El esfuerzo del gobierno para estandarizar los requerimientos y regulaciones de la minería nacional, junto con otras reformas, pudiera estimular el crecimiento de esa industria en Argentina.
A principios de junio, el Gobierno Federal, junto con 21 de las 23 provincias de Argentina, firmaron el Acuerdo Federal Minero, para armonizar y consolidar las regulaciones del sector en un intento que atraiga la inversión extranjera a la industria minera.
El acuerdo, que todavía debe ser ratificado por el Congreso, fija un estándar nacional sobre regalías y requisitos en el sector minero del país.
Aún cuando las provincias mantienen todavía los derechos sobre el producto minero, los requerimientos, regulaciones y la recaudación fiscal, que a menudo variaba, cambiará si las reformas propuestas son aprobadas. Un aspecto clave del acuerdo es un límite establecido de 3% en las regalías provinciales, y un 1,5% de impuesto provincial, dirigido a proveer fondos para la infraestructura minera.
Asimismo, el acuerdo propuesto exige mejorar las consultas públicas durante el proceso de planificación y aprobación de las minas. Asimismo se busca promover el empleo local e intensificar la transparencia, haciendo más accesible la información relativa al sector.
Los analistas estiman que Argentina tiene un equivalente a $400 mil millones en recursos minerales explotables, con reservas significativas en oro, plata, litio, uranio, cobre y zinc. Esta cifra pudiera subir aún más, dado que hay zonas del país que no han sido evaluadas plenamente.
De acuerdo con el gobierno, las reformas recientes estimularán tanto el empleo como las inversiones domésticas y extranjeras en el sector.
Las proyecciones de crecimiento de la industria, una vez que se aplique la nueva ley, prevén la creación de 125.000 empleos adicionales, basados en parte en los $25 mil millones de inversión extranjera que el gobierno dice que fluirá a la industria a lo largo de los próximos ocho años. Esto es adicional a los tres mil millones de dólares de capital que ya se ha comprometido durante el período 2017-2018.
El crecimiento proyectado del empleo en el sector llegaría al doble de las posiciones de trabajo disponibles hoy en la industria. Actualmente, el número de empleos está alrededor de 94.000, lo que representa un 6% del empleo nacional, de acuerdo con el reporte “Industry Outlook: Mining in Argentina”, publicado por la empresa de servicios y negocios Deloitte en junio 2016. Esta cifra incluye suplidores, contratistas de apoyo y todos aquellos directamente involucrados en actividades de extracción.
El plan de cambios en el entorno regulatorio del sector minero es tan solo el más reciente de una serie de reformas que inició el gobierno del Presidente Mauricio Macri para revitalizar la industria.
En febrero del año pasado, el gobierno anunció que eliminaba un impuesto del 5% que pechaba a las compañías mineras y de energía, una medida que fue bienvenida por la industria de extracción, como una manera de estimular la inversión.
Otra de las reformas dirigidas a fomentar la inversión extranjera, también anunciada el año pasado, levantó la prohibición existente a mineros extranjeros, de repatriar ganancias generadas en Argentina. Esta, junto con la eliminación de restricciones en las importaciones de algunas partes y equipos especializados, incrementó el atractivo de inversión mientras bajo los costos de operación del sector.
Además de las oportunidades en el segmento aguas arriba del sector, está también el gran potencial que ofrecen las actividades industriales en el procesamiento transformadoras del sector. Esto, sin embargo, requerirá inversiones y un aumento en la producción, de acuerdo con lo dicho por Roberto Cacciola, Gerente General de la minera de oro y plata Minera Santa Cruz.
“Hay posibilidades para incrementar el valor agregado en la minería; sin embargo Argentina necesita producir mayor volumen a fin de que esta industria aguas abajo sea más viable económicamente.”, le dijo a OBG.
Un segmento preparado para crecer a lo largo de la cadena de valor es la extracción y procesamiento de litio, con nuevas inversiones que refuerzan la viabilidad de un componente de la industria que ya está en expansión.
Argentina está buscando incrementar la producción de carbonato de litio de 29.000 toneladas el año pasado a 145.000 -165.000 toneladas en 2022. Actualmente Argentina es el tercer mayor productor de litio en el mundo, representando aproximadamente un 16% de la producción global. Si se llegara a producir el máximo planificado (165.000 tones), esto le daría a Argentina hasta un 45% del mercado internacional. El litio tiene un gran número de aplicaciones, incluyendo el uso en baterías para carros y en pilas de teléfonos móviles.
La inversión en el procesamiento de litio aguas abajo, así como en la expansión de la capacidad de extracción, estará por el orden de 1.500 millones de dólares en los próximos cinco años, de acuerdo con un informe publicado por el Ministerio de Energía y Minas en mayo.
La Agencia Argentina de inversiones y Comercio Internacional –organismo de fomento de inversiones del país–, ha identificado a la industria minera como una fuente potencial clave de nueva inversión extranjera directa (FDI en sus siglas en inglés), que puede ayudar a cambiar la fuerte tendencia decreciente en las entradas de capital del año pasado.
Argentina atrajo 5.700 millones de dólares en FDI el año pasado, menos de la mitad de los 11.800 millones de dólares del año anterior. Con el lanzamiento de las reformas a las regulaciones de inversión extranjera, tales como la ya descrita para la industria minera, la agencia proyecta un crecimiento de la inversión extranjera directa entre 20 - 25 mil millones de dólares anuales en los próximos años. La cadena minera tendría la capacidad de atraer hasta 30 mil millones de dólares de ese total, según informó la agencia a medios locales en abril.
Un entorno de operación estandarizado, junto con un régimen impositivo pro-inversión, pudiera lograr que las proyecciones gubernamentales de expansión rápida en la industria minera sean no solo alcanzadas sino incluso sobrepasadas.
A government push to standardise national mining regulations and requirements, coupled with other reforms, could spur growth in Argentina’s mining industry.
In early June the federal government and governors of 21 out of Argentina’s 23 provinces signed a federal mining agreement to harmonise sector regulations in a bid to attract foreign investment into the mining industry.
The agreement – which has yet to be ratified by Congress – sets a national standard for royalties and requirements in the country’s mining sector.
As provinces hold the rights to mined output, regulations, requirements and levies have often varied, something that will change if the tabled reforms are passed. A key aspect of the agreement is a 3% cap on provincial royalties and a 1.5% provincial tax aimed at funding mining infrastructure.
In addition, the white paper mandates an improved public consultation in the planning and approval process for mines, while also looking to promote local employment and heighten transparency by making sector-related information more accessible.
Analysts estimate that Argentina has $400bn worth of exploitable mining resources, with significant reserves of gold, silver, lithium, uranium, copper and zinc. This figure could rise further, as parts of the country have not been subject to a full minerals survey.
The recent reforms will stimulate both sector employment and boost domestic and foreign investment, the government has said.
Projections for growth in the industry after the law is implemented forecast an additional 125,000 jobs will be created, fed in part by the $25bn in foreign investment the government says will flow into the industry over the coming eight years. This is in addition to the $3bn in overseas capital that has already been committed over the 2017–18 period.
The projected increase in employment would more than double existing job positions in the industry. Presently, mining jobs number at around 94,000, accounting for 6% of all employment in the country, according to the “Industry Outlook: Mining in Argentina” report released by business services company Deloitte in June 2016. This figure includes suppliers, supporting contractors and those directly involved in extraction activities.
Reforms aim to appeal to overseas investors
The planned changes to the regulatory environment for the mining sector are just the latest in a string of reforms initiated by the government of President Mauricio Macri to revitalise the industry.
In February of last year the government announced it was cancelling a 5% tax levied on mining and energy companies, a move welcomed by the extraction industry as encouraging investment.
Another reform aimed at encouraging foreign investment, also announced last year, lifted the ban on overseas miners repatriating profits generated in Argentina. This, along with removing restrictions on imports on some forms of specialised equipment and parts, increased investment appeal and lowered operating costs.
On top of opportunities in the upstream segment, there is also strong potential for downstream processing and industrial activity, though this will require investment and increased production, according to Roberto Cacciola, general manager of gold and silver miner Minera Santa Cruz.
“There are possibilities in boosting value added in mining; however, Argentina needs to have volume before making these the downstream industry more economically viable,” he told OBG.
One segment set to for growth across the value chain is in lithium extraction and processing, with new investments reinforcing the viability of an already expanding component of the industry.
Argentina is looking to increase lithium carbonate output from 29,000 tonnes last year to between 145,000 tonnes and 165,000 tonnes by 2022. Currently, Argentina is the world’s third-largest producer of lithium, accounting for roughly 16% of global output. If production were lifted to the upper forecast, this would give Argentina up to 45% of the international market. Lithium has a number of industrial applications including use in car batteries and mobile phones.
Investments in downstream lithium processing, as well as in expanding extraction capacity, are set to increase by $1.5bn over the next five years, according to a report issued by the Ministry of Energy and Mining in May.
The Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Argentina’s investment promotion agency, has identified the mining industry as a key source of potential new foreign direct investment (FDI), helping to turn around a sharp decline in capital inflows from last year.
Last year Argentina attracted $5.7bn in FDI, less than half the $11.8bn from the year before. With reforms to investment regulations being rolled out, such as those for the mining industry, the agency is forecasting FDI to increase to between $20bn and $25bn per annum in the coming years, with the mining chain having the capacity to attract up to $30bn, an agency official told local media in April.
A standardised operating environment, along with a pro-investment taxation regime, could see the government’s forecasts for rapid expansion in the mining industry met or even surpassed.
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