El sistema peruano de atención a la salud experimenta un período de transición

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La reforma al sistema de salud pública en el Perú se está moviendo más lentamente de lo esperado, mientras que la competencia se agudiza entre los prestadores privados de salud a medida que las compañías aseguradoras más grandes ingresan al mercado.

Cuando asumió el cargo en el año 2011, el presidente Ollanta Humala se comprometió a que la introducción de la cobertura universal en la salud sería un objetivo de primer orden durante su mandato. Sin embargo, la iniciativa no ha estado a la altura de las expectativas, pues muchos peruanos empleados en el sector informal siguen estando por fuera del sistema de salud.

El gobierno de Humala también se ha enfrentado a críticas por parte de los profesionales médicos empleados en el Ministerio de Salud (MINSA), quienes sostienen que el gobierno no ha podido llevar a cabo la promesa realizada en el mes de octubre de 2012 concerniente al aumento salarial. En el mes de julio los médicos y las enfermeras contratados por el Estado se declararon en huelga para exigir nuevo equipamiento médico, el mejoramiento de las instalaciones hospitalarias y el pago de los aumentos salariales. La huelga fue suspendida en el mes de agosto, después de que los trabajadores del sector entraran en negociaciones con el MINSA.

Los servicios médicos del ministerio usualmente atienden a los peruanos de bajos recursos que no pueden pagar el acceso al sistema privado de salud y se encuentran inscritos en un plan estatal conocido como el Seguro Integral de Salud. El programa cuenta con alrededor 11.5 millones de personas inscritas, de una población total que ronda en los 30 millones de habitantes.

EsSalud, el sistema nacional de seguridad social, es uno de los mayores proveedores de seguros y servicios de salud. Si bien la organización es supervisada por el gobierno, funciona de manera independiente al disponer de su propia red de instalaciones y diferentes planes de servicios.

EsSalud cubre alrededor del 25% de la población, un porcentaje que sigue creciendo cada día a medida que más gente es empleada en la economía formal. Virginia Baffigo, presidenta de EsSalud, dijo a OBG que el número de sus miembros se está incrementando en un 7% en términos anuales. "Para el 2021, se estima que el 44% de la población estará asegurado por EsSalud", dijo.

Tanto EsSalud como el Ministerio de Salud están buscando la ampliación de sus instalaciones, en parte a través de acuerdos con el sector privado. EsSalud ha utilizado el modelo de asociación público-privada (APP) para la construcción de dos nuevos hospitales, el Hospital de Villa María del Triunfo y el Hospital del Callao, los cuales se espera que estén abiertos para el año 2014.

Según Baffigo, las APP son la "mejor opción para aumentar la oferta de atención en la salud" y agregó que el Perú requiere de un incremento de 6.000 camas de hospital. El país cuenta en la actualidad con un estimado de 45.000 camas, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud.

El Ministerio de Salud también se está moviendo en la misma dirección, después de haber desarrollado una serie de proyectos de concesión que han sido licitados a través de ProInversión, la agencia de promoción de la inversión privada en Perú. De ellos, el más significativo es la concesión por 15 años de la administración del nuevo Instituto Nacional de Salud del Niño, ubicado en el distrito limeño de San Borja. Está previsto que el contrato sea adjudicado a finales de este año.

Los médicos, las clínicas y los hospitales del sector privado son también una parte del panorama médico en el Perú, particularmente en Lima. Sin embargo, este mercado ha cambiado en los últimos años a medida que los principales proveedores de seguros, incluyendo a Rímac y El Pacífico Peruano Suiza, se han decidido a adquirir sus propias instalaciones. Este proceso vertical de integración, el cual fue presenciado por primera vez hace dos años, constituye un componente clave de la estrategia con la que las aseguradoras esperan ayudar a contener los costos de la atención médica.

Según lo dicho a OBG por el gerente general de la Clínica Ricardo Palma de Lima, Sebastián Céspedes, las clínicas privadas contemplan ante sí un horizonte compuesto en lo fundamental por dos posibilidades: ser adquiridos por los gigantes del sector asegurador o competir contra ellos por más pacientes.

Durante los años recientes ha sido posible observar que, cada vez con mayor frecuencia, las clínicas privadas recurren a los servicios de la medicina prepagada o "prepagos" como una forma de hacer frente a las grandes firmas que dominan en el sector. Los esquemas conceden beneficios similares a la cobertura del seguro, ofreciendo planes de atención integral de salud y permitiendo a los pacientes el establecimiento de cuentas prepago a las que recurrir durante la atención. "Con una cobertura que ronda las 800.000 personas en todo el país, los servicios de medicina prepagada se han convertido en una forma efectiva de competir ante los mayores grupos aseguradores ", dijo Céspedes.

Es muy probable que el sistema privado de salud siga siendo altamente competitivo, si bien los analistas también advierten que el sector podría permanecer concentrado en Lima. "El sector privado tiene muy poca cobertura fuera de Lima, ya que los hospitales públicos han saturado esos mercados de provincias y distritos como San Isidro, en Lima, continua siendo más atractivo para los hospitales privados", afirmó Céspedes a OBG.

Fuera de la capital, será fundamental para el gobierno y los legisladores resolver los desafíos que enfrenta el sistema de salud pública. Si bien resolver la llamada hecha por los trabajadores de la salud con respecto al incremento salarial es una preocupación inmediata, en el futuro llegará a ser una necesidad de primer orden el mejoramiento integral de las instalaciones de salud pública.

Reform to the public health care system in Peru is moving more slowly than anticipated, while competition is heating up among private care providers as the largest insurance companies enter the market.

President Ollanta Humala pledged to make the introduction of universal health care a priority when he took office in 2011. However, the initiative has fallen short of expectations, as many Peruvians working in the informal sector remain uninsured.

The Humala administration has also faced criticism from medical professionals employed by the Ministry of Health (MINSA), who say the government has failed to follow through with a promise made in October 2012 to increase salaries. In July, state-employed doctors and nurses went on strike, calling for new medical equipment and improvements in hospital facilities in addition to pay rises. The strike was suspended in August, as medical workers went into negotiation with MINSA.

The ministry’s medical facilities typically serve low-income Peruvians who cannot afford private health coverage and are enrolled in a state-run scheme known as Integral Health Insurance (Seguro Integral de Salud). The programme has around 11.5 people members, out of a population of about 30m.

EsSalud, the national social security system, is the next-largest provider of health insurance and services. The organisation is overseen by the government but operates independently, providing its own network of facilities and different benefit plans.

EsSalud covers around 25% of the population and is growing as more people move into the formal economy. Virginia Baffigo, president of EsSalud, told OBG that the number of its members is increasing each year by 7%. “By 2021, we estimate that 44% of the population will be insured by EsSalud,” she said.

Both EsSalud and MINSA are looking to expand their facilities, in part through agreements with the private sector. EsSalud has used the public-private partnership (PPP) model to build two new hospitals, Hospital Villa Maria del Triunfo and Hosptial del Calla, both of which are expected to be open by 2014.

According to Baffigo, PPPs are the “best option for increasing the supply of health care,” adding that Peru needs an addition 6000 hospital beds. The country has around 45,000 beds, according to the Pan American Health Organisation.

MINSA is moving in the same direction, having developed a series of concession projects to be tendered through ProInversión, the state’s private investment agency. Of these, the most significant is a 15-year concession to manage the new Children’s Hospital (Instituto Nacional de Salud del Niño) in Lima’s San Borja district. The contract is set to be awarded later this year.

Private sector doctors, clinics and hospitals are also a part of the medical landscape in Peru, particularly in Lima. However, this market has changed in recent years, as major insurance providers, including Rímac and El Pacífico Peruano Suiza, have moved to acquire their own facilities. This process of vertical integration, which was first witnessed around two years ago, forms a key component of a strategy that insurers hope will help contain health care costs.

Private clinics face a choice of either selling to the insurance giants or competing with them for patients, Sebastian Cespedes, general manager of the Ricardo Palma Clinic in Lima, told OBG.

In recent years, private clinics have increasingly turned to prepaid services, or “prepagos”, as a means of taking on larger firms. The schemes provide benefits similar to insurance coverage, offering comprehensive health care plans and allowing patients to establish prepaid accounts which can be drawn on during care. “With about 800,000 people covered in the country, prepaid services have become an effective way to compete against the larger insurance groups,” Cespedes said.

The private health care system is likely to remain highly competitive, although analysts also expect business to remain concentrated in Lima. “The private sector has very little coverage outside of Lima, as the public hospitals have saturated these markets and districts like San Isidro, within Lima, remain more attractive for the private hospitals,” Cespedes told OBG.

Outside the capital, it will be up to the government and lawmakers to resolve the challenges facing the public health care system. Addressing medical workers’ call for increased pay will be of most immediate concern, but going forward, making more substantial improvements to public healthcare facilities is a priority.