La cancha de juego de las teleco mexicanas se está nivelando a medida que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), creado hace poco, trabaja para desmantelar monopolios y permitir que actores más pequeños compitan en el mercado de la telefonía.
La reciente sacudida en el sector de telecomunicaciones puede atribuirse a las políticas del Presidente Enrique Peña Nieto, quien asumió el cargo en diciembre de 2012. Su postura es que los grandes oligopolios han debilitado la competitividad de México, al usar su influencia para mantener los precios elevados y reducir la necesidad para innovar.
Según estimaciones de la OCDE, esta falta de competitividad en el mercado mexicano de telecomunicaciones ha costado al país hasta 1,8% del PIB al año en oportunidades de crecimiento perdidas. La telefonía móvil está menos desarrollada y la conectividad de Internet es más costosa en México que en muchos otros países latinoamericanos, según datos del IFT y la OCDE, respectivamente.
El principal actor en el mercado es América Móvil, que controla 80% de las comunicaciones de línea fija a través de Telmex, y 70% de las subscripciones a telefonía móvil por medio de su subsidiaria Telcel. También controla 60% del mercado de Internet de banda ancha. La española Telefónica opera en el segmento móvil con su marca Movistar, que posee 22% del mercado. Iusacell, un operador más pequeño, es una empresa conjunta en partes iguales entre Grupo Salinas, perteneciente al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, y Televisa, un poderoso canal de televisión que controla 70% del mercado.
En noviembre, se informó que Grupo Salinas piensa adquirir la participación de 50% en manos de Televisa para vender la totalidad de Iusacell a la estadounidense AT&T por USD 2,5 mil millones. Iusacell posee una base de subscriptores relativamente pequeña, de 8,6 millones de personas, cubre 70 % del territorio mexicano y tiene una participación de solo 8%.
Por muchos años, AT&T ha sido socio y accionista de América Móvil, perteneciente a Carlos Slim Helú, pero los vínculos se enfriaron en mayo cuando AT&T anunció una oferta de USD 48,5 mil millones para adquirir DirectTV, un competidor de DishTV, perteneciente a Slim.
El presidente ejecutivo de AT&T, Ranall Stephenson, dijo en noviembre que la cobertura geográfica del operador podría darle ventaja sobre sus competidores locales. “Creará el primer servicio norteamericano de telefonía móvil, atendiendo a más de 400 millones de consumidores y comercios en México y EE.UU.”
Los operadores más pequeños, como la española Telefónica, que opera Telefónica México desde 2001, podrían florecer con la ayuda de cambios regulatorios. El operador reportó un alza de 13% en los ingresos durante el tercer trimestre de 2014, mientras que las ganancias de la operación registraron un fuerte incremento de 51%. El director de operaciones, José María-Pallete, dijo que “los cambios regulatorios ofrecen un campo de juego mucho más nivelado”.
Aunque su oferta anterior para adquirir Iusacell fue rechazada, Telefónica podría estar evaluando una oferta por una participación en América Móvil si Carlos Slim decide vender algunas filiales de la empresa.
El acuerdo para reestructurar la industria fue posible gracias al Pacto por México, que unió las principales fuerzas políticas del país. El Presidente promulgó la enmienda constitucional en junio de 2013, abriendo la puerta a un rol más decisivo del gobierno a la hora de revertir el statu quo monopólico en los sectores de telecomunicaciones y medios. La legislación secundaria que posibilitó el cambio llegó en julio de 2014.
La primera enmienda constitucional preparó el camino para la creación del nuevo ente regulador de telecomunicaciones, el IFT, que ya anunció cambios como regulaciones para limitar el poder de América Móvil en el sector. Junto con tener atribuciones para determinar si los actores del mercado son “dominantes”, también puede imponer medidas “asimétricas” para crear un campo de juego más justo.
En 2014, el IFT declaró formalmente que las empresas de Carlos Slim son “dominantes” en el mercado de telefonía e impuso medidas, como obligarlas a permitir que competidores más pequeños accedan a la infraestructura digital a precios preferenciales. El regulador también está avanzando hacia la desagregación del bucle local (LLU por sus siglas en inglés), lo que limitaría el control de América Móvil sobre el acceso de muchos hogares a servicios de cable.
Aunque aún no ha recibido una orden formal, Slim dijo que dada la batería de nuevas medidas piensa vender parte de su participación en América Móvil para reducir su participación de mercado a menos de 50%.
Pero las reformas van más allá de las teleco. Aunque Grupo Televisa no se ha visto tan afectado por las regulaciones del IFT, también fue declarado “dominante” en su sector y ahora enfrenta nuevos desafíos de competitividad.
El IFT está subastando dos nuevas licencias nacionales de televisión abierta, con lo que la cantidad de actores de ese mercado se subiría de dos (Televisa y TV Azteca) a cuatro. Las nuevas licencias se adjudicarán en marzo de 2015. Tres interesados locales, Grupo Radio Centro, Cadena Tres y Estudios Tepeyac, siguen en carrera.
The telecom playing field in Mexico is levelling out as the newly established Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) works to break down monopolies and allow smaller telephony players into the market.
The recent shake-up in the telecom sector can be attributed to policies of President Enrique Peña Nieto’s government, which took office in December 2012. Their view has been that large oligopolistic groups have dulled Mexico’s competitive edge; they were seen as using their power to maintain high prices and reduce the need to innovate.
According to OECD estimates, this lack of competition in Mexico’s telecoms market has cost the country as much as 1.8% of GDP a year in missed growth opportunities. Mexican mobile phone and Internet connectivity remains less developed and more expensive than in many other Latin American countries, according to IFT and OECD data respectively.
The market is divided between América Móvil, which controls 80% of fixed-line communications through Telmex, and 70% of the mobile subscriptions through its subsidiary Telcel. It also controls 60% of the broadband internet market. Spanish company Telefónica operates in the mobile segment through its brand Movistar, which has a market share of 22%. Smaller operator Iusacell is 50:50 joint venture between Mexican entrepreneur Ricardo Salinas Pliego’s Groupo Salinas and Televisa; a powerful broadcaster with a 70% share of the TV market.
In November, Groupo Salinas was reported to be acquiring the 50% stake held by Televisa in order to fully divest Iusacell to US-based AT&T for $2.5bn. Iusacell has a relatively small subscriber base of 8.6m people, covers 70% of Mexico, and has only an 8% market share.
AT&T has for many years been a partner of, and shareholder in, América Móvil, which is owned by Carlos Slim Helú, but ties waned in May when AT&T announced a $48.5bn takeover bid for DirectTV, a competitor of Slim’s DishTV.
AT&T chief executive Randall Stephenson said in November that the operator’s geographic spread would give it an advantage over local competitors. “It will create the first-ever North American mobile service area covering over 400m consumers and businesses in Mexico and the US”.
Regulatory changes could help the small players to flourish, such as Spain’s Telefónica, which has been operating Telefónica Mexico since 2001. The operator reported a 13% increase in revenues for the third quarter in 2014 with operating profits jumping 51%. Telefónica chief operating officer José María Alvarez-Pallete said, “The regulatory changes provide a much more level playing field.”
An earlier bid by Telefónica to acquire Iusacell had been rebuffed but it may now be considering a bid for part of América Móvil if Carlos Slim divests branches of the company.
Agreement to restructure the industry was made possible through the Pact for Mexico, which united the country’s major political forces. On June 2013, the constitutional amendment was signed by the President, opening the door for a stronger government role in reversing the monopolistic status quo in the telecoms and media sectors. The secondary or enabling legislation followed in July 2014.
The initial constitutional amendment paved the way for the creation of a new telecoms regulator, the IFT, which has already announced changes, including regulations to curb América Móvil’s grip on the sector. Alongside being given the power to determine if market players are ‘predominant’, it can also impose ‘asymmetric’ measures to try to create a more level competitive field.
Earlier in 2014, the IFT had formally found Carlos Slim’s companies to be ‘predominant’ in telephony and imposed measures, such as forcing them to allow smaller competitors access to digital infrastructure at preferential rates. The regulator is also moving towards local loop unbundling (LLU) that would loosen América Móvil’s hold on cable access to many homes.
While not yet formally forced to do so, Slim has indicated that in view of the battery of new measures, he is planning to divest part of his shareholding in América Móvil to reduce its market share to below 50%.
Meanwhile, the reforms do not stop at telecoms. Although Grupo Televisa has faced comparatively less regulation at the hands of the IFT, it too has been declared ‘predominant’ in its sector and has new competitive challenges ahead of it.
The IFT is auctioning two new nationwide direct-to-air TV licences, doubling the total number of players in that market from two (Televisa and TV Azteca) to four. The new licences will be awarded in March 2015; three local bidders - Grupo Radio Centro, Cadena Tres and Estudios Tepeyac - are still in the running.
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