Siendo la educación una prioridad clave en el Perú, la actual administración sigue adelante con reformas ambiciosas del sector para hacer cumplir los estándares de calidad y alinear los programas de educación con las necesidades de la industria.
En enero, el gobierno reiteró su compromiso para aumentar el gasto educativo hasta llegar a nada menos que el 6% del PIB para 2021, aumentando desde el 3,9% de los presupuestos de 2016.
El gobierno está trabajando para modernizar la educación superior a través de la Ley Universitaria aprobada en 2014.
El punto más importante de la ley es el establecimiento de una autoridad supervisora –la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU) – la cual es responsable de la supervisión de las instituciones de educación superior a nivel nacional, incluyendo la autorización para abrir nuevas universidades y la vigilancia del cumplimiento de las normas de calidad.
Se espera que esta supervisión adicional disminuya el número de universidades de baja calidad, de cuyo auge el país fue testigo a raíz de una ley en 1996 que ofrecía incentivos fiscales a las instituciones de educación superior con fines de lucro.
El numero total de universidades en el país casi se duplicó entre los años 2000 y 2013, subiendo de 72 a 140. En este mismo período, los centros privados experimentaron un crecimiento del 123%, de acuerdo a la Asamblea Nacional de Rectores.
Ahora, las nuevas universidades deberán obtener una licencia de la SUNEDU para poder operar.
Sin embargo, el papel regulador de SUNEDU ha traído al primer plano preocupaciones sobre la autonomía de las universidades, según Mariana Rodríguez Risco, presidenta y directora general de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
“Es demasiado pronto para evaluar el impacto que SUNEDU tendrá sobre el sistema de educación superior ya que las normas y reglamentos específicos aún no se han introducido. Sin embargo, la pregunta más importante es si SUNEDU se convertirá en una institución promotora de la calidad o más bien en un cuerpo sancionador" dijo Rodríguez a OBG a finales del año pasado. “Lo ultimo que queremos es que una ley que fue creada con el propósito de mejorar la calidad, termine reprimiendo la innovación dentro de las instituciones”.
En general, los legisladores peruanos están mirando a ampliar la programación educativa, aunque sigue habiendo dudas acerca de las posibles fuentes de financiación.
Doce universidades públicas que ya han cumplido con los requisitos estipulados en la Ley Universitaria, tendrán acceso a fondos adicionales de hasta 90 millones de soles (US$ 27 millones). Sin embargo, entre otros requisitos, las universidades deben tener un rector aprobado por SUNEDU para poder acceder a los fondos.
Un aumento en el gasto educativo también podría tener efectos positivos para los programas basados en las necesidades. Como Beca 18, el cual otorga becas basadas en las necesidades económicas y el mérito académico para 5000 alumnos cada año para estudiar, durante cuatro años, en una escuela técnica o una universidad.
En el Foro Elecciones 2016, celebrado a principios de este año, la expansión de las asignaciones presupuestarias para programas de investigación y formación del profesorado también se examinaron como posibles revisiones a la Ley Universitaria, en línea con el aumento del gasto del PBI.
Sin embargo, el aumento de la calidad de las universidades no es el único reto que la educación superior peruana tiene por delante. El sistema actual también está pasando por un momento en el que el mercado laboral experimenta una escasez de talento, la cual está causada en parte por el desajuste existente entre el sistema educativo por un lado y la demanda de trabajo, por otro.
El Informe Mundial Talento del IMD 2015 –el cual analizó la capacidad de los países para desarrollar, retener y atraer talento – posicionó al Perú en el número 59 entre 61 países, lo que resalta la importancia de reducir esta brecha.
A los otros países de la región les fue mejor, con Chile consiguiendo el puesto 43, Colombia el 50 y Argentina el 53. De todos los países en el ranking, Perú estuvo por delante sólo de Venezuela y Bulgaria.
Los estudiantes peruanos que deciden recibir educación superior, suelen optar por ir a la universidad, dejando sin cubrir la demanda que tiene el país por profesionales técnicos. Esta tendencia afecta de una manera desproporcionada a los sectores industriales, mineros y demás sectores orientados a las exportaciones.
Para alinear mejor a los estudiantes con las demandas de la industria, el gobierno ha tomado medidas para apoyar a los graduados de los institutos técnicos, así como a los estudiantes que deseen dedicarse a la investigación y al emprendimiento.
Un ejemplo de ello es el hecho de que, a mediados de mayo, el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) anunció que invertiría 20 millones de soles (US$ 6 millones) en 28 programas que se ofrecen en los institutos públicos de formación profesional. Ingeniería mecánica y eléctrica, mecánica automotriz y la producción agrícola fueron algunas de las áreas de estudio beneficiadas
Otra iniciativa – Ponte en Carrera, una plataforma digital lanzada en 2015 por el Ministerio de Educación con ayuda del sector privado – provee a los estudiantes con información sobre programas e instituciones con el fin de ayudarlos a que tomen decisiones respecto a sus estudios de una manera informada y basada en las tendencias del mercado laboral.
En abril, un proyecto de ley que introduciría procedimientos para obtener licencias y acreditaciones para los institutos técnicos, así como la facilitación de los traspasos de estudiantes de institutos técnicos a programas universitarios, se encontraba aún en discusión.
With education a key priority in Peru, the current administration is pushing ahead with ambitious sector reforms to enforce quality standards and align education programmes with industry needs.
In January the government reiterated its commitment to incrementally increase education spending to as much as 6% of GDP by 2021, up from the 3.9% allocated in the 2016 budget.
The government is working to revamp higher education through its University Law introduced in mid-2014.
The main focus of the law is the establishment of a supervisory authority – the National Superintendency of Higher Education (Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, SUNEDU) – responsible for overseeing the country’s higher education institutions, including authorising the establishment of new universities and supervising quality standards.
The additional oversight is expected to curb the number of low-quality universities after the country witnessed a boom following a 1996 law that offered tax incentives to for-profit tertiary institutions.
The total number of universities in the country almost doubled between 2000 and 2013, increasing from 72 to 140, with private institutions growing by 123%, according to the National Chancellor’s Assembly.
New universities will now be required to obtain a licence from SUNEDU in order to operate.
SUNEDU’s regulatory role, however, has brought concerns over the autonomy of universities to the forefront, according to Mariana Rodriguez Risco, president and general director of Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
“It is too early to evaluate the impact SUNEDU will have on the tertiary education system, since specific norms and regulations have yet to be introduced. The biggest question, however, will be whether SUNEDU becomes a quality-promotion body or rather a sanctioning body,” Rodriguez told OBG late last year. “The last thing we want is for a law that was created with the purpose of improving quality to end up suppressing innovation within institutions.”
Across the board, Peruvian lawmakers look to expand educational programming, though questions remain about funding sources.
Twelve public universities, which have already met the requirements stipulated in the University Law, will have access to additional funding of up to PEN90m ($27m). Among other requirements, however, the universities must have a rector approved by SUNEDU in order to access the funds.
An increase in education spending could also have positive effects on needs-based programmes like Grant 18, which gives scholarships based on financial need and academic merit to 5000 students each year to study at a technical college or four-year university.
Expansion of budget allocations for research programmes and teacher training were also discussed as possible revisions to the University Law, in line with increased GDP spending, at the 2016 Election Forum held earlier this year.
Elevating the quality of Peruvian universities, however, is not the only challenge facing the country’s tertiary education. The current system is also experiencing a skills gap stemming from a mismatch between the educational sector and the country’s job market.
A 2015 IMD World Talent Report analysing countries’ ability to develop, retain and attract talent ranked Peru 59th out of 61 countries, underscoring the importance of narrowing this gap.
Other countries in the region fared better, with Chile ranked 43rd, Colombia 50th and Argentina 53rd. Of the countries ranked, Peru was ahead of Venezuela and Bulgaria.
Peruvian students who have chosen to pursue higher education often opt for the university route, leaving the country’s need for technically trained professionals unfilled – a trend which disproportionately affects the industrial, mining and export-oriented sectors.
To better align students with industry demand, the government has taken steps to support graduates of technical schools as well as students who want to pursue research and entrepreneurship.
In mid-May, for example, the National System of Evaluation, Accreditation and Certification of Educational Quality announced that it would invest PEN20m ($6m) in 28 programmes offered in public vocational institutes. Mechanical and electrical engineering, automotive mechanics and agricultural production were some of the areas of study selected to benefit.
Another initiative – Ponte en Carrera, an online platform launched in 2015 by the Ministry of Education with private sector input – provides students with information on programmes and institutions to help them make informed decisions about their course of study based on labour market trends.
In April a bill that would introduce licensing procedures and an accreditation system for technical institutes, as well as facilitate students’ transfer from technical institutes to university programs, was still under discussion.
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