El gobierno de Argentina continúa llevando a cabo un programa de reformas de libre mercado para atajar el déficit fiscal e impulsar el desarrollo del mercado local. Sin embargo, aún quedan retos macroeconómicos.
Después de que la administración liberal de Mauricio Macri tomase posesión a finales de 2015, se buscó reducir el déficit primario que heredó del 5,4% del PBI en dicho año hasta el 2,2% en 2019, y bajar la inflación desde el máximo de 40% el año pasado al 5% en 2019.
Esta última meta está demostrando ser más difícil. La inflación en los 12 meses que van hasta abril decreció hasta aproximadamente 27,5% anual, muy por encima del objetivo del banco central para este año del 12-17%, y continúa haciendo daño al crecimiento.
Entre las medidas adoptadas con el objetivo de llenar las arcas del Estado, estuvo una amnistía fiscal introducida el año pasado. Bajo este esquema, se invitó a los ciudadanos argentinos con bienes en el extranjero a declararlos y pagar una multa del 10%, a cambio de protección contra acusaciones de evasión de impuestos.
El año pasado, dicha amnistía atrajo declaraciones de activos con un valor de US$116.800 millones, más que cualquier otro país con la sola excepción de Indonesia. Esto permitió al gobierno recaudar 148.600 millones de pesos (US$8.700 millones) entre impuestos y multas, y lo ayudó a alcanzar su meta de reducir el déficit al 4,2% del PBI este año desde el 4,8% el año pasado.
El resultado también sugiere buenas perspectivas para futuras inversiones extranjeras, según Nicolás Dujovne, Ministro de Hacienda. “Nosotros creemos que el tamaño y volumen de los activos que se han declarado es un voto de confianza, no sólo para este gobierno sino para el país”, le dijo a la prensa internacional en abril.
Además de los ingresos públicos por multas, se espera que los beneficios de la amnistía lleguen de dos formas. Por un lado, se espera que impulsen el capital dentro de la economía local formal como consecuencia de la repatriación de fondos. Por otro, que canalicen las inversiones de dichos fondos hacia proyectos planificados de infraestructuras públicas o proyectos de energías renovables.
Entre los acuerdos destacados en esta última materia está el de los desarrolladores energéticos de Stoneway Capital, que recaudaron US$500 millones en febrero para construir cuatro proyectos de energía térmica de un total de 686,5 MW en la provincia de Buenos Aires. Otro acuerdo es el que le provee a la compañía de energías renovables Genneia con US$ 350 millones para expandir la energía eólica en el país.
El apetito por transacciones similares se agudizó en abril cuando la agencia de calificación S&P subió la nota de moneda extranjera de Argentina desde “B-“ hasta “B”, con una perspectiva estable. Esta mejoría fue consecuencia de un incremento en la credibilidad de las políticas públicas y de las reformas económicas.
Anteriormente, en noviembre, una ley de reforma del mercado de capitales se presentó en el Congreso para cambiar la estructura impositiva de los fondos mutuales y restringir la vigilancia de los reguladores financieros locales.
El gobierno también ha puesto en marcha una lista de iniciativas en un país que desde hace mucho tiempo ha sido conocido por sus reticencias hacia la inversión extranjera.
Desde diciembre de 2015, el gobierno: ha hecho recortes impositivos; las negociaciones con los tenedores de bonos que exigen el pago íntegro de la deuda soberana de la cual se ha hecho default, han progresado; se han eliminado los controles de capital; y se ha embarcado en esquemas de promoción de inversiones como los retornos de IVA e incentivado inversiones en un amplio rango de sectores.
Más recientemente –en octubre– el país emitió bonos de renta fija de siete y 10 años con un valor de US$5 mil millones, pero denominados en pesos. Esto representa su cuarta emisión de bonos desde su regreso a los mercados en abril de 2016.
La emisión generó un interés considerable en los inversores, lo que generó importantes flujos de capital, lo que a su vez le dio un impulso a las reservas de moneda extranjera del país hasta casi los US$40 mil millones a finales de abril, un incremento del 63% desde los US$24.900 millones en diciembre de 2015.
Sin embargo, aún quedan retos económicos por delante. Nada menos que la lenta recuperación de la recesión que terminó a finales del año pasado después de cinco años de estancamiento.
El peso, más fuerte, está deprimiendo las exportaciones, mientras que las importaciones baratas están desalentando la producción local. Otro reto, más grande aún, es enfrentarse al alto costo laboral y logístico de Argentina.
“En vez de manipular la tasa de cambio, el gobierno debe trabajar en reducir los costos de hacer negocios invirtiendo más decididamente en infraestructura”, dijo a OBG Jorge Di Fiori, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. “Nuestros costos logísticos y de transporte están entre los más altos de la región”.
Como el crecimiento está aún siendo afectado por la alta inflación, el FMI predice que los números de 2019 mostrarán que el déficit se reducirá hasta alrededor del 3% del PBI. Si la otrora potencia económica de Suramérica puede cumplir sus metas conjuntas o si, por el contrario, se queda corta de las predicciones del FMI, dependerá del éxito de la agenda de reformas.
De momento, los signos vitales son relativamente fuertes. En enero, Argentina presentó un déficit fiscal primario de US$22.580 millones, ó 4,6% del PBI, mejorando su propia meta del 4,8% del PBI para el año pasado. En 2018 y 2019, el FMI espera una consolidación fiscal de hasta el 1% del PBI al año.
El gobierno está apuntando a un crecimiento económico del 3% para este año, pero en su informe Perspectivas de la Economía Mundial, publicado en abril, el FMI recortó las proyecciones de crecimiento económico desde el 2,7% -predicho seis meses antes- hasta el 2,2%.
El mes de junio trajo aún más vientos en contra, con la decisión de Morgan Stanley Capital International (MSCI) de no conceder a la Argentina la categoría de "mercado emergente".
El MSCI declaró que las medidas y reformas pro-mercado recientemente implementadas deben permanecer estables y consolidarse en el tiempo “para considerarse irreversibles”.
Hablando en una conferencia en Madrid el mes pasado, José Ignacio de Mendiguren, actual diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, subrayó el potencial de crecimiento de Argentina.
“El potencial económico argentino es inmenso. El vaso está, definitivamente, medio lleno. Pero sin duda necesitamos invertir en producción de alto valor añadido para fortalecer la economía y evitar la volatilidad que ha perdurado en el país”, dijo.
The government of Argentina continues to push ahead with a free-market reform programme designed to curb the fiscal deficit and spur development of the local market, though macroeconomic challenges remain.
After President Mauricio Macri’s liberal administration took office in late 2015, it sought to reduce an inherited primary deficit of 5.4% of GDP that year to 2.2% in 2019 and bring down inflation from a peak of 40% last year to 5% in 2019.
The latter target is proving more difficult. Inflation in the 12 months through to April decreased to around 27.5% year-on-year – short of the central bank’s 12-17% target range for this year – and continues to hamper GDP growth.
Among the key measures taken to boost state coffers was a tax amnesty introduced last year. Under the scheme, nationals with assets abroad were invited to declare them and pay a 10% fine, in return for protection from prosecution for tax evasion.
Last year the amnesty attracted declarations of assets worth $116.8bn, more than any other country save Indonesia. This allowed the government to collect AP148.6bn ($8.7bn) in taxes and fees, and could help it achieve its goal of reducing the fiscal deficit to 4.2% of GDP this year from 4.8% last year.
The result also bodes well for future foreign investment, according to Nicolas Dujovne, finance minister. “We believe that the size and volume of assets that have been declared is a vote of confidence, not only in this government but in the country,” he told international press in April.
Aside from state revenue from fines, the amnesty’s benefits were expected to be two-fold: to boost capital within the local formal economy as funds were repatriated, and to steer investment of those funds into planned public infrastructure or renewable energy projects.
Among the notable deals in this vein is one with energy developer Stoneway Capital that raised $500m in February to build four thermal-power projects totaling 686.5 MW in the province of Buenos Aires, and another with renewables company Genneia providing $350m to expand wind power in the country.
The appetite for similar transactions sharpened in April when ratings agency S&P lifted Argentina’s foreign currency rating from “B-“ to “B” with a stable outlook, mainly due to increased policy credibility and economic reforms.
Earlier, in November, a capital markets reform bill had been brought before congress to change the tax structure for mutual funds and restrict oversight of local securities regulators.
The government has also launched a raft of initiatives in a country long known for ambivalence towards foreign investment.
Since December 2015, it has made tax cuts and progress in negotiating with “holdout” bondholders who demanded full payment on defaulted sovereign debt, ended currency controls, and embarked on investment promotion schemes such as value-added tax refunds and incentivised investments in a range of sectors.
More recently, in October, the country issued seven- and 10-year fixed-rate bonds worth $5bn but denominated in pesos – its fourth issuance since returning to the global market last April.
The issuance garnered considerable interest from investors generating inflows that boosted foreign currency reserves to almost $40bn in late October – a 63% rise from $24.9bn in December 2015.
Economic challenges nonetheless remain, not least the slow climb out of recession that ended late last year after five years of stagnation.
A stronger peso is also depressing exports, while cheaper imports are discouraging local production. More challenging still is tackling Argentina’s high labour and logistical costs.
“Instead of working on manipulating the exchange rate, the government must work on reducing costs of doing business with greater investment in infrastructure,” Jorge Di Fiori, president of the Argentinian Chamber of Commerce, told OBG. “We have one of the highest transportation and logistics costs in the region.”
With growth still hindered by high inflation, the IMF predicts 2019 figures will show a fiscal deficit reduced to around 3% of GDP. Whether South America’s sometime economic powerhouse can meet its twin targets or will fall short of IMF predictions will depend on the success of its reform agenda.
So far, vital signs are relatively strong. In January Argentina posted a primary fiscal deficit worth $22.58bn, or 4.6% of GDP, beating its goal of 4.8% of GDP for last year. In 2018 and 2019, the IMF expects a fiscal consolidation of up to 1% of GDP per year.
The government is targeting GDP growth of 3% this year, but in its World Economic Outlook report issued in April the IMF cut GDP projections from the 2.7% predicted six months earlier to 2.2%.
Further headwinds arose in late June, with the news that Morgan Stanley Capital International (MSCI) decided against reclassifying the MSCI Argentina Index to Emerging Markets status.
The MSCI stated that the recently implemented pro-market reforms needed to remain in place for longer “to be deemed irreversible”.
Nonetheless, speaking at a conference in Madrid last month, José Ignacio de Mendiguren, national deputy for the province of Buenos Aires, underscored Argentina’s growth potential.
"Argentina’s economic potential is immense, the glass is definitely half-full, but we absolutely need to invest in value-added production in order to strengthen the economy and avoid the country’s long-standing volatility," he said.
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