Un esfuerzo nacional para impulsar el transporte y la capacidad logística de Panamá mantendrá el gasto en infraestructura por encima de la media regional, a pesar de que los desafíos de la economía nacional podrían frenar el ritmo del desarrollo de nuevos proyectos.
Los analistas esperan que el crecimiento de la economía se enfríe en el nuevo año, teniendo en cuenta la presión sobre el crecimiento de los fondos estatales y las proyecciones que apuntan a una caída de los ingresos. También están surgiendo preocupaciones sobre que los retrasos y los costos del proyecto de la extensión del Canal de Panamá superen el presupuesto inicial de 5250 millones de dólares –con algunas estimaciones situando en 7000 millones de dólares el precio final- y puedan devorar el capital destinado a otros desarrollos de infraestructura.
Panamá dedica un 3,2% de su PIB a la inversión en infraestructura, según un informe publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) a mediados de octubre, lo que lo posiciona como el octavo de 15 países de América Latina. Costa Rica encabezó la lista, al destinar un 5,4% de su PIB a proyectos de infraestructura.
El nivel de gasto de Panamá lo sitúa muy por encima del promedio regional de 2,7% de la última década, aunque, como ocurre en otros países evaluados, el nivel de inversión infraestructural se sitúa muy por debajo del 6,2% del PIB que sería necesario para alcanzar los objetivos económicos nacionales, según la CEPAL.
Un informe anterior de la CEPAL, publicado en agosto, mostró que el transporte y los proyectos logísticos en el país fueron en su mayor parte financiados por el Estado en la década anterior a 2013, al contrario de lo que ocurre en la industria energética, que se ha beneficiado de una alta inversión del sector privado.
Si bien la infraestructura logística y de transporte panameña sale favorecida en una comparación con los países vecinos, se requerirá refuerzo en la inversión si se desea mantener las altas tasas de crecimiento que se han podido observar en los últimos años. La economía del país creció una media de 9,8% en el periodo de tres años hasta 2013.
La ampliación del Canal de Panamá, que se espera esté finalizada en 2016, constituye el mayor proyecto de infraestructura, y el más anunciado, aunque existen también otros planes en marcha para desarrollar grandes iniciativas en el sector del transporte.
Tras hacer la inversión un tema central de la campaña de elección presidencial, el gobierno de Juan Carlos Varela anunció una serie de proyectos infraestructurales, entre ellos la construcción de dos autopistas con costos estimados en 300 millones de dólares, una vez que llegara al poder. El gobierno debe además convocar una licitación para la segunda fase de la construcción del metro en la capital. El proyecto de 2.200 millones de dólares contará con una línea de 21 kilómetros y 16 estaciones.
Estas iniciativas deberán generar un flujo constante de trabajos para contratistas y suministradores de materiales, aunque también se requerirán importaciones para satisfacer algunas de las necesidades de tecnología y equipamiento.
Sin embargo los desafíos económicos generados por las proyecciones de un crecimiento más lento corren el riesgo de hacer disminuir la actividad. En su evaluación más reciente, publicada a mediados de octubre, la agencia de calificación Standard & Poor’s (S&P) proyecta que el crecimiento de la economía de Panamá descenderá hasta un promedio de 6% en los próximos cuatro años. El déficit actual podría mantenerse en una cifra de dos dígitos también este año -11% del PIB según la misma proyección de S&P-, comparado con el 11,9% del PIB en 2013, lo que en parte refleja el gran nivel de importaciones necesario para los proyectos infraestructurales.
Otros factores podrían contribuir a la reducción del financiamiento de la infraestructura en los próximos años, entre ellos las promesas de aumentar el gasto en otros sectores. El compromiso del gobierno de incrementar el gasto en educación, los subsidios eléctricos y la seguridad social ya está aumentando la presión en las arcas del estado.
El Ejecutivo ya pidió autorización parlamentaria a comienzos de octubre para aumentar el techo del déficit del sector público no financiero hasta el 3,9% del PIB, permitiendo mayores préstamos para financiar programas estatales, aunque algunos de los proyectos podrían todavía detenerse.
Al mismo tiempo el país también anticipa unas menores ganancias a las esperadas por el canal debido a la reducción de la demanda como consecuencia de un posible debilitamiento de la economía global. Se esperaba que los ingresos del canal que contribuyen al gasto público y otros programas sociales y de infraestructura se duplicasen al 2020.
A national drive to boost Panama’s transport and logistics capacity will keep infrastructure spending above regional averages, although challenges in the domestic economy could slow the tempo of new project roll-outs.
With pressure on state funds growing and forecasts indicating a fall in revenue, analysts expect the economy to cool next year. Concerns are also emerging that delays and cost overruns of the $5.25bn Panama Canal extension project – with some estimates putting final costs at more than $7bn − could swallow up capital earmarked for other infrastructure developments.
Panama spends 3.2% of GDP on infrastructure investment, according to a report published by the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) in mid-October, ranking it eighth out of 15 Latin American countries. Costa Rica topped the list, channelling 5.4% of GDP into infrastructure projects.
Panama’s spending levels sit well above the 2.7% regional average of the past decade, although, like the other countries assessed, infrastructure investment falls short of the 6.2% of GDP required to meet national economic goals, according to the Commission.
An earlier ECLAC report, released in August, showed that Panama’s transport and logistics projects were largely funded by the state in the ten years to the beginning of 2013, unlike the energy industry, which has profited from heavy private sector investment.
While the transport and logistics infrastructure compares favourably with that of its neighbours, reinforcements will be required if it is to maintain the strong growth rates witnessed in recent years. Economic expansion averaged 9.8% in the three-year period to 2013.
The Panama Canal expansion, which is set for completion in 2016, marks the largest and most highly publicised project, although plans are underway for several other major transport ventures.
After putting investment at the centre of the presidential election campaign, the administration of Juan Carlos Varela announced a series of infrastructure projects, including two highways to be built at a cost of $300m, once in office. The government is also due to issue a tender for the second stage of the metro system in the capital. The $2.2bn project will feature a 21-km line and serve 16 stations.
The projects should generate a steady flow of work for contractors and materials suppliers, even though imports will also be required to meet some technology and equipment needs.
However, economic challenges − led by anticipated slower growth − risk dampening activity. In its most recent note, issued mid-October, the ratings agency Standard & Poor’s (S&P) forecast Panama’s economic expansion to ease to an average of 6% over the next four years. The current account deficit is likely to remain in double-digit figures this year, at 11% of GDP according to S&P forecasts, compared with 11.9% of GDP in 2013, which partly reflects the high level of imports needed for infrastructure projects.
Other factors could also contribute to a reduction in infrastructure funding in the coming years, including pledges to raise spending in other sectors. A government commitment to increasing outlays on education, electricity subsidies and social security is already putting pressure on the state coffers.
The government sought parliamentary authorisation at the beginning of October to raise the 2014 non-financial public sector deficit ceiling to 3.9% of GDP, enabling more borrowing to fund state programmes, although some projects could still be reined in.
Meanwhile, the country is also anticipating lower-than-expected earnings from the canal due to reduced demand from a potential weakening of the global economy. Revenues from the canal contributing to public sector spending on other infrastructure and social programmes were projected to double by 2020.
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