Con un aumento del 13% en la producción de gas durante el primer semestre del 2012 y con una licitación de varios nuevos lotes de exploración prevista para finales de año, el Perú parece ir bien en su camino para convertirse en un actor con mayor importancia en el sector de gas natural de la región. Sin embargo, las nuevas normas con respecto a la participación de Petroperú, la empresa petrolera del Estado, y un sistema confuso de consulta a los pueblos indígenas antes de la adjudicación de contratos, puede limitar el potencial de inversión.
El Perú tuvo 12.5 trillones de pies cúbicos de reservas probadas de gas natural a finales del 2011, mientras que la producción se situó en 402.6 mil millones de pies cúbicos, la mayoría de los cuales procedían de los campos de Camisea. Consolidando aún más el potencial productivo de la zona que se encuentra al sureste de la región amazónica, en septiembre del 2012 Repsol, una compañía petrolera y gasífera española, confirmó un nuevo descubrimiento de gas con reservas estimadas entre 1 y 2 trillones de pies cúbicos en el Lote 57. Repsol posee 53,84% de dicho lote, mientras que la empresa brasileña Petrobras posee el resto.
Aunque esto no se puede clasificar como un descubrimiento masivo, fomenta un mayor potencial petrolero y gasífero. Con una licitación de 36 nuevos contratos de exploración prevista para finales del 2012, el Perú y varias compañías de exploración esperan que haya más descubrimientos. Las próximas licitaciones incluyen lotes en la selva amazónica, la sierra y la costa del Pacífico.
Mario Contreras, Gerente de Exterran en Perú, una empresa petrolera y gasífera estadounidense, conversó con OBG sobre la importancia de desarrollar estos nuevos lotes de forma rápida y eficaz. "Con la continua revolución de gas de esquisto en los Estados Unidos, ha quedado claro que es la era del gas natural", señaló. "El Perú no podrá sacar provecho de su potencial gasífero, a menos que actúe rápidamente para desarrollar las reservas actuales y descubrir otras nuevas".
Sin embargo, el apetito de los inversionistas por la próxima ronda de licitaciones podría verse afectada por un nuevo cargo gubernamental que le permite a Petroperú tener una participación de entre el 25% y el 49% en los nuevos lotes. Aunque la mayoría de expertos de la industria esperaban que Petroperú participara en los nuevos lotes, las estimaciones preliminares habían colocado la participación de la empresa estatal en alrededor de un 20%.
Los analistas del sector han visto esto como un esfuerzo por aumentar la experiencia y la base de conocimientos - por no mencionar la caja - de Petroperú, relegadas durante mucho tiempo a la esfera petroquímica. En defensa de la nueva política, Jorge Merino, Ministro de Energía y Minas, manifestó a la prensa local que muchas empresas estaban a favor de la medida, ya que la participación del Estado en lotes de petróleo y gas es común en muchos otros países de la región, citando como ejemplo a Petrobras.
“La inclusión de Petroperú dará confianza a los inversionistas. Además, mejorará las relaciones con las comunidades locales…”, señaló Merino. “Esto no representa un cambio en las reglas del juego”, agregó. Si bien el Perú aún espera ver un importante interés internacional en la licitación, los continuos problemas con las comunidades locales tendrán que ser tratados para que la industria siga desarrollándose. En un esfuerzo por apaciguar a las personas que han afirmado que no tienen voz en los proyectos de energía, minería e infraestructura en sus tierras, el presidente Ollanta Humala estableció en el 2011 la “Ley sobre el Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas o Nativos (LCP)”, la cual indica que la población local debe ser consultada antes de que se aprueben proyectos a gran escala en sus tierras. Sin embargo, los detalles de la ley no han sido aclarados ni para los inversionistas, ni para los ciudadanos locales, y el término “indígena” aún no se ha definido completamente.
Además, varias decisiones adoptadas recientemente por las autoridades gubernamentales han lanzado señales contradictorias a los inversionistas internacionales, incluyendo a la compañía estadounidense Newmont propietaria del proyecto Minas Conga, el cual se encuentra suspendido por los conflictos sociales, y que con $5 mil millones representaría la inversión directa extranjera más grande en la historia del país.
Por otra parte, mientras que la LCP no le otorga a las comunidades locales el poder de veto sobre los proyectos aprobados por el gobierno, se suma a la confusión una reciente resolución del Tribunal Constitucional del Perú que asegura que la población indígena amazónica en el departamento de Madre Dios tiene el derecho de bloquear el acceso a sus tierras.
Como resultado, al nuevo sector le espera una serie de retos, y el gobierno peruano debe trabajar para aclarar su posición sobre las distintas políticas en el sector. Si el liderazgo del país es capaz de definir su marco regulatorio, el futuro de la industria del gas en el Perú puede, en efecto, ser muy brillante.
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