La electricidad en Perú es aproximadamente 30% más barata que el promedio regional y, aunque los exportadores locales se sienten cómodos con la competitividad de las tarifas, algunos analistas se preguntan si existe un riesgo de menores utilidades para las generadoras o caídas en las nuevas inversiones del sector energético, ya que los déficit de distribución y transmisión deben ser resueltos para evitar escasez de energía.
Según un informe de la Asociación Interamericana de Grandes Consumidores y Usuarios de Energía, Interame, el costo de la electricidad en el Perú es casi un tercio más bajo que el promedio latinoamericano y menos de la mitad que en Chile, país vecino y potencia minera.
Los bajos precios de la electricidad están directamente relacionados con Camisea, el gigantesco campo de gas natural en la región selvática al sudeste del país. Descubierto en los años 80, y tras comenzar sus operaciones en 2004, revolucionó la matriz energética peruana al elevar la producción de gas natural desde 30 mil millones a 431 mil millones de pies cúbicos en la década que finalizó en 2013.
Camisea también revolucionó la oferta energética del Perú al permitir que las plantas a gas elevaran el aporte de las generadoras termales, desde casi 19% de la producción total en 2003 a 47,6% en 2014. Debido a este cambio la participación de la energía hidroeléctrica cayó de 81% a 48,9% durante el mismo periodo.
Gracias a sus cuantiosas reservas de gas natural y un estable suministro de energía hidroeléctrica, la capacidad de generación del país se ha mantenido a la par con el consumo. Estos recursos deberían seguir siendo abundantes en el mediano a largo plazo, ya que solo una pequeña fracción de la riqueza hidroeléctrica del Perú ha sido explotada. Además se proyecta que se mantenga con USD 415 millones en inversiones contempladas por el consorcio Camisea para el periodo 2015-2018, según la prensa local.
Sin embargo, hay quienes temen que los bajos precios de la electricidad ahuyenten a los inversionistas, que juegan un rol clave en el desarrollo de una crucial infraestructura de transmisión y distribución, según Ricardo del Águila, analista de EY.
“Deben existir incentivos para construir nuevos complejos hidroeléctricos y así mantener el equilibrio”, dijo a medios locales en julio. “Esto no ha sucedido en años recientes principalmente porque las tarifas no permiten recuperar la inversión. Los plazos son largos y las presiones socio-ambientales son mayores”.
La minería sigue teniendo una fuerte influencia sobre el sector energético del Perú. El auge de esta industria, que ya llevaba una década hacia comienzos de 2011, fue clave en la transformación del país en una de las economías de mayor crecimiento de América Latina, con un PIB que creció un promedio de 6,2% durante el periodo, antes que el súper ciclo de los bienes básicos comenzara a perder impulso. Hace poco, sin embargo, Perú comenzó a sentir el impacto de la caída en los precios de las materias primas. El crecimiento del PIB cayó a 2,3% el año pasado y a 2,1% en los primeros cinco meses de 2015, según el instituto nacional de estadísticas.
El costo de suministrar energía a las mineras peruanas sigue siendo alto porque hay operaciones esparcidas por todo el territorio nacional, a menudo en regiones montañosas. La industria es acusada frecuentemente de causar turbulencias ambientales y sociales, mientras los políticos suelen verse presionados a destacar los beneficios inclusivos de la minería, como el abastecimiento de electricidad para comunidades locales.
Desde luego, aunque la disponibilidad de recursos no es un problema, llevar la electricidad a los consumidores sigue siendo difícil. La capacidad de generación sigue superando el desarrollo de la infraestructura de distribución, ya que hay solo un gasoducto operando a plena capacidad para sacar gas de Camisea.
Considerando los planes del Perú de transformarse en un polo energético regional, conseguir inversionistas será una alta prioridad, reconoció hace poco Eleodoro Mayorga, ex-ministro de Energía y Minas. “En los próximos 10 años necesitamos duplicar la inversión en infraestructura energética”, dijo a la prensa local en julio.
Dados este y otros desafíos, el gobierno ha seguido desarrollando una serie de ambiciosos planes.
La primera prioridad es el Gasoducto del Sur Peruano (GSP), que recorrerá 1000 km y transportará gas desde Camisea a centros urbanos para consumo directo, además de alimentar plantas de energía termal y ser enviado a un terminal de exportación de gas de petróleo en el puerto de Pisco.
La concesión del GSP fue adjudicada en junio del año pasado a la brasileña Odebrecht, que construirá el gasoducto en conjunto con la española Enagás. El consorcio comprometió una inversión de USD 4 mil millones para el proyecto. Entre otros beneficios, el GSP permitirá a Perú distribuir energía en forma más pareja en su territorio y generar ingresos con exportaciones a otros países.
El plan energético integrado del gobierno también contempla la creación de un polo energético en el sur del Perú, con la construcción de dos plantas termoeléctricas, cada una con una capacidad estimada de 500 MW. El contrato para las plantas fue adjudicado el año pasado a Samay, de Israel, y Engie, de Francia.
Electricity in Peru is approximately 30% cheaper than the regional average, and while competitive tariffs sit well with Peruvian exporters, some analysts question whether this risks squeezing utility companies’ profits and hindering new investment in the energy sector, as distribution and transmission gaps need to be addressed to avoid energy shortfalls.
According to a report by the Latin American Association of Large-scale Energy Users, Interame, the cost of electricity in Peru is nearly one-third cheaper than the Latin American average and less than half the rate of fellow mining powerhouse Chile.
Low electricity tariffs are directly linked to Camisea, the giant natural gas field in the south-east jungle region of the country. First discovered in the 1980s, and subsequently coming on-stream in 2004, the field has revolutionised Peru’s energy balance, increasing natural gas production from 30bn to 431bn cu feet in the decade to 2013.
Camisea has also transformed Peru’s electricity supply, enabling gas-fired facilities to boost the contribution of thermal generators from around 19% of total generation capacity in 2003 to 47.6% in 2014. This shift has seen input from hydroelectric power reduced from 81% to 48.9% over the same period.
Thanks to the country’s ample natural gas reserves and steady supply of hydroelectricity, generation capacity has kept pace with consumption. These resources are expected to remain in abundance in the medium to long term, as only a fraction of Peru’s hydroelectric wealth has been tapped, and production and exploration at the Camisea field is forecast to continue, with $415m worth of investments earmarked by the Camisea consortium for 2015-2018, according to local press reports.
However, there are concerns that low electricity tariffs could deter investors, who have a key role to play in developing much-needed electricity transmission and distribution infrastructure, according to Ricardo del Águila, an analyst with EY.
“There must be incentives for the construction of new hydroelectric complexes, to maintain the balance,” he told local media in July. “This hasn’t been happening in recent years mainly because tariffs do not allow for a return on investment. Lead times are long and social and environmental demands are greater.”
Peru’s power sector remains heavily influenced by the mining industry. The decade-long mining boom in the lead up to 2011 was a key driver of the country’s transformation into one of Latin America’s fastest-growing economies, with GDP growth averaging 6.2% per year over the period, before the global commodities supercycle began to falter. More recently, however, Peru has felt the weight of weaker commodity prices. GDP growth eased to 2.3% last year and 2.1% in the first five months of 2015, according to the national statistics institute.
The cost of powering Peru’s mining activity remains high, with operations sited across the country, often in isolated mountain areas. The industry is frequently criticised for causing environmental and social disruption, and politicians have sometimes found themselves under pressure to highlight mining’s inclusive benefits, such as its role in supplying electricity to local communities.
Indeed, while resource availability is not a problem, transporting energy to consumers remains a challenge. Generation capacity continues to outstrip the development of distribution infrastructure, with just one pipeline carrying gas from the Camisea field running at full capacity.
With Peru looking to transform itself into an energy hub for the entire region, securing investment will be a top priority, as Eleodoro Mayorga, ex-minister of energy and mines, recently acknowledged. “In the next 10 years we need to double the investment in energy infrastructure,” he told local press in July.
Faced with these and other challenges, the government has begun rolling out a raft of ambitious plans.
Top of the agenda is the large-scale Southern Peruvian Gas Pipeline (Gasoducto del Sur Peruano, GSP), a 1000-km pipeline project that will enable gas from Camisea to be distributed to urban centres, for direct consumption or to fuel new thermal power stations, and then channelled onwards to a liquid petroleum gas export terminal in the port of Pisco on the Pacific coast.
The GSP concession was awarded in June of last year to Brazil’s Odebrecht, which will build the pipeline in conjunction with Spain’s Enagás. The consortium has pledged a combined investment of $4bn for the project. Among other benefits, the GSP will enable Peru to distribute power more evenly throughout the country, as well as generate revenue through exports to others in the region.
The government’s integrated energy plan also envisages the creation of a power hub in southern Peru, with the construction of two thermoelectric plants, each with an expected capacity of 500 MW. The contract for the plants was awarded last year to Samay of Israel and Engie of France.
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