Décadas de fuerte desarrollo en el Perú están generando una riqueza de oportunidades para inversionistas internacionales; sin embargo, también ha provocado una brecha en infraestructura que llega a $88 mil millones y que podría demorar casi una década en cerrar.
Catalogado como una de las historias más exitosas de Latinoamérica, el Perú se ubicó hace poco en el puesto 43 de 185 países en el informe del Banco Mundial del 2013 sobre las facilidades para establecer negocios.
Si bien la principal inversión, especialmente en los puertos del país, está ayudando a reducir la brecha en infraestructura, existe cada vez más preocupación de que los retos que enfrentan los inversionistas, conducidos por la legislación burocrática del Perú y los problemas con los títulos de propiedad, retrasen aún más los nuevos proyectos, provocando que el desarrollo económico se encuentre en riesgo de estacarse.
La falta de inversión a larga escala para mantener el paso acelerado del desarrollo en el Perú fue resaltado en el Informe de Competitividad Global del 2012, publicado por el Foro Económico Mundial, que colocó al Perú en el puesto 21 de los países con un fuerte entorno macroeconómico; sin embargo, no ocurrió lo mismo en cuanto a calidad de infraestructura, pues el país se ubicó en la posición 89. En términos generales el Perú obtuvo el puesto 61 en el ranking de dicho informe.
La falta de infraestructura está afectando tanto a los exportadores como a las industrias que han contribuido a estas décadas de “boom”, según Juan Varillas, Presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX). “Debido a la insuficiente infraestructura y a la falta de inversión adecuada, el sector de exportaciones enfrenta costos adicionales, que a su vez afectan su productividad y competitividad”, señaló Varillas para OBG. “Los exportadores peruanos actualmente enfrentan un costo adicional de 25-30% en logística, que disminuye severamente la competitividad del país.”
Un reciente informe, encargado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) y publicado por la Universidad del Pacífico y la Escuela de Administración de Negocios ESAN, coloca la brecha en infraestructura del Perú en $88 mil millones antes del 2021. La cifra equivale a aproximadamente el 33% del PBI y está significativamente más arriba en comparación con estimaciones anteriores realizadas solo hace algunos años, que calculaban la brecha en infraestructura en aproximadamente $36 mil millones.
Los puertos del Perú ya están adoptando una función importante para ayudar a cerrar la brecha en infraestructura y para fortalecer el papel del Perú como eje regional. El operador mundial Dubai Port World, que en el 2012 estableció operaciones en su concesión del terminal sur en el Puerto del Callao, tiene planes para desarrollar sus negocios siguiendo una inversión inicial de $300 millones. Un segundo operador a nivel mundial, APM Terminals, anunció en el 2011 que invertiría $750 millones en su concesión del terminal norte en el puerto del Callao por un periodo de 10 años.
El gobierno espera atraer nueva inversión para sus distintos proyectos de transporte. En particular para desarrollar la red de carreteras. Si bien la red ya ha atraído un significativo interés por parte de inversionistas, el desarrollo continúa siendo una prioridad para el gobierno y representa una pieza clave en sus planes para llevar la expansión económica más allá de Lima
Sin embargo, desafíos como la falta de títulos de propiedad y el largo proceso de expropiación estatal, aún ponen en riesgo de retrasar el despliegue de proyectos de infraestructura a gran escala. La reforma agraria llevada a cabo a mediados del siglo 20 ha dejado al país fragmentado en gran medida, con varios registros de títulos físicos inexistentes. Si bien se han hecho esfuerzos para reparar el sistema de títulos en los últimos años, los problemas persisten debido a complicaciones tales como la falta de propiedad o múltiples reclamos de propiedad.
En un esfuerzo por reducir la burocracia, el Gabinete del país aprobó recientemente un proyecto de ley para facilitar un proceso más rápido para la expropiación de tierras que se consideren de interés nacional. La ley permite que el gobierno aumente las ofertas para los propietarios de tierras y que expropie con mayor facilidad aquellas tierras donde los acuerdos no se han alcanzado.
La ley ha sido bien recibida por los principales actores en la industria de la construcción e infraestructura quienes consideran esto como una señal de que el gobierno está dispuesto a tomar medidas enérgicas para reactivar el desarrollo del país. Sin embargo, los observadores señalan que se requerirá de la acción del gobierno si el Perú avanza poniendo en marcha la suficiente infraestructura para un desarrollo económico que sea sostenible a largo plazo.
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