Con un crecimiento modesto de su economía y afianzadas las relaciones comerciales con sus socios clave, México está listo para entrar al 2019 con buen pie. Sin embargo, prevalece un ambiente de incertidumbre sobre la dirección que tomarían las políticas del nuevo gobierno de izquierda y su posible impacto en las inversiones.
Elegido en julio de 2018 con un discurso anticorrupción y de reforma social, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien asumió el cargo en diciembre, llevó al poder a una coalición dominada por el partido de izquierda Movimiento de Regeneración Nacional, en un momento en que la economía se estaba recuperando de un corto periodo de contracción.
La economía se expandió un modesto 0.8% en el período de julio a septiembre, recuperándose del crecimiento negativo (-0.1%) del trimestre anterior, según las cifras del PIB ajustadas por estacionalidad, publicadas en noviembre por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI.
El desempeño de la economía en el tercer trimestre, en el que el crecimiento interanual se situó en un 2.5% en términos no ajustados, una décima de punto porcentual menos que el estimado de octubre del INEGI, fue el más sólido desde el último trimestre de 2017.
El crecimiento económico fue apoyado en parte por los fuertes ingresos del sector energético, aunque los resultados de fin de año podrían ser más débiles, debido a los precios más bajos del petróleo y a una disminución del 7% de la producción en octubre. En su informe de julio-septiembre, el Banco de México, el banco central del país, revisó sus proyecciones de crecimiento del PIB para todo el año, disminuyéndolas de 2.0-2.6% a principios de año a 2.0-2.4%.
Mientras tanto, la inflación fluctuó a lo largo del año, pero con una tendencia bajista, retrocediendo desde un máximo histórico de una década de 6.8% en diciembre de 2017, a 4.7% en noviembre de 2018.
Con una decisión que inequívocamente representa una señal positiva para la inversión, México firmó un nuevo acuerdo comercial con sus vecinos del norte el 30 de septiembre de 2018 el cual, una vez ratificado, reemplazará al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vigente durante casi 25 años.
Aunque el nuevo tratado utiliza en gran medida el mismo marco que su antecesor, se han incorporado dos nuevas previsiones para impulsar la actividad automotriz en América del Norte. En primer lugar, las nuevas reglas de origen exigen un fuerte aumento, requiriendo que el 75% del contenido del vehículo se produzca en América del Norte, en comparación con el 62.5% del acuerdo anterior. De manera similar, una segunda disposición estipula que entre un 40-45% de un vehículo debe ser producido por trabajadores que ganen más de US$ 16 por hora.
Si bien la firma del acuerdo T-MEC ha hecho mucho para calmar los temores sobre futuras interrupciones del intercambio comercial, todavía existe incertidumbre sobre la dirección que tomarán las políticas del nuevo gobierno en algunas áreas clave.
Aunque el expresidente Enrique Peña Nieto dejó el cargo con índices de aprobación históricamente bajos, las reformas estructurales de su administración en materia de energía, telecomunicaciones y educación fueron ampliamente elogiadas por abrir dichos sectores a la inversión y a la competencia internacional.
En el período previo a la toma de posesión del cargo el 1 de diciembre, el gobierno entrante realizó una serie de referendos consultivos sobre políticas a seguir en temas importantes.
Tras el resultado de uno de esos votos informales, celebrado en noviembre, el nuevo gobierno anunció públicamente que abandonará la construcción del nuevo aeropuerto internacional en las afueras de Ciudad de México, un proyecto en marcha estimado en 13.000 millones de dólares, siendo éste efectivamente el proyecto más grande de infraestructura del país. Por otra parte, el nuevo gobierno ha confirmado que seguirá adelante con un proyecto ferroviario de 1.500 km que conectará cinco estados del sur, ampliará la capacidad de producción energética downstream, y aumentará la asistencia médica y las pensiones de los ciudadanos.
Las preocupaciones sobre las posiciones políticas del gobierno entrante en una serie de asuntos, en particular la liberalización del sector energético, han llevado a la agencia calificadora internacional Fitch a revisar sus perspectivas para la economía.
En una nota emitida a fines de octubre de 2018, Fitch confirmó la calificación de riesgo en moneda extranjera de largo plazo de México en BBB +, pero también redujo la calificación de la perspectiva del país de estable a negativa.
Aún reconociendo que el acuerdo de T-MEC elimina una gran amenaza para el comercio, Fitch cree que la incertidumbre que rodea al nuevo gobierno incrementó el riesgo en el corto plazo, afirmando que los cambios en el sector energético y en las políticas de otros sectores podrían tener un impacto negativo en los flujos de inversión.
Parte de esta incertidumbre se relaciona con la posición del nuevo gobierno sobre la inversión privada en el sector de los hidrocarburos. AMLO se ha manifestado en contra de la privatización de los activos energéticos de la nación, pero su administración no ha dado más detalles sobre medidas políticas específicas.
Cualquier retroceso de las políticas de la administración anterior con respecto a la propiedad privada en proyectos de petróleo y gas podría deteriorar la confianza de los inversionistas y perjudicar el plan del nuevo gobierno para impulsar la producción y la capacidad de refinación.
En particular, AMLO prometió durante su campaña aumentar el valor agregado del sector energético de México. Esto incluyó propuestas para renovar la capacidad de refinación existente en el país e invertir en una nueva refinería estatal de 155 mil millones de pesos mexicanos (US$ 7.700 millones) en su estado natal de Tabasco, para reducir las importaciones de productos procesados.
A pesar de estos riesgos aparentes, la confianza de los inversionistas recibió un espaldarazo poco antes de la toma de posesión del nuevo presidente, cuando el presidente electo afirmó que, si bien el nuevo gobierno aumentaría la inversión pública en grandes proyectos, también respetaría los balances macroeconómicos.
Estos balances, según lo previsto en el presupuesto 2019 publicado a mediados de diciembre, garantizarían la independencia continua del Banco Central y mantendrían la disciplina fiscal.
Este compromiso, junto con el objetivo declarado de aumentar el superávit del presupuesto del país de 0.8% del PIB a 1% en 2019, está orientado en parte a frenar el retroceso en el mercado de valores, pues el índice principal ha caído a su nivel más bajo desde 2014.
With its economy posting modest growth and trade relations with key partners shored up, Mexico is set to enter 2019 on a strong footing. However, uncertainty remains over the policy direction of the country’s new left-wing government and its potential impact on investments.
Elected in July 2018 on an anti-corruption and social reform platform, and sworn into office in December, President Andrés Manuel López Obrador (AMLO) brought to power a coalition dominated by the leftist National Regeneration Movement party, at a time when the economy was recovering from a short period of contraction.
The economy expanded by a modest 0.8% in the July to September period, rebounding from negative growth of 0.1% in the preceding quarter, according to seasonally adjusted GDP figures released in November by the National Institute of Statistics and Geography (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI).
The third-quarter performance, which put year-on-year growth in unadjusted terms at 2.5% – one-tenth of a percentage point less than the INEGI’s October estimate – was the strongest since October-December 2017.
Economic growth was supported in part by strong returns from the energy sector, though year-end results could be weaker as a result of lower oil prices and a 7% decline in output in October. In its July-September report, Banco de México, the central bank, revised down its earlier projections for full-year GDP growth from 2.0-2.6% to 2.0-2.4%.
Meanwhile, inflation fluctuated across the year but appears to be in a downward trend, falling back from a decade high of 6.8% in December 2017 to 4.7% in November 2018.
See also: The Report – Mexico 2018
In a move that signals a positive outlook for investment, Mexico signed off a new trade deal with its northern neighbours on September 30, 2018 which, once ratified, is set to replace the North American Free Trade Agreement, which has been in place for nearly 25 years.
Although the new treaty uses largely the same framework as its predecessor, two new previsions have been made to boost automotive activity in North America. Firstly, a sharp increase in the new rules of origin now require 75% of vehicle content to be produced in North America, up from 62.5% in the previous agreement. Similarly, a second provision stipulates that between 40-45% of a vehicle has to be produced by workers earning more than $16 an hour.
While the new USMCA deal has done much to quell fears over future trade disruptions, uncertainty remains regarding the direction that the new government will take in some key policy areas.
Although former President Enrique Peña Nieto left office with historically low approval ratings, his administration’s structural reforms on energy, telecommunications and education were widely praised for opening up the sectors to international investment and competition.
In the lead up to entering office on December 1 the incoming government undertook a series of consultative referendums on major policy issues.
Following the outcome of one such informal vote, held in November, the new government publicly announced that it will scrap the partially-constructed $13bn international airport outside Mexico City, the country’s largest infrastructure project. Meanwhile, the new government has confirmed that it will go ahead with a 1500-km rail project connecting five southern states and increase downstream energy capacity, while increasing health care and pension benefits.
Concerns over the incoming government’s policy positions on a number of issues, notably the liberalisation of the energy sector, have prompted the international ratings agency Fitch to revise its outlook for the economy.
In a note issued at the end of October 2018, Fitch affirmed Mexico's long-term, foreign-currency issuer default rating at BBB+ but also lowered the country’s rating outlook position from stable to negative.
While noting that the USMCA deal removes a major threat to trade, Fitch believes the uncertainty surrounding the new administration increased risk in the short term, stating that shifts in energy and other policy areas could have a negative impact on investment flows.
Some of this uncertainty relates to the new government’s position on private investment in the hydrocarbons sector. AMLO has spoken out against the privatisation of the nation’s energy assets, but his administration has not released further details about specific policy measures.
Any reversal of the policy of the previous administration regarding private ownership in oil and gas projects could weaken investor sentiment and undermine the new government’s plan to boost upstream output and downstream capacity.
In particular, AMLO campaigned on a platform of increasing the value added component of Mexico’s energy sector. This included proposals to refurbish the country’s existing refining capacity and invest in a new MXN155bn ($7.7bn) state-owned refinery in his home state of Tabasco to reduce imports of processed products.
Despite these apparent risks, investor confidence was given a boost shortly before the swearing in of the new president, when the president-elect affirmed that, while the new government would increase public investment on major projects, it would also respect macroeconomic balances.
These balances, as seen by the 2019 budget released in mid-December, would ensure the continued independence of the central bank and maintain fiscal discipline.
This commitment, coupled with the stated objective of increasing the country’s primary budget surplus from the targeted 0.8% of GDP to 1% in 2019, are in part aimed at stemming a retreat on the stock market, with the main index having fallen to its lowest level since 2014.
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