La educación promete seguir siendo un punto focal de la agenda del gobierno mexicano, con el nombramiento de un nuevo secretario de Educación a fines de agosto y reformas sectoriales destacadas en el discurso de la cuenta pública del Presidente Enrique Peña Nieto a fines de septiembre.
Con una combinación de políticas de centralización y descentralización, las nuevas reformas dan a los estados una cierta continuidad y autonomía en términos de gestión de recursos, como definir sus propias asignaturas y mantener la administración de escuelas, al tiempo que da al gobierno federal mayor responsabilidad por la certificación, evaluación y los salarios de los maestros.
Aunque el sistema educacional mexicano aún supera el de muchos países latinoamericanos, el país no ha tenido un buen desempeño en comparación con las referencias internacionales.
Según los últimos resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE (una serie de evaluaciones comparativas que se realiza cada tres años, y mide el rendimiento de los estudiantes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias), México se ubicó en el puesto 53 de 65 países evaluados. En tanto, un informe del WEF publicado en 2014 puso al país en el lugar 123 entre 144 naciones estudiadas, en cuanto a la calidad de su sistema educacional, mientras que sus escuelas se ubicaron en el lugar 128 para las asignaturas de matemáticas y ciencias.
Con un gasto de aproximadamente 5,1% del PIB en educación, según el Banco Mundial, frente a 5,2% en Estados Unidos y 6,1% como promedio para los países de la OCDE, el bajo desempeño del sistema educacional mexicano puede deberse a un gasto ineficiente más que falta de recursos.
La gran mayoría de los recursos públicos se gastan en los salarios de los más de dos millones de maestros en México. Según la OCDE, más de 92% del presupuesto total para la educación primaria, secundaria y superior se gasta en la compensación de los funcionarios y los salarios de los maestros equivalen a 83% del total, frente a los promedios de la OCDE de 79% y 63%, respectivamente.
Según la entidad de lobby Mexicanos Primero, en términos comparativos los alumnos del país también pasan poco tiempo en las aulas de clase, con unas 572 horas al año, comparado con cerca de 1.200 en Corea del Sur, que se ubicó quinta en el último ranking PISA.
Para mejorar la competitividad de México, las reformas buscan aumentar la supervisión federal de los estándares de calidad, además de permitir a los estados destinar recursos y desarrollar estrategias para cumplir dichos estándares.
Una parte central de la reforma es un sistema estandarizado de pruebas para la contratación y evaluación de los profesores, que reduciría el control de los poderosos sindicatos de profesores, que se ha prolongado por años, y en definitiva ayudaría a uniformar la calidad de la educación.
Aprobadas en 2013 en el marco del Pacto por México del gobierno, (una serie de profundas reformas en una amplia gama de sectores) las reformas educacionales dieron lugar a la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, encargado de diseñar y administrar los exámenes a los maestros y supervisar la calidad del sistema educacional.
Según la cobertura de la prensa al respecto, si los profesores reprueban tres evaluaciones en un periodo de dos años, podrán ser despedidos o reasignados a un rol administrativo.
Aunque este nuevo sistema ha sido introducido con éxito en muchas partes del país, se encontró con una férrea oposición en algunos estados sureños más pobres. Previo a las elecciones parlamentarias de junio, las evaluaciones fueron temporalmente suspendidas en los estados de Oaxaca y Michoacán, debido a las protestas de maestros que se oponían a las reformas.
A mediados de 2015, se habían llenado unas 33 mil vacantes con estas evaluaciones, lo que según los legisladores se traduce en un proceso de selección más competitivo y basado en méritos, ayudando a reducir el potencial para la corrupción y el nepotismo. Como una señal de compromiso con el nuevo sistema, a mediados de octubre el gobierno anunció planes de despedir a casi 300 maestros que no cumplieron los requisitos.
Las reformas también incluyen propuestas para alargar la jornada escolar, entregar computadoras portátiles a los estudiantes de primaria, mejorar la calidad de la formación de los maestros y aumentar el acceso a la educación superior. Para lograr este último objetivo, el gobierno pretende crear un programa nacional de becas enfocado en el 40% más pobre del estudiantado.
Aunque todavía quedan interrogantes sobre la estructura y las fuentes de financiamiento para la agenda de reformas del gobierno, Peña Nieto reafirmó el compromiso del gobierno con las nuevas políticas en su discurso de cuenta a la nación a principios de septiembre, con especial énfasis en modernizar la infraestructura de la educación.
Días después de nombrar a Aurelio Nuño, ex consejero en materia de políticas y ex jefe de gabinete, como nuevo Secretario de Educación el 28 de agosto, Peña Nieto anunció planes de emitir bonos de infraestructura educativa en el mercado bursátil mexicano, que podrían recaudar por lo menos 50 mil millones de pesos mexicanos (USD 3 mil millones) hasta fines de 2018 para suplementar la inversión pública en el sector.
Los bonos, conocidos como Fibra E, son vehículos de inversión con baja carga tributaria, basados en un instrumento similar que se usa en Estados Unidos desde los años 80, que se venderán a inversionistas locales e internacionales, según medios locales.
Peña Nieto también anunció que el gobierno piensa emitir certificados de inversión para atraer inversionistas institucionales, como fondos de pensiones y compañías de seguros, además de promover asociaciones público-privadas para fomentar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura en todos los sectores de la economía.
El financiamiento proveniente de los bonos de infraestructura para la educación se enfocará en proyectos para mejorar infraestructura clave, como el acceso a energía eléctrica.
Aunque las reformas al sector energético han recibido más atención de la prensa, los economistas estiman que la reforma del sistema educacional es clave para apuntalar las perspectivas de crecimiento a largo plazo del país, con la meta de mejorar la competitividad y aumentar el crecimiento anual promedio del PIB desde 2,6%, en la década que terminó en 2014, según cifras del FMI, a entre 4 y 5%.
Education promises to remain a focal point of the Mexican government’s agenda, with a new education minister appointed in late August and sector reforms highlighted in President Enrique Peña Nieto’s state of the nation address in early September.
With a policy mix of centralisation and decentralisation, the new reforms grant states some continued autonomy in terms of resource management, such as defining their own curricula and maintaining administration of schools, while also giving the federal government greater responsibility for teacher certification, evaluation and pay.
Although Mexico’s education system still ranks ahead of many of its Latin American peers, the country has not performed well against international benchmarks.
According to the most recent results from the OECD’s Programme for International Student Assessment (PISA) – a series of exams carried out once every three years to compare the performance of 15-year-old students in mathematics, reading and science – Mexico ranked 53rd out of 65 countries assessed. Meanwhile, a World Economic Forum report from 2014 ranked Mexico 123rd out of 144 countries surveyed in terms of the quality of its education system, with its schools ranked 128th in maths and science education.
With the country spending roughly 5.1% of GDP on education, according to the World Bank, compared to 5.2% in the US and 6.1% on average for OECD countries, the performance of Mexico’s education system may be due more to inefficient spending than a lack of resources.
The large majority of public resources are spent on salaries for Mexico’s more than 2m teachers. According to the OECD, over 92% of the total budget for primary, secondary and post-secondary education in Mexico is spent on staff compensation, with teachers’ salaries accounting for 83% of the total, compared to OECD averages of 79% and 63%, respectively.
According to local education lobby Mexicanos Primero, Mexican school children also receive comparatively little time in the classroom, with some 572 hours of teaching per annum, compared to around 1200 in South Korea, which came in 5th in the most recent PISA rankings.
To improve Mexico’s competitiveness, the reforms seek to increase federal oversight of quality standards, while also granting states the freedom to allocate resources and develop innovative strategies to meet said standards.
Central to the reform is a standardised system of test-based hiring and evaluation of teachers, which is expected to reduce the long-standing control of the country’s powerful teachers’ unions and ultimately help enforce a more uniform quality of education.
Approved in 2013 as part of the government’s Pact for Mexico, a series of sweeping reforms across a wide range of sectors, the education reforms saw the creation of a National Institute for the Evaluation of Education, which is charged with designing and administering the teacher exams and monitoring the quality of the education system.
If educators fail to pass three times in a two-year period, they will face dismissal or reassignment to an administrative role, according to media coverage of the reforms.
While this new system was successfully introduced in many parts of the country, it was fiercely resisted in some of the poorer southern states. Ahead of the mid-term election in June, evaluations were temporarily suspended in Oaxaca and Michoacán due to protests by teachers opposed to the reforms.
As of mid-2015, some 33,000 positions had been filled using these teacher exams, which legislators argue makes the selection process more competitive and merit-based, helping to reduce the potential for corruption and nepotism. Signalling its commitment to the new system, the government announced plans in mid-October to dismiss nearly 300 teachers who failed to comply with the reforms.
Also included in the reforms are proposals to lengthen school days, provide elementary school students with laptop computers, improve the quality of teacher training and increase access to higher education. To achieve the latter, the administration aims to create a national scholarship programme, targeting the poorest 40% of students.
While some questions remain over the structure and sources of funding for the government’s reform agenda, Peña Nieto reaffirmed the government’s commitment to the new policies in his state of the nation address in early September, with an added emphasis on upgrading education infrastructure.
Days after appointing Aurelio Nuño, a close policy advisor and former chief of staff, as the new education minister on August 28, Peña Nieto announced plans to issue education infrastructure bonds on the Mexican stock market, which could raise at least MXN50bn ($3bn) by the end of 2018 to supplement ongoing public investment in the sector.
The bonds, known as Fibra E securities, are tax-efficient investment vehicles modelled on a similar instrument in use in the US since the 1980s, and will be sold to domestic and international investors, according to local media.
Peña Nieto also announced that the government is considering issuing investment certificates to target institutional investors such as pension funds and insurance companies, in addition to promoting public-private partnerships to further private sector participation in infrastructure development across all sectors of the economy.
Funding from the education infrastructure bonds will be channelled into projects focused on improving key infrastructure, such as access to electricity.
While the government’s concurrent energy reforms have received more media attention, economists point to the education overhaul as crucial to bolstering Mexico’s long-term growth prospects – with a focus on improving competitiveness and increasing average annual GDP growth from 2.6% in the decade to 2014, as per IMF figures, to 4-5%.
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