El año 2016 trajo consigo cambios tanto políticos como económicos en Perú, con un nuevo gobierno que avanzaba muy rápido para poner en marcha medidas estratégicas destinadas a hacer frente a problemas antiguos y lograr que el país consiguiese altos niveles de crecimiento.
Tras las elecciones de junio, el nuevo presidente Pedro Pablo Kuczynski se comprometió a que el PIB creciese un 5% en el 2018.
Para guiar la agenda política del gobierno se anunciaron un conjunto de 112 medidas, entre las que destacan cubrir huecos en infraestructura y hablar del problema perenne de la economía informal.
Según el FMI, la economía de Perú tenía previsto crecer un 4% en el 2016, en gran parte debido a los nuevos proyectos de minería que iban surgiendo a lo largo del año, lo que ayudó a elevar los volúmenes de exportación.
Los datos reflejaron una mejoría en 2015 cuando el crecimiento se redujo al 2,7% después de una década con una media de 6,3%.
Como importante productor de cobre y cinc, y exportador de gas natural, Perú ha demostrado un crecimiento moderado del PIB desde el último ciclo de precios de las materias primas, mientras que las exportaciones se contraían por tercer año consecutivo en 2015.
Sin embargo, los primeros indicios sugieren una previsión positiva para el 2017 con una gran cantidad de proyectos de infraestructura pública, que se espera que ayuden a mantener el crecimiento a través de las nuevas inversiones de los meses venideros.
La parte más importante de la agenda es mejorar los ingresos del gobierno. Los gobiernos anteriores han visto que hay que aumentar la recaudación de impuestos. Sin embargo, la evasión tributaria endémica sigue siendo el problema principal al reducir el PIB a un 9%, según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima.
Mientras que las administraciones anteriores se han basado en la exportación de materias primas para tapar la brecha de ingresos, Kuczynski se ha comprometido a realizar una recaudación de impuestos más productiva mediante la reforma del gran sector informal, la cual está pensada para contar con el 64% de la mano de obra.
La economía informal afecta tanto al crecimiento como a la sociedad peruana. Paulo Pantigoso, socio gerente de EY Perú, explicó a OBG “la desigualdad no se debe a las bajas tasas de impuestos o a la falta de espíritu progresista en el sistema sino al hecho de que más de la mitad de la mano de obra peruana no cuenta con una nómina formal.”
Los esfuerzos por formalizar la mano de obra peruana se realizarán a través de una serie de iniciativas que incluyen nuevos incentivos fiscales, mayor acceso al crédito para las PYMES y menos trámites burocráticos. El objetivo de esta política es estimular a las PYMES a legalizar sus operaciones, a cambio de una amnistía fiscal.
El gobierno está buscando crear tres millones de puestos en la economía formal y elevar el salario mínimo nacional. Entre sus planes se incluyen expandir los servicios de asistencia sanitaria, y proveer un seguro de desempleo para los nuevos empleados que ingresen en la economía formal.
La nueva administración también planea abordar el importante déficit de infraestructura del país ―estimado en 159,5 mil millones de dólares― para obtener inversiones en el mayor proyecto de gaseoducto de 2017.
El gobierno está buscando atraer 15,9 mil millones de dólares al año para el desarrollo de infraestructuras, con una aprobación de 55 proyectos por valor de 15 mil millones de dólares en 2016.
Francisco Dumler, vicepresidente del Grupo Invertir y ex ministro de vivienda, cree que el gobierno deberá priorizar en proyectos de agua y sanidad, lo que supone un déficit de 53,4 mil millones de dólares.
La minería sigue siendo un pilar central en la economía nacional. Los sectores de la minería y de la energía están preparados para recibir casi 20 mil millones de dólares de inversión gubernamental en 2017, siendo las minas de oro y cobre los focos principales.
También se están realizando esfuerzos para atraer inversiones y desarrollar el potencial de gas y petróleo de Perú. Se está desarrollando un nuevo marco regulatorio y varios proyectos de infraestructura, que incluyen el Gasoducto Sur Peruano con un coste de 7,3 mil millones de dólares.
El gobierno anunció en junio que los planes para el desarrollo de otros 20 proyectos de infraestructura, por valor de 18 mil millones de dólares, también estaban avanzando.
Otro de los objetivos del nuevo gobierno es reformar la educación superior a través de la puesta en marcha de la Ley Universitaria, introducida en 2014 y que hoy en día sigue en vigor.
La legislación permitirá al gobierno movilizar la Superintendencia Nacional de Educación Superior, una autoridad supervisora cuyas responsabilidades incluirán supervisar el establecimiento de las nuevas universidades y vigilar los estándares de calidad.
En mayo el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) anunció planes de inversión de 6 millones de dólares a través de 28 programas que ofrecerán institutos públicos de formación profesional. Las áreas impulsadas por el sector industrial, como la ingeniería mecánica y eléctrica, ingeniería mecánica del automóvil y la producción agrícola, se encontraban entre las principales áreas a financiar.
Fernando D’Alessio, director general del Centrum Católica Business School, afirmó a OBG, : ”Es importante que el gasto público en educación pase de un 4% a un 8% del PIB antes de que acabe 2017, aunque esto signifique reducir la inversión pública en otros sectores.” En comparación, el gasto del sector público y privado en instituciones de educación primaria y superior en países miembros de la OCDE asciende a un promedio del 5,2% del PIB.
The year 2016 brought both political and economic changes in Peru, with a new government moving quickly to roll out strategic measures aimed at tackling long-standing problems and returning the country to higher levels of growth.
Following his election in June, Peru’s new president, Pedro Pablo Kuczynski, pledged to lift GDP growth to 5% by 2018.
Bridging infrastructure gaps and addressing the perennial problem of the informal economy were high on the agenda, with a series of 112 measures announced to steer the government’s policy agenda forward.
Peru’s economy was forecast to grow by close to 4% in 2016, according to the IMF, largely due to several new mining projects that came on-stream during the year, which helped boost export volumes.
The figure marks an improvement on 2015, when growth eased to 2.7% after a decade of averaging 6.3%.
As a major producer of copper and zinc, and an exporter of natural gas, Peru has experienced more modest GDP growth since the end of the latest commodity price cycle, with exports contracting for a third consecutive year in 2015.
However, early indications suggest a brighter outlook for 2017, with a raft of public infrastructure projects expected to help sustain growth by attracting new investment in the coming months.
Top of the new government’s agenda is improving government revenues. Successive governments have sought to boost tax collection; however, endemic evasion remains a major problem, reducing GDP by an estimated 9%, according to the Institute of Economics and Business Development of the Lima Chamber of Commerce.
While previous administrations have relied heavily on commodity exports to plug the revenue gap, Kuczynski pledged instead to make tax collection more productive by reforming the large informal sector, which is thought to account for 64% of the total labour force.
The informal economy affects both growth and the wider Peruvian society. Paulo Pantigoso, country managing partner of EY Peru, told OBG, “Inequality is not due to low tax rates or a lack of progressiveness in the system, but the fact that more than half of the Peruvian workforce is not on a formal payroll.”
Efforts to formalise Peru’s workforce will be undertaken through a range of initiatives that include new tax incentives, increased access to credit for small and medium-sized enterprises (SMEs), and less red tape. A key goal of the policy is to encourage SMEs to legalise their operations in exchange for a tax amnesty.
The government is also looking to add 3m jobs to the formal economy and raise the national minimum wage. Other plans include expanding health care services and providing unemployment insurance to new workers entering the formal economy.
The new administration also plans to address the country’s sizeable infrastructure deficit – estimated at $159.5bn – by tapping investment for a major project pipeline in 2017.
Approval was given in 2016 for a total of 55 projects worth $15bn, with the government looking to attract $15.9bn per year for infrastructure development.
Francisco Dumler, vice-president of Grupo Invertir and former minister of housing, believes the government should prioritise water and sanitation projects, which have an estimated shortfall of $53.4bn.
Mining remains a central pillar of the national economy; the mining and energy sectors combined are set to receive almost $20bn of government investment in 2017, with gold and copper mines a key focus.
Efforts are also being made to attract investment to develop Peru’s gas and oil potential. A new regulatory framework is in the pipeline, and several infrastructure projects, including the $7.3bn Peruvian Southern Gas Pipeline, are advancing.
The government announced in June that plans for the development of 20 other major infrastructure projects worth nearly $18bn were also moving ahead.
Revamping higher education is another target of the new government, with a move to implement the University Law, which was originally introduced in 2014, under way.
The legislation will enable the government to mobilise the National Superintendency of Higher Education – a supervisory authority whose responsibilities will include overseeing the establishment of new universities and supervising quality standards.
In May the National System of Evaluation, Accreditation and Certification of Educational Quality announced plans to invest $6m across 28 programmes that will be offered in public vocational institutes. Industry-led fields, such as mechanical and electrical engineering, automotive mechanics and agricultural production, were among the areas targeted for funding.
Fernando D’Alessio, director-general of the Centrum Católica Business School, told OBG, “It is important that government spending on education is increased from 4% to at least 8% of GDP before the end of 2017, even if this means reducing public investment in other sectors.” By comparison, public and private sector spending on primary to tertiary educational institutions in OECD member countries amounts to an average of 5.2% of GDP.
Stay updated on how some of the world’s most promising markets are being affected by the Covid-19 pandemic, and what actions governments and private businesses are taking to mitigate challenges and ensure their long-term growth story continues.
Register now and also receive a complimentary 2-month licence to the OBG Research Terminal.
Register Here×El sólido crecimiento económico del Perú en la última década se vio acompañado por un incremento igualmente considerable del tráfico aéreo, que aumentó a más del doble en los pasados cinco años,...
With efforts to accelerate the pace of economic growth and boost domestic employment taking centre stage under the new government of Prime Minister Marouf Bakhit, a new law is under discussion...
The Turkish Prime Minister Bulent Ecevit has spent the last week in the US hoping to garner support for economic reforms at home and trade concessions for Turkish exports to the US.
