La legislación, destinada a mejorar la calidad de la educación en las universidades peruanas y a asegurar que las instituciones cumplan con las normas internacionales, empieza a dar resultados.
La ley forma parte de reformas más amplias destinadas al sector de educación terciaria que está en rápido crecimiento en todo el país. Una de las prioridades del gobierno es que la educación universitaria sea accesible a más población aún y, así, se resuelvan las carencias en el mercado laboral.
A finales de marzo, la Universidad Nacional Agraria La Molina se convirtió en la primera universidad pública de Perú en recibir una licencia de funcionamiento institucional, una acreditación que equipara al sector de educación superior del país con los estándares internacionales.
A mediados de abril, 16 universidades más presentaron la solicitud para obtener la licencia por parte de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU), organismo gubernamental encargado de supervisar el proceso de acreditación.
SUNEDU se creó en virtud de la Ley Universitaria, que entró en vigor en 2016. Su función incluye la supervisión de las funciones de las instituciones terciarias de Perú, como la creación de nuevas universidades y el cumplimiento de los estándares de calidad en todo el sector. Este organismo ha emitido 93 licencias hasta la fecha. Actualmente existen en Perú 142 universidades, 50 de las cuales son instituciones públicas, mientras que las restantes están administradas por el sector privado.
La ley entró en vigor tras un alza en el número de nuevas universidades en Perú, ya que representó un aumento de casi el doble de universidades, de 72 a 140, en los 13 años anteriores a 2013. Las instituciones privadas representaron el 63 % del total, lo que supuso casi dos tercios de las matrículas universitarias del país con 1,5 millones en 2015. Sin embargo, el funcionamiento de estas universidades permaneció en gran parte sin regular.
Dada esta falta de supervisión, la reciente Ley Universitaria y sus requisitos de acreditación han sido acogidos positivamente por las partes interesadas del sector.
La legislación ha producido un grado de transparencia, algo de lo que el sector de educación superior carecía, según Fabiola León-Velarde, rectora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
«La Ley Universitaria es extremadamente positiva, ya que ha sacado a la luz el hecho de que muchos de los que dicen que tenían doctorados obtuvieron sus títulos sin ningún esfuerzo», declaró a OBG. «Para que las universidades peruanas sean competitivas a nivel mundial, necesitan contratar a más profesores cualificados e investigadores con títulos».
«Sin embargo, algunas cuestiones relacionadas con la legislación aún necesitan abordarse, como asegurar una aplicación de la ley más coherente», de acuerdo con Alejandro Núñez, Gerente General de Neumann Business School.
«Si bien la nueva Ley Universitaria permite diferenciar las buenas universidades de las de menor calidad, los resultados aún no se han visto reflejados, ya que el gobierno no ha sido tan firme en la aplicación de la legislación como esperábamos», afirmó a OBG.
El sector de la educación superior de Perú enfrenta una serie de desafíos, algunos de los cuales tienen sus raíces en la estructura del sistema.
El sector se divide en tres categorías: universidades, instituciones no universitarias e institutos de Educación Superior Tecnológica y Técnico-Productiva. Más de la mitad de los alumnos matriculados en la enseñanza superior optan por asistir a la universidad, lo que ha dado lugar a un déficit de profesionales técnicamente capacitados y a una mayor brecha en las cualificaciones.
Parte del sesgo entre la población estudiantil de Perú se debe a la percepción de falta de educación de calidad en los institutos técnicos y vocacionales. De acuerdo con un estudio realizado por el Ministerio de Educación, el 80 % de las 354 instituciones públicas que operan en 2015 lo estaban haciendo en condiciones «pobres», por lo que muchos graduados terminaron sus estudios sin las habilidades requeridas.
En el campo de la ingeniería, por ejemplo, la demanda de profesionales ha aumentado un 20 % en los últimos tres años, lo que da lugar a un déficit de 200 000 puestos, señaló Manuel Góngora, Director Académico de la Escuela de Ingeniería de Cibertic, a medios de comunicación locales al finales de marzo.
El gobierno peruano ha dado el primer paso hacia la renovación de estas instituciones mediante la introducción, en noviembre, de un nuevo proyecto de ley, Ley No. 30512, también conocida como la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior.
La ley propuesta, que ha sido enviada a la población para contrastar opiniones y sugerencias, regula la creación, la concesión de licencias y el régimen académico de los institutos públicos y privados de educación superior. También, tiene como objetivo reducir la brecha de cualificaciones entre los graduados y el mercado de trabajo, permitiendo a los estudiantes trabajar en tándem con su educación técnica.
El acceso a la educación representa un reto aún mayor. De acuerdo con datos publicados a principios de abril por la Unidad de Estadística Educativa (ESCALE) del Ministerio de Educación, solo el 30 % de los mayores de 15 años pueden beneficiarse de una formación universitaria.
En un intento de romper las barreras, SUNEDU lanzó en febrero una plataforma digital que permite a los estudiantes inscribirse en la modalidad en línea para obtener los certificados y títulos ofrecidos por las instituciones de educación superior. Con el sistema anterior, los candidatos estaban obligados a viajar a la capital del país, Lima, para completar el proceso de solicitud.
La iniciativa podría ayudar a elevar la tasa de estudiantes que cursan estudios terciarios, que representaba solo el 18,2 % de los jóvenes entre 22 y 24 años, según las últimas cifras disponibles de ESCALE.
Legislation aimed at improving the quality of education at Peru’s universities and ensuring institutions meet international standards is beginning to yield results.
The law forms part of broader reforms earmarked for the country’s rapidly growing tertiary education sector. Making a university education accessible to more of the population and addressing skills gaps in the labour market are among the government’s other priorities.
In late March the National Agrarian University La Molina became the first public university in Peru to receive a licence of institutional operation, an accreditation aligning the country’s higher education sector with international standards.
As of mid-April, 16 additional universities had submitted licensing applications to the National Superintendency of Higher University Education (Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, SUNEDU), the government body tasked with overseeing the accreditation process.
SUNEDU was set up under the government’s University Law, which came into force in 2016. Its remit includes oversight of Peru’s tertiary institutions, such as the creation of new universities and enforcement of quality standards across the segment. There are 142 universities currently operating in Peru, 50 of which are public institutions, with the others run by the private sector. The authority has issued 93 licences to date.
The law was implemented following a surge in openings, which saw the number of universities in Peru almost double from 72 to 140 in the 13 years to 2013. Private institutions made up 63% of the total and accounted for almost two-thirds of the country’s enrolment of 1.5m in 2015. However, their operation remained largely unregulated.
Given the prior lack of oversight, the recent University Law and its accompanying accreditation requirements have been positively received by industry stakeholders.
The legislation has produced a degree of transparency, something that the higher education segment lacked previously, according to Fabiola León-Velarde, rector at Universidad Peruana Cayetano Heredia.
“The University Law is extremely positive, as it has brought to light the fact that many of those saying they had doctorates obtained their degrees with no effort,” she told OBG. “If Peruvian universities are to become globally competitive, they need to take on more qualified professors and researchers with degrees.”
However, some issues related to the legislation still need addressing, such as ensuring more consistent implementation, according to Alejandro Nuñez, general manager at Neumann Business School.
“While the new University Law allows for good universities to be differentiated from those of lower quality, the results have yet to resonate, since the government has not been as firm in applying the legislation as we initially expected,” he told OBG.
Peru’s higher education sector faces a number of challenges, some of which have their roots in the system’s structure.
The sector is divided into three categories: universities, non-university institutions and higher education technical productive institutes. More than half of pupils enrolled in higher education opt to attend university, which has resulted in a shortfall in technically trained professionals and a widening skills gap.
Part of the bias among Peru’s student population is due to a perceived lack of quality education at technical and vocational institutes. According to a study carried out by the Ministry of Education, 80% of the 354 public institutions operating in 2015 were doing so in “poor” conditions, and many graduates left with unmarketable job skills as a result.
In the field of engineering, for example, demand for professionals has risen by 20% in the last three years, resulting in a deficit of 200,000 positions, Manuel Góngora, academic director of the School of Engineering in Cibertec, told local media at the end of March.
The Peruvian government has made the first move towards revamping these institutions by introducing new draft legislation – Law No. 30512, also known as the Law of Higher Education Institutes and Schools – in November.
The proposed law, which has been sent to the public for feedback and suggestions, regulates the creation, licensing and academic regime of both public and private higher education institutes. It also aims to narrow the skills gap between graduates and the labour market by allowing students to work in tandem with their technical education.
Access to education presents an even bigger challenge. According to data issued by the Ministry of Education’s body for Educational Quality Statistics (Estadística de la Calidad Educativa, ESCALE) at the beginning of April, only 30% of those over the age of 15 are able to take advantage of a university education.
In a bid to break down barriers, SUNEDU launched a digital platform in February that enables students to register for certificates and degrees offered at tertiary institutions online. Under the previous system, applicants were obliged to travel to the capital Lima to complete the application process.
The initiative could help boost the rate of students who undertake tertiary studies, which stood at just 18.2% of 22- to 24-year-olds, according to the latest figures available from ESCALE.
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