Se espera que el gobierno del recién nombrado presidente Enrique Peña Nieto haga público el Programa Nacional de Infraestructura 2013-18 (PNI) el próximo mes. Dicho plan de inversiones, que continuará con la trayectoria establecida por el ambicioso PNI 2007-12, probablemente proporcionará una serie de oportunidades para las empresas de ingeniería y de construcción tanto locales como internacionales.
En los últimos años, México ha realizado considerables inversiones en la ampliación y mejoramiento de su infraestructura. Según las cifras publicadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el gasto en infraestructura con respecto al PIB aumentó del 4.1% al 5% entre 2007 y 2010. La mayor parte de las obras se llevaron a cabo en el marco del PNI 2007-12, el cual se centró en proyectos relacionados con la energía, con US$ 110.9 mil millones de un presupuesto de US$ 233.7 mil millones destinados a la inversión en infraestructura de hidrocarburos. Otras inversiones considerables estuvieron dirigidas hacia el sector eléctrico (US$ 35.1 mil millones), autopistas (US$ 26.5 mil millones), telecomunicaciones (US$ 26.1 mil millones), agua y alcantarillado (US$ 18.6 mil millones), puertos (US$ 6.6 mil millones), aeropuertos (US$ 5.5 mil millones) y ferrocarriles (US$ 4.5 mil millones).
Uno de los objetivos propuestos para el plan 2007-12 fue el mejoramiento de la calificación de la infraestructura de México por parte de la Calificación Global de la Competitividad del Foro Económico Mundial (FEM), con el propósito de sacar al país del puesto número 64 hacia una posición más cercana a la de los líderes regionales tales como Chile (35) y Panamá (46). Sin embargo, luego de varios años consecutivos en los cuales la inversión en infraestructura aumentó, México actualmente descendió ligeramente en la calificación al número 65 en términos de infraestructura general en el último informe del Foro Económico Mundial.
Los primeros indicios sugieren que la inversión podría elevarse a US$ 416 mil millones bajo el PNI de la nueva administración, con hasta un 60% de los proyectos que se llevarán a cabo a través de Asociaciones Público-Privadas (APP). Algunas de las inversiones previstas incluyen 278 kilómetros de extensión de la línea del tren de alta velocidad trans-peninsular, que va desde Mérida a Punta Verado, una línea de metro en Monterrey, numerosos proyectos de energía y la construcción de parques tecnológicos de la información y la comunicación.
Una nueva ley para las Asociaciones Público - Privadas, aprobada en enero de 2012, deberá servir para estimular aún más la participación del sector privado en el desarrollo de la infraestructura al proporcionar una mayor estabilidad jurídica y un mejor marco para la cooperación entre el gobierno y el sector privado.
La nueva legislación introduce varios cambios importantes. Las empresas ahora tendrán una vía adicional para la participación, además del sistema de concesiones existente. Por primera vez, los socios del sector privado podrán proponer diseños y planes propios, mientras que también tendrán una mayor capacidad para negociar la compra de tierras. Por otra parte, los proyectos aprobados en el marco del sistema de Asociación Público-Privada mantendrán prioridad de pago en el presupuesto nacional.
A medida que la actual administración trabaja para completar el PNI 2013-18, compañías extranjeras y nacionales de una gran variedad de industrias estarán atentas, pues es muy probable que las oportunidades aumenten gracias a un mayor gasto y el nuevo marco de Asociación Público-Privada. De acuerdo con un estudio publicado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México en 2012, el país requerirá una inversión en infraestructura de un valor aproximado a US$ 400 mil millones a lo largo de los próximos seis años, a través de más de 1.000 proyectos. Aunque todavía es pronto, todo parece indicar que el aumento de la infraestructura en México es tan solo el comienzo.
Mexico: Infrastructure spending set to continue
In recent years, Mexico has invested heavily in upgrading and expanding its infrastructure. According to figures published by the Ministry of Finance and Public Credit, spending on infrastructure as a portion of GDP increased from 4.1% to 5% between 2007 and 2010. Most of the work carried out under the 2007-12 NIP was focused on energy-related projects, with $110.9bn of its $233.7bn budget earmarked for investment in hydrocarbons infrastructure. Other major expenditures were directed toward the electricity sector ($35.1bn), highways ($26.5bn), telecommunications ($26.1bn), water and sewage ($18.6bn), ports ($6.6bn), airports ($5.5bn) and railroads ($4.5bn).
One of the stated goals of the 2007-12 plan was to improve Mexico’s infrastructure score in the World Economic Forum (WEF) Global Competitiveness Rankings, aiming to lift the country from its rank of 64 to a position closer to those of regional leaders Chile (35) and Panama (46). However, after successive years of increased spending, Mexico actually dropped slightly to rank 65 in terms of overall infrastructure in the latest WEF report.
Early indications suggest that spending could be raised to $416bn under the new administration’s NIP, with as many as 60% of projects to be carried out as public-private partnerships (PPPs). Some of the anticipated investments include a 278-km extension of the trans-peninsular high-speed train line from Mérida to Punta Verado, a metro line in Monterrey, numerous energy projects and the construction of information and communications technology parks.
A new PPP law, passed in January 2012, should serve to stimulate further private sector participation in infrastructure development by providing greater legal stability and an improved framework for cooperation between the government and private sector.
The new legislation introduces several important changes. Businesses will now have an extra avenue for participation, in addition to the existing concession system. For the first time, private sector partners will be able to propose designs and plans of their own, while they will also have greater capabilities in negotiating land purchases. Moreover, projects approved under the PPP system will maintain priority of payment within the national budget.
As the current administration works towards completing the NIP 2013-18, companies both foreign and domestic from a variety of industries will be paying close attention, as opportunities are likely to increase thanks to higher spending and the new PPP framework. According to a study published by Mexico’s College of Civil Engineers in 2012, the country will require roughly $400bn worth of infrastructure over the course of the next six years, across more than 1000 projects. Though it is still early days, it seems as if Mexico’s infrastructure uptick is just getting started.
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