El gobierno colombiano aprobó una inversión de 1 trillón de pesos colombianos (USD 400 millones) para distribuir computadoras de escritorio y tipo tableta entre escuelas públicas en su último esfuerzo por mejorar la calidad de la educación en el país, especialmente en áreas rurales.
La inversión es parte del programa “Computadores para Educar”, lanzado en 2001. En un comunicado difundido a finales de marzo, el gobierno anunció que invertirá 650 mil millones de pesos (USD 260 millones) en computadores tipo tableta y 353 mil millones de pesos (USD 141 millones) en computadoras de escritorio en la fase más reciente del programa. Los equipos comenzarían a ser distribuidos durante el segundo semestre del año.
“Es la mayor donación de tecnología a instituciones educativas oficiales en la historia de Colombia y constituye un aporte monumental para fomentar la calidad de la educación y fortalecer el desempeño de los estudiantes”, dijo Diego Solano, ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, destacando que el gobierno ya distribuyó dos millones de computadoras en escuelas públicas entre 2010 y 2014.
Según cifras del ministerio, la proporción de estudiantes por computadora está mejorando: el año pasado era de 11 alumnos por cada una, frente a 20 en 2010. Sin embargo, se necesita hacer más para que los ordenadores sean algo cotidiano en las escuelas colombianas.
En el corto plazo, el programa ha motivado a algunos profesores a desarrollar iniciativas creativas de aprendizaje. José Noé Sánchez, profesor de una aldea en el departamento de Quindío, fue reconocido a nivel nacional por sus iniciativas para enseñar matemáticas de forma práctica. Usando 10 computadoras, Sánchez ignoró el libro oficial de álgebra y usó software para hacer frente a problemas prácticos de agricultura.
“Les formulo ejercicios relacionados con la construcción de sus propias huertas…Con las matemáticas y las TIC, saben que pueden convertirse más adelante en productores agrícolas innovadores, y optimizar su productividad y ganar dinero de su actividad”, dijo.
Pero el mayor desafío en Colombia es reducir la brecha educacional, sobre todo entre los pobres de áreas rurales. A medida que el gobierno avanza en sus negociaciones de paz con las guerrillas de izquierda, cada vez está más claro que una Colombia post-conflicto requerirá importantes reformas, incluyendo inversiones para expandir la educación en todos los niveles.
El país está bien posicionado para alcanzar esta meta. Gracias al envejecimiento de la población, el total de estudiantes cursando estudios primarios y secundarios cayó de 11,2 millones en 1999 a 10,2 millones en 2012, lo que alivia en parte la presión sobre los recursos. El gasto de Colombia en educación es cercano al 7% u 8% del PIB, sobrepasando a Argentina, Brasil, México, Chile y la mayoría de los países europeos, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En términos reales, los recursos del sector aumentaron 47% entre 2002 y 2012 según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia.
Pese a las inversiones, la calidad de la educación sigue siendo baja. Por lo general Colombia ha registrado un bajo desempeño en las encuestas internacionales de evaluación estudiantil de la OCDE, conocidas como pruebas PISA. En los resultados PISA de 2014, los estudiantes colombianos se ubicaron en el puesto 61 de un ranking de 65 países en lectura y matemáticas.
El gobierno, que busca mejorar la competitividad económica, está decidido a enfrentar este problema en el marco de su plan para convertir a Colombia en el país mejor educado de América Latina hacia 2025.
Una de las respuestas que se barajan es a través de nuevas herramientas de medición y la creación de un índice anual de calidad educacional, conocido como Índice Sintético de la Calidad Educativa (ISCE), que fue lanzado oficialmente el 25 de marzo. El ISCE, basado en un sistema usado en el estado brasileño de Minas Gerais, es un puntaje escolar en una escala de 1 a 10, compuesto de cuatro elementos. Los primeros dos miden los niveles de avance y logro de los estudiantes, usando las actuales pruebas estudiantiles de Colombia, mientras que el tercer y el cuarto componente miden la eficiencia y el ambiente de los colegios.
“Podremos decir que un colegio está en 5 y tiene que mejorar a 6. Si el plantel logra cumplir sus metas, desde el vigilante hasta el rector recibirán un salario adicional”, dijo la ministra de Educación Gina Parody a medios locales en marzo. Para cumplir sus metas a largo plazo, Colombia se propuso subir el puntaje de todas sus escuelas a 7.
Aunque el intento por mejorar la calidad de la educación usando las tablas ISCE como incentivo ha sido recibido con interés, algunos han puesto en duda cómo funcionará en la práctica.
Otros problemas incluyen las dificultades para distinguir el efecto del esquema ISCE o la mayor inversión en tecnologías de la información sobre la calidad de la educación. Además de estas medidas, el gobierno también está implementando una reforma a la jornada escolar, que cambiará una combinación de turnos escolares matutinos y vespertinos por un turno único, más largo, que aumentará la cantidad de horas que cada alumno pasa en clase.
The Colombian government has approved a COP1trn ($400m) investment to distribute computers and tablets to public schools in its latest effort to improve the quality of education across the country, especially in rural areas.
The investment is part of an official programme known as "Computadores para educar" first launched in 2001. In an official statement released at the end of March, the government said it would invest COP650bn ($260m) on tablet computers and COP353bn ($141m) on laptops in the latest phase of the programme, with devices expected to be distributed during the second half of the year.
“This is the largest technology donation ever made to official Colombian educational institutions, and it is part of a major effort to increase the quality of education and the performance of our students,” said Diego Molano, minister for information technology and communications, noting that the government had already distributed 2m computers to public schools during 2010-14.
According to data from the ministry, the student-to-computer ratio is improving: last year there were 11 students for every computer, compared with 20 in 2010. However, more needs to be done before computers become commonplace in Colombian schools.
In the short-term, the programme has encouraged some teachers to develop creative learning initiatives. José Noé Sánchez, a teacher based in a village in the department of Quindío, has won national recognition for his efforts to teach maths in a practical way. Using 10 computers, Sanchez has bypassed the official algebra textbook and set up software to tackle practical farming problems.
“I give them problems linked to their family farming plots ... With mathematics and IT we know they can develop into innovative farmers, boost productivity and earn a livelihood,” he said.
Yet the bigger challenge in Colombia is to reduce the education gap, particularly among the rural poor. As the government edges forward in its peace talks with left-wing guerrilla movements, it is clear that a post-conflict Colombia will require major reforms, including investments to expand education at all levels.
The country is well placed to achieve this goal. Thanks to an ageing population, the total number of primary and secondary students edged down from 11.2m in 1999 to 10.2m in 2012, somewhat easing the pressure on resources. Colombia’s educational spending is around 7% to 8% of GDP, surpassing Argentina, Brazil, Mexico, Chile and most European countries, according to the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). In real terms, sector resources increased 47% from 2002 to 2012 according to the Ministry of National Education.
Despite the investments, the quality of education remains stubbornly low. Colombia has regularly underperformed in the OECD’s international student evaluation surveys, known as the PISA tests. In the PISA 2014 results, Colombian students were ranked 61st out of 65 countries in reading and mathematics.
The government, with an eye on increasing economic competitiveness, is determined to tackle this problem as it aims to make Colombia the best-educated country in Latin America by 2025.
One response is through new measurement tools and the creation of an annual index of education quality, known as the Synthetic Index of Educational Quality (Índice Sintético de la Calidad Educativa, ISCE), which was officially launched on March 25. ISCE, based on a system used in the Brazilian state of Minas Gerais, is a composite score for schools on a scale of 1-10 made up of four elements. The first two measure student progress and achievement levels, using Colombia’s existing annual student tests, while the third and fourth components measure efficiency and the school environment.
“We will be able to say, 'you have scored 5 and you need to improve to 6.' If the school’s staff meets this objective, everyone from the janitor to the head teacher will receive an additional monthly salary,” the education minister, Gina Parody, told local media in March. In order to meet its long-term goals, Colombia is aiming to improve the scores of all its schools to above 7.
While the attempt to improve the quality of education using the ISCE tables as an incentive has been received with interest, some question how it will work in practice.
Other issues include the difficulties in singling out the effect of the ISCE scheme or the increased IT investment on the quality of education. In addition to these measures, the government is also implementing a reform of the school day, which will see a move from a combination of early and late school shifts towards a single, longer shift, which will increase the number of hours each student spends in class.
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