Una base económica más amplia y una menor dependencia de los bienes básicos pusieron a Panamá en ventaja frente a sus pares en Latinoamérica durante 2015, cuando el país registró la tasa de crecimiento más alta de la región.
Aunque los shocks externos provocaron una fuerte desaceleración en muchos mercados latinoamericanos durante 2015, Panamá escapó a la tendencia con un crecimiento impulsado sobre todo por el sólido desempeño de los sectores de transporte y servicios financieros.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) calcula que la economía panameña creció 5,8% en 2015 y proyecta que se expandirá 6% en 2016, mientras que las últimas estimaciones del FMI apuntan a un crecimiento de 6% y 6,3%, respectivamente.
Esto pone al país muy por sobre el crecimiento promedio para América Latina y el Caribe, donde las proyecciones apuntan a una contracción de 0,25% en 2015 y un ligero repunte de 0,8% en 2016.
La inflación, en tanto, se espera que sea marginal para este periodo, dijo a los medios en noviembre el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guarda. A partir de diciembre la inflación se ubicó en 0,2%, en gran parte gracias a que la moneda del país es el dólar, que se apreció significativamente durante el año.
En diciembre Moody’s ratificó su calificación con grado de inversión “Baa2” con perspectiva estable para el país, citando un crecimiento promedio anual de 7,3% entre 2012 y 2014, muy por sobre la media de los países “Baa”, de 2,9%.
El sólido crecimiento fue impulsado en gran parte por el gasto en proyectos de infraestructura (equivalentes a 47% del PIB en 2014) como la ampliación del Canal de Panamá, la construcción del metro de Ciudad de Panamá y la ampliación del aeropuerto internacional Tocumen.
No obstante, la economía no estuvo libre de problemas en 2015, por lo que se profundizarán las reformas estructurales en 2016 para calmarlas preocupaciones de los inversionistas y asegurar un crecimiento sostenible.
Moody’s apuntó al deterioro de la posición fiscal de Panamá en años recientes, que ha producido un crecimiento del déficit público. Junto al gasto en infraestructura pública, los cambios a la ley de responsabilidad social y fiscal han hecho que se eleve el límite del endeudamiento.
Otros desafíos inmediatos incluyen una menor recaudación tributaria, que se situó 347 millones de dólares por debajo de las proyecciones para los primeros nueve meses de 2015. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, los ingresos por impuestos deberían subir en línea con el crecimiento de la economía general. Sin embargo, a septiembre solo habían crecido un 0,8% con respecto al año anterior.
Mientras tanto, el fenómeno climático El Niño ha tenido efectos negativos en la producción agrícola, que se han traspasado al comercio. Las exportaciones de bienes panameños habrían caído 10% en 2015 y otro 1% en 2016, según estimaciones del mercado. Este efecto se vería exacerbado por el creciente fortalecimiento del dólar.
Con la desaceleración que se espera en el sector de la construcción una vez que finalice la ampliación del Canal de Panamá (que será inaugurada en el segundo semestre de 2016), el gobierno está trabajando para mantener el impulso del desarrollo de infraestructura, encabezado por planes para construir instalaciones para el tránsito de gas natural licuado proveniente de Estados Unidos con dirección a Asia a través del Canal de Panamá, entre otros proyectos.
La banca y los servicios financieros, uno de los principales motores de la economía, es otra área que estuvo en la mira de las reformas en 2015.
En particular, Panamá buscó salir de la llamada lista gris compilada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Estos países aún tienen que cumplir con los estándares de lucha contra el lavado de dinero financiamiento del terrorismo.
Tras una inspección del GAFI a mediados de enero de 2016, se presentará un informe de seguimiento en una reunión plenaria de dicha organización en febrero, lo que debería clarificar los esfuerzos del país para implementar las reformas necesarias.
De La Guardia dijo a medios locales en noviembre estar confiado en que Panamá saldrá de la lista tras la reunión.
Un empuje para combatir la corrupción también está cobrando fuerza en Panamá. Según Amado Philip de Andrés, representante regional de la de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la corrupción es un lastre importante para economía panameña, con un costo cercano a 1%-1,5% del PIB por año.
En un intento por mejorar la eficiencia y la rendición de cuentas en las finanzas del sector público, la administración del presidente Juan Carlos Varela introdujo un sistema centralizado de presupuesto y contabilidad en todos los ministerios. Conocido como la Cuenta Única del Tesoro, CUT), el sistema operará en paralelo a otra plataforma electrónica intergubernamental pro transparencia que se implementó a principios de 2015.
Según De La Guardia, la CUT debería generar 50 millones de dólares al año en ahorros por eficiencia, al consolidar más de 5.300 cuentas del gobierno bajo el paraguas del MEF.
A broader economic base and less dependence on commodities gave Panama an edge over its Latin American peers in 2015, with the country recording the highest rate of growth in the region.
While external shocks weighed heavily on many Latin American markets in 2015, Panama bucked regional trends, with growth driven largely by strong performance in the transport and financial services sectors.
The UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean expects Panama’s economy to grow by 5.8% in 2015, rising to 6% in 2016, while the most recent estimates from the IMF project growth of 6% and 6.3%, respectively.
This ranks far ahead of average growth in Latin America and the Caribbean, which is forecast to contract by 0.25% in 2015 before rebounding slightly to 0.8% in 2016.
Inflation, meanwhile, was expected to remain “insignificant” for the year, Dulcidio De La Guardia, minister of economy and finance, told media in November. As of December, inflation stood at 0.2%, supported in large part by the country’s peg to the US dollar, which strengthened significantly over the year.
In December ratings agency Moody’s reaffirmed Panama’s “Baa2” investment-grade credit rating with a stable outlook, pointing to average growth of 7.3% per annum between 2012 and 2014, well above the “Baa” median of 2.9%.
Robust growth was driven largely by spending on infrastructure projects – equivalent to 47% of GDP in 2014 – including widening the Panama Canal, building the Panama City metro and expanding the Tocumen International Airport.
The economy did, however, face challenges in 2015, and will be looking to pursue further structural reforms in 2016 to ease investor concerns and ensure sustainable growth.
Moody’s cited deterioration in Panama’s fiscal position in recent years, leading to a widening of the public sector deficit. In addition to public infrastructure spending, changes to the Social and Fiscal Responsibility Law have allowed the debt ceiling to rise.
Other immediate challenges include weaker tax revenues, which fell $347m short of projections in the first nine months of 2015. According to the Ministry of Economy and Finance (Ministerio de Economía y Finanzas, MEF), tax revenues should increase in line with broader economic growth; however, revenues were up just 0.8% year-on-year as of September.
The El Niño weather pattern, meanwhile, has taken its toll on agricultural production, which has had carry-through effects on trade. Panamanian goods exports were on track to decline by 10% in 2015 and 1% in 2016, according to market research, with this effect likely to be exacerbated by the growing strength of the US dollar.
With the construction sector expected to slow after the completion of the Panama Canal expansion – due to be inaugurated in the second quarter of 2016 – the government is working to maintain momentum in infrastructure development, led by plans to build liquefied natural gas transit facilities for US gas bound for Asia via the Panama Canal, among other projects.
Banking and financial services, one of the most important engines of the economy, is another area that was targeted for reform in 2015.
In particular, Panama sought to be removed from the so-called grey list of countries compiled by the intergovernmental Financial Action Task Force (FATF). These countries have yet to fully comply with standards related to anti-money laundering and combating terrorism financing.
Following the inspection visit from the FATF in mid-January 2016, a follow-up report will be submitted to a FATF plenary meeting in February, which should shed greater light on the country’s efforts to enact the necessary reforms.
Speaking to local media in late November, De La Guardia voiced his optimism that Panama would be declared fully compliant at the meeting.
A broader anti-corruption drive is also gaining pace in Panama. According to Amado Philip de Andrés, the regional representative of the UN Office on Drugs and Crime, corruption weighs heavily on Panama’s economy, costing the country an estimated 1-1.5% of GDP per year.
In a move aimed at improving the efficiency and accountability of public sector finances, President Juan Carlos Varela’s administration has introduced a single budget and accounting system across all departments. Known as the Single Treasury Account (Cuenta Única del Tesoro, CUT), the system will operate alongside another transparency-focused intergovernmental e-platform put in place in early 2015.
According to De La Guardia, CUT is expected to deliver efficiency savings of up to $50m per year by consolidating more than 5300 government accounts under the umbrella of the MEF.
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