Nueva ley para impulsar la competencia en el sector de las telecomunicaciones de México

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Luego de haber efectuado reformas en los sectores de la educación y las finanzas, el gobierno federal ha dirigido su atención hacia el sector de las telecomunicaciones, el cual se encuentra altamente concentrado, buscando propiciar así un entorno más competitivo.

Durante el mes de junio el presidente firmó un amplio proyecto de ley de reforma en el sector de las telecomunicaciones y las transmisiones. Dentro de las importantes modificaciones se incluyen la liberalización de las normas de inversión extranjera, con la eliminación del tope del 49% en la propiedad de las telecomunicaciones, la introducción de diversas medidas a favor de la competencia, la creación de un nuevo ente regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que sustituirá a la actual Comisión Federal de Telecomunicaciones y estará dirigido por siete miembros nombrados por el presidente y, finalmente, el establecimiento de tribunales especializados en telecomunicaciones y medidas antimonopolio.

Las medidas que pretenden regular la competencia serán importantes en un mercado como el de las telecomunicaciones, que en la actualidad se encuentra bajo el dominio de una sola empresa, América Móvil, que representa el 70% y el 75% de los segmentos de telefonía móvil y fija, respectivamente. La reforma también se extenderá a la industria televisiva, con respecto a la cual Televisa concentra una participación de mercado del 70%, así como a segmentos de la radio, internet y datos.

De acuerdo con un informe encargado por el gobierno a la OCDE en el año 2012 sobre la política y la regulación de las telecomunicaciones en México, la ausencia de competencia en el sector se ha traducido en altos precios, bajos índices de penetración de mercado y un pobre desarrollo de la infraestructura, arrojando así pérdidas para los consumidores de casi US$ 130 mil millones durante un periodo de cinco años (2005-09). De hecho, con una tasa de penetración móvil del 86.8%, México se sitúa por detrás de Perú (98.8%), Ecuador (110.7%) y Colombia (103.2%), según revela la información de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

La reforma aprobada implica un cambio de alto nivel en la Constitución que establece las bases para que el IFT redacte las leyes secundarias. Aún no se han especificado muchos detalles al respecto, lo cual ha creado cierta expectación entre los participantes de la industria.

Al Instituto Federal de Telecomunicaciones le será concedido un peso significativo en lo que se refiere a la supervisión de la competencia, tomando así el relevo de la Comisión Federal de Competencia, que dejará de tener autoridad sobre el sector de las telecomunicaciones. La legislación también le otorga al nuevo ente regulador el derecho a redactar la "regulación asimétrica" para ser aplicada a las empresas dominantes, así como la posibilidad de ordenar desinversiones y la separación de las redes de actores dominantes.

El cambio en los límites de propiedad es potencialmente importante y es consecuente con una iniciativa más amplia del gobierno actual para promover la inversión extranjera. Bajo la nueva ley, se permitirá la propiedad extranjera del 100% en el sector de las telecomunicaciones y hasta un 49% en la televisión y la radio. Los inversionistas extranjeros, que hasta el momento no han querido ingresar como socios menores en el mercado mexicano de telecomunicaciones, ahora tendrán la oportunidad de adquirir una participación mayoritaria en las entidades existentes, lo que garantiza el control sobre las decisiones estratégicas o el establecimiento de sus propios negocios. En cualquier caso, se espera que la inyección de capital extranjero y el conocimiento técnico en el mercado logren finalmente crear competidores que tendrán más éxito en desafiar a los actores dominantes.

Se espera que las políticas descritas en la reforma entren en vigor en algún momento del año 2014. Si bien es probable que se requiera de algún tiempo para que logren el impacto deseado en términos de reducción de los costos de los usuarios finales y el mejoramiento de los servicios, todo parece indicar que tendrán éxito en el mediano plazo. De hecho, al aprobar la reforma que elimina los límites máximos de inversión extranjera en el sector y estimular la competencia, el gobierno ha cumplido con algunas de las principales recomendaciones de la OCDE, asegurando en teoría la vitalidad del sector a largo plazo.

Following reforms to the education and finance sectors, the federal government has now turned its attention to the highly concentrated telecommunications sector, seeking to foster a more competitive environment.

In June the president signed into law a wide-sweeping telecommunications and broadcast reform bill. Important changes include liberalisation of foreign investment rules, with the 49% foreign ownership cap removed for telecoms; the introduction of various pro-competition measures; the creation of a new regulator, the Federal Telecommunications Institute (FTI), which will replace the Federal Telecommunications Commission and be led by seven commissioners appointed by the president; and the establishment of specialised telecommunications and antitrust courts.

The competition measures will be important in a telecoms market that is dominated by a single firm – America Movil, which accounts for 70% and 75% of the mobile and fixed-line segments, respectively. The reform also extends into the television industry – where Televisa holds a 70% market share – as well as the radio, internet and data segments.

According to a 2012 OECD review of Mexico’s telecommunications policy and regulation that was commissioned by the government, the lack of competition in the sector has resulted in high prices, low market penetration rates and poor infrastructure development, creating a loss to consumers of nearly $130bn over a five year (2005-09) period. Indeed, with a mobile penetration rate of 86.8%, Mexico falls behind Peru (98.8%), Ecuador (110.7%) and Colombia (103.2%), data from the International Telecommunication Union show.

The approved reform is a high-level change to the constitution that sets the stage for the FTI to draft secondary laws. Many details remain to be specified, creating some concern among industry participants.

The FTI will be handed significant power when it comes to competition oversight, taking over from the Federal Competition Commission, which will cease to have any authority over the telecoms sector. The legislation also gives the new regulator the right to draft “asymmetric regulation” to apply to dominant firms, as well as the possibility to mandate divestitures and the unbundling of dominant players’ networks.

The change in ownership limits is potentially important and in line with a broader push under the current administration to promote foreign investment. Under the new law, 100% foreign ownership will be allowed in telecoms, and up to 49% in television and radio. Foreign investors who previously may not have wanted to enter as junior partners in the Mexican telecoms market will now have an opportunity to acquire majority ownership of existing entities, ensuring control over strategic decisions, or establishing their own businesses. In either case, the injection of foreign capital and know-how into the market is expected to create competitors that will have more success in challenging the dominant players.

The policies outlined in the reform are expected to become effective sometime in 2014, and though it will likely take time to have the desired impact in terms of reducing end-user costs and improving services, it appears that it will successfully do so in the medium term. Indeed, in passing reform that raises foreign investment caps in the sector and stimulating competition, the government has complied with some of the major recommendations of the OECD, in theory ensuring the long-term health of the sector.