Mientras el sector encara el doble reto que nace de unas condiciones climáticas volátiles y la fuerte competencia de importaciones baratas, el apoyo estatal para la agricultura se incrementa en Panamá.
Las cifras oficiales publicadas en febrero muestran que, aunque algunos rubros tuvieron un buen desempeño, las exportaciones agrícolas continuaron su decrecimiento durante 2016.
Según un informe de la Contraloría General, las caídas se registraron en una variedad de productos clave entre los cuales se incluyen: bananas (-7,4%), melones (-20,1%), piñas (-34,9%), ganado vacuno (-24,4%), camarones (-2,2%), y productos de aceite (-12%). También se registraron ganancias importantes en azúcar no refinada (54,6%), café (49,7%), otros productos del mar (39,4%), y comida y aceite de pescado (10,3%).
El decrecimiento en el sector es parte de una tendencia generalizada en la economía: 2016 fue el tercer año consecutivo en el que el valor de las exportaciones disminuyeron, registrando una caída del 8,5% hasta alcanzar los $636,1 millones.
La contribución de la agricultura a la economía panameña ha estado disminuyendo durante años –pasando del 7,1% al 2,9% del PIB en los doce años hasta 2015, según datos del Banco Mundial – apoyándose en los ingresos de las exportaciones.
Para el sector está siendo un reto competir con productos agrarios importados, que están ejerciendo una presión a la baja en la demanda doméstica y retando la cuota de mercado de los productores locales.
Los medios locales reportaron a mediados de febrero que un 60% de la cosecha de tomates de 2017 se había perdido hasta la fecha debido a que no había habido suficiente demanda, lo que ha conducido a pérdidas estimadas en $18,5 millones.
Las fuertes lluvias del año pasado arruinaron muchos cultivos de tomate y llevaron a una escasez de dicho producto en el mercado nacional, lo que llevó al país a profundizar sus acuerdos de libre comercio con países como México y los Estados Unidos. Mientras las importaciones continúan abriéndose paso en el mercado local, unos 600 productores han decidido tirar sus productos a la basura. Pérdidas similares se han producido entre productores de cebolla y arroz.
Algunos productores y asociaciones agrarias clave, como la Asociación de Productores de Renacimiento, han argumentado que la crisis está originada en los tratados de libre comercio que, afirman, abre la puerta a una competencia desigual. De hecho, la competencia se ha incrementado desde que se firmó un acuerdo con el principal socio comercial de Panamá, los Estados Unidos, en 2012. Desde entonces, las importaciones desde dicho país han aumentado un 32% durante los últimos tres años, hasta alcanzar los $653 millones en 2015, según datos del Departamento de Agricultura de los EEUU.
En un intento de revertir un decrecimiento que lleva más de una década, los subsidios agrarios se han incrementado hasta casi duplicarse desde 2014, alcanzando los $4,5 millones el año pasado.
Dicha cifra, publicada por el Instituto de Seguridad Agropecuario (ISA) en el pasado mes de julio, vino como parte de un informe sobre el progreso alcanzado durante los últimos dos años en el multimillonario Pacto Nacional por el Agro, una iniciativa estatal lanzada en 2014 para apuntalar al sector. Dicho proyecto apunta a incentivar la producción local y consolidar la seguridad alimentaria a través de programas de entrenamiento técnico, tasas de interés preferenciales en los créditos y deducciones fiscales de hasta un 30% del valor de las nuevas inversiones.
Para diversificar y fortalecer aún más las exportaciones panameñas, miembros del gobierno se reunieron a finales del año pasado con la agencia de inversión de Costa Rica, Procomer, para impulsar el intercambio comercial de bienes agrarios.
También se están tomando medidas a nivel doméstico. En respuesta a las críticas que resaltaban que el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) tenía demasiados obstáculos burocráticos para poder acceder a sus programas –en especial los créditos agrarios– el BDA y el ISA firmaron en enero del año pasado un acuerdo de cooperación, que servirá para juntar recursos y agilizar la prestación de los servicios que ambas entidades le proporcionan a los productores agrarios.
Sin embargo, en medio del decrecimiento general, el segmento de las bananas –el principal producto agrario de exportación de Panamá– está listo para recibir un oportuno impulso.
En el pasado mes de diciembre, el gobierno aprobó un acuerdo que le permitirá a una subsidiaria de la compañía multinacional Del Monte invertir unos $100 millones para revitalizar la producción de bananas en las regiones de Chiriqui y Bocas del Toro, en la frontera occidental con Costa Rica.
El contrato estipula que dicha subsidiaria, Banapiña de Panamá, será responsable de realizar un amplio rango de mejoras esenciales para el crecimiento del segmento: desde el arrendamiento de las tierras y la preparación de las plantaciones hasta la instalación de sistemas de irrigación, la preparación de las infraestructura para el empaquetamiento y la exportación, y otras varias actividades.
Se espera que el proyecto incremente la producción anual de bananas en 2725 cajas por hectárea y que la implementación sea por etapas, a una velocidad de 800 hectáreas por año. A la vez, la compañía llevará a cabo las construcciones y desarrollos necesarios.
Banapiña de Panamá planea llevar a cabo esta inversión durante el curso de siete años, lo que debería generar aproximadamente unos 3100 puestos directos de trabajo y 12,000 puestos indirectos, de acuerdo a unas declaraciones publicadas por la oficina del Presidente a la hora del acuerdo.
As the sector braves dual headwinds from volatile climate conditions and tighter competition from cheap imports, state support for agriculture is increasing in Panama.
Official figures released in February show agricultural exports continued to decline in 2016, though a few commodities performed well.
Contractions were recorded for a variety of key food products, including bananas (-7.4%), melons (-20.1%), pineapples (-34.9%), beef cattle (-24.4%), shrimp (-2.2%) and oil products (-12%), according to a report from the Comptroller General. Notable gains were meanwhile recorded for unrefined sugar (54.6%), coffee (49.7%), other sea products (39.4%), and fishmeal and fish oil (10.3%).
The downturn is part of an economy-wide trend: in 2016 the value of foreign sales slumped for the third straight year, by 8.5% to $636.1m.
The economic contribution from agriculture has been on the decline for years in Panama – sinking from 7.1% to 2.9% of GDP in the dozen years to 2015, as per World Bank data – weighing on export revenues.
The sector is finding it a challenge to compete with imported agro-foods, which are exerting downward pressure on domestic demand and challenging the market share of local producers.
Local media reported in mid-February that some 60% of the 2017 tomato harvest had been lost to date due to lack of demand, bringing losses to an estimated $18.5m.
Heavy rainfall last year ruined many tomato crops and led to a national shortage, spurring the country to deepen its free trade deals with countries such as Mexico and the US. As imports continue to make their way into the local market, around 600 tomato producers have resorted to throwing away produce. Similar losses were experienced among onion and rice producers.
Some key producers and agricultural associations, such as the Producers Association of Renacimiento, have argued the crisis stems from free trade agreements, which they say open the door to unequal competition.
Competition has indeed stepped up since a free trade deal was struck in 2012 with Panama’s main trade partner, the US, triggering a 32% increase in imports from that country over the next three years, to $653m in 2015, according to the US Department of Agriculture.
In a bid to reverse the more than decade-long sector downturn, agricultural subsidies have nearly doubled since 2014 to reach $4.5m last year, according to the Institute of Agricultural Security (Instituto de Seguridad Agropecuario, ISA).
This figure, released by the ISA last July, came as part of a two-year progress report on the multi-million-dollar National Pact for Agriculture, a state-led initiative launched in 2014 to shore up the sector. The scheme aims to incentivise local production and consolidate food security through technical training programmes, preferential interest rates on loans and tax deductions worth up to 30% of new investments.
To further diversify and strengthen Panama’s exports, government officials also met with Costa Rica’s investment agency, Procomer, late last year as part of a technical cooperation agreement to boost trade in agricultural goods.
Measures are also being taken at home. In response to criticism that Panama’s Agricultural Development Bank (Banco de Desarrollo Agropecuario, BDA) had too many bureaucratic obstacles to access its programmes, especially agricultural loans, in January of last year the ISA and the BDA signed a cooperation agreement to pool resources and streamline services that both entities provide to agricultural producers.
Amid the general decline, however, the banana segment – Panama’s leading food export – is set to receive a timely boost.
Last December the government approved a deal that would allow a subsidiary of multinational Del Monte to invest some $100m to revitalise banana production in the Chiriqui and Bocas del Toro regions bordering Costa Rica in the west.
The contract stipulates that the subsidiary, Banapiña de Panamá, will be responsible for a range of improvements essential to growing the segment: from leasing land and preparing plantations, to installing irrigation systems, building infrastructure for packaging and export, and various other activities.
The project is expected to raise production by 2725 boxes of bananas per ha annually and will be implemented in stages, at a rate of 800 ha per year. At the same time, the company will construct necessary buildings and facilities.
Banapiña de Panamá plans to disperse this investment over the course of seven years, which should generate roughly 3100 direct jobs and 12,000 indirect positions, according to a statement issued by the president’s office at the time of the agreement.
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