Un proyecto de 169 mil millones de pesos mexicanos (USD 10,4 mil millones) para construir un nuevo aeropuerto internacional en Ciudad de México está a punto de despegar, después de que el gobierno anunciara que espera avances en el segundo semestre de este año.
El aeropuerto es el más importante de una serie de proyectos de gran envergadura diseñados para mejorar las deficiencias del sistema de transporte y logísticas del país, destacando el continuo compromiso del gobierno con el desarrollo de infraestructura pese a las recientes cancelaciones de proyectos.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, anunció los detalles del nuevo aeropuerto a principios de julio. Con 95 mil millones de pesos (USD 5,9 mil millones) en obras divididas en 21 paquetes, el nuevo aeropuerto comenzaría a operar en 2020, según Manuel Ángel Núñez Soto, CEO de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, GACM, el futuro operador del terminal.
Gerardo Ruiz Esparza, el titular de la SCT, dijo que las licitaciones serán subastadas en tres fases, que comprenderán obras preliminares, componentes de infraestructura y aspectos relacionados con la puesta en marcha. Una vez terminado, el nuevo aeropuerto será capaz de manejar unos 120 millones de pasajeros al año, frente a los 32 millones de la actualidad.
Las licitaciones de la primera fase, que se enfocará en nivelación de terrenos, alcantarillado y suministro de electricidad, además de en tres pistas de aterrizaje, una torre de control y un centro de control, se lanzarán en septiembre. El segundo bloque de licitaciones incluirá el edificio del terminal, las plataformas de embarque y los sistemas electrónicos de control aeroportuario, y se lanzará durante el primer semestre del próximo año. La tercera y última fase, que incluirá una estación de bomberos, instalaciones de apoyo, estacionamientos y carreteras, está programada para fines del segundo semestre de 2016 o principios de 2017.
Aunque la empresa californiana de ingeniería Parsons gestionará el proyecto, Esparza subrayó un deseo de que participen empresas mexicanas formando consorcios con firmas extranjeras “cuando sea necesario”, dijo a la prensa local en julio.
No todos los proyectos de infraestructura se han desarrollado según lo programado. Según la consultoría estadounidense GG/LA Infrastructure, México es responsable por dos de las últimas cinco mayores cancelaciones de proyectos de infraestructura en América Latina: La construcción de un tren de alta velocidad entre Ciudad de México y Querétaro, por USD 4,3 mil millones, y el proyecto ferroviario transpeninsular en Yucatán, por USD 800 millones.
Pero esto no es tan impactante para la industria como podría pensarse. Gustavo Arballo, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, dijo a la prensa local que la cancelación del proyecto ferroviario Ciudad de México-Querétaro representa una pérdida de apenas 0,1% de la contribución del sector de la construcción al PIB en 2015.
Sin embargo, hay avances en otros proyectos clave. El Presidente Enrique Peña Nieto ha dicho que supervisará personalmente el progreso del nuevo aeropuerto y el proyecto de transporte ferroviario de pasajeros entre Ciudad de México y Toluca, aunque Esparza anunció hace poco que las obras han comenzado en el 80% de los proyectos incluidos en el plan nacional de infraestructura. A 17 de julio, 17 de las 52 nuevas carreteras (más de 3000 km) se han terminado, mientras que 25 puertos marítimos están siendo modernizados. La meta es duplicar su capacidad combinada a más de 500 toneladas por año.
Luis Videgaray, Secretario de Hacienda y Crédito Público, acogió este compromiso con el gasto en infraestructura. “El hecho de que enfrentemos ajustes de presupuesto este año y el próximo no significa que debamos dejar de lado la infraestructura. Al contrario, México está bien posicionado para ser uno de los principales motores de desarrollo de infraestructura en la región”, dijo en una conferencia realizada en junio.
Pese a la cancelación o postergación de algunas iniciativas contempladas en el plan de reforma estructura del Presidente Peña Nieto, debido a los menores precios de los hidrocarburos y problemas presupuestarios, los funcionarios destacan un compromiso para realizar proyectos de infraestructura críticos, como el nuevo aeropuerto de la capital.
La SCT ya ha asegurado unos USD 3 mil millones en créditos para financiar el proyecto aeroportuario, provenientes de un consorcio bancario internacional, mientras que GACM emitirá USD 1.000 millones en bonos hacia fines de año para financiar la construcción. Según la prensa local, el grupo usaría las tarifas del actual aeropuerto para garantizar la emisión.
Nuevos fondos privados podrían complementar el gasto estatal. Carlos Méndez, vicepresidente de la firma mexicana de construcción ICA, ha sugerido que asociaciones público-privadas podrían abrir otras fuentes de financiamiento, mientras que las reformas promulgadas en 2009, que permiten a los fondos de pensiones mexicanos, conocidos como Afores, invertir en fondos de capital privado enfocados en infraestructura, han introducido más flexibilidad.
Desde febrero de 2104 los Afores han invertido casi el 4% de los activos bajo su gestión, que llegan a unos USD 6,5 millones, en valores estructurados, incluyendo certificados de desarrollo de capital y fondos de desarrollo inmobiliario, según Business Monitor International. Aunque estos fondos han sido el instrumento de inversión más usado hasta la fecha, los Afores podrían ganar una importante cuota de participación en el financiamiento de obras de infraestructura.
A MXN169bn ($10.4bn) project to build a new international airport in Mexico City is ready for take off, with the government expecting ground to be broken in the second half of the year.
The airport is the most significant in a series of large-scale projects designed to tackle shortcomings in the country’s transport and logistics system, signalling the government’s continued commitment to major infrastructure development despite recent project cancellations.
The Ministry of Communications and Transportation (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT) announced the details of the tendering for the new airport in early July. With MXN95bn ($5.9bn) worth of work to be spread across 21 packages, the new facility is expected to be ready by October 2020, according to Manuel Ángel Núñez Soto, CEO of the Mexico City Airport Group (Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, GACM), the new airport’s future operator.
Gerardo Ruiz Esparza, minister of the SCT, said the tenders would be issued in three stages, covering preliminary work, infrastructure components and commissioning elements. Upon completion, the new airport will be able to handle some 120m passengers per year, nearly four times the current 32m.
Tenders for the first phase, which focuses on land levelling, drainage and electricity supply, as well as three runways, a control tower and a control centre, are to be launched as early as September. The second phase of tenders, including the terminal building, boarding platforms and electronic airport control systems, will be launched in the first half of next year. The third and final phase, which features the fire station, support buildings, parking facilities and roadways, will follow in the second half of 2016, extending into 2017.
While California-based engineering group Parsons will manage the project, Esparza stressed a desire for participation from Mexican firms, which could enter into consortia with foreign firms “when necessary”, he told local press in July.
Not all infrastructure projects have gone ahead as scheduled, however. According to US consultancy CG/LA Infrastructure, Mexico accounted for two of the five largest infrastructure project cancellations in Latin America of late, including the $4.3bn Mexico City-Querétaro high-speed train project and the $800m trans-peninsular railway project in the Yucatán Peninsula.
This may not be bad news for the industry. Gustavo Arballo, president of the Mexican construction industry chamber, told local press that the cancellation of the four-year Mexico City-Querétaro rail project represents a loss of just 0.1% of the construction sector’s contribution to GDP in 2015.
Elsewhere, other key projects are moving ahead. President Enrique Peña Nieto has said he will personally monitor progress on the new airport and the Mexico City-Toluca passenger rail project, while Esparza recently announced that work had begun on 80% of the projects included in the national infrastructure plan. As of the beginning of July, 17 of the 52 new highways being built over 3000 km were already completed, while a total of 25 seaports were undergoing modernisation, with the goal of doubling their combined capacity to more than 500m tonnes per year.
Luis Videgaray, minister of finance and public credit, echoed this commitment to infrastructure spending. “The fact that we are faced with budget adjustments this year as well as the next does not mean we must step back on infrastructure. On the contrary, Mexico is well placed to be one of the key drivers of infrastructure development in the region,” he said, speaking at a conference in June.
Despite the cancellation or postponement of some of the initiatives envisaged under the structural reform agenda of President Peña Nieto’s government due to lower hydrocarbons revenues and budgetary concerns, officials underscore a commitment to carrying out critical infrastructure projects like the capital’s new airport.
The SCT has already secured around $3bn in loans to fund the airport project from a consortium of international banks, while the GACM is set to issue $1bn worth of bonds by the end of the year to help finance the build. The group is expected to use fees from the current airport to securitise the issue, according to local press reports.
Further private finance would be a welcome complement to state spending. Carlos Méndez, vice-president of local construction company ICA, has suggested that public-private partnerships could open up other avenues of funding, while reforms from 2009 allowing Mexico’s pension funds, known as Afores, to invest in infrastructure-focused private equity (PE) funds have created more breathing room.
Afores have invested roughly 4% of their assets under management, equivalent to some $6.5bn as of February 2014, in structured securities, such as development capital certificates and real estate investment trusts (REITs), according to Business Monitor International. While REITs have traditionally dominated the investment mix, a push on the part of the National Commission for the Retirement Savings System could see a larger share of Afores’ portfolios redirected towards infrastructure financing.
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