México: Invirtiendo en construcción

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Desde que el Presidente Felipe Calderón asumió la presidencia en 2006, el desarrollo de infraestructura formó parte importante de la agenda política de su gobierno. Si bien el Programa de Infraestructura Nacional (PIN) 2007-12 ha invertido $205 mil millones de 2007 a 2011, al entrar en su último año todavía queda mucho por hacer.

Para alentar la inversión privada en el sector, en diciembre de 2011 el Senado mexicano aprobó un nuevo proyecto de ley de Asociaciones Público Privadas (APP) que ha mejorado el marco legal de las APP, permitiendo la inversión privada y operación de proyectos de infraestructura hasta por 40 años.

Los proyectos se adjudicarán a través de ofertas públicas y permitirán que haya inversión privada en infraestructura, electricidad, escuelas, hospitales y prisiones. El gobierno se ha esforzado por aumentar la inversión en infraestructura por parte del sector privado y la nueva legislación es un componente crucial para poder conseguirlo.

“La nueva ley es un instrumento legal integral que fomentará la construcción de infraestructura además de proyectos de innovación tecnológica. Está diseñada para aprovechar las oportunidades que contribuyan al desarrollo económico de las regiones, estados y municipios mexicanos”, escribió Dionisio Pérez-Jácome Friscione, secretario de comunicaciones y transporte, en el blog del presidente. "También impulsará la productividad y la competitividad de los sectores de manufactura y de servicios".

Apenas un mes después de que el Senado aprobara la nueva ley de APP, México experimentó logros más tangibles en infraestructura al inaugurarse el Puente Baluarte, que costó $150 millones y que, a 403 metros de altura, es el puente atirantado más alto del mundo.

El puente es en realidad una pequeña parte de la carretera Mazatlán- Durango, que está siendo construida con una inversión de $1.200 millones, y que tendrá otros ocho puentes a más de 300 metros, así como más de 60 túneles. Se espera que esta obra reduzca los tiempos de viaje entre Mazatlán y Durango hasta en seis horas. La carretera unirá eventualmente el puerto mexicano de Mazatlán en el Pacífico y el puerto de Matamoros en el Atlántico.

Ciertamente, el gobierno ha puesto prioridad en las inversiones en desarrollo de carreteras, con un presupuesto de $22.500 millones, que vendría a ser el 62% de los $36.400 millones asignados para inversiones en infraestructuras de transporte en el PIN 2007-12. De 2007 a agosto de 2011, se han ejecutado aproximadamente $18.500 millones del presupuesto.

Los puertos recibieron el segundo mayor presupuesto, con $5.600 millones (15%), seguidos de inversiones en aeropuertos con $4.600 millones (13%) y ferrocarriles que obtuvo unos $3.800 millones (10%).

El PNI actual requiere de niveles de inversión en infraestructura de por lo menos 4% del PBI, con un potencial de llegar a 5,5% en el mejor de los casos. A la par de este objetivo, las inversiones en infraestructura del sector público se han incrementado en los últimos cinco años, desde 4,1% del PBI en 2007 a 4,8% en 2011.

Se espera que esta tendencia continúe durante los próximos cinco años (por su parte, miembros de la OECD promediaron una inversión de infraestructura promedio de 3,3% del PBI, según el PIN).

El último informe trimestral de Business Monitor International sobre infraestructura en México, indica que el gobierno se encuentra trabajando en la creación de la siguiente entrega del PIN para los próximos cinco años, de 2013 a 2018, en la que la inversión de infraestructura podría duplicarse a casi $400 mil millones. Otro proyecto que ayuda en este sentido es el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), creado en 2008, dos años antes de la nueva legislación de APP.

Según Demian Sánchez Yeskett, coordinador de los consultores del presidente, FONADIN “permite la inclusión de capital privado en proyectos de infraestructura, permite tomar riesgos de formas que el mercado no está dispuesto a asumir, y posibilita los proyectos de gran impacto social pero con baja rentabilidad financiera”.

De todas formas, está claro que México todavía tiene mucho camino por recorrer. Cuando se presentó por primera vez el PIN 2007-12, México estaba en el puesto 66 en el índice de infraestructura del Informe de Competitividad Global 2006-07 del Foro Económico Mundial, un puesto que el gobierno esperaba mejorar pronto.

No obstante, cinco años después, México sigue en el puesto 66 del Informe de Competitividad Global 2011-12, tras sus competidores regionales Barbados (22), Panamá (38), Chile (41), Uruguay (49), Brasil (64) y El Salvador (65).

México tendrá que trabajar aun más no sólo para alcanzar sino para superar los esfuerzos regionales para impulsar la infraestructura. Sin embargo, con un nuevo PIN que se avecina, además de la reciente legislación sobre APP, los inversionistas privados deberían ver un incremento en oportunidades de licitación para los proyectos más importantes de México.

Mexico: Spending on building

Since President Felipe Calderón took office in 2006, infrastructure development has been a key element of his administration’s policy agenda. While the National Infrastructure Programme (NIP) 2007-12 has seen $205bn invested in infrastructure from 2007 to 2011, there is still plenty to do as the NIP enters its final year.

To encourage private investment in the sector, in December 2011, Mexico’s Senate passed a new public-private partnership (PPP) bill that has improved the legal framework of PPPs, allowing private investment and operation in infrastructure projects for up to 40 years.

Projects will be awarded through public auctions and will allow private investment in infrastructure, as well as electricity, schools, hospitals and prisons. The government has been keen to increase infrastructure investment from the private sector, and the new legislation is seen as a crucial component in accomplishing this.

“The new act is a comprehensive legal instrument that will foster infrastructure construction, as well as technology innovation projects, designed to exploit opportunities that will contribute to the economic development of Mexico’s regions, states and municipalities,” Dionisio Pérez-Jácome Friscione, the secretary of communications and transport, wrote on the president’s blog. “It will also bolster productivity and competitiveness in the manufacturing and service sectors.”

Roughly a month after the Senate’s PPP approval, Mexico saw a more tangible achievement of its recent focus on infrastructure when it inaugurated the $150m Baluarte Bridge, which, at 403 metres high, is the world’s highest cable-stayed bridge.

The bridge is actually a small piece of the larger Mazatlán-Durango highway, which is currently being constructed to the tune of $1.2bn and will feature another eight bridges over 300m, as well as more than 60 tunnels. It is expected to reduce travel times between Mazatlán and Durango by as much as six hours. The highway will eventually link Mexico’s Pacific port of Mazatlán and Atlantic port of Matamoros. Indeed, the government has prioritised investment in Mexico’s highway development as a whole, drawing a budget of $22.5bn, or 62%, of the $36.4bn earmarked for transportation infrastructure investment in the NIP 2007-12. From 2007 to August 2011, some $18.5bn of that budget had been executed.

Ports received the second-highest budgetary allocations, with $5.6bn (15%), followed by airport investments of $4.6bn (13%) and railways, which garnered $3.8bn (10%).

The current NIP calls for infrastructure investment levels of at least 4% of GDP, with the potential to be as high as 5.5% in the best-case scenario. In line with that objective, public sector investment in infrastructure has increased over the past five years, from 4.1% of GDP in 2007 to 4.8% in 2011.

This trend is widely expected to continue over the next five years (by comparison, OECD members averaged infrastructure investment of 3.3% of GDP, according to the NIP). Business Monitor International’s latest quarterly report on Mexico’s infrastructure indicates the government is currently working on creating the next five-year instalment of the NIP, running from 2013 to 2018, which could see infrastructure investment nearly double to $400bn.

Another project that should aid in this regard is the National Fund for Infrastructure Development (FONADIN), created in 2008, two years prior to the new PPP legislation.

According to Demian Sánchez Yeskett, the coordinator of the president's advisors, FONADIAN “enables the inclusion of private capital in infrastructure projects, it allows for risk-taking in a way the market is not willing to assume, and makes projects that have high social impact but low financial profit possible”.

Still, it is clear that Mexico still has some way to go. When the NIP 2007-12 was first introduced, Mexico ranked 66th in the infrastructure index of the World Economic Forum’s Global Competitiveness Report 2006-07, a ranking the government had hoped to improve upon.

However, five years later, Mexico’s held steady at 66th in the Global Competitiveness Report 2011-12, behind regional competitors Barbados (22), Panama (38), Chile (41), Uruguay (49), Brazil (64) and El Salvador (65).

Mexico will have to work even harder to not only catch up to but surpass regional efforts to boost infrastructure. But with a new NIP forthcoming, not to mention recent PPP legislation, private investors should begin seeing increasing bidding opportunities for Mexico’s major projects.