Perú: Impulso a una mayor producción

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Después de años de producción petrolera en declive, varias compañías petroleras que operan en el Perú han formado una nueva organización para solicitar que el presidente Ollanta Humala realice cambios en el marco regulatorio del sector para fomentar una mayor inversión. La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), establecida en marzo y compuesta por 16 empresas de la industria petrolera local, espera que las reformas legislativas sirvan para revertir un patrón de declive, y tal vez convertir al país en un exportador neto de crudo en el largo plazo.

En la década de los 80 Perú produjo más de 195,000 barriles por día (bpd), cifra que ha disminuido constantemente desde entonces, cayendo un 20% durante la última década. En enero del 2013 la producción fue 62,000 bpd, lo cual requirió importaciones complementarias de alrededor de 95,000 bpd, principalmente de Ecuador y África. Esta cifra de producción es particularmente baja en la región. En el 2011, Colombia y Ecuador produjeron 915,000 y 509,000 bpd respectivamente.

La Presidente de la nueva organización, Beatriz Merino, dijo que la producción ha disminuido en parte debido a la excesiva burocracia y a la falta de recursos disponibles para las autoridades que supervisan el sector. El SPH estima que toma unos 15 años desde el momento en el que se descubre un yacimiento para que la producción comience, mientras que en Colombia se estima que el mismo proceso solamente tarda 3 años.

En el 2011, las reservas probadas de petróleo del Perú llegaron a 580 millones de barriles, tras haber subido de una cifra menor a 353 millones de barriles en el 2003. Sin embargo, los miembros de la SPH estiman que sólo un tercio de los 901,436 km2 con potencial de hidrocarburos ha sido explorado. "El petróleo está ahí, pero lo que estamos viendo es una industria que no tiene marcos institucionales y regulatorios favorables", dijo Merino a medios de comunicación internacionales.

Una diferencia clave entre la industria de hidrocarburos del Perú y la de sus contrapartes latinoamericanas, como Brasil, Colombia y Ecuador, es la falta de una empresa estatal en el sector upstream. Petroperú, la empresa petrolera estatal, dejó de producir hace 15 años y desde entonces se ha dedicado a las actividades downstream. Sin embargo, esto va a cambiar. Las autoridades han anunciado que a la empresa estatal se le concederá una participación minoritaria en los 36 nuevos bloques de aceite y gas onshore y offshore que serán subastados en el 2013, una vez que el gobierno haya concluido las conversaciones con los grupos indígenas ubicados en la sierra y en la selva amazónica. Además, Petroperú anunció que se haría cargo de las operaciones upstream en el Bloque 64, el cual había estado en manos de la empresa Talisman Energy, con sede en Canadá, hasta que la empresa abandonó el país en septiembre del 2012.

Merino dijo que el aumento de la participación es bienvenida por la industria, pero que las empresas del sector privado no pueden estar satisfechas si Petroperú no es obligada a invertir en actividades de exploración, y aun así puede beneficiarse de las regalías una vez que comienza la producción. En una entrevista con la prensa, Merino dijo que la empresa estatal "puede ser un buen socio, pero para ser un buen socio hay que participar no sólo en los beneficios, sino también en los riesgos". Este punto de vista también es compartido por otros en la industria, quienes, en reunión con OBG, señalaron que esta política puede perjudicar algunos de los intereses en la nueva licitación.

La participación de Petroperú en los nuevos bloques no es el único cambio al que los jugadores de la industria deben enfrentarse. El gobierno introdujo una nueva ley en abril del 2012, que tiene como objetivo promover la comunicación entre las compañías que realizan actividades extractivas y las comunidades indígenas. Además, en diciembre del 2012 el Congreso estableció el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), una organización que se encargará de supervisar las evaluaciones de impacto ambiental.

Al parecer, los jugadores de la industria están abiertos a estos cambios, pues Merino ha declarado ante la prensa local que los actores del sector entienden por qué se ha establecido la nueva ley y el nuevo organismo, y que la industria debería ser un "círculo virtuoso en el que todos ganan".

Con importantes áreas en el país aún sin explorar, Perú exhibe un potencial que no se ve en otros países. Si los líderes trabajan para ofrecer una plataforma de inversión estable y clara para la industria, las empresas nacionales e internacionales que operan en el Perú serían capaces de alcanzar su meta colectiva de duplicar la producción en los próximos 10 años, beneficiándose así las empresas privadas, el gobierno y el pueblo peruano.

 

Peru: Promoting greater production

Following years of declining oil production, several oil companies operating in Peru have formed a new organisation to request that President Ollanta Humala make changes to the sector’s regulatory framework to encourage greater investment. The Peruvian Hydrocarbons Society (PHS), established in March and comprised of 16 firms from the local oil industry, hopes that legislative reforms will serve to reverse a pattern of decline and perhaps turn the country into a net crude exporter in the long term.

In the 1980s Peru produced upwards of 195,000 barrels per day (bpd), a figure that has steadily decreased since, dropping 20% over the past decade. In January 2013 production was 62,000 bpd, requiring complementary imports of about 95,000 bpd, mostly from Ecuador and Africa. This production figure is particularly low in the region. Colombia and Ecuador produced 915,000 and 509,000 bpd in 2011, respectively.

The president of the new organisation, Beatriz Merino, said production has decreased in part due to excessive bureaucracy and a lack of resources available to the authorities who oversee the sector. The PHS estimates it takes around 15 years from when an oilfield is discovered to when production begins, while the same process is estimated to take only three years in Colombia.

In 2011 Peru’s proven oil reserves stood at 580m barrels, after rising from a low of 353m in 2003. However, members of the PHS estimate only one-third of the 901,436 sq km with hydrocarbons potential has been explored. “The oil is there, but what we are seeing is an industry that does not have favourable institutional and regulatory frameworks,” Merino told international media.

One key difference between Peru’s hydrocarbons industry and that of its Latin-American counterparts, such as Brazil, Colombia and Ecuador, is the lack of an established state-owned enterprise (SOE) in the upstream segment. Petroperú, the state-owned oil company, ceased production around 15 years ago and has since dedicated itself to downstream activities.

This is set to change, however. Officials have announced the SOE will be granted a minority stake in the 36 new onshore and offshore oil and gas blocks that will be auctioned off sometime in 2013, once the government has completed discussions with indigenous groups located in the highlands and the Amazon jungle. Additionally, Petroperú announced it would take over upstream operations at Block 64, which had been held by Canada-based Talisman Energy until the firm left the country in September 2012.

Merino said the industry welcomed increased participation, but that companies in the private sector may not be happy if Petroperú is not obligated to invest in exploration activities, but still able to benefit from royalties once production begins. In an interview with the press, Merino said the SOE “could be a good partner, but to be a good partner it has to participate not only in the benefits, but also the risks”. This view has been echoed by others in the industry, who have told OBG that this policy may undermine some of the interest in the new bidding round.

The participation of Petroperú in the new blocks is not the only change industry players must now contend with. The government introduced a new law in April 2012 that aims to promote communication between companies completing extractive activities and indigenous communities. Additionally, in December 2012 Congress enacted the National Environmental Certification Service (Servicio Nacional de Certificación Ambiental, SENACE), an organisation that will oversee environmental impact assessments.

It seems that industry players are receptive to these changes, with Merino telling local press that sector players understand why the new law and agency have been introduced, stating that the industry should become a “virtuous circle in which everyone wins”.

With substantial areas of the country yet to be explored, Peru exhibits potential not seen in many other countries. If leaders work to offer a stable and clear investment platform for the industry, domestic and international firms operating in Peru should be able to reach their collective goal of doubling production over the next 10 years, thus benefitting private companies, government and the Peruvian people.

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