A pesar de un crecimiento constante durante los últimos años, la industria aseguradora mexicana aún se considera fragmentada y pequeña con relación al tamaño de la economía del país. Sin embargo, la dinámica del sector presentará una importante transformación, pues los participantes del mercado esperan ajustarse a un nuevo régimen de regulación basado en Solvencia II, el cual entrará en vigor en el año 2015.
Se espera que las nuevas disposiciones legales, que elevarían las exigencias de reservas y capital, logren mejorar los balances financieros del sector y lo conduzcan hacia la consolidación del mercado, pues las empresas de menor tamaño se enfrentan así a retos considerables en el cumplimiento de las nuevas regulaciones. De acuerdo con la Asociación de Supervisores de Seguros de Latinoamérica, ASSAL, a finales de 2012 México reportó una cifra de 104 compañías de seguros en su territorio, 59 extranjeras y 45 nacionales, frente a un total de 92 en el año 2002.
Es bastante probable que el nuevo marco regulatorio genere otras modificaciones en el sector, incluyendo un aumento en el uso del reaseguramiento. Al respecto, Ingrid Carlou, directora general de la compañía reaseguradora Patria Re, dijo a OBG: "El mayor requerimiento de capital bajo la nueva ley de Solvencia II así como la nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, ISPA, impulsará la demanda del reaseguramiento , pues las compañías aseguradoras buscarán gestionar el riesgo de una manera más eficiente. " El ISPA entró en vigencia a principios de este año.
La industria aseguradora ha crecido de forma constante durante la última década, estando así a la par con el crecimiento económico que en términos generales presenta el país tal y como lo evidencia el crecimiento de las primas a una tasa promedio anual del 8.3% entre 2002 y 2012, llegando a los US$ 24.1 mil millones el año pasado. Los seguros de vida, automovilísticos, daños y médicos son los segmentos de mayor tamaño, lo que representa un total combinado de 73.1% del mercado. En 2012, los seguros de vida registraron US$ 9.65 mil millones en primas, seguidos por los seguros para daños y perjuicios (US$ 4.85 mil millones), automóviles (US$ 3.6 mil millones) y médicos (US$ 3.14 mil millones). Las cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros revelan que el sector ha seguido creciendo durante el año 2013, con primas que registran un incremento anual del 16% en términos nominales durante el segundo trimestre.
Por otra parte, estas sólidas cifras de crecimiento pueden ser engañosas ya que provienen de una estrecha base, pues apenas el 24% de los mexicanos contaba con un seguro para finales del año 2012. Si bien la nueva normativa procurará garantizar que el sector asegurador se encuentre bien capitalizado, es poco probable que aumente la tasa de penetración de los seguros en el mercado. De acuerdo con las cifras dadas a conocer por la ASSAL, las primas de seguros fueron equivalentes al 2.02% del PIB a finales del año 2012. Si bien lo anterior representa una mejora del 1.54% en el año 2005, la cifra aún está por debajo del promedio regional del 2.8% y muy por debajo con relación al promedio de Chile del 3.89% con respecto al PIB.
Para mejorar las tasas de penetración del sector, México tendrá que superar algunas barreras culturales, lo cual podría ser a la postre un gran desafío. Según Carlou, los acuerdos informales de compartimiento de riesgos son muy populares y han frenado el desarrollo del seguro formal, "las ineficiencias en los sistemas públicos de seguridad social han erosionado la confianza en el sector asegurador, lo cual conduce a la aparición de redes de compartición de riesgo basadas en la familia y la comunidad", dijo a OBG.
El bajo nivel de los ingresos disponibles en la población de bajos recursos constituye otro impedimento. Además, es probable que los agentes aseguradores con beneficios a corto plazo hayan minado la vitalidad del sector, pues han optado por la venta de pólizas en aras de una comisión en lugar de adaptarse cada vez más a las necesidades de los clientes.
La superación de barreras culturales tales como las anteriormente mencionadas requerirá de un periodo considerable de tiempo. Si bien el nuevo marco regulatorio tendrá un efecto limitado en este sentido, contribuirá a mejorar la estabilidad de las compañías aseguradoras, las cuales a su vez podrían generar una confianza más amplia en el sistema. Mientras tanto, el continuo crecimiento económico impulsará la demanda del sector, pues las empresas buscan adquirir pólizas con el fin de limitar su exposición al riesgo.
The new rules, which will raise capital and reserve requirements, are expected to improve the sector’s financial balance sheets and could lead to market consolidation, as smaller firms face challenges in meeting the new standards. According to the Latin American Association of Insurance Supervisors (Asociación de Supervisores de Seguros de Latinoamérica, ASSAL), at the end of 2012 Mexico had 104 insurance companies, 59 foreign and 45 domestic, up from 92 in 2002.
The new regulatory regime is likely to bring about other changes, including an increase in re-insurance usage. As Ingrid Carlou, CEO of re-insurer Patria Re, told OBG, “The higher capital requirements under Solvency II and the new Insurance and Surety Institutions Act (Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, LISF) will boost demand for re-insurance, as insurance companies look to manage risk more efficiently.” The LISF went into effect earlier this year.
The insurance industry has expanded steadily over the past decade in tandem with economic growth, with premiums rising at an average annual rate of 8.3% between 2002 and 2012, hitting $24.1bn last year. Life, auto, damage and medical are the largest segments, accounting for a combined 73.1% of the market. In 2012, life insurance registered $9.65bn in premiums, followed by damages ($4.85bn), auto ($3.6bn) and medical ($3.14bn). Figures from the Association of Mexican Insurance Institutions show that the sector has continued to grow in 2013, with premiums registering a 16% year-on-year increase in nominal terms during the second quarter.
At the same time, these strong growth figures can be misleading, as they stem from a narrow base, with 24% of Mexicans holding insurance as of the end of 2012. While the new regulations will help ensure that the insurance sector is well-capitalised, they are unlikely to boost the rate of insurance penetration. According to figures released by ASSAL, insurance premiums were equivalent to 2.02% of GDP at the end of 2012. While representing an improvement from 1.54% in 2005, this figure sits below the regional average of 2.8% and well under Chile’s premium-to-GDP ratio of 3.89%.
To improve penetration rates Mexico will need to overcome cultural barriers, which could prove to be a challenge. According to Carlou, informal risk-sharing arrangements are popular and have slowed the spread of formal insurance. “Inefficiencies in public social security schemes have eroded trust in the insurance sector, leading to the rise of family- and community-based risk-sharing networks,” she told OBG.
A lack of disposable income among the low-income population constitutes another impediment. In addition, insurance agents with short-term profits in mind may have undermined the health of the sector, selling policies for the sake of a commission rather than tailoring them to the needs of clients.
Overcoming cultural barriers such as these will take time. While the new regulatory regime will have a limited effect in this respect, it will help by improving the stability of insurers, which in turn could build broader trust in the system. Meanwhile, continued economic growth will spur demand, as businesses look to buy polices to limit their risk exposure.
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