Panamá busca elevar su generación de energía

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Los esfuerzos de Panamá por satisfacer su creciente demanda por energía marcaron importante avance en enero, con anuncios de que la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) recibirá ofertas para suministrar 700 MW de energía termal.

La subasta se enmarca en un empuje para diversificar la matriz energética y elevar la capacidad en una de las economías más importantes de América Latina, mientras ambiciosos planes (financiados con recursos tanto públicos como privados) son lanzados en todo el espectro de servicios básicos. Panamá piensa subastar dos contratos, cada uno para suministrar 350 MW de energía termal. Los proveedores tendrán 90 días para preparar sus ofertas por el nuevo proyecto (un contrato a 10 años programado para julio de 2017), mientras que se fijó un plazo de 180 días para el segundo, un contrato a 15 años cuyo lanzamiento está programado para enero 2019.

El gerente general de ETESA, Iván Barría, dijo que, dado el alto interés de los actores privados, espera que la competencia en torno a las ofertas de precios será agresiva. Para explicar el nuevo enfoque de Panamá en la energía termal, Barría dijo que “tenemos mucha necesidad de energía y hemos hecho contratos de energías renovables en el pasado: ahora necesitamos complementarlos”.

Aumentando la capacidad

Por otro lado, el órgano de financiamiento del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (CFI), anunció en enero la finalización de un paquete de financiación por USD300 millones para construir la segunda y tercera fases del parque eólico Penonome. Una vez completo, el proyecto ofrecerá 215 MW de capacidad instalada y será el parque eólico conectado a la matriz energética más grande de América Central. El parque contará con 86 turbinas y generará unos 448 GWh de energía al año, lo que equivale a casi 5% de la demanda total por electricidad.

Panamá también busca potenciar el rol de la energía hidroeléctrica para satisfacer la creciente demanda por electricidad. El proyecto hidroeléctrico Chan II, de USD mil millones, en la provincia de Bocas del Toro, en la región occidental del país, agregará cerca de 214 MW de capacidad una vez que entre en operaciones y podrá satisfacer hasta 9% de la demanda total.

En la actualidad el país tiene dificultades para seguir el ritmo de la elevada demanda energética. Según proyecciones del gobierno el consumo de electricidad crecerá 8% anual, mientras que el costo de instalar capacidad de generación adicional durante la próxima década ascenderá a unos USD3 mil millones. Más de un tercio de la electricidad del país proviene de combustibles fósiles, que hasta la reciente caída en los precios del petróleo, eran costosos y conllevaron riesgos ambientales.

Aprovechando los elementos

Aunque las plantas hidroeléctricas de Panamá aportan casi la mitad del suministro y ofrecen energía más limpia y renovable, siguen siendo vulnerables a los efectos de la temporada seca.

Los riesgos del crucial rol del agua en la matriz energética se sintieron a comienzos de 2013, cuando debido a un prolongado verano el agua en las represas cayó a niveles tan bajos que la capacidad de generación no estuvo garantizada, justo cuando la demanda alcanzó un máximo récord de 1445 MW. Como resultado, el gobierno tomó medidas de emergencia para reducir el consumo nacional de energía, sobre todo en mayo, cuando los niveles hídricos cayeron a mínimos históricos.

Sin embargo, la temporada estival también se caracteriza por vientos más fuertes, que Panamá ha buscado aprovechar con el proyecto Penonome, como una forma de compensar la caída en capacidad hidroeléctrica. El parque eólico Penonome es administrado por una subsidiaria del operador regional InterEnergy Holdings, mientras que la construcción de Chan II fue adjudicada a la firma brasileña de obras civiles Odebrecht. Las obras comenzarían en diciembre y Panamá espera que comience a generar electricidad en 2019.

Enfrentando las dificultades

Sin embargo, hay temores de que el proyecto se tope con la oposición de comunidades locales, ya que se emplaza al oeste de tierras ocupadas por el pueblo indígena Ngöbe-Buglé, que ha protestado contra iniciativas mineras e hidroeléctricas en la localidad. También ha habido protestas contra la represa Barro Blanco en el sur de la provincia de Chiriquí.

Asimismo, Panamá enfrenta dificultades en el otro extremo de la cadena energética. Las distribuidoras Ensa y Gas Natural Fenosa han denunciado el problema del robo de energía. Los dos operadores estiman los costos durante los últimos cinco años en USD 125 millones. Ensa calcula que ha perdido USD 80 millones, mientras que la gerente de Gas Natural Fenosa, Vivian Pineda, dijo que la cantidad de hogares en Panamá que roban electricidad asciende a unos 40.000, con un costo para la firma de USD 45 millones.

Ampliar la matriz energética de seguro fortalecerá los esfuerzos de Panamá por seguir el ritmo de la creciente demanda por energía, además de apoyar el crecimiento económico. Sin embargo, los rumores de descontento entre las comunidades locales y las denuncias de robo de electricidad ponen de manifiesto la importancia de administrar cuidadosamente el desarrollo del sector.

 

Panama moves to boost power generation

En Español

Efforts to meet rising demand for power in Panama took a key step forward in January, with news that state-owned Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) would be seeking bids to supply 700 MW of thermal energy.

The tenders form part of a broader move to diversify the energy mix and boost capacity in one of Latin America’s fastest-growing economies with ambitious investment plans – from both public and private sources – being rolled out across the utility spectrum. Panama plans to make available two separate contracts, each for the supply of 350 MW of thermal energy. Contractors will be given 90 days to prepare bids for the first project – a 10-year contract commencing July 2017 – while a deadline of 180 days has been set for a second, 15-year contract, scheduled for launch in January 2019.

ETESA’s general manager, Iván Barría, said that with interest among industry players high, he was confident competition around pricing for the projects would be aggressive. Barría also explained Panama’s shift in focus towards thermal energy, saying: “...we have hard energy needs, having contracted significant renewable energy in the past: now we need to complement that.”

Boosting capacity

In a separate development, the World Bank’s financing arm, the IFC, announced in January that a $300m financing package for constructing the second and third phases of the Penonome wind farm project had been finalised. Once completed, the project will offer 215 MW of installed capacity, making it the largest grid-connected wind farm in Central America. The wind farm, which will house 86 turbines, is expected to generate around 448 GWh of energy annually, equivalent to about 5% of total electricity demand.

Panama is also looking to boost the role of hydroelectric power in meeting rising demand for electricity. Its $1bn Chan II hydroelectric project, earmarked for the western province of Bocas del Toro, will add around 214 MW of capacity once operational, which is expected to provide up to 9% of total demand.

The country is currently struggling to keep up with soaring demand for power. Electricity consumption is expected to grow at around 8% annually, according to government forecasts, with the cost of putting in place the additional power-generating capacity required to meet demand over the next decade estimated at around $3bn. More than a third of the country’s electricity comes from burning fossil fuels, which, until the recent slump in oil prices, have been costly, and bring environmental risks.

Harnessing the elements

While Panama’s hydroelectric plants, which account for around half of total supply, provide cleaner, renewable energy, they remain vulnerable to the effects of the dry season.

The risks of the large share of water in the energy mix were highlighted at the start of 2013 when, due to a prolonged summer, reservoir water had fallen to such low levels that generation capacity was being compromised at the same time that peak demand reached a record 1445 MW. As a result, the government implemented emergency measures to reduce national energy consumption, particularly in the month of May when the water levels reached one of their lowest points in history.

However, the dry season is also traditionally marked by stronger winds, which Panama is keen to harness through its Penonome project, as a means of offsetting the drop in hydro capacity. The Penonome wind farm initiative is operated by a subsidiary of regional player InterEnergy Holdings, while construction of the Chan II dam was awarded to Brazilian civil engineering company Odebrecht. Work is expected to begin in December and Panama hopes to start generating electricity at the site in 2019.

Addressing the challenges

However, there are concerns that the project could run into opposition from local communities. The site lies to the west of lands occupied by the Ngobe Bugle indigenous community, which has protested against mining and hydro projects there. Protests have also been held over the Barro Blanco hydro project to the south in Chiriquí province.

Panama additionally faces challenges at the opposite end of the power chain. Distribution companies Ensa and Gas Natural Fenosa have both highlighted the problem of electricity theft, with combined costs to the two players over the past five years estimated at the equivalent of $125m. Ensa put its losses from theft at $80m, while Gas Natural Fenosa’s manager, Vivian Pineda, said the firm believed the number of households in Panama stealing electricity stood at around 40,000, costing the provider some $45m.

Broadening the energy mix will certainly strengthen Panama’s efforts to keep pace with rising demand for power and support economic growth. However, rumblings of discontent among local communities, alongside concerns about electricity theft, highlight the importance of carefully managing the sector’s development.

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