A medida que las dificultades económicas ensombrecen a la mayor parte del hemisferio norte, los inversionistas centran cada vez más su atención en los vastos y relativamente intactos recursos del Perú. Sin embargo, recientes cortes de energía, particularmente en algunos centros mineros e industriales en el norte, han puesto sobre tapete nuevamente la necesidad de desarrollar la infraestructura energética del país.
Con una demanda energética que crece aproximadamente un 9% por año, el gobierno ha emitido un decreto de emergencia para garantizar el suministro de energía en la red eléctrica nacional. El Primer Ministro, Salomón Lerner, resaltó la necesidad de reevaluar la política energética del país en su pronunciamiento ante el congreso el 25 de agosto: “El desarrollo nacional requiere de una nueva matriz energética que combine la generación de fuentes variadas para que el país disponga de energía diversa, segura, accesible, limpia y barata”.
En la actualidad, el 59% de la energía generada en Perú es hidroeléctrica, según las estadísticas de la Agencia Internacional de la Energía. Sin embargo, las alejadas ubicaciones de muchas plantas hidroeléctricas y una falta de inversión en la infraestructura de líneas de transmisión han dado como resultado un suministro de energía desigual en todo el país.
“El desarrollo en este sector ha sido desorganizado y no ha tenido un plan coherente. Como resultado, tenemos la capacidad suficiente, pero en las ubicaciones equivocadas”, dijo Carlos Herrera Descalzi, Ministro de Energía y Minas, a OBG.
Actualmente América Latina explota el 35% de su potencial hidroeléctrico, pero en Perú esa cifra sólo llega al 5%, según ProInversión, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada en el Perú. El Ministro de Energía y Minas espera asegurar inversiones de aproximadamente $40 mil millones en los sectores de minas, electricidad e hidrocarburos para el 2016, con inversiones que se espera alcancen los $15 mil millones sólo en estaciones hidroeléctricas en la cuenca del Marañón en la región Amazonas.
El Ministro de Energía y Minas, en coordinación con ProInversión y la Comisión para el Desarrollo Energético y Agrario del Río Marañón, estudiará la manera de implementar el proyecto, lo que implicará la construcción de hasta 20 plantas hidroeléctricas que provean una capacidad de generación de aproximadamente 12.430 MW.
En abril de 2009, los ex presidentes de Brasil y Perú firmaron un memorándum para fortalecer las relacionales bilaterales de ambos países, lo que incluía un acuerdo para llevar a cabo conjuntamente la construcción de seis represas hidroeléctricas en Perú. Como resultado, las empresas brasileras han participado muy activamente en esta área, llevando su experiencia hidroeléctrica y su tecnología a los valles y ríos del país.
Se puede solicitar las concesiones al Ministerio de Energía y Minas o a través de ProInversión que actuaría como garante de los proyectos. “Los inversionistas pueden operar las concesiones por iniciativa propia, o pueden venir a ProInversión y nosotros podemos garantizarles un acuerdo energético por un período de tiempo determinado, de usualmente 15 años”, dijo Luis Ortigas, Jefe de Proyecto en Asuntos Eléctricos e Hidrocarburos de ProInversión, a OBG.
No obstante, los inversionistas han expresado su preocupación por las restricciones del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que ha desacelerado el desarrollo de proyectos en los sectores de energía y minas debido a la creación de nuevas barreras burocráticas. El Ministerio de Energía y Minas indicó que propondrá una revisión del EIA para acelerar este proceso.
Recientemente, empresas multinacionales han enfrentado varios problemas debido a los conflictos sociales que han detenido varios proyectos. Esto ha llevado al gobierno a aprobar una ley de consulta previa (LCP), lo que resultará en un período de negociación entre las empresas eléctricas y los pobladores. No obstante, Herrera descartó las inquietudes provocadas por la LCP, y dijo a OBG: “Con la base de legalidad y legitimidad que ofrece la LCP, en lugar de frenar las inversiones hará que las negociaciones sean más justas y permitirá que los pobladores den luz verde a proyectos importantes”.
Pedro Martínez Carlevarino, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, acogió la oportunidad de mejorar las relaciones con las comunidades locales. “En este nuevo espacio de diálogo que el Perú está empezando, esperamos que Estado y sector privado puedan exponer de manera muy clara lo que involucran estos proyectos y qué beneficios pueden traer a la población local como camino al desarrollo”, dijo.
A pesar de las inquietudes sociales y medioambientales sobre el aprovechamiento al máximo del potencial hidroeléctrico del país, el nuevo gobierno planea dejar estas preocupaciones atrás mediante el desarrollo de fuentes de energía renovables como parte de su objetivo de conseguir una independencia energética total y de convertirse en exportador neto de energía. Con un crecimiento económico que no da muestras de desacelerar, la energía hidroeléctrica representa una posible solución para el gobierno en su búsqueda de un equilibrio entre la responsabilidad social y medioambiental y el desarrollo económico.
Peru: Hope in hydropower
Investors are increasingly looking to Peru’s vast and relatively untapped resources as economic worries are blighting much of the Northern hemisphere. However, recent power shortages, particularly in some of the industrial and mining heartlands of the north, have put the spotlight back on the need to develop the country’s energy infrastructure.
With energy demand increasing by about 9% annually, the new government has extended an emergency decree to guarantee power supply in the national grid. Prime Minister Salomon Lerner highlighted the need to reassess the country’s energy policy in his speech to congress on August 25, saying, ”National development requires a new energy generation that combines a variety of sources so that the country has different, safe, accessible, clean and cheap energy.”
Peru currently generates 59% of its energy from hydropower, according to International Energy Agency statistics. However, the remote locations of many hydroelectric plants and the lack of investment in transmission line infrastructure have led to an uneven supply of energy across the nation.
“Development in this sector has been disorganised and has lacked a coherent plan. As a result, we now have sufficient capacity, but in the wrong locations,“ Carlos Herrera Descalzi, the minister of energy and mines, told OBG.
Latin America currently harnesses around 35% of its hydroelectric potential, but in Peru that figure is as low as 5%, according to ProInversion, the Peruvian Agency for the Promotion of Private Investment. The Ministry of Energy and Mines hopes to secure investments of around $40bn in the mining, electricity and hydrocarbons sectors by 2016, with investments expected to reach $15bn alone in developing a series of hydroelectric power stations in the Marañon basin of the Amazon region.
The Ministry of Energy and Mines, in coordination with ProInversion and the Commission for Energy and Agricultural Development of the River Marañon, will study how to implement the project, which will involve the construction of up to 20 hydroelectric plants providing a generation capacity of an estimated 12,430 MW.
In April 2009 the former presidents of Brazil and Peru signed a memorandum to strengthen bilateral relations, which included an agreement to develop the joint construction of six hydroelectric dams in Peru. As a result Brazilian companies are particularly active in this area, bringing their domestic hydroelectric expertise and technology to the country’s valleys and rivers.
Concessions can be directly requested from the Ministry of Energy and Mines or by using ProInversion to become guarantors of the projects. “Investors can operate the concessions through their own initiative, or they can come to ProInversion and we can guarantee them a fixed energy deal for a determined period, usually of about 15 years,” Luis Ortigas, the project chief in electricity and hydrocarbons at ProInversion, told OBG.
However, investors have expressed concerns over the strictures of the environmental impact assessment (EIA), which has slowed progress in developing projects in the energy and mining sectors by creating additional bureaucratic hurdles. The Ministry of Energy and Mines has stated that it will launch an investigation proposal into a revision of the EIA in order to quicken the process.
Multinational companies have faced further problems with the recent social conflicts that have brought many projects to a halt. These have led to the government recently passing the Law on Prior Consultation (LPC), which will result in a period of negotiation between energy companies and local residents. However, Herrera defended concerns over the LPC, telling OBG, “With the basis of legality and legitimacy that the LPC offers, instead of holding back investment, it will lead to fairer negotiations and allow local residents to give the green light to these important projects”.
Pedro Martinez Carlevarino, the president of the National Society of Mining, Petroleum and Energy, welcomed the opportunity to improve relations with local communities, saying, “In this new area of dialogue we are beginning, we hope to be able to explain very clearly what these projects involve and what benefits they can bring to the local population by providing the tools necessary to bring development.”
Despite social and environmental concerns over fully harnessing the country’s hydroelectric potential, the new government plans to throw its weight behind developing renewable energy sources as part of its aim of achieving total energy independence and becoming a net exporter of power. With Peru’s economic growth showing no signs of slowing down, hydroelectric power represents a potential solution to the government’s search to balance social and environmental responsibility with economic development.