Colombia: Cooperando para la reforma educativa

Mientras que las protestas estudiantiles en Chile ocuparon los titulares mundiales el año pasado, Colombia está pasando por una transformación educativa similar, aunque menos publicitada. Legisladores y estudiantes se encuentran trabajando juntos en la redacción de una reforma que esperan ponga el sistema educativo superior a la altura de los países más desarrollados.

Los actuales esfuerzos por concertar la reforma vienen después de una acalorada disputa entre el Congreso y los líderes estudiantiles que se inició el otoño pasado, cuando el Congreso debatió la ratificación de una nueva ley de reforma. En este plan, los legisladores se centraron principalmente en el aumento de la cobertura de la educación superior en universidades públicas, apoyando el ingreso de más estudiantes de bajos recursos económicos en el sistema e instituyendo un mejor gobierno y transparencia en las universidades colombianas.

El proyecto de ley propuso incrementar el número de cupos disponibles en las universidades públicas: 600.000 nuevos cupos para estudiantes de pregrado y 45.000 nuevos cupos para estudiantes de posgrado. Los legisladores concluyeron que esto permitiría un aumento en la cobertura de la educación superior de 37% a 50%. Aquéllos que apoyan esta reforma estiman que las medidas tomadas para aumentar la capacidad de las universidades permitirían un incremento del 64% para 2022, al mismo nivel que los países desarrollados.

También se debatió, como parte del proyecto de ley, la propuesta de proporcionar préstamos con condiciones extremadamente favorables a los estudiantes de bajos recursos económicos, incluyendo 0% de interés y una condonación de deuda del 25% luego de graduarse.

Si bien los líderes estudiantiles y legisladores están de acuerdo en que existe la necesidad de ampliar la capacidad de las universidades públicas y de apoyar a los estudiantes de bajos ingresos, hubo varias propuestas más controversiales que se encontraron con una fuerte resistencia por parte de la comunidad académica.

Entre éstas podemos mencionar el requisito de que se acrediten las 80 universidades colombianas. En la actualidad, sólo 21 universidades del país tienen acreditación, y muchos líderes universitarios sostienen que sin mayores recursos sería imposible para éstas ser justamente evaluadas para su acreditación.

Sin embargo, la parte más controversial del proyecto de ley ni siquiera llegó al Congreso para el debate de noviembre. Originalmente, los legisladores habían propuesto que las universidades privadas, que en la actualidad son sin fines de lucro y por lo tanto están obligadas a reinvertir cualquier fondo recibido, se transformaran en empresas con fines de lucro.

Lo que motivó a los legisladores a hacer esta propuesta es que se cree que gran parte de los fondos recibidos por las universidades privadas se "reinvierten" en unas pocas manos. Los legisladores argumentaron que un sistema con fines de lucro obligaría a las universidades privadas a operar de manera más eficiente y transparente, y también les daría la capacidad de poder atraer capital extranjero.

Para los estudiantes colombianos, esta propuesta fue poco más que un intento de los legisladores para eludir la responsabilidad de la educación superior mediante la entrega de un gran número de universidades a las fuerzas del mercado privado. A raíz de la fuerte desaprobación de los estudiantes y académicos, se dejó de lado esta parte del proyecto de ley en agosto de 2011.

Sin embargo, se mantuvo otra parte controvertida del proyecto de ley: la propuesta para que las universidades públicas puedan buscar fuentes alternativas de financiamiento mediante colaboraciones con empresas privadas, tales como parques tecnológicos.

Esta propuesta causó protestas estudiantiles masivas y una huelga estudiantil a finales de 2011. Finalmente, a mediados de noviembre, María Fernanda Campo, la Ministra de Educación, anunció que dicho proyecto de ley sería retirado del debate congresal, oficialmente atendiendo las peticiones de los estudiantes de tener una mayor participación en el diseño e implementación de la reforma universitaria.

A la fecha, MANE (Mesa Amplia Nacional Estudiantil) es el órgano estudiantil representativo ante el gobierno. Se encuentra comprendido por delegados de universidades tanto públicas como privadas, y de escuelas técnicas.

El primer encuentro de MANE con el gobierno se realizó el 11 de abril, el grupo presentó una propuesta para debatir las posibles medidas de reforma, primero entre los estudiante de la universidad y las facultad, y luego a nivel de ciudad y de región.

Juan Sebastián López, portavoz de MANE, comentó a la prensa local que "el Gobierno respeta y reconoce la metodología de la MANE como amplia y democrática". MANE tiene previsto organizar varios debates públicos a principios de junio. Las conclusiones que se extraigan de estos debates se resumirán en una propuesta alternativa para la reforma educativa. MANE anunciará dicha propuesta el 12 de octubre.

Si bien lo más probable es que legisladores y estudiantes sigan discutiendo los aspectos específicos de la reforma, todos están de acuerdo en que se debe hacer algo. La agencia calificadora de riesgo Standard & Poor’s recientemente publicó un informe en el que plantea que la falta de personal altamente calificado impedirá que Colombia coseche los beneficios de los nuevos tratados de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá.

Un sistema educativo superior plagado de recortes de presupuestos e ineficiencias, eventualmente frenará la economía colombiana, a menos que los legisladores y los estudiantes puedan ponerse de acuerdo en cómo salir de esta tendencia.

Colombia: Cooperating on education reform

While Chile’s student protests have made global headlines over the past year, Colombia is going through a similar, albeit less well-publicised, educational transformation of its own. Lawmakers and students are currently working together on drafting the reform that they hope will bring the country’s higher education system up to par with developed-world standards.

Current reform efforts follow a heated disagreement between congress and student leaders that began last fall as congress debated the ratification of a new reform law. Under this plan, lawmakers focused primarily on increasing the availability of higher education at public universities, supporting the entrance of more low-income students into the system and instituting better governance and transparency at Colombian universities.

The bill proposed an increase in the number of seats available at public universities – 600,000 more spots for undergraduates and 45,000 more for graduate students. Lawmakers reasoned this would allow for an increase in the percentage of eligible students matriculated in higher education from 37% to 50%. Long term, supporters of the reform bill estimate that measures to expand university capacity would allow matriculation to reach 64% of qualifying students, the same level as developed countries, by 2022.

Also debated as part of the bill was a proposal to provide low-income students with student loans on extremely favourable conditions, including zero-interest and 25% debt cancellation upon graduation.

While student leaders and lawmakers alike could agree on the need to expand public university capacity and support low-income students, there were several more controversial proposals that were met with strong resistance from the academic community.

Among them was a requirement that all of Colombia’s 80 universities be accredited. At present, only 21 of the country’s universities are accredited, and many university leaders argue that without greater resources, it would be impossible for them to be fairly evaluated for accreditation.

The most controversial part of the bill, however, did not even make it to congress for the November debate. Lawmakers had originally proposed that private universities, which are currently all non-profit and thus forced to re-invest any funds received, be transformed into profit-seeking enterprises.

This proposal was motivated by lawmakers’ belief that much of the funds received by private universities are “re-invested” into a few hands. A for-profit system, they argued, would force private universities to operate more efficiently and transparently, while potentially granting universities the ability to attract more capital from abroad.

To Colombian students, this proposal sounded like little more than an attempt by lawmakers to shirk responsibility for higher education by handing over a large number of universities to private market forces. Following the strong disapproval of students and academics, this part of the bill was dropped in August 2011.

Another controversial part of the bill remained, however. This was a proposal for public universities to seek out alternative sources of funding by developing collaborations with private companies, such as technological parks.

It was this proposal that led to massive student protests and a student strike at the end of 2011. Finally, in mid-November, Maria Fernanda Campo, the minister of education, announced the withdrawal of the bill from congressional debate, officially bowing to students’ requests for a greater voice in designing and implementing university reform.

At present, MANE (the National Student Board) is the designated student representative to the government. The organisation is comprised of delegates from both public and private universities, as well as technical schools.

In MANE’s first face-to-face meeting with the government on April 11, the group outlined a proposal to debate potential reform measures first between the university student and faculty bodies and then on the city and regional level.

Juan Sebastián López, a MANE spokesperson, told local press that, “The government respects and recognises MANE’s methodology as expansive and democratic”. MANE plans to organise several public debates in early June. Conclusions drawn from these debates will be synthesised into an alternative proposal for education reform, which MANE will announce on October 12.

While lawmakers and students are likely to struggle over the specifics of the reform, they do agree that something must be done. Ratings agency Standard & Poor’s recently released a report claiming that a lack of highly qualified personnel is likely to hold Colombia back from reaping the benefits of new free trade agreements with the US and Canada.

A higher education system plagued by budget shortfalls and inefficiencies will eventually hold back the Colombian economy as a whole unless lawmakers and students can agree on a way to buck the current trend.

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