El 2017 ve a la Argentina dar los pasos necesarios para aumentar la velocidad de la economía y salir así de la recesión, intensificando los esfuerzos para mantener el crecimiento a través de propuestas de políticas favorables al mercado, aun cuando obstáculos de larga data, como la inflación, permanecen sin resolverse.
El gobierno de Argentina buscó sentar las bases para una recuperación económica amplia en 2017, desarrollando una serie de reformas destinadas a promover la inversión y reducir la incidencia de la evasión.
Entre las reformas presentadas ante el Congreso a mediados de noviembre, se encuentra una disposición para reducir el impuesto corporativo a las empresas que reinviertan sus ganancias. La propuesta verá reducidas las tasas impositivas para las empresas correspondientes de 35% a 25% para el año 2021, y formará parte de medidas más amplias para acelerar la inversión en la economía.
Dada la presión que hay sobre el gobierno para reducir el déficit fiscal, que se espera termine este año en 4,2%, las reformas también incluyen nuevos gravámenes, tales como un impuesto sobre las ganancias de capital del 15% sobre los rendimientos de bonos del gobierno emitidos en moneda extranjera o indexados a la inflación, para ser introducido junto con un impuesto del 5% sobre los bonos no indexados en moneda local.
Los funcionarios han estimado que el impacto de la reducción de los impuestos a las empresas sobre los ingresos estatales se verá compensado por el aumento de las inversiones y el crecimiento de la economía, lo que generará mayores ingresos fiscales y hará que las reformas sean neutrales desde el punto de vista fiscal.
Se espera que antes del fin del año el gobierno presente ante el Congreso otras propuestas para promover la inversión, con el objetivo de aumentar la flexibilidad en las regulaciones laborales y reducir los compromisos del empleador en cuanto a los pagos de la Seguridad Social. Sin embargo, estas reformas seguramente enfrentarán oposición por parte de los sindicatos.
A la par de las acciones realizadas para mejorar el entorno empresarial, Argentina está fortaleciendo su posición en el escenario mundial este noviembre, liderando las conversaciones del B20, el brazo del sector privado del G20.
En un foro reciente auspiciado por OBG en Buenos Aires, Daniel Funes de Rioja, presidente del B20, destacó la necesidad de un cambio en la cultura empresarial, en línea con las reformas. "Un mercado más eficiente y transparente requerirá un cambio en la forma en que los argentinos conciben los negocios", dijo.
Las reformas planificadas se dieron a conocer en cuanto la economía regresó a un terreno positivo, después de haberse alejado de la recesión a fines de 2016.
En noviembre, el FMI estimó que el PBI se expandiría un 2,75% este año y un 2,5% en 2018. Por otra parte, el pronóstico del Banco Mundial, emitido un mes antes, proyectó un crecimiento de 2,8% en 2017, aumentando a 3% en 2018.
Si bien la economía cobró impulso, un desafío importante para Argentina este año fue la inflación. Los precios al consumidor en los 10 meses hasta el final de octubre aumentaron en un acumulado de 19.4%, muy por encima del rango objetivo del Banco Central, de entre 12% y 17% para 2017.
Aunque la inflación se redujo ligeramente en octubre, disminuyendo en 0,4 puntos porcentuales durante el mes, los analistas pronostican que la inflación al cierre del año llegará a 21%, antes de moderarse en el 2018.
En respuesta al aumento de la inflación, el Banco Central elevó la tasa de interés de referencia en un 2,25% anualizado, llevando la tasa de interés interbancaria a siete días a 28,75% a fines de noviembre.
A medida que la inflación se reduzca el próximo año, se espera que el Índice de Precios al Consumidor aumente a un ritmo más moderado, por lo que el Banco Central proyecta una tasa anual de 14.3%. Sin embargo, los planes del gobierno para reducir los subsidios en el nuevo año pueden dar un impulso adicional a la presión sobre los precios.
Esta presión puede llevar la inflación más allá del techo máximo establecido por el Banco Central para 2018, el cual apunta a aumentos de precios de entre 8% y 12%.
A fines de noviembre, el gobierno anunció aumentos de precios para el gas, por una parte, y la energía eléctrica y el transporte por otra, de 45% y 38% respectivamente, que se implementarán entre diciembre y enero.
A partir de la segunda mitad de 2018, los cargos por electricidad y gas se indexarán a la inflación, dijo a la prensa local Juan José Aranguren, Ministro de Energía y Minería.
Aunque la inflación se ha mantenido obstinadamente alta, el gobierno ha tenido éxito en reducir su déficit primario, ayudado por el aumento de los ingresos, en parte generados por la recuperación de la economía.
Según los datos publicados a finales de noviembre por el Ministerio de Finanzas, los ingresos aumentaron en un 31% interanual entre enero y octubre, en comparación con un aumento en los desembolsos del 24%. Esto hizo que el déficit primario se redujera a 2,5% del PIB durante ese período de 10 meses, por debajo del 3,4% registrado en el mismo período en 2016.
La economía también se beneficiará con el aumento de los gastos en infraestructura el próximo año, a medida que el gobierno acelere el desarrollo de los proyectos de transporte. El presupuesto de 2018, presentado en el Congreso a mediados de septiembre, establece que el gasto en infraestructura aumentará al 3,5% del PIB el próximo año, frente a 2,6% en el 2017.
Según las proyecciones del gobierno, más de 50% de estas nuevas inversiones se realizarán mediante asociaciones público-privadas, en comparación con aproximadamente un tercio en 2017. Esto forma parte de los esfuerzos del gobierno para aumentar el papel del sector privado como proveedor de infraestructura y de prestación de servicios, mientras reduce la participación del sector público.
With its economy shifting up a gear and moving out of recession, 2017 saw Argentina step up efforts to sustain growth through the proposal of market-friendly policies, though longstanding obstacles such as inflation remained unresolved.
Argentina’s government sought to lay the groundwork for broad-based economic recovery in 2017, developing a series of reforms aimed at promoting investment and reducing the incidence of evasion.
Among the reforms tabled before Congress in mid-November was a measure to lower corporate tax for companies that reinvest profits. The proposal will see tax rates for applicable firms reduced from 35% to 25% by 2021, and form part of broader measures to accelerate investment in the economy.
With pressure on the government to reduce the fiscal deficit, which is expected to end the year at 4.2%, the reforms also include new levies, with a capital gains tax of 15% on profits from government bonds issued in foreign currency or indexed to inflation to be introduced, along with a 5% tax on local-currency, non-indexed bonds.
Officials have estimated that the impact of reduced corporate taxes on state revenue will be offset by increased investments and growth in the economy, thereby generating higher tax earnings and making the reforms tax neutral.
The government is expected to put other proposals to promote investment before Congress in the near term, aimed at increasing flexibility in labour regulations and reducing employer commitments under social security payment requirements. However, these are expected to be met with opposition from trade unions.
In tandem with moves to improve the business environment, Argentina is strengthening its position on the global stage this November by leading talks of the B20, the private sector arm of the G20.
At a recent forum hosted by OBG in Buenos Aires, Daniel Funes de Rioja, chairman of the B20, stressed the need for a change in the business culture in line with the reforms. “A more efficient and transparent market will require a shift in the way Argentines conceive business,” he said.
The planned reforms were unveiled as the economy moved back into positive territory, having eased out of recession in late 2016.
In November the IMF estimated that GDP would expand by 2.75% this year and 2.5% in 2018. Meanwhile, the World Bank’s forecast, issued a month earlier, projected growth of 2.8% in 2017, rising to 3% in 2018.
While the economy gained momentum, a significant challenge for Argentina this year was inflation. Consumer prices in the 10 months to the end of October rose by an accumulative 19.4%, well above the central bank’s targeted range of between 12% and 17% for 2017.
Although inflation eased slightly in October, declining by 0.4 percentage points over the month, analysts forecast year-end inflation to reach 21%, before moderating in 2018.
In response to the inflation rise, the central bank lifted its benchmark interest rate by 2.25% over the year, taking its key seven-day interbank lending rate to 28.75% as of the end of November.
As inflation eases next year, the consumer price index is expected to rise at a more moderate pace, with the central bank projecting an annual rate of 14.3%. However, government plans to scale back subsidies in the new year may give added impetus to pricing pressure.
This pressure may take inflation beyond the upper ceiling set by the central bank for 2018, which is targeting price rises of between 8% and 12%.
In late November officials announced price increases for gas, and power and transport, of 45% and 38%, respectively, to be implemented between December and January.
As of the second half of 2018, electricity and energy charges will be indexed to inflation, Juan José Aranguren, the minister of energy and mining, told local press.
Though inflation has remained stubbornly high, the government has been more successful in bringing down its primary deficit, helped by increased revenue, in part generated by the recovery of the economy.
According to data released in late November by the Ministry of Finance, revenues increased by 31% year-on-year between January and October, compared to a rise in outlays of 24%. This saw the primary deficit ease to 2.5% of GDP over the 10-month period, down from the 3.4% recorded over the same term in 2016.
The economy will also benefit from increased infrastructure spending next year as the government moves to fast-track transport developments. The 2018 budget, tabled in Parliament in mid-September, states that infrastructure spending will rise to 3.5% of GDP next year, up from the 2.6% in 2017.
Under government projections, more than 50% of these new investments will be made through public-private partnerships, compared to roughly one-third in 2017. This is part of the government’s efforts to increase the role of the private sector in infrastructure and service provision, while scaling back public sector involvement.
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