De la mano del incremento en los precios de las materias primas internacionales, las exportaciones minerales peruanas están creciendo rápidamente, reafirmando el papel clave designado a la industria minera como líder del desarrollo económico del país.
Perú contiene una diversidad de depósitos minerales, principalmente cobre y oro, que, junto con la plata, zinc, plomo, hierro, y estaño, conforman el 60% de las exportaciones totales actuales.
En estos últimos años, las exportaciones minerales del país han aumentado considerablemente, pasando de $3.200 millones en 2000 a $21.700 millones en 2010, a medida que los proyectos mineros en Perú ganan velocidad. Gran parte del país continúa sin ser explorada, lo cual es conveniente para futuros proyectos, con sólo 11,5% de territorio, equivalente a 14,8 millones de ha, reservados para exploración por parte de concesiones mineras existentes.
Un informe preparado por Metal Economics Group, compañía internacional de investigación minera, muestra que el presupuesto de exploración peruano en 2011 obtuvo el quinto lugar a nivel mundial, después de Canadá, que encabezó la lista, Australia, Estados Unidos y México.
La industria minera está lista para una mayor expansión, y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) espera que se reciba aproximadamente $51.500 millones en un total de 46 proyectos de exploración y explotación. Sin embargo, mientras el sector se prepara para un aumento de actividad, aún quedan dudas sobre cómo enfrentará el país el problema de los conflictos sociales y los proyectos de exploración informal que continúan dañando la industria, llevando a olas de violencia que en estos últimos años han cobrado más de 100 víctimas mortales.
Las cifras sugieren que existen 200 disputas ambientales pendientes relacionadas con las operaciones mineras en Perú que han afectado a algunos de los proyectos clave del país, incluyendo a la mayor iniciativa minera, el proyecto aurífero y cuprífero de Minas Conga, propiedad de Newmont Mining, valorizado en $4.800 millones.
El gobierno decidió suspender el proyecto en noviembre de 2011 tras protestas sobre fuentes de agua locales, y ordenó que se realizara un estudio de su evaluación de impacto ambiental por parte de peritos internacionales independientes.
El 18 de abril, en una declaración a la prensa local, un consultor y co-autor del estudio, Rafael Fernández, dejó en claro que consideraba que se podía mejorar el plan, indicando: “No existe el impacto cero, el proyecto requiere mejoras substanciales”. El informe será publicado y estudiado por los ministerios implicados antes de que el gobierno tome la decisión final sobre el futuro del proyecto.
Las operaciones de minería ilegal, que constituyen un gran negocio en Perú, también son un importante desafío para el gobierno; su práctica está en aumento en vista de los mayores precios del oro, limitadas oportunidades económicas en las áreas rurales, y el atractivo de los importantes depósitos de oro en regiones remotas y difíciles de controlar. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) estima que las operaciones significarán $1000 millones de dólares de entradas anuales y darán trabajo a unas 100.000 personas.
No es una sorpresa, pues, que la apuesta del gobierno por imponer medidas enérgicas contra las actividades mineras de exploración informal haya sido recibida con una fuerte resistencia. Las protestas realizadas en marzo, donde los manifestantes apoyaban las actividades en la región de Madre de Dios, en el sureste del país, se tornaron violentas y resultaron en tres muertos y más de 30 heridos.
Además de tomar medidas contra las actividades ilegales, el gobierno y el sector minero también están tomando acciones para mejorar la reputación y prácticas de la industria analizando el impacto de la minería sobre las comunidades locales y el medioambiente.
Poco después de asumir el mando, el presidente Ollanta Humala renegoció las regalías mineras con el sector privado para incrementar la participación anual del gobierno en las ganancias de la industria por un monto estimado en $450 millones, la mayor parte del cual se utilizará para financiar programas sociales en la sierra andina, donde los sentimientos contra la minería son intensos.
El nuevo gobierno también presentó la “ley de consulta previa”, una nueva ley que busca proteger a las comunidades indígenas y les da derecho de aceptar proyectos en sus tierras.
Tendrá que transcurrir un tiempo antes de que se sienta el impacto de la nueva ley, que cumple con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); más aún, incluso en sus primeras etapas, esta ley está produciendo reacciones mixtas. El gobierno espera que, con el tiempo, esta implementación protegerá a la increíblemente importante industria minera del Perú, permitiéndole al mismo tiempo prosperar y beneficiar a su pueblo.
Stay updated on how some of the world’s most promising markets are being affected by the Covid-19 pandemic, and what actions governments and private businesses are taking to mitigate challenges and ensure their long-term growth story continues.
Register now and also receive a complimentary 2-month licence to the OBG Research Terminal.
Register Here×El sólido crecimiento económico del Perú en la última década se vio acompañado por un incremento igualmente considerable del tráfico aéreo, que aumentó a más del doble en los pasados cinco años,...
The downstream energy sector in Brunei Darussalam is set to get the biggest makeover in its history, with a Chinese consortium planning to invest up to $6bn to develop an oil refinery and...
The Turkish Prime Minister Bulent Ecevit has spent the last week in the US hoping to garner support for economic reforms at home and trade concessions for Turkish exports to the US.
