Mientras el gobierno continúa implementando medidas de austeridad este año, la disminución de gasto en infraestructura podrá ser compensado en cierta medida por los 58 mil millones de pesos ($3bn) provenientes de las asociaciones público-privadas (APP) anunciadas en marzo.
El presupuesto para 2017 de 4.8 billones de pesos ($254.7bn), presentado en septiembre y aprobado por el congreso en noviembre representó una reducción del 1.7% respecto a los gastos planeados en 2016. Sin embargo, el gasto en infraestructura fue el que resultó con el mayor impacto al reducirse su asignación en 27% a 540 mil millones de pesos ($28.6bn).
El más reciente plan de egresos busca regresar el presupuesto a un superávit para finales de 2017 y frenar los niveles de deuda del estado después de recortes en el gasto de 169 mil millones de pesos ($8.9bn USD) en 2016 y 124 mil millones ($6.6bn USD) el año anterior.
Como resultado de estos años consecutivos de aprestarse el cinturón, el gobierno ha buscado cada vez más asociaciones con el sector privado para poder cumplir con los proyectos públicos, particularmente aquellos relacionados con la infraestructura.
En marzo el Secretario de Hacienda y Crédito Público José Antonio Meade anunció el lanzamiento de 30 proyectos a gran escala, la mayoría enfocados en infraestructura, los cuales serán desarrollados este año mediante el modelo APP.
Los proyectos han sido divididos en dos paquetes, el primero compuesto de 12 contratos y una inversión combinada de 22 mil millones de pesos ($1.16bn USD).
Cinco contratos del primero son para programas de infraestructura de carreteras mientras que los 7 restantes son para edificios de salud. Los servicios de transporte y salud, aunados a los de energía, agua, desarrollo urbano y turismo, fueron identificados en el Plan Nacional de Infraestructura 2014-18 como prioridades estratégicas.
Los licitadores para el segundo paquete serán seleccionados hacia finales de la primera mitad del año, de acuerdo con Meade, y consistirá en 18 proyectos abarcando transporte, comunicaciones, salud, infraestructura de aguas, educación y seguridad pública, requiriendo una inversión de 36.4 mil millones de pesos ($1.9bn).
El motor para expandir la infraestructura de México con base en las APP es parte de la estrategia para posicionar al país como una plataforma regional y global de logística y para apoyar el desarrollo económico de acuerdo con Óscar Callejo, Subsecretario de Infraestructura en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entidad gubernamental encargada del desarrollo y preservación de la red nacional de carreteras.
“Dado que existe un vínculo directo entre el desarrollo de infraestructura y la productividad económica, la inversión estratégica en el sector público y privado podrá tener un impacto positivo y tangible en la competitividad económica global del país”, comentó a OBG.
Aunque el continuo descenso en los precios mundiales del petróleo y los consecuentes recortes en los planes de gasto del gobierno han impactado el progreso del desarrollo de la infraestructura nacional, el involucramiento del sector privado ha hecho una notable diferencia, particularmente con el uso de las APP, mencionó el subsecretario.
En entrevista con OBG, Luis de la Fuente, Director Ejecutivo de Banca de Infraestructura, recalcó algunas de las razones del creciente interés en México como un destino para proyectos APP.
“En parte gracias a la Ley de Disciplina Financiera (aprobada en marzo del año pasado), los estados y municipios del país se están convirtiendo cada vez más en destinos seguros para proyectos APP, habiendo 59 proyectos de este tipo activos a mayo de 2017”, mencionó. “Esto, combinado con el robusto marco regulatorio de 2012 de la ley APP, significa que el uso del modelo como medio de financiamiento de proyectos de infraestructura a lo largo de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) está creciendo”.
Las preocupaciones generadas por el cambio de postura de Washington hacia México también han impactado en la planeación de la infraestructura, dando pie a un llamado de las autoridades para utilizar una variedad de opciones de financiamiento para promover el crecimiento.
“México es uno de los países con mayor diversificación en soluciones de financiamiento, particularmente en relación con proyectos de infraestructura,” dijo Meade a medios locales a principios de marzo. “Para enfrentar la incertidumbre de este año debemos lanzar todos los proyectos de inversión que tenemos”.
Dado que los Estados Unidos representan el 80% de las ventas mexicanas en el extranjero, cualquier renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte como fue propuesto por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, podría tener grandes ramificaciones para los ingresos del estado. Expandir el alcance de los desarrollos de las APP sería entonces una forma de facilitar la inversión en vista de los cambios en las relaciones económicas con los Estados Unidos.
El ascenso del modelo APP y la reducción de las inversiones directas del estado han fortalecido los vínculos entre la banca mexicana y los desarrolladores del sector privado, con las demandas para financiar proyectos siendo cubiertas por los bancos mexicanos cuyas carteras crediticias se han expandido como consecuencia.
Esta relación ha posicionado al sector bancario como una de las principales fuentes del desarrollo de infraestructura en México, de acuerdo con Carlos Rojo Macedo, Director General de Grupo Financiero Interacciones, grupo dedicado al financiamiento del sector público.
“La iniciativa privada y los bancos aportan el capital para los proyectos de infraestructura cuando los gobiernos locales y federal no pueden invertir en dichos asuntos”, comentó Rojo a OBG el año pasado. “La dinámica positiva de los préstamos bancarios, que han crecido a un ritmo de 13.2% y los proyectos APP que han experimentado un crecimiento extraordinario en México son clara evidencia de lo anterior”.
De acuerdo con De La Fuente, la tendencia positiva continuará. “Además del transporte, hay numerosas oportunidades a largo plazo para el modelo, en energía, salud y seguridad”, mencionó a OBG. “En muchos casos una APP es el único vehículo para financiar los muy necesitados proyectos de infraestructura, lo que significa que habrá un crecimiento fuerte de los proyectos en los siguientes años en sectores donde las finanzas públicas se quedan cortas”.
As the government continues to implement austerity measures this year, decreased outlays in infrastructure spending should be somewhat offset by MXN58bn ($3bn) worth of public-private partnerships (PPPs) announced in March.
The 2017 budget of MXN4.8trn ($254.7bn), tabled last September and approved by Parliament in November, represented a 1.7% reduction on planned expenditure in 2016. Infrastructure spending took a greater hit, however, seeing its allocation drop by 27% to MXN540bn ($28.6bn).
The latest spending plan aims to return the budget to surplus by the end of 2017 and rein in state debt levels, following spending cuts of MXN169bn ($8.9bn) in 2016 and MXN124bn ($6.6bn) a year earlier.
As a result of these consecutive years of belt tightening, the government has increasingly sought partnerships with the private sector to help with the delivery of public works projects, particularly those related to infrastructure.
In March José Antonio Meade, minister of finance, announced the launch of 30 large-scale projects – most which are focused on infrastructure – to be developed using the PPP model this year.
The projects have been split into two packages, with the first comprising 12 contracts and a combined investment of MXN22bn ($1.16bn).
Five contracts of the first tranche are for road infrastructure programmes, while the remaining seven are for health facilities. Both health and transport services – along with energy, water, urban development and tourism – were identified in the government’s 2014-18 National Infrastructure Plan (Plan Nacional de Infraestructura, PNI) as strategic priorities.
Tenders for the second package will be called by the end of the first half of the year, according to Meade, and will consist of 18 projects spanning transport and communications, health, waterworks, education and public safety, requiring an investment of MXN36.4bn ($1.9bn).
The drive to expand the Mexico’s infrastructure base with PPPs is part a strategy to position the country as a regional and global logistics platform, and support economic development, according to Oscar Callejo, deputy minister at the Deputy Ministry of Infrastructure – the government entity charged with the development and preservation of the national highway network.
“As there is a direct link between infrastructure development and economic productivity, strategic investment by the public and private sector could have a tangible and positive impact on the country’s global economic competitiveness,” he told OBG.
While the sustained drop in global oil prices and resulting cut in government spending plans have impacted the progress of national infrastructure development, private sector involvement has made a noticeable difference, particularly in the use of PPPs, the deputy minister said.
Speaking to OBG, Luis de la Fuente, executive director of Interacciones Infrastructure Bank, highlighted some of the reasons for Mexico’s growing appeal as a destination for PPP projects.
“Partly thanks to the Financial Discipline law [approved in March last year], the country’s states and municipalities are becoming increasingly safe and secure destinations for PPP projects, with 59 such projects active as of May 2017,” he said. “This, combined with the robust regulatory framework of the 2012 [PPP] law, means use of the model as a way of financing infrastructure projects across all three levels of government [federal, state and municipal] is growing.”
Concerns over Washington’s shift in stance towards Mexico have also impacted infrastructure planning, prompting calls from the authorities to utilise a variety of funding options to promote growth.
“Mexico is one of the countries with the most diversified financing solutions, particularly in regard to infrastructure projects,” Meade told local media in early March. “To face this year's uncertainty, we need to deploy all the investment projects that we have.”
With the US accounting for 80% of Mexico’s sales abroad, any renegotiation of the North American Free Trade Agreement, as proposed by US President Donald Trump, could have major ramifications for state revenue. Expanding the scope of PPP developments would, therefore, be a way of facilitating investment in the face of any changes in economic ties with the US.
The rise of the PPP model and reductions in direct state investment have strengthened links between Mexico’s banking industry and private sector developers, with project finance demands being met by Mexico’s banks, whose loan portfolios have expanded as a result.
This relationship has positioned the banking sector as a major contributor to Mexico’s infrastructure development, according to Carlos Rojo Macedo, CEO of financial services holding Grupo Financiero Interacciones.
“Private initiatives and banks provide the capital for infrastructure projects when federal and local governments cannot invest in such matters,” Rojo told OBG last year. “The positive dynamic of bank loans, growing at a 13.2% rate, and PPP projects that have experienced an outstanding growth in Mexico are clear evidence of this.”
According to De la Fuente, this positive trajectory is set to continue. “Aside from transport, there are numerous long-term opportunities for the model in energy, health and security,” he told OBG. “In many cases, a PPP is the only vehicle to finance much needed infrastructure projects, meaning there will be strong growth in projects over the coming years in sectors where public finances fall short.”
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