A pesar de que Aunque América Latina se vio afectada por una menor inversión y la caída en los precios de los bienes básicos en 2014, la economía de Colombia mostró una fortaleza que la llevó a superar el desempeño de muchos de sus vecinos.
Para este ano, se espera que tanto su economía diversificada como el clima favorable para los negocios ayudaran a superar, una vez más, el crecimiento regional promedio. Sin embargo, existen varios desafíos en el horizonte, como el descenso de los precios globales del petróleo, por lo que 2015 también será un año marcado por la incertidumbre.
Un informe publicado en diciembre por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) mostró un sombrío panorama económico en 2014 y proyectó una desaceleración del crecimiento del PIB a 1,1% en toda la región (lo que representa un mínimo de cinco años), a causa de factores como el mediocre desempeño en las economías desarrolladas y la ralentización de países emergentes como China, uno de los principales socios comerciales de los exportadores de materias primas de la región. Se espera una recuperación moderada, con un crecimiento de 2,2% en 2015.
Sin embargo, se espera que Colombia tenga uno de los mejores desempeños de este año, con una previsión de crecimiento del PIB de 4,8% (muy por encima del sobre el promedio regional) y se desacelerará marginalmente el próximo año a 4,3%.
Junto con su amplia base económica, que incluye estabilidad en los servicios, producción, minería, petróleo y gas, Colombia cuenta con una trayectoria de apertura al mercado y responsabilidad fiscal.
En el último informe anual Doing Business del Banco Mundial, el pais se encuentra en la posición 34, y está primero entre los mercados latinoamericanos. “Colombia ha implementado el mayor número de reformas regulatorias en la región desde 2005, con 29 en total”, junto con la destacada Ley de Inclusión Financiera, que define un marco para la expansión de los servicios de ahorro y pago con la habilitación de servicios digitales.
Tras ser reelegido en segunda vuelta en junio, el Presidente Juan Manuel Santos confirmó a Mauricio Cárdenas como ministro de Hacienda y Crédito Púbico, en una jugada para mantener la continuidad en la política monetaria. La inflación se sitúa en el 3,7%, lo que se considera bajo en relación con los pares de Colombia, mientras que el déficit fiscal y la cuenta corriente del gobierno son vistos como manejables, con una perspectiva positiva para las entradas de inversión extranjera directa (IED).
Sin embargo, Colombia se enfrenta a importantes desafíos para el próximo año. El Presidente Santos fue reelegido gracias a su promesa de negociar la paz con las guerrillas de izquierda y poner fin a 50 años de insurgencia, un hecho que, aunque daría sus frutos con el tiempo, presionaría las finanzas del gobierno en el corto plazo. Un acuerdo de paz requerirá el establecimiento de una fuerza gubernamental plena en todo el territorio nacional, resolviendo disputas por propiedad de tierras y suministrando servicios básicos más inclusivos, así como también oportunidades de empleo.
Crecen las preocupaciones en el seno de las arcas públicas acerca de las próximas exigencias ya que llegan en un contexto de caída de los precios del petróleo a nivel internacional. El crudo aporta más de la mitad de los ingresos por exportaciones. En este sentido, teniendo en cuenta que los precios han caído casi 40% entre junio y diciembre, la producción colombiana de petróleo se ha moderado.
Las tasas de reemplazo de las reservas de hidrocarburos se están reduciendo. Funcionarios de gobierno calculan que, con las tasas de producción actuales, cerca de un millón de barriles al día (bpd en inglés), las reservas conocidas se agotarán en unos siete años.
El país también ha tenido que lidiar con una depreciación del peso este año (en el segundo semestre ha sufrido el peor desempeño entre las monedas de mercados emergentes, después del rublo ruso). Aunque hay temores de que un debilitamiento del peso elevará el riesgo de una mayor inflación, también podría resultar ser un medio útil para dar impulso a las exportaciones no relacionadas con el crudo. No obstante, este , crecimiento se ve limitado por una logística deficiente y costos no salariales relativamente altos.
El gobierno busca mejorar la competitividad invirtiendo en infraestructura vial y de transporte, aunque pasará tiempo antes de que estas mejoras surtan efecto rindan frutos. Colombia aún tiene los segundos costos de transporte más altos de la región, que se sitúan en USD 2.355 por contenedor equivalente a 20 pies (TEU en inglés), mientras que el costo de la electricidad para uso industrial también es uno de los más altos de América Latina.
Frente a los costes económicos que se esperan por un acuerdo de paz, el Presidente Santos ha buscado potenciar la solidez financiera del gobierno. En diciembre, el mandatario y el ministro de Hacienda aseguraron la aprobación en el Senado de un paquete tributario diseñado para cubrir un déficit fiscal de unos USD 5,2 mil millones en 2015.
Tras negociar con el lobby empresarial colombiano, los líderes acordaron descontinuar un impopular “impuesto al patrimonio” y reemplazarlo con un recargo del 5% a las utilidades corporativas y una extensión del “cuatro por mil” del impuesto a las transacciones bancarias, por un periodo de cuatro años. El Senado también aprobó la creación de una comisión especial para estudiar importantes reformas a la estructura tributaria.
Se espera que los impuestos sigan siendo un importante tema de discusión en Colombia durante 2015, junto con negociaciones de paz en La Habana que pueden marcar un giro decisivo para la economía del país. Sin embargo, el mercado global del petróleo, en su importancia suprema, seguirá siendo vigilado de cerca.
While falling investment and lower commodity prices weighed on Latin America in 2014, Colombia’s economy displayed resilience that led to it outperforming many of its neighbours.
Colombia’s diversified economy and business-friendly climate are expected to help it edge ahead of regional average growth again next year. However, with several challenges looming, including lower global oil prices, 2015 will also be a year marked by uncertainty.
A report published in December by the UN’s Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) painted a somewhat sombre picture of the economy in 2014, forecasting an expected easing of GDP growth across the region to a five-year low of 1.1%, driven by factors such as a lacklustre performance of developed economies and the slowing of emerging countries such as China, which is one of the main trading partner of raw material exporters in the region. A moderate recovery is forecast in 2015 of 2.2% growth.
Colombia, however, is expected to be one of the top performers this year, with GDP growth of 4.8% − well above the regional average − and slowing only slightly next year to 4.3%.
Along with its broad economic base, which includes well-established services, manufacturing, mining, and oil and gas sectors, Colombia has a track record of market-friendly and fiscally responsible programmes.
The country ranked 34th globally in the World Bank’s latest ‘Doing Business’ report, while taking the top spot among Latin American markets. “Colombia has implemented the largest number of regulatory reforms in the region since 2005, with 29 in total,” it was noted, while the report highlighted the Financial Inclusion Bill, which sets out a framework for the expansion of savings and payment services by enabling digital services.
After winning a run-off election in June, President Juan Manuel Santos confirmed Mauricio Cárdenas as his finance minister, in a move aimed at maintaining economic policy continuity. At 3.7%, consumer inflation remains low relative to Colombia’s peers, while the government’s fiscal and current account deficits are seen as manageable, particularly with a positive outlook for foreign direct investment (FDI) inflows.
However, Colombia faces significant challenges in the coming year. President Santos was re-elected on the back of a promise to negotiate peace with left-wing guerrillas and end a half-century-old rebel insurgency which, while expected to yield results over time, will put pressure on government finances in the short term. A peace settlement will require establishing a full government presence throughout the national territory, resolving land-ownership issues, and providing more inclusive basic services and employment opportunities.
Concerns are growing about the timing of new demands on Colombia’s coffers, which come against a backdrop of falling international oil prices. Oil accounts for more than half of Colombia’s export revenue. However, with prices dropping almost 40% between June and December, Colombian oil production growth has now levelled off.
Hydrocarbons reserve replacement rates are in decline. Officials calculate that with current production rates now close to one million barrels per day (bpd), known reserves will last about seven years.
The country has also grappled with a weak peso throughout the year – with the peso the worst-performing emerging market currency after the Russian ruble in the second half of the year. While there are concerns that a weakened peso increases the risk of higher inflation, it could also prove to be a useful means of boosting non-oil exports, although growth is limited by poor logistics and relatively high non-wage costs.
The government is looking to improve competitiveness by investing in road and transport infrastructure, although upgrades will take time to yield results. Colombia still has the second-highest transport export costs in the region, calculated at $2,355 per 20-foot equivalent (TEU) container, while the cost of electricity for industrial users is one of the highest in Latin America.
Faced with the expected economic costs of a peace settlement, President Santos has sought to boost the government’s financial strength. In December, the president and finance minister secured Senate approval for a tax package designed to cover a 2015 fiscal shortfall of around $5.2bn.
After negotiations with Colombian business lobbies, the leadership agreed to phase out an unpopular ‘wealth tax’ and replace it with a 5% surcharge on corporate profits and a four-year extension of a ‘4-per-thousand’ tax on bank transactions. The Senate also approved the creation of a special commission to study major structural tax reforms.
Taxation is expected to remain a major topic of discussion in Colombia throughout 2015, together with the peace talks in La Habana that may constitute a turning point for the Colombian economy. However, it is the all-important global oil market, which will be the subject of careful monitoring.
Stay updated on how some of the world’s most promising markets are being affected by the Covid-19 pandemic, and what actions governments and private businesses are taking to mitigate challenges and ensure their long-term growth story continues.
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