tarmac and carparks.
In terms of maritime infrastructure, in October local concessionary company Salaverry Terminal Internacional signed a deal for the modernisation and development of the northern port’s multi-purpose terminal, estimated to cost $229m, with dredging works beginning in December.
The upgrade will help lower water turbulence in the port’s interior, allow access to vessels with a keel of 11.5 metres, and improve the security of ships during their arrival and departure.
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