En medio de un menor crecimiento del PIB debido a la caída en los precios de envíos clave para la minería y los hidrocarburos, el Perú está incrementando su enfoque en asociaciones público-privadas (APP) para reducir un prolongado déficit en inversiones de infraestructura y acelerar la economía.
Según estimaciones del FMI, el crecimiento caerá a 2,4% en 2014 y 2015, desde 5,8% en 2013, y registraría una modesta recuperación a 3,3% el próximo año.
Como exportador neto de bienes básicos, las proyecciones de crecimiento para el Perú fueron revisadas a la baja, en gran parte debido a los menores precios de los metales. El valor de las exportaciones peruanas cayó 19,7% en el tercer trimestre de este año, según datos del gobierno, lo que representa el peor declive desde 2009.
Dado que la insuficiente inversión pública y privada fue citada como otro factor que contribuyó a la revisión de las proyecciones del FMI, el gobierno examinará APP relacionadas con infraestructura para cambiar la actual coyuntura económica.
Las elecciones de abril de 2016 marcan el fin de la actual administración, por lo que el gobierno del Presidente Ollanta Humala está ansioso por fomentar la inversión con una serie de medidas contra cíclicas.
En cuanto a inversión, el Perú tiene una larga lista de blancos luego de que el financiamiento se contrajera significativamente durante el auge de los bienes básicos, que comenzó a principios de la década de los 2000.
La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, AFIN, calculó que el déficit de infraestructura del país asciende a USD 88 mil millones para el periodo 2012-21, siendo los sectores de energía, transporte, telecomunicaciones, agua y alcantarillado los que experimentan los déficits más altos
Hay señales de que el impulso para mega proyectos clave se está acelerando. Lanzado el año pasado, el Gasoducto Sur Peruano, un proyecto de USD 7,3 mil millones que conectará los campos gasíferos de Camisea con la costa del Pacífico, estaba un 25% completado a principios de octubre, según la brasileña Odebrecht.
La empresa, que realiza el proyecto con la española Enagás, dijo que a fines de noviembre espera obtener un crédito bancario por USD 4,1 mil millones para continuar la construcción del gasoducto, que se extiende por 1134 km.
Otro gran proyecto adjudicado en 2014, la línea 2 del metro de Lima, de 35 km, también está tomando forma tras la aprobación de un crédito por USD 800 millones en octubre y una emisión por USD 1,2 mil millones en junio para financiar el proyecto. Con un costo de 20 mil millones de soles (USD 6 mil millones), que incluye el costo de expropiaciones de terrenos, la iniciativa está siendo desarrollada por un consorcio integrado por las españolas ACS y FCC, las italianas Impregilo y AnsaldoBreda, y la peruana Cosapi.
Según José Gallardo, ministro de Transporte y Comunicaciones, los primeros 5 km de la línea estarán listos a fines del próximo año y el proyecto competo en 2020.
El recién nombrado ministro de Vivienda, Francisco Dumler, dijo a los medios a mediados de octubre que el Perú planea adjudicar otros 1,3 mil millones de soles (USD 393 millones) a fines de año, que se agregarán a los más de USD 20 mil millones en concesiones de infraestructura otorgadas a través de APP desde 2011. Una segunda serie de iniciativas, por un monto similar, se agregará en los primeros seis meses de 2016, agregó Dumler.
Javier Correa, director de inversiones de Proinversión, dijo a los medios locales a principios de octubre que el gobierno tiene nueve proyectos por USD 9 mil millones en carpeta, que incluyen carreteras, vías férreas, plantas de energía, hospitales y desarrollos mineros.
Las iniciativas incluyen un nuevo tramo de la carretera de los Andes, la tercera línea del metro de Lima, la vía férrea Huancayo-Huancavelica y el proyecto cuprífero Michiquillay, señaló Correa.
El gobierno también adjudicó 507 millones de soles (USD 153,3 millones) a escuelas públicas durante los primeros nueve meses del año, incluidos en los 1,07 mil millones de soles (USD 323,4 millones) destinados para mejorar la infraestructura de educación en el presupuesto actual.
Aunque el financiamiento y el interés de los inversionistas extranjeros parece aumentar, el proceso de aprobación sigue siendo un impedimento en gran parte debido a cuellos de botella en los gobiernos regionales. Cerca de dos tercios del gasto público se canaliza a través de estos, dijo a OBG Mario Guerrero, analista senior de estudios económicos de Scotiabank Perú.
Las aprobaciones de gasto de capital suelen ser más lentas y complejas a nivel regional. Solo 55% del presupuesto de inversión en infraestructura fue utilizado en los tres primeros trimestres de 2015, según AFIN.
“Los gobiernos regionales peruanos, elegidos en octubre de 2014, han sido lentos en la ejecución de sus presupuestos”, dijo Guerrero. “Por otro lado, el Perú tiene cerca de USD 11 mil millones en proyectos de infraestructura aún en carpeta para 2015 y 2016.
Para ayudar a acelerar el proceso de aprobación, a fines de septiembre el gobierno promulgó un nuevo decreto para regular y acelerar la inversión del sector privado en proyectos de APP.
El nuevo marco consolidado requiere que los gobiernos departamentales prioricen los permisos para APP y, en algunos casos, apurar las procuraciones. Lo más crucial es que los casos que no se tramiten dentro de los plazos especificados se considerarán aprobados, lo que debería reducir significativamente los cuellos de botella.
El titular del ministerio de Economía y Finanzas, Alonso Segura, considera que las reformas son vitales para reducir la burocracia y destrabar la inversión. “Los decretos y la legislación están resolviendo los atascos”, dijo a la prensa local a principios de octubre. “Esto significa que prevemos un mayor dinamismo en las inversiones públicas y privadas durante los próximos meses”.
With falling prices for key mining and hydrocarbons exports weighing on GDP growth, Peru is sharpening its focus on public-private partnerships (PPPs) in a bid to reduce a long-standing deficit in infrastructure investment and build economic momentum.
Growth is forecast to slow from 5.8% in 2013 to 2.4% in 2014 and 2015, according to IMF estimates, and is expected to make a modest recovery to 3.3% next year.
As a net commodities exporter, Peru’s earlier growth forecasts were revised downwards, largely due to lower metal prices. Peruvian exports by value dropped by 19.7% in the third quarter of this year, according to government data, marking the sharpest decline since 2009.
With insufficient public and private investment cited as another contributing factor to the IMF’s revised outlook, the government will be looking for infrastructure-focused PPPs to change the current economic narrative.
As elections scheduled for April 2016 signal the end of the current government’s time in office, the term-limited administration of President Ollanta Humala is keen to boost investment spending by pushing ahead with a raft of counter-cyclical measures.
Peru has a long list of investment targets, as infrastructure funding contracted significantly during the decade-long commodity boom that began in the early 2000s.
The Association for the Promotion of National Infrastructure (Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, AFIN) put Peru’s infrastructure investment deficit at $88bn for 2012-21, with energy, transport, telecoms, water and sanitation experiencing the greatest investment shortfalls.
There are signs that momentum for key mega-projects is now building. Launched last year, Peru’s $7.3bn South Peru Gas Pipeline project, which will link the Camisea gas fields to the Pacific coast, was 25% complete as of early October, according to Brazil’s Odebrecht.
The company, which is carrying out the project along with Spain’s Enagás, said it expected to finalise a $4.1bn commercial bank funding package by the end of November to continue construction on the 1134-km pipeline.
Another major project awarded in 2014, the 35-km Lima Metro Line No. 2, is also taking shape, following the approval of a $800m bank loan in October and the issue of $1.2bn in bonds in June to finance the project. Being developed at an estimated cost of PEN20bn ($6bn), factoring in the cost of land expropriation, the project is being built by a consortium comprising ACS and FCC of Spain, Impregilo and AnsaldoBreda of Italy, and Peru’s Cosapi.
According to José Gallardo, minister of transportation and communications, the first 5 km of the line is due to be completed by the end of next year, with the full project to be finished by 2020.
Newly appointed minister of housing and construction, Francisco Dumler, told media in mid-October that Peru plans to award another PEN1.3bn ($393m) worth of projects by the end of the year, adding to the more than $20bn in PPP infrastructure concessions granted since 2011. A second wave of initiatives, of a similar value, is set to follow in the first six months of 2016, Dumler added.
Javier Correa, head of investment at ProInversión, the national investment promotion agency, told local media in early October that the government had lined up a $3bn portfolio of nine investment projects, including highways, railways, power plants, hospitals and mining development.
The projects feature a new segment of the Andean highway, the third line of the Lima metro, the Huancayo-Huancavelica railway development and the Michiquillay copper project, Correa said.
The government has also channelled PEN507m ($153.3m) into state schools in the first nine months of the year, as part of the PEN1.07bn ($323.4m) set aside for improving education infrastructure in the current budget.
While funding and foreign investor interest appear to be accelerating, the project approval process remains an impediment, due in large part to bottlenecks at the regional level. Approximately two-thirds of government spending comes through decentralised regional governments, Mario Guerrero, head of research at Scotiabank Peru, told OBG.
Capital expenditure approvals are often slower and more complex at the regional level. Just 55% of Peru’s infrastructure investment budget had been used in the first nine months of 2015, according to AFIN.
“Peru’s regional governments, elected in October 2014, have been slow to start executing their budgets,” Guerrero said. On the other hand, Peru has some $11bn worth of infrastructure projects still in the pipeline for 2015-16.
To help streamline the approval process, in late September the government published a new decree aimed at regulating and accelerating private sector investment for PPP projects.
The new consolidated framework requires government departments to prioritise PPP permits and, in some cases, fast-track procurement. Crucially, cases where approvals are not carried out within the specified timeline will be considered as deemed approvals, which is expected to greatly reduce bottlenecks.
Alonso Segura, minister of economy and finance, sees the reforms as pivotal to the national drive to reduce bureaucracy and unlock investment. “Decrees and legislation are solving bottlenecks,” he told local media in early October. “This means we foresee more dynamic public and private investments in coming months.”
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