El Congreso de Perú está considerando una reforma al sector de hidrocarburos, la cual aumentaría la inversión en dicho sector, a la vez que reforzaría tanto la protección al medio ambiente como los derechos de las comunidades.
En junio, el Comité de Energía y Minas de la Legislatura aprobó una serie de enmiendas a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, enviando el borrador al Congreso para su ratificación final. La nueva ley, que lleva ocho meses en revisión, actualizará la legislación vigente desde 1993.
Actualmente, Perú produce menos del 20% de su requerimiento diario de petróleo, y su producción ha caído a 41,000 barriles por día (bpd), dejando un déficit de aproximadamente 200,000 bpd, a ser cubierto por importaciones. Perú gasta aproximadamente 5 mil millones de dólares anuales en el suministro de hidrocarburos foráneos, para satisfacer sus necesidades energéticas.
Al promulgar una legislación que favorezca nuevas inversiones, Perú se propone cerrar gran parte de esta brecha de producción. El ente regulador, PeruPetro, ha pronosticado que se podrían realizar inversiones por un valor de hasta 6.5 mil millones de dólares en el mediano plazo, lo que podría aumentar la producción a 100,000 bpd para el 2023.
Una de las enmiendas clave está dirigida a estandarizar los términos de los contratos a 40 años para todos los arrendamientos de producción, junto con un período de exploración de 10 años. Los períodos contractuales anteriores eran de 30 años para petróleo y 40 para gas, con una etapa exploratoria de 7 años y otros 3 que se otorgaban en casos excepcionales. El contratista también tendría derecho a solicitar un contrato por 20 años adicionales, mediante la presentación de un nuevo plan de inversiones, 7 años antes de la fecha de finalización inicial.
Otra reforma incluida en la propuesta es una transformación de PeruPetro, la cual sería renovada y rebautizada como la Agencia Peruana de Hidrocarburos. Esta agencia tendría mayores poderes para negociar acuerdos de licencia y agilizar los procesos de aprobación con otros organismos estatales.
Las regulaciones que cubren las regalías también serían más flexibles, pues reflejarían los desafíos que enfrentan los operadores en el desarrollo de lotes específicos, al tomar en cuenta las condiciones geológicas del bloque.
Al ofrecer una mejora en las condiciones de las empresas que desarrollen bloques en áreas más intensivas en inversión, la legislación abrirá nuevas reservas, al incentivar las operaciones de prospección, prueba y exploración.
También se incluye una revisión de la estructura de los incentivos fiscales, para tomar en cuenta la tecnología cada vez más sofisticada que utilizan las compañías petroleras. Según Beatriz de la Vega, líder del sector energético de Perú y socia de la consultora internacional EY, la nueva legislación mejora las exenciones tributarias para la importación de bienes de capital, cubriendo una mayor cantidad de equipos a lo largo de toda la etapa de exploración, y extendiendo la admisión temporal de estos equipos de cuatro a cinco años.
“La legislación prevé la creación de una lista de exenciones más dinámica, que se actualizaría en la medida en que ocurran evoluciones tecnológicas en el sector”, dijo a OBG.
Si bien la ley promueve una mayor flexibilidad para mantenerse al día con los cambios en el sector, también ofrece a los inversionistas consistencia en los términos contractuales. “Se ha especificado que cuando se celebra un contrato con PeruPetro, existe un beneficio de estabilidad tributaria a partir de la fecha en que comienza el contrato”, dijo De la Vega a OBG.
Además de aumentar el atractivo del sector para los posibles inversionistas, la ley también fortalece la sostenibilidad de la industria, al proteger a la población local y al medio ambiente.
Una manera de lograr esto es mediante la reorganización del proceso de consulta con las comunidades nativas en áreas con potencial para la extracción de hidrocarburos, de modo que se busque un acuerdo antes de que la tierra se ofrezca para licitación o contrato. La legislación devuelve esta responsabilidad, hoy en el Ministerio de Energía y Minas, a PeruPetro, fortaleciendo la capacidad negociadora de ese ente regulador.
Desde una perspectiva ambiental, la nueva legislación establece que los operadores deberán plantar tres veces la superficie forestal talada durante las operaciones de exploración y extracción, mientras que el 0.25% de los ingresos de la producción petrolera deberán transferirse al Fondo de Remediación Ambiental de Perú, establecido en 2015 para enviar fondos a las áreas afectadas por la extracción de hidrocarburos.
La nueva legislación cuenta con el respaldo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el grupo de coordinación sectorial de la industria.
La reforma de las regulaciones garantizará la sostenibilidad y la competitividad del sector y servirá para atraer inversiones, dijo el Gerente General de la SNMPE, Pablo de la Flor, a mediados de julio.
“Esperamos que el Congreso apruebe pronto la nueva ley, porque Perú necesita que su sector de hidrocarburos compita en igualdad de condiciones con otros países de la región, para atraer inversiones en exploración y explotación”, dijo De la Flor luego de que la legislación reformada saliera aprobada en primera instancia por el Comité Legislador.
Si bien las empresas de energía nacionales y extranjeras esperan que la nueva legislación abra oportunidades en el sector, también esperan que dichas reformas precisen los poderes de supervisión regulatoria y el papel del gobierno en la vigilancia de la industria.
A fines de mayo, el gobierno del presidente Martin Vizcarra canceló un acuerdo para otorgar a la firma británica Tullow cinco contratos aguas afuera, alegando que no se habían llevado a cabo las consultas requeridas, relacionadas con las comunidades locales y el posible impacto ambiental de los proyectos.
Las cláusulas sobre el medio ambiente y la participación comunitaria establecidas en la nueva legislación deberían proporcionar una mayor claridad y eliminar el potencial de intervención directa del gobierno en el proceso operativo, fortaleciendo el papel del ente regulador.
Peru’s Congress is to consider legislation reforming the hydrocarbons sector, with the updated law forecast to increase investment in the sector, while reinforcing environmental protection and community rights.
In June the legislature’s Energy and Mines Committee endorsed a series of amendments to the Organic Law of Hydrocarbons, forwarding the draft to Congress for final ratification. The new law, some eight months in the works, updates legislation in force since 1993.
Currently, Peru produces less than 20% of its daily oil requirement, with output having fallen to 41,000 barrels per day (bpd), leaving a shortfall of some 200,000 bpd to be met by imports. Peru spends an estimated $5bn annually on foreign hydrocarbons supplies to meet its energy needs.
By enacting legislation supporting new investments, Peru aims to bridge much of this production gap. The regulator PeruPetro has forecast up to $6.5bn worth of new investments could be made in the medium term, which would see production rise to 100,000 bpd by 2023.
One of the key amendments aims to see the terms of contracts standardised to 40 years for all production leases, along with a 10-year exploration period, rather than the previous contract period of 30 years for oil and 40 for gas, and an exploratory stage of seven years with a further three to be granted in exceptional cases. The contractor would also be entitled to apply for an additional 20-year contract by submitting a new investment plan seven years before the initial end date.
Another reform set out in the proposal is an overhaul of PeruPetro, which is to be rebranded as the Peruvian Hydrocarbons Agency. The agency will be given increased powers to negotiate licensing agreements and to fast-track approval processes with other state bodies.
Regulations covering royalties would also become more flexible by reflecting the challenges faced by leaseholders in developing specific lots, with consideration given to the geological conditions of the block.
By offering an increased take for extractors developing blocks in more investment-intensive areas, the legislation will open up new deposits by incentivising survey, test drilling and upstream operations.
A revision to the structure of tax incentives is also being proposed to take account of the increasingly sophisticated technology used by oil companies. According to Beatriz de la Vega, Peru energy leader and partner at international consultancy EY, the legislation contains enhanced tax exemptions on the importation of capital goods, with more equipment to be covered in the updated law during the entire exploration stage, and admission of this equipment extended from four to five years.
“The legislation intends to create a more dynamic list of exempted items that is updated as technological evolutions occur in the sector,” she told OBG.
While the law promotes increased flexibility to keep pace with changes in the sector, it also offers investors consistency in contractual terms. “It has been specified that when you enter into a contract with PeruPetro, there is a tax stability benefit at the date on which the contract begins,” de la Vega told OBG.
As well as increasing the attractiveness of the sector for potential investors, the law also strengthens the sustainability of the industry by protecting local people and the environment.
One way it seeks to achieve this is by reorganising the consultation process with native communities in areas with potential for hydrocarbons extraction so that agreement is sought prior to land being offered for tender or contract. The legislation returns this responsibility to PeruPetro from the Ministry of Energy and Mines, strengthening the regulator’s hand.
From an environmental perspective, the reformed legislation mandates that leaseholders plant three times the forest coverage felled during exploratory and extraction operations, while 0.25% of oil production revenue must be transferred into Peru’s Environmental Remediation Fund, set up in 2015 to direct funds to areas affected by hydrocarbons extraction.
The new legislation has the backing of industry umbrella group, National Society of Mining, Petroleum and Energy (Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, SNMPE).
The reformed regulations will guarantee the sustainability and competitiveness of the sector and serve to attract investments, SNMPE’s general manager, Pablo de la Flor, said mid-July.
“We hope that Congress will approve the new law soon, because Peru needs its hydrocarbons sector to compete on equal terms with other countries in the region to attract investments in exploration and exploitation,” De la Flor said after the reformed legislation cleared the committee stage.
While both domestic and foreign energy firms are looking to the new legislation to open up opportunities in the sector, they will also be hoping the reforms clarify regulatory oversight powers and the role of the government in policing the industry.
In late May the government of President Martin Vizcarra cancelled an agreement to grant UK-based firm Tullow five offshore contracts, saying due diligence with regard to consulting with local communities and surveying potential environmental impact of the projects had not been conducted.
The reinforced environmental and community input clauses of the new legislation should provide greater clarity and remove the potential for direct government intervention in the leasing process by strengthening the role of the regulator.
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