El impacto que el retraso de la infraestructura de transporte colombiana podría tener sobre el futuro crecimiento económico del país fue señalado en dos ocasiones durante el último año en informes publicados por el Banco Mundial y Fedesarrollo, un centro de análisis colombiano de carácter independiente, respectivamente.
Ambos informes coinciden en que el desarrollo y la rehabilitación de las redes nacionales de transporte requerirán de una inversión de miles de dólares que, en el mejor de los casos, provendrían del sector privado, para suplir así la demanda de transporte y brindar apoyo al crecimiento económico.
Los resultados de dichos informes han sido reconocidos por el gobierno colombiano, que se ha comprometido a hacer del desarrollo de la infraestructura una prioridad a través del despliegue de una serie de Asociaciones Público-Privadas que se llevarían a cabo entre 2011 y 2021.
El Banco Mundial, en su publicación Colombia Urbanization Review, encontró que la combinación de centros urbanos densamente poblados, las considerables distancias entre ellos y la pobre infraestructura vial hacen que para las ciudades colombianas sea bastante arduo llegar a ser competitivas. El estudio también señaló las difíciles condiciones que generan tanto la topografía montañosa como el clima agreste, afirmando que los costos adicionales de transporte generados por ellos se reflejan en los precios de las mercancías.
El costo de envío de productos desde la capital - Bogotá - hasta la costa Caribe tiene un promedio de US$94 por tonelada, es decir, US$34 más que el costo de transporte de los mismos productos desde Cartagena hasta Shangai. De acuerdo con el estudio, Colombia presenta una alta dependencia por los bienes de consumo básico, que en su mayor parte se encuentran en el interior del país y representan el 7% del PIB, lo que muestra que la precaria infraestructura vial está obstaculizando de manera directa el crecimiento económico y la competitividad.
El informe de Fedesarrollo, entregado a finales de noviembre en el 9º Congreso Nacional de Infraestructura que tuvo lugar en Cartagena, citó los bajos niveles de inversión pública y privada y el mantenimiento ineficiente de las vías como las principales razones del atraso vial del país. En dicho informe se estima que se necesitaría una inversión anual de US$11 mil millones o, en otras palabras, el 3.1% del PIB durante los próximos diez años para situar la capacidad de transporte a la altura del crecimiento económico y la demanda. Las redes de infraestructura vial y ferroviaria, que transportan respectivamente el 71.7% y el 26.6% de los productos en Colombia, fueron señaladas como los dos segmentos del transporte con mayor necesidad de desarrollo y rehabilitación.
El estudio también señaló la importancia de impulsar los puertos y aeropuertos de Colombia, afirmando que en la actualidad lograban satisfacer la demanda gracias a una operación al límite de su capacidad, lo que pone en evidencia las necesidades de su desarrollo de acuerdo con las recientes perspectivas de crecimiento económico publicadas por el Ministerio de Finanzas, el 4.8% en 2013. Además, el informe de Fedesarrollo indicó que la revisión de la infraestructura de transporte debería ser llevada a cabo a través de regímenes de Asociación Público-Privada.
Muchas de las recomendaciones del estudio se reflejan en las estrategias generales del gobierno para la rehabilitación de las redes de transporte, las cuales incluyen una gran campaña para atraer a la inversión privada nacional y extranjera hacia sus proyectos.
Como parte de su esfuerzo por llevar hacia delante el desarrollo de la infraestructura, la administración introdujo hace doce meses una importante legislación que rige el proceso de contratación de concesiones para las empresas privadas que realizan proyectos de gran envergadura. El marco de concesiones de cuarta generación para las Asociaciones Público-Privadas establece un plazo máximo de 30 años para las iniciativas de dichas asociaciones y limita hasta el 20% las contribuciones que el gobierno puede hacer al presupuesto de los proyectos.
La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, creada en noviembre de 2011 con el fin de sustituir al Instituto Nacional de Concesiones, supervisará la coordinación del gobierno con el sector privado para el desarrollo de la infraestructura. Como parte de sus obligaciones, la ANI encabezará los planes del gobierno para asegurar una inversión de más de US$50 mil millones para el desarrollo del transporte a través de esquemas de Asociación Público-Privada entre 2011 y 2021. Bajo el nuevo esquema, la agencia espera un incremento cuatro veces mayor en carreteras de doble calzada (equivalente a 3400 km), una extensión que triplique las vías férreas (equivalente a 2340 km) y un crecimiento del 100% y el 50%, respectivamente, en capacidad de los puertos y aeropuertos para 2020.
Las rondas de licitación para estos proyectos se llevarán a cabo durante los próximos 18 meses. La ANI comenzó un proceso de licitación por US$1.95 mil millones en concesiones viales en diciembre para la rehabilitación de cuatro carreteras. El gobierno pretende adjudicar un total de US$27.9 mil millones en concesiones para infraestructura vial hacia el 2021, así como US$10.5 mil millones en vías férreas, US$1.5 mil millones en puertos, US$1.000 millones en aeropuertos y US$1.5 mil millones en vías fluviales.
Diez años de reformas económicas, fiscales y sociales han ayudado a Colombia a fortalecer su reputación como un destino atractivo para los capitales privados, particularmente para la inversión extranjera directa (IED). Los planes para modernizar la infraestructura de transporte deben servir para cohesionar los esfuerzos por atraer al sector privado hacia el plan de desarrollo más ambicioso del país hasta la fecha.
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