Tras la inestabilidad política que culminó con la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski en marzo de 2018, Perú atraviesa mares más calmos m, después de aprobar reformas constitucionales que apuntan a combatir la corrupción y fomentar el crecimiento económico.
A principios de 2018 Perú pasó por un período de turbulencia política, durante el cual Congreso amenazó con destituir al Presidente Kuczynski, tras su implicación en el escándalo Odebrecht, lo cual finalmente lo llevó a su renuncia luego de 20 meses en el cargo.
El escándalo, en el que han estado involucrados numerosos políticos en más de una docena de países, abarcó también la concesión de fondos para campañas políticas a cambio de la participación en lucrativos proyectos infraestructurales.
El ascenso del vicepresidente Martín Vizcarra a la presidencia ese mismo mes, logró que se percibiera una estabilización institucional, lo que precipitó una reducción del nivel de riesgo país y un fortalecimiento del sol peruano frente al dólar estadounidense.
Al asumir el cargo, el presidente Vizcarra prometió fomentar la inversión en infraestructura, reparar los daños al sistema de transporte de la nación causados por El Niño en 2017, combatir la corrupción y aumentar la competitividad del Perú.
En septiembre, el presidente Vizcarra propuso una serie de reformas constitucionales destinadas a mejorar los mecanismos de control y equilibrio de poderes del gobierno.
Esto incluyó la creación de una nueva institución con el poder de elegir y destituir jueces, una medida que fue aprobada por unanimidad en el Congreso.
También propuso limitar a dos mandatos el derecho a ejercer como miembro del Congreso, así como realizar auditorías a los partidos políticos tanto durante como después de las campañas electorales.
En diciembre se celebró un referéndum sobre las reformas propuestas, donde el electorado respaldó de manera casi unánime las mismas, con más del 85% de los votos a favor y una participación del 72%, un resultado que el presidente Vizcarra describió como "un paso fundamental hacia la construcción de una democracia sólida en el Perú".
Los votantes también rechazaron abrumadoramente una cuarta propuesta en el referéndum, que buscaba restablecer el Senado como instrumento del poder legislativo.
En ese mismo mes, el presidente Vizcarra hizo su segunda reorganización de gabinete desde que asumió el cargo, reemplazando a Cristián Sánchez con Sylvia Cáceres como Ministra de Trabajo y Promoción de Empleo, en una movida que se espera acelere las reformas propuestas al mercado laboral, dirigidas a impulsar la competitividad. Actualmente, la competitividad del Perú ocupa el lugar 63 de 140 países, según el Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.
De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú, la economía mostró una fuerte recuperación durante el segundo y tercer trimestre de 2018, con un crecimiento del PIB de 5,5% y 2,3%, respectivamente, en comparación con el crecimiento anual de 2,3% en 2017. Este repunte se debió principalmente a la pesca, que registró un aumento interanual equivalente de 29,2% en el segundo trimestre, y a la manufactura, que creció al 10,9% interanual.
Adicionalmente, los sectores de construcción y agroindustria también registraron un fuerte crecimiento en el segundo trimestre, con un incremento anual de 10,8% y 7,4%, respectivamente.
El aumento de la producción agrícola fue impulsado por un aumento del 154% interanual en la producción de uvas en el mes de octubre, gracias a condiciones climáticas favorables y a una cosecha temprana, según el Instituto Nacional de Estadística.
Por otra parte, la producción de cacao aumentó un 20,4% interanual durante el mismo mes, mientras que la producción avícola creció un 7,1% interanual.
La minería fue el único sector que experimentó un crecimiento negativo durante el año, con un descenso en la producción de cobre de 4,2% interanual en octubre. Sin embargo, se espera que la producción a largo plazo aumente a medida que los proyectos a gran escala entren en operaciones, tales como la mina de cobre Michiquillay, en la que la empresa Southern Copper planea invertir US$ 2.500 millones.
Aunque no está programada para estar en pleno funcionamiento sino hasta 2025, la mina tiene reservas de 1.150 millones de toneladas, y se espera que se convierta en la mina de cobre más grande del país en términos de producción, así como una de las 20 minas de cobre más importantes del mundo.
Adicionalmente, durante los últimos meses arrancó la ejecución de otros dos grandes proyectos de cobre, Quellaveco y Mina Justa.
La instalación minera de Quellaveco, ubicada en la región sur de Moquegua y con un valor de 5.300 millones de dólares, está siendo desarrollada por la multinacional minera Anglo American y la japonesa Mitsubishi, y se espera que produzca 300.000 toneladas de cobre al finalizar su construcción en 2023.
Mientras tanto, el proyecto Mina Justa de 1.600 millones de dólares, ubicado en Ica, una región del sur del país, está siendo ejecutado por la empresa local Minsur y por Alxar International de Chile. Se espera que produzca 100.000 toneladas de cobre al año cuando entre en operaciones en 2020-21.
También se espera que aumente la inversión en el sector de petróleo y el gas, como resultado de las reformas propuestas por el gobierno del presidente Vizcarra, las cuales se presentarán formalmente en el primer trimestre de 2019, esperando la aprobación del Congreso, según el Ministerio de Energía y Minas.
El objetivo de dichas reformas es actualizar el marco legal para crear condiciones más favorables para la exploración e inversión en hidrocarburos, luego de una disminución en la actividad en los últimos ocho años, causada por demoras en los permisos y bajos precios internacionales del petróleo.
La nueva ley de hidrocarburos allanaría el camino para nuevas subastas de petróleo y gas, impulsando así la producción de hidrocarburos en el país y reduciendo la dependencia de las importaciones.
Según Pablo de la Flor, Director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la renovación del marco legal podría duplicar la producción, atrayendo más de US$ 6 mil millones en inversión y generando directamente 2.000 nuevos empleos en la industria.
Following the political instability that culminated in the resignation of President Pedro Pablo Kuczynski in March 2018, Peru has moved towards calmer waters, with the approval of constitutional reforms that aim to crack down on corruption and foster economic growth.
Peru faced upheaval at the start of 2018, with attempts by Congress to impeach President Kuczynski following his implication in the Odebrecht scandal ultimately leading to his resignation after just 20 months in office.
The scandal, in which numerous politicians in over a dozen countries have been implicated, involved the trading of political campaign funds in exchange for lucrative investment projects.
The assumption of the presidency that same month by Martín Vizcarra, the former vice-president, led to perceived stabilisation, precipitating a lowering of the country’s risk level and a strengthening of the Peruvian sol against the US dollar.
On taking office President Vizcarra vowed to encourage infrastructure investment, repair damages to the nation’s transport system caused by the 2017 El Niño, combat corruption and increase Peru’s competitiveness.
See also: The Report – Peru 2018
In September President Vizcarra proposed a series of constitutional reforms intended to improve checks and balances.
These included the creation of a new body with the power to elect and dismiss judges, a move that was unanimously approved by Congress.
He also proposed the creation of a two-term limit for members of Congress and the auditing of political parties both during and after electoral campaigns.
A referendum on the proposals was held in December in which the electorate overwhelmingly endorsed the three reforms, with over 85% voting in favour on a 72% turnout, a result that President Vizcarra described as “a fundamental step towards building a solid democracy in Peru”.
Voters also overwhelmingly rejected a fourth proposal in the referendum that looked to reinstate the upper chamber in Congress.
In the same month President Vizcarra made his second cabinet reshuffle since taking office, replacing Cristián Sánchez with Sylvia Cáceres as minister of labour and employment promotion, in a move expected to speed up proposed reforms to the labour market that are intended to boost competitiveness. Currently, Peru’s competitiveness is ranked 63rd of 140 countries, according to the World Economic Forum’s Global Competitiveness Report.
Peru’s economy showed a strong recovery in the second and third quarters of 2018, with GDP growth of 5.5% and 2.3% respectively, compared with annual growth of 2.3% in 2017, according to the Central Reserve Bank of Peru. This rebound was driven primarily by fishing, which reported a 29.2% year-on-year (y-o-y) increase in the second quarter, and manufacturing, which grew 10.9% y-o-y.
Additionally, the construction and agriculture industries also registered strong growth in the second quarter, with a y-o-y increase of 10.8% and 7.4%, respectively.
Rising agricultural output was driven by a 154% y-o-y increase in grape production in October, brought about by an early harvest and favourable climatic conditions, according to the National Institute of Statistics.
Meanwhile, cocoa production increased by 20.4% y-o-y during the same month, while poultry output saw a 7.1% y-o-y rise.
Mining was the only sector to experience negative growth during the year, with copper production down by 4.2% y-o-y in October. However, over the long term output is expected to rise as large-scale projects come on-line, such as the Michiquillay copper mine, in which developer Southern Copper plans to invest $2.5bn.
Although not scheduled to become fully operational until 2025, the mine holds reserves of 1.15bn tonnes and is expected to become the largest copper mine in the country in terms of output and one of the top-20 copper mines in the world.
In addition, work began in recent months on two other major copper projects, Quellaveco and Mina Justa.
The $5.3bn Quellaveco facility, which is located in the southern region of Moquegua, is being developed by the multinational mining firm Anglo American and Japan’s Mitsubishi and is expected to produce 300,000 tonnes of copper upon completion in 2023.
Meanwhile, the $1.6bn Mina Justa project located in Ica, a southern region of the country, is being developed by local company Minsur and Chile’s Alxar International, and is expected to produce 100,000 tonnes of copper a year when it comes online in 2020-21.
Oil and gas are also expected to see increased investment as a result of reforms proposed by President Vizcarra’s government, which are expected to be formally presented in the first quarter of 2019 pending congressional approval, according to the Ministry of Energy and Mines.
The reforms aim to update the legal framework to create more favourable conditions for hydrocarbons exploration and investment, following a decline in activity over the past eight years caused by permit delays and low international oil prices.
The new hydrocarbons law would pave the way for oil and gas auctions, thereby boosting the country’s hydrocarbons output and reducing its dependency on imports.
According to Pablo de la Flor, director of the National Mining, Petroleum and Energy Society, the revamped legal framework could double production, attracting over $6bn in investment and directly generating 2000 new jobs in the industry.
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