México: En marcha reforma bancaria

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El gobierno Mexicano acaba de presentar su reforma para el sector financiero, el cuales tiene por objetivo la estimulación al crédito bancario, en especial para las pequeñas y medianas empresas (PYME). Al anunciar el proyecto de ley en mayo, el ministro de Finanzas Luis Videgaray destacó que la nueva estructura regulatoria, en lugar de limitar las tasas de interés, reducirá el costo del crédito al proporcionar incentivos para los préstamos y aumentar los niveles de competencia entre los bancos.

La baja tasa de penetración del crédito en México, en particular entre las MIPYME, es vista por muchos como una de las principales deficiencias en el sistema financiero. Gerardo Salazar Viezca, Gerente de Banco Interacciones, dijo a OBG que a pesar de que representan el 74% de la fuerza laboral mexicana, las PYME reciben sólo el 15% de los préstamos. "Es por eso que hay un gran interés en la promoción de los préstamos a las PYME, tanto en el sector público como privado, a través de una mayor facilidad y accesibilidad de el acceso al crédito", dijo. "Esto va a aumentar no sólo la productividad, sino también el empleo en todos los sectores de la economía."

Ciertamente el gobierno pretende que la nueva legislación le proporcione un impulso al crédito. Gabriel Casilla, jefe economista del banco local Banorte, dijo a OBG que en el 14.9%, la penetración general del crédito con respecto al PIB de México es una de las más bajas de la región en términos comparativos. "Una vez nos comparamos con los demás vecinos de la región tales como Perú (21%), Colombia (40%), Brasil (45%) y Chile (72%), nuestra penetración del crédito debería estar alrededor del 40%", afirmó.

Entre los cambios significativos que se esperan se encuentra una nueva norma que hará que sea más fácil ejecutar garantías en caso de impago. Esto probablemente reducirá el costo de los préstamos para las PYME, lo cual permitirá a los bancos bajar sus tasas de interés a los préstamos.

Una mayor competencia también podría generar una reducción en los precios. El sector está altamente concentrado, con los cinco mayores prestamistas representando el 73% de la cartera de crédito nacional en el mes de marzo de este año, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las nuevas regulaciones hacen que sea más fácil para los consumidores reunir y comparar la información acerca de los prestamistas, y por otra parte los bancos ya no podrán supeditar el acceso a un producto contingente a la compra de otro. Cambios adicionales podrían venir más adelante, cuando el proyecto de ley demande que las autoridades de competencia lleven a cabo una revisión del sistema y propongan un paquete de recomendaciones.

Se espera que el aumento de los préstamos a las PYME proporcione a las empresas un incentivo para integrarse a la economía formal. Al igual que muchos países de América Latina, México tiene un alto grado de actividad laboral y económica no declarada, con estimados que sugieren que el sector informal podría ser responsable de hasta el 60% del empleo. Este alto porcentaje ha sido reconocido como una importante razón para la fuerte dependencia del gobierno de los ingresos distintos a los impuestos sobre la renta.

Un último componente de la legislación pretende exigir el aumento de los préstamos a los seis bancos públicos de desarrollo, con un énfasis importante en la infraestructura y la innovación, así como en las MIPYME.

Todavía es un tema de especulación saber cuántas de estas propuestas de gran alcance se convertirán propiamente en ley. Sin embargo, si bien la legislación podría no realizarse completamente a través del congreso, la administración guarda la esperanza de que la introducción de importantes reformas genere una amplia gama de beneficios a largo plazo a través de la economía y el sistema financiero.

The government has proposed new financial services laws that are intended to stimulate bank lending, particularly to small and medium-sized enterprises (SMEs). Announcing the draft legislation in May, Finance Minister Luis Videgaray stressed that the new regulatory structure would reduce the cost of credit by providing incentives to lend and boosting competition among banks, rather than by capping interest rates.

Mexico’s low credit penetration rate, particularly among SMEs, is viewed by many as a key weakness in the financial system. Gerardo Salazar Viezca, CEO of Grupo Finaciero Interacciones, told OBG that despite accounting for 74% of the Mexican labour force, SMEs receive just 15% of loans. “That is why there is a big push to promote SME lending, both from the public and private sector, by making it easier and more affordable to access credit,” he said. “This will increase not only productivity, but employment across all sectors of the economy.”

The government will certainly be looking to the new legislation to galvanise lending. Gabriel Casilla, chief economist at local bank Banorte, told OBG that at 14.9%, overall credit penetration as a percentage of GDP in Mexico was one of the lowest in the region. “When you compare us to regional neighbours such as Peru (21%), Colombia (40%), Brazil (45%) and Chile (72%), our credit penetration should be around 40%,” he said.

Among significant changes expected is a new rule that will make it easier to seize collateral in cases of non-payment. This will likely reduce the cost of lending to SMEs, allowing banks to lower their interest rates on loans.

More competition could also push down pricing. The sector is highly concentrated, with the top five lenders accounting for 73% of the credit portfolio as of March, according to the National Commission of Banking and Securities. The new rules would make it easier for consumers to gather and compare information about lenders, and banks will no longer be able to make access to one product contingent on the purchase of another. Additional changes could come later, as the proposed law calls for competition authorities to carry out a review of the system and make further recommendations.

Increased lending to SMEs is expected to provide companies with an incentive to move into the formal economy. Like many Latin American nations, Mexico has a high degree of undeclared labour and economic activity, with estimates suggesting the informal sector could account for anything up to 60% of employment. The high percentage has long been recognised as a key reason for the government’s heavy reliance on revenues other than income taxes.

A final component of the legislation seeks to mandate increased lending from the six public development banks, with infrastructure and innovation given a key emphasis, alongside SMEs.

Just how many of the administration’s far-reaching proposals will become law remains a subject of speculation at present. However, while the legislation might not make it through congress in full, the administration will be hoping that the introduction of key reforms produces wide-ranging, long-term benefits across the economy and financial system.